Protección contra Club de Deportes Santiago Wanderers S
- Fecha
- 30 de diciembre de 2016
- Resultado
- Rechazada
- Cita
- Corte de Apelaciones de Valparaiso, Rol N° 4585-2016, sentencia de 30 de diciembre de 2016
Resumen
Se rechaza la protección del recurrente contra el Club de Deportes Santiago Wanderers: el derecho de admisión ejercido se justificó con el testimonio de Carabineros y la comunicación de Estadio Seguro, sin ilegalidad ni arbitrariedad, y la sentencia absolutoria penal no lo obsta.
Texto íntegro
Foja: 65 Sesenta y Cinco Jbl C.A. de Valparaíso Valparaíso, treinta de diciembre de dos mil dieciséis.
VISTOS:
A fojas 3 comparece don nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, trabajador portuario, domiciliado en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra del Club de Deportes Santiago Wanderers S.A.D.P., RUT N° RUT reservado, representado legalmente por don nombre reservado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, por las consideraciones de hecho y fundamentos de derecho que expone.
A fojas 24 informa la Juez del Juzgado de Garantía de Valparaíso, doña Nora Bahamondes Acevedo, respecto de los antecedentes del recurrente.
A fojas 33 comparece informando el recurso don nombre reservado, abogado, en representación del Club de Deportes Santiago Wanderers S.A.D.P., solicitando el rechazo del recurso por las razones que indica.
A fojas 43 y 45 vuelta se agregan a la vista los recursos de protección Rol N° 799-2016 y Rol N° 2741-2016.
A fojas 49 rola informe del Jefe del Departamento Estadio Seguro de la Subsecretaría del Interior, en los términos ordenados a fojas 38.
Por resolución de fojas 59 se trajeron los autos en relación.
CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:
1°) Que a fojas 3 comparece don nombre reservado, quien deduce recurso de protección en contra del Club de Deportes Santiago Wanderers S.A.D.P., representado por don nombre reservado, fundado en el hecho que el día 6 de diciembre de 2015, cuando se dirigía hacia el Estadio "nombre reservado" por Avenida Errázuriz, sin quererlo se vio envuelto en los incidentes protagonizados por barristas de Santiago Wanderers y Colo Colo y por error fue aprehendido por Carabineros e imputado por el delito de lesiones leves a funcionarios de Carabineros, dando origen a la causa RIT 11304-2015 del Juzgado de Garantía de Valparaíso; además, fue ingresado a los listados de prohibición de acceso a los espectáculos de fútbol profesional chileno, ejerciéndose respecto de su persona el llamado derecho de admisión. Luego, por sentencia de 2 de junio de 2016 fue absuelto de dichos cargos, por lo que el día 13 de junio concurrió a la sede de la recurrida para poner en su conocimiento la sentencia absolutoria, a fin que retirara su nombre de la referida lista. En dicha oportunidad, se le informó que los antecedentes se pondrían en conocimiento del Jefe de Seguridad de la empresa; sin embargo, a la fecha de interposición del recurso, no cuenta con una respuesta efectiva, pese a haber reiterado su solicitud vía correo electrónico al Jefe de Seguridad. Explica que la normativa en materia de seguridad en los estadios, distingue dos categorías de personas impedidas de asistir a los espectáculos de fútbol profesional chileno: Lista 101, donde se encuentran las personas que en virtud de una resolución judicial se hallan impedidas de asistir por un tiempo determinado a los estadios; y, Lista 102, donde figuran las personas a quienes se les ha aplicado el derecho de admisión, esto es, que han quedado con prohibición de asistir por una decisión emanada desde el club o desde la ANFP. Agrega que de acuerdo a los antecedentes que ha podido recabar, sería “Estadio Seguro”, organismo dependiente de la Subsecretaría del Interior, el que previa identificación por parte de las policías, remitiría una lista con los nombres de las personas a quienes deben aplicárseles el derecho de admisión, a partir de lo cual, la institución oficiada ingresaría a dichas personas al listado 102. Así, si bien el impedimento que pesa sobre él, deriva de la acción conjunta de ambas instituciones, es la recurrida la que materializa dicha prohibición, ya que la entidad que finalmente ingresa o retira personas del respectivo listado es precisamente el organizador del espectáculo deportivo. Indica que la aplicación del denominado “derecho de admisión” tiene su fundamento normativo en el artículo 3 letra e) de la Ley 19.327 –que reproduce, lo mismo que el inciso 1° del artículo 30-, y requiere que exista un motivo real para entender que la persona contra quien se ejerce ha efectivamente transgredido las condiciones de ingreso y permanencia a los recintos deportivos establecidas en la mencionada ley y su reglamento, o bien que concurran razones que justifiquen razonablemente