ASESORIAS Y RECAUDACIÓN MARQUINA LIMITADA CONTRA INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO DE VALPARAÍSO

Foja: 64 Sesenta y Cuatro Jbl C.A. de Valparaíso CERTIFICO: Que se anunció para alegar el abogado Sr. Osvaldo Parada, 10 minutos por el recurso, y el abogado Sr. Alexis Poblete, 10 minutos, contra el recurso, quienes ejercieron su derecho en estrados, luego de escuchar relación pública. Valparaíso, treinta y uno de diciembre de dos mil quince.

nombre reservado

Relatora Interina Valparaíso, treinta y uno de diciembre de dos mil quince.

VISTO:

A fs. 18 comparece doña Camila Gallardo Urrutia, abogada, en representación de Asesorías y Recaudación Marquina Limitada, quien deduce recurso de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Valparaíso, representada por doña nombre reservado, la que funda en la comisión del acto ilegal y arbitrario incurrido al rechazar su solicitud de reconsideración administrativa declarada como extemporánea, vulnerándose así la garantía de igualdad ante la ley contenida en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República.

Señala que fue sancionada con multa administrativa emitida por la recurrida bajo resolución N° 3449/15/75-1 y -2, de fecha 11 de agosto de 2015, acto notificado con fecha 8 de septiembre de 2015, la primera por un monto de 15 ingresos mínimos mensuales, y la segunda por 30 unidades tributarias mensuales. Ante lo cual presentó a la recurrida reconsideración de multa administrativa con fecha 14 de octubre de 2015, considerando el plazo de 30 días contenido en el artículo 512 del Código del Trabajo, como hábiles.

Refiere que mediante carta certificada de fecha 22 de octubre de 2015, la recurrente la notificó, mediante resolución Ord. N° 1885 de 21.10.2015 que dicha solicitud fue declarada inadmisible al haberse presentado fuera de plazo.

Indica que la interpretación que hace la recurrida del artículo 512 del Código del Trabajo al establecer que se trata de un plazo de días corridos - donde el legislador nada dice al respecto- se traduce en un acto ilegal y arbitrario que pugna con la debida interpretación legal de la misma. Agrega que las normas contenidas en el Código del Trabajo y aquéllas procedentes a la que regla los actos administrativos de los Órganos del Estado, el proceso de reconsideración administrativa depositado en tal instancia debía, por el sólo imperio de la ley, situarse dentro de las normas procedimentales contenidas en la ley N° 19.880 para su debida resolución y aplicación de plazos, y no, como pretende el servicio, ajustarse a la regulación genérica de términos contenida en el Código Civil.

Manifiesta que el acto de reconsideración de multa intentado se ha fundado en los términos prescritos por la legislación laboral según obra en los artículos 511 y 512 del Código del Trabajo y que este último artículo señala un plazo de 30 días desde el hecho de la notificación, sin indicar si se trata de días hábiles o de corridos y que al no existir una norma específica de procedimiento, deberá aplicarse la ley 19.880 sobre bases del procedimiento administrativo, indicando que el artículo 25 de la misma ley dispone que “los plazos de días establecidos en esta ley son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos.”

Señala que la multa reclamada fue notificada con fecha 8 de septiembre de 2015, de modo que el plazo para presentar la reconsideración de multa vencía con fecha 22 de octubre del presente año y que ella habría presentado la reconsideración de multa el día 14 de octubre de 2015.

Finalmente indica que el acto es ilegal en la medida que interpreta y aplica el artículo 512 del Código del Trabajo fuera de su ámbito efectivo, traduciéndose este acto en una decisión arbitraria, solicitando en definitiva se deje sin efecto lo dispuesto en el Ord. N° 1885 de fecha 21 de octubre de 2015, se disponga la obligación de la Inspección Provincial recurrida se tenga a bien la interpretación de la reconsideración administrativa de multa, someterla a tramitación y que, en definitiva, conozca derechamente sobre el fondo del asunto sometido a su resolución; y se condene expresamente en costas a la recurrida.

A fs. 43, comparece informando el recurso doña nombre reservado, Inspectora Provincial del Trabajo de Valparaíso, quien previo a señalar los hechos, indica, que el recurso de protección no se encuentra destinado a reemplazar procedimientos precisos, y que se ha determinado como criterio jurisprudencial que el recurso de protección no puede ser utilizado como un sustituto jurisdiccional de cuanto procedimiento judicial específico existiera.

