nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENISIONES PLANVITAL S.A.

Llg C.A. de Valparaíso.

Valparaíso, veintinueve de agosto de dos mil veinticinco.

Visto:

A folio 1, comparece nombre reservado, de nacionalidad venezolana, domiciliado en Viña del Mar, representado por el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra, quien interpone acción constitucional de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones PlanVital S.A., representada por nombre reservado, fundada en el acto ilegal y arbitrario consistente en la anulación de su solicitud de retiro de fondos previsionales para extranjero, notificada el 14 de julio de 2025.

Expone que, mediante el portal web de la AFP, solicitó la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N° 18.156, acompañando su contrato y anexo laboral, título profesional debidamente apostillado y constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). Sin embargo, al consultar el estado de su requerimiento, se encontró con la anulación de la solicitud, apareciendo en pantalla la sola expresión “nulo”, sin que se le entregara ninguna fundamentación respecto de la decisión adoptada.

Sostiene que esta falta de motivación constituye por sí sola un acto arbitrario, contrario al deber de toda autoridad y entidad de justificar las decisiones que afectan derechos de los administrados. Reitera que los documentos acompañados acreditan el cumplimiento de la Ley N° 18.156, destacando que la constancia electrónica del IVSS cuenta con un código único de verificación que permite comprobar en línea su autenticidad en la página oficial del organismo, lo que asegura la validez de la certificación y demuestra que no se trata de un documento apócrifo. Además, en subsidio acompañó una declaración jurada notarial apostillada que reafirma su afiliación previsional en Venezuela.

En este contexto, afirma que la conducta de la AFP, al anular la solicitud sin expresión de causa, priva de efectos a los antecedentes acompañados e impide el ejercicio de su derecho de propiedad sobre los fondos previsionales, incurriendo en arbitrariedad y vulnerando además la igualdad ante la ley.

Concluye solicitando que se acoja el recurso y se ordene a PlanVital emitir un nuevo pronunciamiento sobre su solicitud, debidamente fundado y reconociendo la validez de los documentos acompañados, disponiendo en definitiva la devolución de sus fondos previsionales, con las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

A folio 4, evacúa informe la Superintendencia de Pensiones, señalando en primer término que no registra presentaciones del recurrente nombre reservado ante este Organismo respecto de solicitudes de devolución de fondos al amparo de la Ley N° 18.156.

Indica que dicha ley establece un régimen de excepción, aplicable únicamente a trabajadores dependientes extranjeros de carácter técnico o profesional, que cumplan copulativamente con los requisitos previstos en su artículo 1°, consistentes en: acreditar afiliación a un régimen previsional extranjero que otorgue cobertura, a lo menos, en enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y expresar en el contrato de trabajo la voluntad de mantener dicha afiliación. Precisa que, en caso de registrarse cotizaciones en una AFP chilena, el artículo 7° faculta a solicitar la devolución de los fondos depositados siempre que se cumplan íntegramente las exigencias del artículo 1°.

El organismo reitera que, al tratarse de una norma de excepción, debe aplicarse en forma restrictiva, y que su jurisprudencia administrativa ha sostenido de manera uniforme que los documentos acompañados para acreditar la cobertura previsional extranjera deben ser emitidos por la autoridad competente, especificar las contingencias cubiertas y estar debidamente legalizados o apostillados.

En relación con el caso concreto, consigna que el recurrente acompañó una Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), la cual señala que posee semanas cotizadas y cobertura en ese régimen. Sin embargo, dicha constancia carece de firma responsable y de la apostilla o legalización correspondiente, y además no acredita en forma específica que el trabajador contó con cobertura efectiva e integral durante todo el tiempo que prestó servicios en Chile, motivo por el cual no resulta idónea para cumplir con el requisito de la letra a) del artículo 1° de la Ley N° 18.156.

Agrega que tampoco consta en autos el cumplimiento del requisito de la letra b) del artículo 1° de la Ley N° 18.156, esto es, que en el contrato de trabajo el recurrente hubiese manifestado en forma expresa e inequívoca su voluntad de mantener afiliación exclusiva al sistema previsional de su país de origen.

Concluye que no cuenta con antecedentes que permitan sostener que el recurrente cumple los requisitos de la Ley N° 18.156, razón por la cual no procede la devolución de fondos solicitada A folio 5, evacúa informe la Administradora de Fondos de Pensiones PlanVital S.A., representada por el abogado Víctor Tabilo Marentis, solicitando el rechazo del recurso de protección, con costas.

Señala que el 14 de julio de 2025, el recurrente nombre reservado presentó en la página web institucional una solicitud de devolución de fondos previsionales al amparo de la Ley N° 18.156, acompañando una constancia electrónica de cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y una declaración jurada notarial. Indica que dicha solicitud fue rechazada y comunicada el 9 de julio de 2025, en atención a que los documentos acompañados no cumplían las exigencias legales.

Expone que, conforme al Oficio Ordinario N° 12.954 de la Superintendencia de Pensiones, de 15 de julio de 2025, para cumplir con la letra a) del artículo 1° de la Ley N° 18.156 el trabajador debe acreditar cobertura previsional en el extranjero mediante certificación oficial de la autoridad competente, debidamente legalizada o apostillada, que consigne en forma específica las contingencias cubiertas y el período respectivo. Agrega que el mismo oficio precisa que las constancias electrónicas sin apostilla ni firma responsable carecen de valor probatorio, y que las declaraciones juradas, aun cuando se encuentren notariadas o apostilladas, tampoco son suficientes al no emanar de la autoridad previsional extranjera.