el uso de aquella prerrogativa, lo que debe ser debidamente acreditado, para evitar ser ejercido de forma discriminatoria. Afirma que en la especie, al haberse acreditado judicialmente su inocencia por medio de sentencia firme, tal exigencia no concurre, tornando el acto prohibitivo ejecutado por la recurrida de mantenerlo en la referida lista en arbitrario y discriminatorio, al no existir causa racional y probada para su ejercicio; cita jurisprudencia argentina. Alega que el actuar ilegal y arbitrario de la recurrida vulnera la garantía de igualdad ante la ley del artículo 19 N° 2, al negarle la posibilidad de ingresar a un espectáculo deportivo al que sí permite entrar a otros que, tal como él, no han cometido ninguna infracción a la normativa de seguridad en los estadios; también conculca el debido proceso consagrado en el artículo 19 N° 3, puesto que la aplicación del derecho de admisión supone una sanción administrativa, sin que haya tenido la posibilidad real de ejercer ninguna defensa, y transgrede asimismo, el derecho de adquirir toda clase de bienes del artículo 19 N° 23 de la Constitución, al no poder ejercer su derecho de propiedad sobre su derecho personal de poder ingresar al Estadio Elías Figueroa Bránder, sino que le cercena el derecho de adquirir el derecho personal de ingresar a otros estadios del país. Solicita acoger el presente recurso, ordenado a la recurrida retirar inmediatamente a su persona de los listados del derecho de admisión y se le instruya a oficiar a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional y a todos los clubes del fútbol profesional chileno respecto al retiro de su nombre y Rut del listado 102, o las demás providencias que esta Corte estime adecuadas.
2°) Que a fojas 24, doña Nora Bahamondes Acevedo, Juez del Juzgado de Garantía de Valparaíso, informa que con fecha 15 de marzo de 2016 se dictó sentencia condenatoria en contra del recurrente, acogiéndose luego el recurso de nulidad deducido por la defensa, anulándose la sentencia y el juicio en que fue dictada. En el nuevo juicio, en audiencia de 2 de junio de 2016, se dictó sentencia absolutoria, la cual se encuentra ejecutoriada.
3°) Que a fojas 33 comparece informando don nombre reservado, abogado, en representación del Club de Deportes Santiago Wanderers S.A.D.P., quien señala que efectivamente el recurrente no puede ingresar a los espectáculos de fútbol profesional -entre otros-, los organizados por su parte, justificándose en el derecho de admisión que tienen todos los organizadores de espectáculos de fútbol profesional en virtud de lo dispuesto en el artículo 3 letra e) de la Ley 19.327, haciendo presente que el legislador ha usado la expresión "deberá ejercer", es decir, los organizadores se encuentran en la obligación de ejercer este derecho respecto de personas que infrinjan las condiciones de ingreso y permanencia o cuando existan motivos que justifiquen razonablemente la utilización de dicha facultad. Sostiene que en este caso, el ejercicio del derecho de admisión se encuentra plenamente justificado, por cuanto la individualización del recurrente se encuentra en el listado proporcionado por la División de Prevención y Seguridad en Eventos Masivos y Deportivos de la Subsecretaría de Prevención del Delito (Estadio Seguro), dependiente del Ministerio del Interior del Gobierno de Chile, como una de las personas que fue identificada por la policía en los desórdenes ocurridos en el partido suspendido entre el Club de Deportes Santiago Wanderers S.A.D.P. y Colo Colo, el día 6 de diciembre de 2015 en el Estadio Elías Figueroa Bránder, lo que fue de público conocimiento; expresa que Estadio Seguro remitió esta información no solo a su parte y a Colo Colo, sino a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, entidad superior que regula el fútbol profesional, para que fuese enviada a todos los clubes chilenos, estando su representada imposibilitada de modificar el Registro regulado en el artículo 30 de la Ley 19.327, por cuanto es la ANFP la que ha incorporado también el nombre del recurrente en dicho registro, siendo la entidad que informa a todos los clubes del país para que ejerzan el derecho de admisión, por lo que su parte no ha establecido una medida arbitraria o de iniciativa propia o que no tenga plena justificación, sino que ha sido la autoridad pública la que les ha informado sobre estos hechos y respecto de quienes deben ejercer el derecho de admisión. Agrega que en el caso del recurrente existe otro antecedente, además de lo informado por la división Estadio Seguro, ya que hubo un juicio ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso que lo condenó en un primer momento por el delito de atentado a la autoridad, el que luego fue declarado nulo y en un nuevo juicio fue absuelto; explica que la nulidad