nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES HABITAT S.A.

Llg C.A. de Valparaíso.

Valparaíso, uno de septiembre de dos mil veinticinco.

Visto:

A folio 1, comparece el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra, quien deduce recurso de protección en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A., por el acto que califica como ilegal y arbitrario, consistente en el rechazo de la solicitud de retiro de fondos previsionales del recurrente conforme con lo previsto en la Ley N°18.156, comunicado por correo electrónico el 15 de mayo de 2025, cuestión que a su juicio vulnera las garantías de los numerales 2° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que el actor solicitó a AFP recurrida la devolución de sus fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156 mediante el portal web, presentando el formulario correspondiente y la documentación requerida. Sin embargo, el 7 de agosto de 2025 recibió por correo electrónico el rechazo de su solicitud bajo dos fundamentos: primero, que la "Constancia Electrónica de Cotizaciones" emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) carecía de la apostilla de firma requerida para su legalización; y segundo, que se presentó un anexo de contrato de trabajo cuya autenticidad no podía verificarse en línea.

Sostiene que cumplió con los requisitos legales establecidos en los artículos 1° y 7° de la Ley N°18.156, presentando cinco documentos: contrato de trabajo, anexo con cláusula previsional, certificado electrónico de afiliación al IVSS, declaración jurada ante notario y título profesional apostillado. Argumenta que existe una imposibilidad material de obtener la legalización consular del certificado de afiliación debido al quiebre de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela tras las últimas elecciones presidenciales, situación que constituye un caso fortuito según el artículo 45 del Código Civil. Añade que, pese a esta circunstancia, presentó el documento con verificación electrónica y declaración jurada notarial, destacando que cualquier interesado puede verificar la autenticidad del certificado mediante el código proporcionado en la planilla a través del portal web oficial del IVSS.

Argumenta que AFP Habitat realiza una interpretación excesivamente formalista de la norma, ignorando la finalidad legislativa de permitir que el extranjero disponga de sus fondos previsionales. Sostiene que la ley ya estableció los requisitos necesarios para la devolución, siendo improcedente que las administradoras exijan condiciones adicionales, fundamentando su posición citando jurisprudencia favorable.

Concluye que esta conducta vulnera tanto el derecho a la igualdad ante la ley, al dar trato desigual frente a otros solicitantes en circunstancias similares que obtuvieron respuestas favorables, como el derecho de propiedad, al impedirle disponer de sus fondos previsionales.

Pide, se ordene a la recurrida que se reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo la AFP a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho, dentro de un plazo de 5 días o el que el tribunal estime conforme al mérito de autos.

Acompaña documentos al recurso.

A folio 5, evacuó informe la Superintendencia de Pensiones, que si bien que no cuenta con antecedentes sobre la situación previsional reclamada por el recurrente, que permitan concluir que cumple con las exigencias de la Ley N°18.156 para acceder a la devolución de fondos previsionales, expone lo siguiente.

Afirma que ni la declaración jurada ni el certificado electrónico del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales presentados por el recurrente son documentos idóneos para acreditar la cobertura previsional extranjera requerida por ley, pues carecen de la debida legalización (apostilla) y firma autorizada. Señala además que el certificado no especifica las coberturas particulares del recurrente ni su periodo de protección.

En cuanto al requisito contemplado en la letra b) del artículo 1° de la Ley N°18.156, esto es, que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación al sistema previsional de su país de origen, informa que esta debe ser inequívoca, manifestándose de manera indubitable que su voluntad era mantener solamente su afiliación a un régimen de previsión o seguridad social en su país de origen, al cual debe mantener su afiliación durante todo el periodo que cotizó en Chile.

A folio 7, evacuó informe la Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A.

En primer lugar, alega la extemporaneidad del recurso, indicando que fue interpuesto el 7 de agosto de 2025, casi tres meses después de la respuesta negativa emitida el 15 de mayo de 2025, excediendo ampliamente el plazo fatal de 30 días corridos establecido en el Auto Acordado 94-2015 de la Corte Suprema para la interposición de acciones de protección.

Luego, afirma que el recurso de protección no es aplicable toda vez que es una acción cautelar destinada a proteger derechos ante actos arbitrarios o ilegales, no para ejercer derechos sujetos a requisitos legales. Sostiene que el recurrente no ha sufrido vulneración de garantías constitucionales, sino que simplemente no cumple con los requisitos establecidos en la normativa para acceder a un beneficio excepcional.

