nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, veintisiete de agosto de dos mil veinticinco.

Vistos:

A folio 1, comparece Carolina Hidalgo Fiol, abogada, quien deduce acción constitucional de protección en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, con residencia definitiva, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, licenciada en educación en lengua extranjera mención inglés, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., por el rechazo de la solicitud de retiro de fondos de la actora, actuación que estima como ilegal y arbitraria que vulnera sus derechos fundamentales garantizados en los numerales 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Explica que el 5 de julio de 2025, la recurrente presentó solicitud de devolución de sus fondos previsionales, en virtud de la exención establecida en la Ley 18.156, por las cotizaciones enteradas por su antiguo empleador el Colegio Seminario Pontificio Menor de Santiago, de la comuna de Las Condes, acompañando título profesional apostillado, contrato de trabajo con anexos de disposición de aportes previsionales, certificado de inscripción en el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (I.V.S.S.), debidamente legalizado con declaración jurada, con manifestación expresa de su intención de continuar cotizando en su país de origen.

Refiere que la recurrida rechazó la petición mediante respuesta de 7 de julio de 2025, fundado en que el certificado de inscripción en el Instituto Venezolano de Seguros Sociales corresponde a una constancia electrónica y no al certificado de inscripción al seguro de seguridad social, además de hacer referencia al anexo de contrato, por no hacer mención a la Ley 18.156 en la voluntad de disposición de los fondos.

Argumenta que, en Venezuela, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) emite dos tipos principales de certificados que cumplen con los fines exigidos por la Ley 18.156, el certificado de afiliación de cuenta individual y el certificado de cotizaciones o constancia de verificación de cotizaciones, ambos documentos debidamente acompañados y verificables electrónicamente en el sitio web del Instituto.

Invoca la Circular N° 10 del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, según el cual, los ciudadanos venezolanos están exceptuados de presentar documentos legalizados o apostillados por la inexistencia de representación consular activa de Venezuela en Chile, directriz que responde a principios de acceso a derechos fundamentales.

Sostiene que la validez del certificado electrónico puede comprobarse a través del portal web del I.V.S.S. con el código de verificación N° 155900002-2025709, encontrándose la recurrente afiliada y activa en el sistema previsional venezolano desde el 22 de julio de 2015, institución que brinda protección de Seguridad Social en las contingencias de maternidad, vejez, sobrevivencia, accidentes, invalidez, muerte, retiro y cesantía o paro forzoso o enfermedad.

Argumenta que el rechazo constituye un acto arbitrario e ilegal por exigir la actualización de un documento que cuenta con plena validez y puede ser verificado electrónicamente, conteniendo información que no varía en el tiempo, encontrándose la recurrente activamente cotizando en el sistema previsional venezolano sin proceso de desafiliación que vulnere el derecho cubierto.

Respecto al anexo de contrato por disposición de fondos previsionales, señala que cumple con la formalidad requerida por la Ley 18.156, evidenciándose la ratificación de voluntad de la recurrente de disponer de sus fondos cotizados en el sistema AFP de Chile para disponerlo en el seguro social de su país de origen.

Alega que la conducta de AFP Modelo constituye una manifestación de capricho administrativo, contrario a los principios de razonabilidad, proporcionalidad y juridicidad, desconociendo el contexto migratorio, político y diplomático que enfrentan los nacionales venezolanos en Chile, quienes se encuentran imposibilitados de obtener documentos actualizados ante la ausencia de representación diplomática.

Pide que se acoja el recurso ordenando a la recurrida hacer devolución de los fondos previsionales, con costas, y acompaña los documentos individualizados en el libelo.

A folio 5, informa nombre reservado, en representación de la Superintendencia de Pensiones, quien explica que la recurrente no registra presentaciones anteriores ante dicho organismo respecto de solicitudes de devolución de fondos previsionales conforme a la Ley 18.156.

Sin embargo, respecto a la documentación presentada, afirma que la constancia del Instituto Venezolano de Seguridad Social no es idónea para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional, pues se trata de una constancia electrónica y no de un certificado de inscripción de seguro social, que no demuestra la cobertura activa durante el periodo en que prestó servicios en Chile, y no especifica cobertura efectiva por los riesgos exigidos por la ley. Además, no se encuentra debidamente legalizada o apostillada.

Respecto al contrato y anexo, indica que no contiene manifestación inequívoca de la voluntad de la trabajadora de mantener su afiliación al sistema previsional venezolano, ni de disponer de sus fondos conforme al régimen de excepción.

En cuanto a la declaración jurada, afirma que no ha sido emitida por la autoridad competente del país de origen de la recurrente, sino que constituye una declaración unilateral de la trabajadora.

A folio 7, comparece Rodrigo Montero Atria, abogado, en representación de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., quien informa que, el 5 de julio de 2025, la recurrente ingresó solicitud de devolución de fondos previsionales, y el día 7 del mismo mes se le comunicó que su solicitud se encontraba pendiente y se le requirió acompañar el certificado del instituto u organismo de seguridad social extranjero que acredite la afiliación, señalando expresamente que otorga prestaciones mínimas de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, debidamente legalizado por Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile o apostillado en país de origen; y el anexo del contrato de trabajo que mencione expresamente la Ley 18.156, y que exprese la voluntad del trabajador de mantener afiliación al sistema previsional extranjero Refiere que la actora adjuntó el mismo anexo, documento de cuenta individual, la misma declaración jurada y la constancia electrónica del IVSS, lo que llevó a determinar el rechazo definitivo.