de la sentencia condenatoria se debió a que ésta no cumplió con el deber de exponer de una manera clara y lógica cada uno de los hechos y circunstancias que se dieron por probados, y en el segundo juicio, no hubo prueba testimonial que hubiera permitido lograr convicción de los hechos como sí lo hubo en el primer juicio que finalizó con condena y luego anulado, lo que no significa que los hechos hayan dejado de existir; el hecho por el cual se ejerce el derecho de admisión sí existió, aun cuando ese hecho no revista responsabilidad penal para el imputado. Manifiesta que el recurrente funda su acción constitucional solo en el hecho de tener una sentencia absolutoria, por lo que debería quedar liberado de su inclusión en el Código 102, lo que no es del todo preciso e incurre en una confusión en la distinción entre Código 101 y 102, en el primero se incorporan todas las personas que han sido condenadas por un delito, y en el segundo, se incorporan todas las personas que han infringido normas de ingreso y permanencia en los recintos deportivos o cuando existan motivos que justifiquen razonablemente la utilización de la facultad de ejercer el derecho de admisión; la ausencia de una sentencia condenatoria no inhibe la facultad de los organizadores para ejercer el derecho de admisión cuando existen motivos para ello. Hace presente que lo que ha tenido lugar, es la facultad legal para indicar que una persona no puede ingresar a un recinto deportivo atendido que existen motivos para ello; en el presente caso, el señor nombre reservado participó de hechos, en las inmediaciones del estadio, que atentaron contra la normal circulación de espectadores al estadio y la labor de Carabineros de Chile en el control del orden público, el día 6 de diciembre de 2016 (sic); que los hechos atribuibles al señor nombre reservado no merezcan responsabilidad penal, no permite concluir que por esos mismos actos no se pueda ejercer el derecho de admisión en uso de las facultades que otorga la ley a los organizadores de espectáculos de fútbol profesional, no pudiendo desconocerse que no es la primera vez que el recurrente se ve enfrentado a situaciones como éstas, pues cuenta con una condena previa por el delito de maltrato de obra a Carabineros, existiendo así elementos que permiten tener por acreditado los fundamentos para ejercer el derecho de admisión. Expone que el recurrente es poco claro al indicar el hecho específico que se le atribuye a su parte como ilegal o arbitrario, ya que sólo señala que el día 13 de junio acudió a su sede social para poner en conocimiento de una sentencia absolutoria; sin embargo, el ejercicio del derecho de admisión es anterior a esa fecha, a partir de la información proporcionada por la autoridad pública respectiva, por lo que no se está en presencia de haber incorporado al recurrente en el Código 101, por existir una condena en su contra de prohibición de ingreso al estadio. Sostiene que no existe transgresión a la garantía de igualdad ante la ley, ya que el ejercicio del derecho de admisión en este caso, emana de la solicitud e información proporcionada por Estadio Seguro, en la cual se individualizan las personas respecto de las cuales se puede ejercer este derecho. En cuanto al debido proceso legal, refiere que éste tampoco se ha vulnerado, ya que su parte en ningún momento se ha atribuido las facultades propias de los Tribunales de Justicia, sino solamente ha aplicado las herramientas que el ordenamiento jurídico establece para una correcta organización de un espectáculo de fútbol profesional. Por último, tampoco se ha conculcado el derecho de adquirir toda clase de bienes, porque no es el Club el que informa a los demás clubes sobre el ejercicio de este derecho, sino que es el Gobierno de Chile, Ministerio del Interior, a través del Plan Estadio Seguro, quien previamente ha verificado y justificado su accionar a través del trabajo que han desarrollado las policías en esta materia, el que informa a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional para que remita la información a todos los clubes nacionales. Concluye asegurando que las medidas solicitadas por el recurrente son completamente improcedentes, por cuanto habiendo sido la recurrida informada de esto por la autoridad pública competente, está en la obligación de ejercer el derecho de admisión, no pudiendo excluirlo del listado código 102; por lo anterior, no existe arbitrariedad ni ilegalidad en su accionar, ya que se trata de una persona que ha sido identificada como partícipe de los incidentes, tenga o no su conducta la calidad de delito. Solicita el rechazo del recurso en razón que el actuar del Club de Deportes Santiago Wanderers S.A.D.P. se ajusta plenamente a derecho, enmarcándose en las normas legales y reglamentarias vigentes al efecto.
