nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A.

Jbl C.A. de Valparaíso Valparaíso, ocho de septiembre de dos mil veinticinco.

Vistos:

A folio N°1 comparece el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra, quien entabla acción de protección en favor de nombre reservado, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, de nacionalidad venezolana, domiciliada para estos efectos en la comuna de Los Andes, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., con motivo de la comunicación de 28 de julio de 2025 que rechaza su solicitud de retiro de fondos previsionales para extranjeros, por no adjuntar certificado de afiliación previsional apostillado, actuar que estima ilegal y arbitrario y que conculca sus derechos reconocidos en el artículo 19 N°2 y 19 N°24 de la Constitución.

Fundamenta el recurso señalando que solicitó a la recurrida la devolución de fondos previsionales conforme a la ley N°18.156, acompañando una constancia de cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, la cual puede ser verificada y validada en el portal web oficial venezolano mediante un código de verificación. Sin embargo, asegura que la AFP rechazó su solicitud argumentando que la documentación presentada para acreditar su afiliación a un régimen previsional fuera de Chile no cumplía los requisitos del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, específicamente que debía adjuntar certificado de afiliación apostillado.

Arguye que la AFP incorpora requisitos adicionales no contemplados en la ley y que es de público conocimiento la imposibilidad de los nacionales venezolanos para apostillar documentos, dado que no existen relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela.

Alega que cumple íntegramente con los requisitos del artículo 1° de la ley 18.156, presentando constancia electrónica verificable que demuestra su afiliación al sistema previsional venezolano con 789 semanas cotizadas, además de declaración jurada notariada. Sostiene que la AFP realiza una interpretación formalista de la norma, desatendiendo la finalidad del legislador de permitir a los profesionales extranjeros disponer de sus ahorros previsionales.

Acusa vulnerado su derecho de igualdad ante la ley y derecho de propiedad consagrados en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución, argumentando que otras AFP como Cuprum han aceptado solicitudes similares con la misma documentación.

Solicita se acoja el recurso y se ordene que se reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada y dentro de un plazo razonable efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por el recurrente o el que esta Corte estime conforme al mérito de autos; y en general adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

A folio N°5, evacúa informe al tenor del recurso la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A o “AFP Modelo”.

Da cuenta que la recurrente solicitó la devolución de sus fondos previsionales amparándose en la Ley N° 18.156 para técnicos extranjeros, presentando dos solicitudes: la N°24443 por cotizaciones del período julio 2022 a mayo 2025 (empleador Banco Falabella) y la N°24444 por el período diciembre 2019 a junio 2022 (empleador Promotora CMR Falabella).

Explica que rechazó ambas solicitudes porque la documentación presentada por la recurrente no cumple con los requisitos legales establecidos. En concreto, la "Constancia Electrónica de Cotizaciones" emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no constituye un certificado de afiliación válido, carece de firma autorizada, no está apostillada ni legalizada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, y no especifica las prestaciones de cobertura exigidas por ley. Asimismo, la declaración jurada tampoco satisface los requisitos normativos.

Asevera que la Ley N° 18.156 establece requisitos copulativos para la exención, siendo necesario que el trabajador extranjero acredite su afiliación a un régimen previsional fuera de Chile mediante certificación debidamente legalizada de la institución de seguridad social correspondiente.

Argumenta que su actuación no ha sido arbitraria ni ilegal, sino que ha dado estricto cumplimiento a la normativa vigente y a las instrucciones del organismo regulador. Destaca que está obligada a cumplir rigurosamente las disposiciones de la Superintendencia de Pensiones, pues de lo contrario se expone a sanciones.

Solicita se rechace el recurso y se ratifique que AFP Modelo ha actuado conforme a derecho al exigir el cumplimiento de los estándares normativos para el reconocimiento de documentos extranjeros, con expresa condena en costas.

A folio N°8 evacúa informe la Superintendencia de Pensiones expresando que la Ley N°18.156 es un régimen de excepción aplicable solo a trabajadores dependientes extranjeros técnicos o profesionales que cumplan requisitos copulativos del artículo 1°. Señala que siendo norma de excepción, debe interpretarse restrictivamente y aplicarse solo cuando se cumplan todas las exigencias establecidas.

Hacer presente que el N° 1 del Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones dispuso que, para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, el trabajador extranjero debe aportar la certificación de la institución de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte. Indica que la jurisprudencia administrativa ha resuelto que también se puede presentar certificado de cobertura otorgado por embajada o consulado del país de origen.

