nombre reservado con SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR QUILLOTA

Dgm.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, quince de septiembre de dos mil veinticinco.

Vistos:

A folio 1 comparece don Pablo Alejandro Pérez Ojeda, abogado, en representación de doña nombre reservado, chilena, médico cirujano, quien interpone recurso de protección en contra del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, persona jurídica de derecho público, RUT N°RUT reservado, representado legalmente por su Directora doña nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por actos ilegales y arbitrarios contenidos en la Resolución TRA N°120950/9/2025 de fecha 7 de julio de 2025, que declara vacante el cargo por salud incompatible de la recurrente, vulnerando con ello las garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 números 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Relata que la recurrente es médico cirujano egresada de la Universidad de Valparaíso en 2016, quien ingresó al sistema público de salud a través del Concurso Nacional de Ingreso al Sistema Nacional de Servicios de Salud (CONISS) 2017, bajo la Ley N° 19.664 de Etapa de Destinación y Formación (EDF). Inicialmente destinada al Servicio de Salud de Magallanes, fue posteriormente trasladada al Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota en 2018, desempeñándose en el Hospital de Peñablanca con jornada completa de 44 horas semanales más turnos de 24 horas semanales.

Agrega que durante su desempeño profesional, la recurrente comenzó a presentar síntomas relacionados con trastornos del ánimo y del sueño, siendo hospitalizada en dos ocasiones durante 2020 por enfermedades relacionadas con salud mental. En junio de 2022 fue seleccionada para cursar especialidad médica en ginecología y obstetricia, pero debió renunciar en junio de 2024 debido a licencias médicas prolongadas por falta de respuesta al tratamiento, retornando a su destinación en el Hospital de Peñablanca.

Indica que producto de las licencias médicas presentadas, el Hospital de Peñablanca requirió evaluación de la recurrente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), la cual mediante Resolución con Folio N° 18286315 de fecha 17 de diciembre de 2024, declaró de manera categórica que el estado de salud de la funcionaria evaluada es recuperable para los fines estatutarios correspondientes.

Señala que no obstante la certeza del certificado emitido por el organismo técnico especializado respecto de la salud recuperable de la Dra. nombre reservado, con fecha 8 de julio de 2025 le fue notificada la Resolución TRA N° 120950/9/2025 de fecha 7 de julio de 2025, que declara la vacancia del cargo por salud incompatible, sin fundamentación o explicación racional del concepto de incompatibilidad, ni señalar la patología, diagnóstico o condición que habría llevado a la autoridad a tal determinación.

Alega que los actos de la recurrida serían ilegales por contravenir lo dispuesto en el artículo 151 del Estatuto Administrativo modificado por la Ley N° 21.050, que establece que el jefe superior del servicio debe requerir previamente a la COMPIN la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud, siendo vinculante para el servicio público la declaración de salud recuperable. También por violación de los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, al carecer la resolución de motivación administrativa suficiente.

Refiere que también serían arbitrarios por constituir una decisión administrativa sin fundamento racional que desarrolle y justifique válidamente la vacancia del cargo, declarando esta situación a pesar de la rotunda conclusión del órgano técnico (COMPIN) que declaró expresamente que la Dra. nombre reservado presenta un estado de salud recuperable.

Invoca vulneración del derecho a la igualdad ante la ley del artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, por otorgar un trato diferenciado y arbitrario respecto de otros funcionarios. También la afectación al derecho de propiedad del N° 24 del mismo artículo, respecto de las remuneraciones que dejará de percibir, su carrera funcionaria, antigüedad laboral y todos los derechos funcionarios inherentes contemplados por las leyes 15.076, 19.664 y 18.834.

Solicita se declare que el acto recurrido constituye una privación en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales invocadas y se acoja el recurso en su totalidad, declarando que debe restablecerse el imperio del derecho dejando sin efecto el acto recurrido y ordenando el reintegro de la funcionaria a su cargo con el consecuente pago de las remuneraciones que deje de percibir.

A folio 9 evacúa informe la recurrida, solicitando el rechazo del recurso por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria que haya privado, perturbado o amenazado los derechos fundamentales de la recurrente.