La administradora sostiene que la Ley 18.156 establece un régimen de excepción con requisitos copulativos para trabajadores técnicos extranjeros, debiendo acreditar que se encuentra afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile y que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que en el contrato de trabajo respectivo exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

Arguye que no resulta suficiente un documento que señale en forma genérica las coberturas de seguridad social que otorga un sistema previsional determinado, sino que se debe consignar en forma específica, por la autoridad previsional competente, el hecho que el trabajador extranjero contó efectivamente con la protección por todos los riesgos mínimos, durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile, lo que no ocurre en el caso de la actora, además de no cumplirse con el requisito de estar legalizado o apostillado, invocando los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil respecto a la exigencia de legalización o apostilla de instrumentos públicos otorgados fuera de Chile.

Además, señala problemas temporales y de contenido de los contratos, pues el contrato principal es de marzo de 2023 y el anexo de diciembre de 2024. Sin embargo, el anexo hace referencia a un contrato de marzo de 2018, fecha extensamente anterior al inicio de su contrato.

A folio 8, se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que, a través de la presente vía cautelar, se impugna el rechazo de parte de la recurrida AFP Modelo S.A. de la devolución de los fondos previsionales cotizados por el recurrente durante la vigencia de su contrato de trabajo con el Colegio Pontificio Seminario Menor de Santiago, fundando la acción en que este sí cumpliría con los requisitos contemplados en el artículo 1° de la Ley 18.156, al haber acompañado los documentos requeridos al momento de hacer la solicitud, exigiéndose antecedentes que ya ha sido acompañados y otros que son imposibles de obtener.

Segundo: Que, la recurrida informa que su actuar no es arbitrario ni ilegal, dado que el solicitante no ha acreditado el cumplimiento de todos los requisitos legales establecidos en los artículos 1º y 7º de la Ley 18.156. En tal sentido, afirma que la Constancia Electrónica de Cotizaciones del Instituto Venezolano de Seguros Sociales no corresponde a un certificado de afiliación, no indica las prestaciones que se encuentran cubiertas, y no está firmado por quien lo emite ni se encuentra apostillado o legalizado. Además, funda el rechazo en que la declaración jurada no acredita que haya estado cubierto durante su estadía en Chile por el sistema de seguridad social extranjero, y que el anexo de contrato de trabajo contiene inconsistencias, además de no contener la mención expresa de la voluntad del trabajador de mantener la afiliación en el sistema extranjero.

Tercero: Que, el artículo 7º de la Ley 18.156, establece: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administración de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1 de esta ley.”.

A su turno, citado artículo 1 dispone: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y, b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida. La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744.”.

Cuarto: Que, atendido lo expuesto y al mérito de los antecedentes acompañados por las partes, se concluye que la recurrida no han incurrido en acto ilegal o arbitrario alguno, toda vez que, el actor no ha dado cumplimiento a la totalidad de los requisitos copulativos establecidos en la normativa previsional aplicable al caso. En efecto, del análisis de la constancia electrónica emanada del Instituto Venezolano de Seguros Sociales, no resulta posible acreditar que el actor se encontraba protegido por el seguro social venezolano en el periodo en que cotizó los fondos previsionales cuya devolución pretende. Además, si bien la inclusión de un código de verificación electrónica podría permitir constatar la autenticidad del documento en el portal web de la entidad emisora, dicho mecanismo resulta insuficiente para satisfacer las exigencias formales establecidas en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, norma que regula el valor probatorio de los instrumentos públicos otorgados en país extranjero.

Por su parte, la declaración jurada no tiene el mérito para subsanar el defecto del cual carece la constancia electrónica de cotizaciones, al no ser un medio apto para acreditar que la recurrente se encontraba cubierta por el seguro social venezolano durante el periodo en estudio, ni las prestaciones garantizadas con total claridad.

Quinto: Que, en lo que respecta al contrato de trabajo y anexo, cabe señalar que, en el anexo de 10 de diciembre de 2024, se indica que las partes han suscrito un contrato de trabajo con fecha 15 de marzo de 2018, sin embargo, el contrato de trabajo que se ha acompañado es de 1 de marzo de 2023, lo que representa una inconsistencia en el documento en que se funda la solicitud, conforme a la letra b) del artículo 1º de la Ley 18.156.

Sexto: Que, además, conforme a los antecedentes acompañados, es posible concluir que la recurrente cuenta con residencia definitiva en Chile, circunstancia que reviste especial relevancia en el contexto del sistema previsional chileno. En efecto, autorizar el retiro de fondos previsionales en casos como el de autos, en que no se cumplen los requisitos legales establecidos para tal efecto, podría generar un eventual perjuicio al Estado, toda vez que, en virtud del principio de universalidad de la seguridad social y las disposiciones contenidas en la Ley 20.255 sobre Reforma Previsional, el erario nacional garantiza pensiones básicas solidarias a quienes cumplen los requisitos legales, entre ellos, contar con residencia permanente en el territorio nacional. De este modo, el retiro de fondos previsionales por parte de extranjeros con residencia definitiva podría significar que, en el futuro, el Fisco deba asumir el costo de garantizar una pensión a personas que, habiendo realizado cotizaciones en Chile, se les permitió retirar dichos fondos, generando una carga económica no prevista por el legislador al establecer el régimen excepcional contemplado en la Ley 18.156.

Séptimo: Que, en definitiva, de los antecedentes aportados se desprende que la actuación de la recurrida, al rechazar la solicitud de devolución de fondos previsionales, se ha ajustado a la normativa vigente y a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, sin que pueda calificarse como ilegal o arbitraria, motivos por los cuales el presente arbitrio no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida en favor de nombre reservado, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A.

Se previene que la Ministra Sra. Nancy Bluck Bahamondes, concurre al rechazo de la acción cautelar estimando que el asunto planteado requiere un pronunciamiento declarativo en la sede jurisdiccional que corresponde, al tenor de lo dispuesto en el artículo 420 letra c) del Código del Trabajo.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-4608-2025.

En Valparaíso, veintisiete de agosto de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.