nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA SOCIEDAD ANÓNIMA

Edp C.A. de Valparaíso Valparaíso, veintidós de septiembre de dos mil veinticinco.

Vistos:

A folio 1 comparece don Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, cédula de identidad para extranjeros N° RUT reservado, en representación de doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N° RUT reservado, e interpone recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., representada por don nombre reservado, por el acto ilegal y arbitrario de fecha 24 de julio de 2025, consistente en el rechazo verbal de la solicitud de retiro de fondos para extranjero, con la intención de que esta Corte adopte las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, en virtud de los fundamentos de hecho y de derecho que expone.

Expone que doña nombre reservado solicitó la devolución de sus fondos previsionales mediante el portal web de la AFP, conforme a lo dispuesto en los artículos 1 y 7 de la Ley N° 18.156, en cuanto acredita estar afiliada a un sistema de seguridad social de su país de origen y haber manifestado expresamente su voluntad de mantener dicha afiliación en el contrato de trabajo.

Sin embargo, señala que con fecha 24 de julio de 2025, mediante comunicación vía chat de WhatsApp, se le informó que su solicitud había sido rechazada, argumentándose que faltaba una constancia de afiliación apostillada o legalizada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. La recurrente sostiene que esta exigencia no está contemplada en la normativa vigente, y que el certificado fue debidamente notariado y apostillado, pudiendo además ser verificado electrónicamente mediante el sitio oficial del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, ingresando un código de validación que se encuentra visible en el documento acompañado.

Agrega que la AFP no solo impone un requisito no previsto en la ley, sino que omite verificar por medios electrónicos la autenticidad de un documento oficial, emanado de una entidad pública de Venezuela, cuya validez está asegurada por un sistema de verificación en línea. Afirma que otras administradoras de fondos de pensiones sí han aceptado estas constancias, y que la negativa de la recurrida, además de arbitraria e ilegal, desconoce las limitaciones derivadas de la ausencia de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, circunstancia que imposibilita cumplir con requisitos adicionales como legalizaciones consulares.

Sostiene que el actuar de la recurrida vulnera el derecho de propiedad sobre sus fondos previsionales, el principio de igualdad ante la ley y lo dispuesto en el artículo 19 N° 26 de la Constitución. Acompaña como prueba una constancia de afiliación expedida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, debidamente notariada y apostillada, así como capturas de pantalla que muestran su verificabilidad en línea.

Cita jurisprudencia de la Corte Suprema y de diversas Cortes de Apelaciones —entre ellas, Valparaíso, Concepción y Antofagasta— que han acogido recursos de protección en casos similares, enfatizando que la exigencia de formalidades no contempladas legalmente vulnera la finalidad del artículo 7 de la Ley N° 18.156, y transforma la negativa a restituir los fondos en una retención injustificada de ahorros previsionales.

Solicita a esta Corte tener por interpuesto recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida por el acto ilegal y arbitrario ya referido, y se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, ordenando que se reconozca como válida la documentación acompañada, se proceda a un nuevo pronunciamiento conforme a derecho, y se efectúe la devolución de los fondos solicitados dentro de un plazo razonable, o lo que S.S. Iltma. estime conforme al mérito de autos.

A folio 10 evacúa informe el abogado Daniel Santoni, en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.

En primer término, sostiene que la acción cautelar deducida no constituye la vía idónea para conocer de la materia planteada, por tratarse de un asunto de lato conocimiento y carácter contradictorio, incompatible con la finalidad del recurso de protección, el cual —según lo ha señalado la doctrina y la jurisprudencia— está concebido para situaciones urgentes y derechos indubitados. Indica que lo solicitado por la recurrente equivale a una pretensión de modificación normativa que excede el marco de una acción constitucional.

En cuanto al fondo, reconoce que con fecha 24 de julio de 2025, Provida rechazó la solicitud de devolución de fondos previsionales presentada por doña nombre reservado, al tenor de lo dispuesto en la Ley N° 18.156, por no cumplir con los requisitos exigidos. Específicamente, señala que la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) se encontraba vencida, y que la documentación acompañada no se encontraba debidamente apostillada por la autoridad previsional competente venezolana ni contenía mención expresa de las prestaciones cubiertas ni de un período determinado de cobertura, condiciones que —según instrucciones de la Superintendencia de Pensiones— son indispensables para acreditar el cumplimiento de los requisitos del artículo 1° de la Ley N° 18.156.