Expone que la funcionaria acumuló un total de 790 días de licencia médica entre el 1 de enero de 2021 y el 1 de abril de 2025, y que en el período de los dos años previos a la fecha de corte del 1 de abril de 2025, acumuló 356 días de licencia médica, excediendo el límite de seis meses establecido por la ley. Argumenta que el procedimiento administrativo fue regular, iniciado por solicitud del Hospital de Peñablanca mediante Reservado N° 001/2025 de fecha 3 de abril de 2025.

Sostiene que si bien se cumplió con requerir la evaluación de la COMPIN, que declaró la salud como recuperable, la causal de vacancia por salud incompatible puede declararse aun cuando la COMPIN estime que la salud del funcionario es recuperable, siempre que se configure la causal objetiva de haberse hecho uso de licencia médica por más de seis meses en un lapso de dos años, conforme al Dictamen de Contraloría N° E188441 de 2022.

Argumenta la distinción entre los conceptos de "incompatibilidad" e "irrecuperabilidad", señalando que el primero alude a un impedimento para ejercer una función determinada debido al ausentismo prolongado, mientras que el segundo se refiere a un estado de salud que no puede ser recuperado. Cita jurisprudencia de la Corte Suprema en causa Rol N° 819-2024 que reconoce esta distinción.

Niega la vulneración de las garantías constitucionales invocadas, argumentando que la aplicación de la causal legal no constituye un acto arbitrario sino una potestad de la administración para garantizar la continuidad del servicio público, y que los funcionarios públicos no tienen un derecho de propiedad sobre su cargo.

A folio 10 se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida en favor de toda persona que, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías señalados en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, mediante esta vía cautelar, se impugna la Resolución TRA N°120950/9/2025 de fecha 7 de julio de 2025, que declara vacante el cargo de la recurrente por salud incompatible, por estimarse que dicho actuar afecta las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N°s 2 y 24 de la Constitución.

Por su parte, la recurrida argumenta que, atendido que la Comisión determinó que la salud era recuperable, el Director del Hospital se encuentra habilitado para considerar la salud del recurrente como incompatible con el desempeño del cargo.

Tercero: Que, el artículo 151 del Estatuto Administrativo dispone que el jefe superior del servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable. No se considera para el cómputo de los seis meses señalado en el inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 115 de este Estatuto y el Título II, del Libro II, del Código del Trabajo. El jefe superior del servicio, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deber requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo.

Cuarto: Que, no existe controversia sobre la circunstancia que la recurrente mantuvo más de seis meses de licencia en los últimos dos años de prestación de servicios, registrando un ausentismo de 790 días.

Quinto: Que, además, las partes están contestes en que la evaluación de la recurrente arroja una salud recuperable, de acuerdo a lo que se lee en la resolución de la COMPIN de 17 de diciembre de 2024 Sexto: Que, el núcleo de la discusión estriba, entonces, en determinar si la decisión recurrida cumple con la debida fundamentación, de conformidad con la norma transcrita más arriba. Luego, al no consultar el legislador una etapa previa a la dictación del acto terminal del jefe de servicio, en la que el funcionario afectado pueda serlo y ejercer defensa, la autoridad debe ser especialmente diligente en la fundamentación de una potestad discrecional. En la especie, esta decisión debió ampararse en la opinión del organismo técnico sobre la incompatibilidad de la salud de la actora con el ejercicio del cargo, siendo insuficiente el mero hecho de haber permanecido durante un lapso importante con licencias médicas, puesto que, debió proporcionarse a la administrada los argumentos que habrían permitido conocer con precisión y claridad, tal como lo exige el inciso final del artículo 151 citado, lo que no ha ocurrido.

Séptimo: Que, conforme a lo señalado, del examen de la resolución recurrida es posible advertir que ésta no cumple con los requisitos de fundamentación que exigen los artículos 11 y 41 de la ley 19.880, en relación con el artículo 151 del Estatuto Administrativo y, tal falencia, vulnera los derechos fundamentales de la recurrente, contemplados en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, deviniendo en ilegal la decisión recurrida, motivo suficiente para acoger esta acción, en la forma que se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se acoge, sin costas, la acción de protección deducida en favor nombre reservado, en contra del en contra del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota y, en consecuencia, se deja sin efecto la Resolución TRA N° 120950/9/2025 de siete de julio de dos mil veinticinco, ordenándose a la recurrida emitir un nuevo pronunciamiento que cumpla con los requisitos de fundamentación conforme a derecho.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad archívese N°Protección-4607-2025.

En Valparaíso, quince de septiembre de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.