Respecto a la documentación presentada, informa que la declaración jurada de 15 de julio de 2025 no es documento idóneo para probar el requisito de cobertura previsional, ya que debe ser emitida por la autoridad previsional competente del país correspondiente. Sobre la constancia electrónica del IVSS, señala que conforme al artículo 345 bis del Código de Procedimiento Civil y el Convenio de la Apostilla, no sirve para acreditar el cumplimiento del requisito porque no está firmada ni apostillada o legalizada, además de no especificar si la cobertura de salud comprende prestaciones médicas y pecuniarias.

A folio N°9 se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, por esta vía extraordinaria, se tacha de ilegal y arbitrario el actuar de la recurrida AFP Modelo S.A, por medio de la cual negó lugar a la solicitud devolución de los fondos previsionales de la recurrente extranjera, al amparo de la ley 18.156, desconociendo el valor de la Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y la imposibilidad de obtener un certificado apostillado debido a la inexistencia de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela.

A su turno, la recurrida AFP Modelo ha dicho que la petición de la actora fue rechazada porque dicha constancia no cumple con los requisitos de especificidad y legalización, porque no está firmado por quien lo emite, además, no se encuentra apostillado o legalizado y no señala las prestaciones por las cuales se encuentra cubierto. En tal sentido, indica que se ha exigido acompañar documentación que acredite específicamente la cobertura previsional por todos los riesgos señalados en la norma, debidamente legalizada, conforme a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, órgano que evacuó informe en similares términos.

Segundo: Que, el artículo 7° de la Ley 18.156, establece que “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”; al tiempo que el artículo 1° letra a) de la misma ley reza que "Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte [...]".

A su vez, el Libro II, título XI, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, establece que, para el cumplimiento del requisito anteriormente indicado, "debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte." Tercero: Que, teniendo presente la normativa que regula la exención de cotizar en el país a los técnicos extranjeros y del análisis de la documentación acompañada por el actor, es posible constatar que la "Constancia Electrónica de Cotizaciones" carece de la especificidad requerida para demostrar la cobertura previsional de todos los riesgos que la norma menciona y, además, el documento no se encuentra legalizado y/o apostillado, de manera que no es efectivo lo argumentado por la actora, puesto que no cuenta con la documentación pertinente para que su petición sea acogida.

En efecto, el hecho que el instrumento contenga un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales vigentes establecidos por la Superintendencia de Pensiones, más aún cuando el ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional, lo que reviste especial relevancia cuando se trata de antecedentes que inciden en el cumplimiento sustancial de los requisitos exigidos para acceder a un beneficio excepcional como el impetrado.

No obstante lo anterior, verificada dicha constancia mediante su código de autentificación en la página web del Instituto Venezolano de Seguros Sociales, aparece un mensaje que reza: “La constancia se encuentra vencida”.

Cuarto: Que, asimismo, la declaración jurada acompañada por la recurrente constituye un documento unilateral emitido por la propia parte interesada que no cumple el estándar de exigencias requerido por la Superintendencia de Pensiones, debiendo la acreditación del cumplimiento de los requisitos emanar de la autoridad previsional competente, conforme lo establece la letra b) del N°1 del Título XI, Libro II del Compendio de Normas.

Quinto: Que, cabe destacar que la exención establecida en la Ley N°18.156 es de carácter excepcional, ya que modifica la regla general del sistema chileno en cuanto a la obligatoriedad de cotizar para todos los trabajadores dependientes, por lo que dicha normativa debe ser interpretada restrictivamente, debiendo las Administradoras aplicar estrictamente los criterios establecidos por la Superintendencia de Pensiones, organismo técnico facultado para interpretar la legislación con carácter obligatorio.

Sexto: Que, por lo demás, el rechazo de la petición de la recurrente no impide que posteriormente pueda volver a presentarla acompañando la documentación que cumpla con los requisitos legales y administrativos vigentes, según acertadamente le fue comunicado por la recurrida, tratándose de un acto administrativo subsanable y no de una decisión definitiva que genere indefensión.

Séptimo: Que, en dicho contexto, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de la institución recurrida, en tanto ha circunscrito su actuación a exigir el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y en la normativa administrativa para acceder al beneficio impetrado, aplicando de manera uniforme los criterios establecidos por la Superintendencia de Pensiones a todos los solicitantes, sin que se configure trato discriminatorio alguno.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A.

Regístrese, notifíquese y archívense los antecedentes en su oportunidad.

N°Protección-4646-2025.