nombre reservado con PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN ANTONIO

Llg C.A. de Valparaíso.

Valparaíso, diez de septiembre de dos mil veinticinco.

Visto:

A folio N°1, comparece doña Tamara Alexis Farrah Núñez, abogada de la Unidad de Migrantes de la Corporación de Asistencia Judicial, en representación de nombre reservado (DNI venezolano RUT reservado) y nombre reservado (DNI venezolano RUT reservado), ambos venezolanos, e interpone recurso de protección en contra del Primer Juzgado de Letras de San Antonio por el acto que estiman ilegal y arbitrario consistente en no dar curso a las respectivas acciones judiciales interpuestas, debido a que el tribunal no autorizó la constitución de los mandatos judiciales correspondientes por no contar los recurrentes con cédula de identidad chilena, lo que vulnera sus garantías constitucionales consagradas en los numerales 1, 2, 3 y 16 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Fundamenta la acción señalando que con fecha 9 de julio compareció nombre reservado demandando nulidad de despido y cobro de prestaciones laborales en procedimiento monitorio, resolviéndose que debía constituir mandato judicial dentro de tercero día bajo apercibimiento de tener por no presentada la demanda. El 17 de julio compareció ante el ministro de fe del tribunal premunido de su documento de identidad venezolano y copia de autodenuncia ante PDI, pero el funcionario no autorizó patrocinio y poder, procediendo a certificar que el documento se encontraba en mal estado, que la fotografía no era clara y que la persona no se parecía físicamente a la fotografía. Ante esta certificación, el abogado Tomás Brito presentó escrito solicitando autorización del mandato con los documentos disponibles o subsidiariamente ampliación del plazo, argumentando motivos de derecho procesal, migratorio y prohibición de discriminación. Sin embargo, el 22 de julio el tribunal determinó que la función de autorizar patrocinio es exclusiva de la secretaría, invocando el artículo 13 del D.L. 26 de 1924, normativa que considera absolutamente derogada. Finalmente, el 30 de julio se tuvo por no presentada la demanda.

Respecto de nombre reservado, relata que con fecha 15 de julio se interpuso acción en procedimiento monitorio, presentándose ante el ministro de fe quien certificó que el documento venezolano se encontraba plastificado con bordes mal recortados y dos hojas pegadas en la parte posterior, sin autorizar el mandato judicial.

En ambos casos, los trabajadores no cuentan con cédula de identidad chilena vigente por su situación migratoria irregular, poseyendo solo documentos de identidad venezolanos y, en el caso del señor nombre reservado, tarjeta de identificación de extranjero infractor emitida por PDI.

El recurso invoca vulneración del derecho a la integridad física y psíquica, argumentando que la denegación de acceso a la justicia limita la capacidad de ejercicio y goce de derechos, desconociendo su identidad mediante otros medios válidos de acreditación y negando cualquier posibilidad de defender derechos, determinando su "muerte civil". Alega vulneración del derecho a la igualdad ante la ley, sosteniendo que se establece una distinción arbitraria basada en nacionalidad que carece de asidero normativo, creando un perverso incentivo para contratar migrantes irregulares sin consecuencias. Invoca vulneración de la igual protección en el ejercicio de derechos, señalando que ninguna norma establece qué documento debe exhibirse para constituir mandato judicial, incorporándose un requisito adicional que no fluye del texto legal. También alega afectación de la libertad de trabajo, indicando que las personas se ven constreñidas ante la imposibilidad de hacer justiciables sus derechos mediante trabas de extrema formalidad.

Fundamenta su argumentación en la Ley 21.325 sobre migraciones, particularmente sus artículos 13 y 14 que garantizan igualdad de derechos laborales sin distinción de nacionalidad o situación migratoria, y el artículo 117 que permite trabajos remunerados incluso sin autorización. Cita jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre condición jurídica de migrantes indocumentados y hace referencia al recurso de protección ROL ICA 1210-2024 resuelto por la misma Corte de Valparaíso, donde se acogió similar protección ordenando autorizar poderes con documentación venezolana.

Solicita se acoja el recurso y en definitiva ordenar se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, especialmente: 1. ordenando revocar las resoluciones emanadas por parte del recurrido, retrotrayendo los autos para el momento de autorizar patrocinio y poder, y 2. ordenado que se autorice la constitución de mandato judicial ante el Tribunal recurrido, con la documentación de identidad correspondiente, vale decir, cédula de identidad de Venezuela y tarjeta de extranjero infractor.

A folio N°7, del informe evacúa informe al tenor del recurso la juez suplente Lorena Martínez Leyton del Primer Juzgado de Letras de San Antonio.