En cuanto al fondo, solicita el rechazo del recurso, con costas. Respecto al caso, indica que el 6 de mayo de 2025 el recurrente presentó su solicitud de devolución de fondos bajo la Ley N° 18.156, la que fue rechazada el 15 de mayo por dos motivos: la Constancia Electrónica de Cotizaciones carecía de apostilla y el anexo del contrato de trabajo no podía verificarse en línea.

Afirma que la Ley N° 18.156 es una norma de excepción que debe interpretarse restrictivamente, requiriendo cuatro requisitos copulativos: ser extranjero, ser profesional o técnico, mantener afiliación a un régimen previsional extranjero (acreditado mediante certificación legalizada), y que el contrato incluya cláusula de mantención de dicha afiliación.

Argumenta que la Constancia Electrónica de Cotizaciones del IVSS presentada por el recurrente carece de firma autorizada y apostilla, requisitos formales que no pueden ser reemplazados por un código de verificación electrónica según la normativa chilena sobre documentos extranjeros.

Sostiene además que el cierre de la Embajada venezolana no constituye caso fortuito ni fuerza mayor, pues el recurrente puede obtener y apostillar la documentación directamente ante el IVSS mediante mecanismos presenciales o remotos, siendo la dificultad práctica insuficiente para eximir del cumplimiento de los requisitos legales.

Concluye que no ha vulnerado derechos constitucionales, ya que los fondos permanecen en la cuenta del afiliado, quien podrá disponer de ellos conforme al DL 3.500 si no califica para el beneficio excepcional de la Ley 18.156, y cita jurisprudencia reciente que confirma la exigencia de apostilla para documentos extranjeros como requisito formal válido.

Acompaña documentos a su informe.

A folio 8, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

En cuanto a la alegación de extemporaneidad del recurso:

Primero: Que, la recurrida A.F.P Habitat S.A. alega que la acción fue interpuesta en forma extemporánea, toda vez que el recurrente tomó conocimiento de su respuesta vía correo electrónico el 14 de mayo de 2025 y la acción se dedujo el 7 de agosto del presente año, excediendo ampliamente el plazo fatal de 30 días corridos establecido en el Auto Acordado 94-2015 de la Corte Suprema para la interposición de acciones de protección.

Segundo: Que, esta alegación será acogida, desde que del mérito de los antecedentes acompañados por el propio actor aparece que tomó conocimiento del acto que reprocha el 14 de mayo de 2025 e interpuso la presente acción constitucional casi tres meses después, resultando extemporáneo conforme con lo dispuesto en el N°1 del Auto Acordado de Tramitación de Recursos de Protección.

En cuanto al fondo:

Tercero: Que, aún en la hipótesis de entenderse interpuesto el recurso dentro de plazo, el artículo 1° de la Ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican y deroga la ley 9.705, regula las siguientes condiciones que deben reunirse para acogerse a este beneficio: “a).- Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b).- Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”. A su turno, el artículo 7º de la citada Ley, señala que: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1º de esta Ley”.

Por otra parte, el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, en el Libro II, Título XI, sobre Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten, indica de forma textual lo siguiente: “b) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.”

Cuarto: Que, del mérito de los antecedentes, aparece que el documento presentado por el actor “Constancia Electrónica de Cotizaciones” de 31 de agosto 2025, del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), carece de firma autorizada y no se encuentra apostillado ni legalizado conforme a la normativa vigente. En efecto, el hecho de contener un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales vigentes, más aún cuando el ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional.

Por su parte, el anexo de contrato de trabajo acompañado por el recurrente no es verificable, por lo que no resulta idóneo para acreditar el requisito exigido por el artículo 1° letra b) de la Ley N° 18.156.

Quinto: Que, en este sentido, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A. al exigir el cumplimiento de los estándares normativos para el reconocimiento de documentos emitidos en el extranjero, debiendo destacarse en relación al primer argumento del rechazo que si bien, la Ley N° 18.156 no explicita la exigencia de apostilla, ello no exime del cumplimiento de las normas generales sobre valor probatorio de documentos otorgados en el extranjero, máxime cuando se trata de antecedentes que inciden directamente en el cumplimiento sustancial de los requisitos exigidos para acceder al beneficio solicitado.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se declara que:

I.- Se acoge, la alegación de extemporaneidad de la acción.

II.-Se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida en favor de nombre reservado en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-4648-2025.