4°) Que a fojas 43 y 45 vuelta se tienen a la vista los recursos de protección Rol N° 799-2016 y Rol N° 2741-2016.
5°) Que a fojas 49 rola informe del Jefe del Departamento Estadio Seguro de la Subsecretaría del Interior, según fuera ordenado a fojas 38, quien -después de explicitar la normativa aplicable a la prohibición de asistir a espectáculos de fútbol profesional y el ejercicio del derecho de admisión-, indica que el recurrente aparece registrado en la última versión del Registro del derecho de admisión informado por la ANFP con el N° 1885, fundado en que habría participado en los desórdenes graves ocurridos en el encuentro deportivo del 6 de diciembre del año 2015, entre Santiago Wanderers y Colo Colo, por lo que hoy en día se encuentra sujeto a la prohibición de ingreso por ejercicio del derecho de admisión por parte del Club Santiago Wanderers. Agrega que el ejercicio de este derecho corresponde directamente a los organizadores de espectáculos de fútbol profesional, siendo ellos mismos quienes deben solicitar a la ANFP el retiro del registro de las personas respecto de las cuales ya no ejercerán el derecho de admisión, no contando la Subsecretaría con dicha facultad.
6°) Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deban tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.
7°) Que atendida la especial naturaleza del recurso de protección, para que pueda prosperar es indispensable que quien lo intente acredite la existencia de un derecho actual que le favorezca, que esté claramente establecido y determinado y que corresponda a uno de aquellos a que se refiere el artículo 20 de la Constitución Política de la República.
8°) Que igualmente es sabido, que para que el recurso de protección sea acogido, es necesario que los hechos en que se hace consistir la arbitrariedad o ilegalidad, estén comprobados y que con estos hechos se haya sufrido perturbación, privación o amenaza en el ejercicio legítimo de las garantías y derechos que la Constitución asegura y que son los enumerados taxativamente en el artículo 20 de este cuerpo legal.
9°) Que el artículo 3° letra e) de la Ley N° 19.327, prescribe: “Son deberes de los organizadores, asociaciones y dirigentes de fútbol profesional, en el marco de la celebración de espectáculos organizados por ellos o que les hubiesen sido autorizados, así como en los hechos o circunstancias conexas a éstos, los siguientes: e) El organizador deberá ejercer el derecho de admisión, conforme lo establezca el reglamento, respecto de quienes infrinjan las condiciones de ingreso y permanencia o cuando existan motivos que justifiquen razonablemente la utilización de dicha facultad”. Añade: “Asimismo, el organizador deberá impedir el acceso al recinto deportivo a aquellas personas respecto de quienes, éste o cualquier otro organizador, hubiere ejercido el derecho de admisión y que ello haya sido informado e incorporado al registro a que hace referencia el artículo 30.” Por su parte, el artículo 76 letra ñ) de su Reglamento –contenido en el Decreto N° 1046 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, de fecha 5 de julio de 2016 y publicado el 17 de octubre del mismo año-, establece: “Son condiciones de ingreso y permanencia las siguientes: ñ) No encontrarse impedido de asistir a espectáculos de fútbol profesional por prohibición judicial o administrativa, o debido al ejercicio del derecho de admisión, según lo establecido en la ley N° 19.327.” A su turno, el artículo 58 del mismo Reglamento, dispone: “El organizador deberá ejercer el derecho de admisión, de conformidad al artículo 3°, letra e) de la Ley N° 19.327, respecto de quienes infrinjan las condiciones de ingreso y permanencia, o cuando existan motivos que justifiquen razonablemente la utilización de dicha facultad.” Agrega: “Para los efectos del presente reglamento, se entenderá que existen motivos razonables para el ejercicio del derecho de admisión cuando los asistentes realicen conductas que pongan en riesgo o amenacen la seguridad de las personas o bienes públicos o privados, a propósito de actividades deportivas de fútbol profesional o hechos conexos; o cuando se tome conocimiento de que una persona chilena o extranjera se encuentra en la nómina de asistentes con prohibición judicial o restricción de admisión a estadios en los países de origen y conforme a la legislación respectiva.” El artículo 60, letra b), de esta misma fuente de derecho, reglamenta: “Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 30 de la Ley N° 19.327, para el ejercicio del derecho de admisión, la entidad superior del fútbol profesional deberá implementar un protocolo aplicable a todos sus afiliados, que contendrá, a lo menos, las siguientes materias: b) Determinación del tipo de antecedentes necesarios para acreditar fehacientemente las razones por las cuales se ejerce el derecho de admisión, tales como registros gráficos, fotográficos, testimonios de Carabineros de Chile o de los guardias de seguridad, entre otros.”