Agrega que, desde el 30 de agosto de 2016, a raíz de la entrada en vigor del Convenio de la Apostilla en Chile, se exige que todo certificado previsional extranjero cuente con dicha legalización para tener valor probatorio, conforme a lo establecido en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, el artículo 1° del Convenio de La Haya, y las directrices administrativas vigentes.

Invoca la regulación del Decreto Ley N° 3.500, que establece el objeto exclusivo de las administradoras, consistente en otorgar y administrar prestaciones previsionales conforme a la ley. Precisa que los fondos previsionales solo pueden ser destinados a las contingencias definidas legalmente —vejez, invalidez y sobrevivencia—, y que cualquier retiro extraordinario requiere el cumplimiento estricto de las condiciones fijadas por la legislación vigente, en especial en el caso excepcional contemplado en la Ley N° 18.156 para técnicos extranjeros.

Cita en respaldo diversas sentencias, incluyendo la causa Rol N° 11330-2025 de la Corte Suprema (25 de agosto de 2025), que valida las exigencias impuestas por las AFP conforme a las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones; el fallo Rol N° 28646-2025 (5 de agosto de 2025), que confirma la improcedencia del retiro sin cumplimiento formal estricto; y la sentencia Rol N° 17866-2025 (26 de junio de 2025), que establece que el solo hecho de contar con código de verificación no suple los requisitos legales de legalización o apostilla.

Finalmente, sostiene que en la especie no concurre ninguno de los requisitos del artículo 20 de la Constitución: (i) no existe acto ilegal ni arbitrario; (ii) no se ha causado agravio alguno; y (iii) no se ha afectado garantía constitucional alguna, puesto que la actuación de la recurrida se ha ajustado plenamente a la normativa legal y reglamentaria que regula el sistema previsional. En mérito de lo expuesto, solicita el rechazo íntegro del recurso, con expresa condena en costas.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el artículo 20 de la Constitución Política de la República consagra el recurso de protección como una acción cautelar destinada a restablecer el imperio del derecho cuando, con ocasión de un acto u omisión arbitrario o ilegal, se ha privado, perturbado o amenazado el legítimo ejercicio de las garantías fundamentales aseguradas por la Carta Fundamental.

Segundo: Que, en la especie, la recurrente, ciudadana venezolana, solicita la devolución de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual, conforme a lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley N° 18.156, disposición que autoriza dicha devolución a técnicos o profesionales extranjeros que acrediten estar afiliados a un régimen previsional extranjero con cobertura en enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y manifiesten su voluntad de mantener dicha afiliación.

Tercero: Que, conforme se desprende del informe evacuado por la recurrida, la solicitud fue rechazada por no haberse acompañado el certificado del régimen previsional extranjero con las formalidades exigidas para tener valor probatorio en Chile, esto es, la legalización o apostilla de conformidad con el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, el Convenio de La Haya de 1961 y las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones.

Cuarto: Que, el documento presentado por la recurrente, consistente en una constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), no cumple con los estándares requeridos, desde que no consigna período de cobertura ni prestaciones detalladas y carece de legalización o apostilla por la autoridad previsional competente. El hecho de contener un código de verificación electrónica no suple las exigencias legales formales vigentes, máxime cuando la normativa nacional exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional.

Quinto: Que, en consecuencia, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de AFP Provida S.A. al rechazar la solicitud, puesto que actuó dentro del marco de sus atribuciones legales y conforme a las normas generales sobre reconocimiento de documentos extranjeros, así como a las directrices de la autoridad administrativa competente.

Sexto: Que, en estas condiciones, no se configura acto u omisión ilegal o arbitrario que vulnere las garantías constitucionales invocadas, particularmente el derecho de propiedad de la recurrente, razón por la cual el presente recurso no puede prosperar.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza la acción constitucional de protección interpuesta por doña nombre reservado en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-4642-2025.

En Valparaíso, veintidós de septiembre de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.