Sobre esa base, afirma que el rechazo de la solicitud no es ilegal ni arbitrario, sino que constituye una actuación ajustada a la normativa vigente y a las instrucciones administrativas obligatorias impartidas por la Superintendencia. Añade que el actuar de la Administradora ha sido razonado, uniforme y en igualdad de trato respecto de todos los afiliados extranjeros, descartando así la existencia de discriminación o vulneración de derechos fundamentales.

Hace presente además que la negativa no implica la pérdida del derecho a solicitar la devolución de fondos previsionales en el futuro, ya que el afiliado puede volver a presentar la solicitud acompañando la documentación en debida forma. Cita al efecto la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, Rol N° 54.783-2024, sentencia de 8 de mayo de 2025, que ha calificado estos rechazos como actos administrativos subsanables que no generan indefensión, sino que dejan a salvo la posibilidad de un nuevo requerimiento.

Concluye que el recurso de protección resulta improcedente, por cuanto el recurrente dispone de otros mecanismos administrativos idóneos para plantear su pretensión y porque la actuación de PlanVital se encuentra amparada en las instrucciones del órgano regulador. Solicita, en definitiva, que se rechace la acción constitucional, con costas Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece la acción constitucional de protección, destinada a amparar el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que enumera, frente a actos u omisiones arbitrarios o ilegales que los priven, perturben o amenacen.

Segundo: Que, el asunto sometido al conocimiento de esta Corte consiste en determinar si el rechazo por parte de AFP PlanVital S.A. de la solicitud de devolución de fondos previsionales del recurrente, fundado en la falta de apostilla del certificado de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, constituye un acto ilegal o arbitrario que vulnere las garantías constitucionales invocadas.

Tercero: Que, la Ley N° 18.156 establece un régimen de excepción a la obligación general de cotizar en el sistema previsional chileno, aplicable a trabajadores técnicos o profesionales extranjeros que cumplan con los requisitos copulativos señalados en su artículo 1°. En su artículo 7° contempla la posibilidad de solicitar la devolución de los fondos enterados, siempre que se acredite haber contado con cobertura previsional en el país de origen.

Cuarto: Que, en ejercicio de sus facultades legales, la Superintendencia de Pensiones ha regulado esta materia en el Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, disponiendo expresamente que la acreditación de la afiliación a un régimen previsional extranjero debe efectuarse mediante certificación oficial de la institución respectiva, debidamente legalizada o apostillada, y que dicha constancia debe consignar de manera específica las coberturas y el período de protección.

Quinto: Que, la interpretación de la normativa previsional efectuada por la Superintendencia de Pensiones es, por mandato del artículo 94 del D.L. N° 3.500, de 1980, de carácter obligatorio para las Administradoras de Fondos de Pensiones. En consecuencia, al exigir la presentación del certificado debidamente apostillado, la recurrida AFP PlanVital S.A. no ha actuado por capricho o discrecionalidad, sino en estricta observancia de las normas que rigen su funcionamiento y de las instrucciones vinculantes de su ente fiscalizador, el que precisamente dictó el oficio ordinario N° 12.954 de 15 de julio de 2025, que, pronunciándose al respecto, señala que “conforme a la sistemática jurisprudencia administrativa de este servicio y la normativa ya indicada referida al valor probatorio en Chile de los documentos expedidos en el extranjero, resulta evidente que las certificaciones electrónicas (Constancias Electrónica de Cotizaciones) emitidas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales que no hayan sido legalizadas o apostilladas por la autoridad previsional competente venezolana y sin que señalen las coberturas con que cuenta el afiliado y respecto de las cuales no se pueda inferir un determinado período de cobertura, cuando se limitan a mencionar de forma genérica las coberturas que otorga el sistema previsional venezolano no sirven para acreditar debidamente el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero exigido en la letra a) de la citada ley N° 18.156”.

Sexto: Que, si bien el recurrente alega la imposibilidad material de cumplir con dicha exigencia por circunstancias de fuerza mayor, no corresponde a esta sede cautelar alterar los requisitos establecidos en la normativa administrativa vigente ni crear una vía de excepción no contemplada por el legislador ni por el órgano regulador. Ello implicaría desconocer el principio de legalidad que rige a los órganos de la Administración y a las entidades fiscalizadas por estos.

Séptimo: Que, el acto impugnado, además, no constituye una decisión definitiva que genere una situación de indefensión para el recurrente. Como ha sostenido la Excma. Corte Suprema en casos análogos (Rol N°54.783-2024), el rechazo fundado en la falta de documentación idónea es un acto administrativo subsanable, conservando el afiliado la posibilidad de presentar nuevamente su solicitud una vez que obtenga los documentos conformes a las exigencias legales y administrativas. Por tanto, no existe una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de sus derechos que amerite el amparo de esta acción cautelar.

Octavo: Que, en consecuencia, no habiéndose acreditado un actuar ilegal o arbitrario por parte de la recurrida, sino más bien una aplicación estricta de la normativa que la rige, el presente recurso de protección no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado en contra de AFP PlanVital S.A.

Regístrese, comuníquese y archívense los antecedentes en su oportunidad.

N°Protección-4627-2025.