Informa que ante el tribunal se presentó con fecha 9 de julio de 2025 demanda por Oficina Judicial Virtual por el abogado Tomás Gerardo Brito Ortiz, que únicamente contaba con su firma electrónica simple, asignándosele número RIT M-57-2025. Atendido que comparecía como demandante don nombre reservado otorgando poder amplio al abogado y que la presentación NO se encontraba firmada electrónicamente por el demandante, se ordenó constituir mandato judicial dentro de tercero día bajo apercibimiento de tener por no presentada la demanda conforme al artículo 2 de la Ley 18.120.

Da cuenta que el 17 de julio se presentó una persona de sexo masculino en compañía de la abogada Tania Gacitúa Muñoz pretendiendo conferir poder al abogado Tomás Brito. Sin embargo, la persona se presentó sin cédula de identidad ni pasaporte, sino con un documento que señala cédula de identidad República Bolivariana de Venezuela con nombre de nombre reservado RUT reservado, que se encontraba vencido desde enero de 2024, en muy mal estado, sucio, abierto en las puntas del plastificado, no siendo clara la fotografía. Según la ministro de fe, la persona que se presentó no se parecía a la fotografía del documento ni al otro instrumento presentado (tarjeta identificación de extranjero infractor), por lo que el poder no fue autorizado conforme al artículo 13 del Decreto Ley N° 26 de 1924.

Respecto del segundo caso, informa que con fecha 15 de julio se presentó demanda por el mismo abogado con firma electrónica simple, asignándosele RIT M-62-2025, compareciendo como demandante nombre reservado. Se ordenó constituir mandato judicial bajo similar apercibimiento. El 18 de julio se presentó una persona de sexo femenino pretendiendo conferir poder, exhibiendo documento que señala cédula de identidad venezolana con nombre de nombre reservado RUT reservado, documento plastificado cuyos bordes superiores se encuentran mal recortados y en su parte superior se observan dos hojas pegadas. Al igual que en el caso anterior, el poder no fue autorizado.

Señala que ninguno de los recurrentes logró acreditar su identidad en base a los documentos presentados, considerando especialmente que el documento del señor nombre reservado se encontraba vencido y que quien se presentó no se parecía a la fotografía, tampoco a la tarjeta de extranjero infractor. Respecto de la señora nombre reservado, tampoco se parecía a la fotografía del documento exhibido. Observa que si la ministro de fe evidencia que la persona que comparece no corresponde a quien figura en el documento, no resulta procedente llevar a cabo la diligencia.

Refuta lo indicado por los recurrentes señalando que no es efectivo que se exigiera cédula de identidad chilena, indicando que se informó la posibilidad de acreditar identidad con pasaportes vigentes, con los que ninguno contaba. Respecto de la Resolución Exenta N° 2087 del Ministerio del Interior que prorrogó vigencia de cédulas venezolanas vencidas, indica que no resulta aplicable pues la vigencia se prorrogó solo hasta el 22 de abril de 2023, previo al ingreso de las demandas. Destaca que las notarías tampoco permiten otorgar mandato con documentos vencidos del país de origen. Señala los inconvenientes recientes en causas donde se ha tenido por acreditada identidad de extranjeros con documentos distintos a los oficiales. Finalmente indica la imposibilidad de ejecutar eventual sentencia favorable al carecer los recurrentes de número de cédula nacional o pasaporte, tornándose imposible verificar si se encuentran en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos conforme a la Ley N°21.389, imposibilitando el giro de cheques y retención de fondos de devolución de impuestos en Tesorería General.

A folio N°8 se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, a través de la presente acción se reprocha el actuar del Primer Juzgado de Letras de San Antonio, debido a que su secretaria subrogante negó autorizar el mandato judicial conferido por los actores, por falta de acreditación de sus respectivas identidades a través de documentos idóneos y, producto de ello, el tribunal tuvo por no presentada las demandas por aplicación de lo dispuesto en el artículo 2°, inciso cuarto, de la Ley N° 18.120.

Segundo: Que, conforme a los antecedentes agregados, es posible establecer que, a través de la Oficina Judicial Virtual, el abogado Tomás Gerardo Brito Ortiz presentó demandas laborales en nombre de nombre reservado y nombre reservado, ciudadanos venezolanos en situación migratoria irregular, quienes, en distintas fechas, concurrieron a las dependencias del Primer Juzgado de Letras de San Antonio con la finalidad de autorizar los respectivos mandatos judiciales, en los términos que establece el artículo 6°, inciso segundo, regla tercera, del Código de Procedimiento Civil. Dichas gestiones no se pudieron llevar a cabo debido a que no se logró acreditar la identidad de los mandantes ante la Sra. Secretaria del tribunal.

Existe controversia acerca de cuál fue la exigencia concreta efectuada por dicha funcionaria, ya que el recurso sostiene que a los demandantes se les solicitó un documento de identificación chileno vigente, mientras que la ministro de fe manifiesta que también dio la posibilidad de demostrar la identidad con el pasaporte vigente de su país de origen. En cualquier caso, es un hecho pacífico que los interesados carecían de todos estos instrumentos.