10°) Que de las normas anteriormente transcritas, aparece que el llamado derecho de admisión contemplado en la ley, es al mismo tiempo un deber y una facultad de los organizadores de fútbol profesional, distinta a las prohibiciones establecidas judicial o administrativamente, pero que exige la existencia de motivos que justifiquen razonablemente su utilización, entendiéndose que los hay cuando se trate de un asistente que realice conductas que pongan en riesgo o amenacen la seguridad de las personas o bienes públicos o privados, a propósito de las actividades deportivas de fútbol profesional o hechos conexos, constituyendo un antecedente suficiente para ello el testimonio de Carabineros de Chile.
11°) Que a fojas 30 rola copia de correo electrónico remitido por don nombre reservado, coordinador del Programa Estadio Seguro -dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública-, a la recurrida –a través de don nombre reservado-, donde se adjunta un listado de las personas identificadas por las policías en los desórdenes ocurridos en el partido suspendido entre Wanderers y Colo Colo el día 6 de diciembre de 2015, en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso, dentro de las cuales se encuentra, precisamente, el recurrente. Solicita –al margen de lo que determinen los tribunales respecto de aquéllas-, que sean incorporadas en el listado de derecho de admisión para todos los espectáculos de fútbol profesional.
12°) Que a fojas 47 se encuentra agregada una Minuta Informativa de Carabineros de Chile –respecto de la apreciación de la aplicación del derecho de admisión al recurrente-, dando cuenta que éste fue sorprendido en acciones típicas que fueron puestas en conocimiento del Ministerio Público, a raíz de lo cual se llevaron a efecto dos juicios, siendo el primero anulado y en el segundo fue absuelto, no obstante lo cual en la actualidad todavía se encuentra en los registros de prohibición de ingreso a los recintos deportivos por aplicación del derecho de admisión. Estima que existen las condiciones que validan el ejercicio de tal derecho, ya que existen testimonios suficientes de personal de Carabineros que intervino en el procedimiento que dio inicio a los procesos judiciales. Se hace presente que el recurrente presenta en la historia de su registro de antecedentes, cuatro detenciones: 1) Año 2013, por el delito de amenazas y atentado contra las personas y propiedad; 2) Año 2014, por el delito de maltrato de obra a Carabinero; 3) Año 2015, por el delito de maltrato de obra a Carabinero; 4) Año 2016, por el delito de maltrato de obra a Carabinero.
13°) Que de todo lo anteriormente expuesto, no cabe sino concluir que en el caso que se conoce existen, efectivamente, antecedentes suficientes –el testimonio de Carabineros de Chile y la comunicación del Programa Estadio Seguro, dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública-, para que la recurrida haya ejercido, de manera justificada, el derecho de admisión, el que constituye, por ley, un deber y al mismo tiempo, una facultad, lo que conduce a la desestimación del recurso que se conoce. Desde esta última perspectiva, además, resultaría imposible acoger el presente arbitrio constitucional, en la medida que el eventual derecho que se reclama por el recurrente –asistir a un determinado espectáculo de fútbol-, se encuentra limitado, precisamente, por el ejercicio legítimo de esa facultad, cuando existan motivos que justifiquen razonablemente su utilización, tal como establece el artículo 3° letra e) de la Ley N° 19.327 y ocurre en el caso que se conoce, no siendo óbice para ello la sola dictación de una sentencia absolutoria en un proceso penal. No existiendo así, en el actuar de la recurrida, ilegalidad ni arbitrariedad alguna, inoficioso resulta entrar a analizar los derechos y garantías constitucionales que se denuncian como conculcadas.
Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, SE RECHAZA, sin costas, la acción constitucional de protección deducida por don nombre reservado en contra del Club de Deportes Santiago Wanderers S.A.D.P.
Redacción del Ministro Sr. Carrasco.
Regístrese, notifíquese, y archívese en su oportunidad.
N°Protección 4585-2016.
Pronunciada por la Segunda Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Valparaíso, integrada por los Ministros Sr. Mario Gómez Montoya, Sr. Álvaro Carrasco Labra y Sr. Pablo Droppelmann Cúneo.
Resolución incluida en el estado diario del día de hoy.