Tercero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que, en lo que se refiere a la ilegalidad o arbitrariedad de la actuación de la recurrida, un examen meramente formal de lo obrado puede llevar a concluir que se ha actuado con estricto apego a la ley, en cuanto a que se exigió a los mandantes demostrar su identidad por las formas establecidas en nuestro ordenamiento y, frente al incumplimiento de aquello, se aplicó lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley N°18.120, teniendo por no presentadas las demandas.

Quinto: Que este examen, sin embargo, pierde de vista, en primer lugar, la particular situación de las personas involucradas. Se trata de migrantes venezolanos en situación irregular, cuyas dificultades para mantener documentación identificatoria en regla son ampliamente conocidas. Exigir un pasaporte o una cédula de identidad vigente a personas en esta condición, supone muchas veces un obstáculo insalvable, pues les impide obtener documentación en nuestro país.

Cabe hacer presente que el Estado chileno ha reconocido la dificultad existente respecto a la obtención de documentos de identificación para ciudadanos venezolanos a través de las Resoluciones exentas número 2087, de 22 de abril de 2019, y 395, de 3 de febrero 2021, en las que se prorrogaron hasta el 22 de abril de 2023 la vigencia de los pasaportes y cédulas de identidad de origen venezolano.

Sexto: Que, siguiendo con el examen de legalidad, también se debe tener en cuenta la particular relevancia del acto en cuestión. En un sistema de comparecencia judicial reglado como el que rige en Chile, la imposibilidad de conferir mandato judicial tiene como consecuencia cerrar el acceso a la jurisdicción a los justiciables, quienes, en los hechos, se verán impedidos de poder formular pretensiones ante un tribunal.

Si se considera, además, que las demandas presentadas son de índole laboral, con plazos de caducidad bastante breves, la afectación es aún mayor, por cuanto puede significar que las acciones se extingan por falta de su ejercicio oportuno.

Séptimo: Que la dificultad en la obtención de documentación y la especial relevancia de la gestión involucrada imponían al órgano jurisdiccional una interpretación de las reglas procedimentales que propendiera a permitir la tramitación de la demanda, en el entendido que las formas procesales no pueden erigirse en impedimentos para el ejercicio de los derechos dificultando el legítimo acceso a la justicia reconocido en nuestro ordenamiento jurídico.

Octavo: Que, por lo explicado, resulta ilegal haber exigido a los poderdantes documentos a los que no pueden acceder y, frente a sus incumplimientos, haber tenido por no presentadas las demandas.

Por una parte, la ministro de fe pudo haber permitido la acreditación de la identidad por cualquier otro documento, en especial considerando que el artículo 6° del Código de Procedimiento Civil no establece ninguna exigencia concreta sobre este asunto. A su vez, en virtud de lo establecido en los artículos 79 del Código de Procedimiento Civil y 429 del Código del Trabajo, tenía la posibilidad de atender la petición del abogado de los demandantes y extender el plazo para realizar la autorización o promover alguna forma alternativa de demostración de la identidad de los interesados.

Noveno: Que, la referida ilegalidad ha provocado una innegable afectación de los derechos fundamentales de los recurrentes, debido a que se les ha desconocido su facultad de acceder a la jurisdicción, la más básica de las garantías de orden procesal, que se encuentra consagrada dentro del inciso quinto del número 3 del artículo 19 de la Constitución. Este derecho consiste en concederle a toda persona la posibilidad de someter a la resolución de los órganos jurisdiccionales cualquier tipo de controversia jurídica, lo que se ha negado a los actores mediante las actuaciones que originan esta acción.

Es precisamente el que esté en juego el derecho al acceso a la jurisdicción el que exige al tribunal interpretar las normas procesales de una forma que lo favorezca, dejando de lado rigorismos excesivos o interpretaciones restrictivas que tengan como resultado la imposibilidad de ejercer las acciones que el ordenamiento jurídico concede.

Décimo: Que, la procedencia de la presente acción constitucional respecto de resoluciones judiciales es algo muy excepcional, que en este caso se justifica debido a la inexistencia de remedios procesales dentro del procedimiento laboral para impugnar la resolución, en atención a lo dispuesto en el artículo 2°, inciso cuarto, de la Ley N° 18.120; y a las radicales consecuencias del actuar de la recurrida, que han implicado que los interesados se vean imposibilitados de ejercer las acciones que la ley les reconoce, incluso con riesgo de caducidad de ellas.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República; y artículos 1° y siguientes del Acta N 94-2015, de la Excma. Corte Suprema, sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado y nombre reservado, ambos venezolanos, y se ordena al Primer Juzgado de Letras de San Antonio autorizar los poderes en las causas RIT M-57-2025 y M-62-2025 en base a los documentos de identidad que en su oportunidad acompañaron los recurrentes u otro similares, dando la tramitación que en derecho corresponda.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-4576-2025.