Refiere que la resolución reclamada en ningún caso ha sido ilegal ni arbitraria, sino que por el contrario se basa en hechos objetivos, toda vez que existiendo término expreso de 30 días corridos, se efectúa la presentación al día 31, es decir, seis después de expirar el plazo. Que además, tampoco se justifica emplear el procedimiento de protección toda vez que el actor, cuenta a partir del 31 de octubre de 2008 con un procedimiento rápido y expedito, con la entrada en vigencia de la nueva judicatura laboral, por lo que el recurso resulta absolutamente inadmisible, toda vez que se ha dirigido en contra de una resolución administrativa respecto de la cual el ordenamiento jurídico otorga al afectado, amplias posibilidades de impugnación tanto administrativa como judicial.

Respecto a la ausencia de acto arbitrario que atente contra la igualdad ante la ley, señala que la notificación de la multa impugnada corresponde al día 8 de septiembre de 2015, el término fatal para la imposición de solicitud de reconsideración administrativa, según se establece en el inciso primero del artículo 512 del Código del Trabajo, vencía el 8 de octubre de 2015 y que con fecha 14 de octubre del mismo año, la recurrente ingresó una solicitud de reconsideración de la sanción aplicada, cuyo término para su interposición había vencido un día antes, siendo abiertamente extemporánea, por lo que el acto que se impugna se encuentra ajustado a derecho.

Indica que el formulario, mediante el cual la empresa solicita la reconsideración es explícito y claro en señalar que “esta solicitud debe presentarse dentro del plazo fatal de 30 días corridos de notificada la resolución de la multa”

Luego, hace mención a jurisprudencia, circulares internas de la Dirección del Trabajo, y el dictamen N° 64.985 de 2009 de la Contraloría General acordes con su postura, que el plazo que contempla el artículo 512 del Código aludido, es de días corridos. Que en el ámbito del Código del Trabajo, cuando el legislador ha querido establecer un término de días hábiles, lo ha consignado expresamente.

Finalmente concluye que el acto tampoco puede ser calificado de ilegal, ya que ha existido irrestricto respeto y cumplimiento al principio de legalidad por parte de la Dirección del Trabajo, solicitando, en definitiva, se rechace el recurso de protección por ser improcedente.

Por resolución de fs. 53 se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

SEGUNDO: Que en la presente acción la recurrente considera vulnerada su garantía constitucional establecida en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, por cuanto habiendo presentado reconsideración de multa administrativa ante la Inspección Provincial de Valparaíso, dentro de plazo, ésta no fue acogida por considerarla extemporánea.

TERCERO: Que la recurrida al informar, sostiene que el plazo establecido en el artículo 512 del Código del Trabajo es de días corridos, en consecuencia y habiendo sido notificada la recurrente el día 8 de septiembre de 2015 de la aplicación de multa, presenta reconsideración de multa el día 14 de octubre, siendo extemporánea su presentación.

CUARTO: Que de acuerdo a lo que prevé el artículo 20 de la Constitución Política de la República, la acción de protección se puede deducir, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer, ante la autoridad o los Tribunales correspondientes, por lo tanto, es procedente esta acción cautelar aun cuando puedan existir un procedimiento especial regulado por el legislador.

QUINTO: Que la Excma. Corte Suprema, principalmente en la causa Rol N°2789-2013, resolvió que “el plazo de treinta días a que se refiere el artículo 512 del Código Laboral para presentar la solicitud de reconsideración ante el Director del Trabajo no es de días corridos, como lo entiende la recurrida, sino de días hábiles, entendiéndose inhábiles los días sábados, domingos y festivos. En efecto, se trata de un recurso presentado en la etapa administrativa, de manera que por no existir norma expresa que establezca lo contrario en el Código de Trabajo, debe aplicarse en forma supletoria el artículo 25 de la Ley N° 19.880 que se refiere al cómputo de los plazos del procedimiento administrativo, disposición que señala que éstos son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos, toda vez que al existir un plazo “especial”, como es el contenido en la Ley N° 19.880 respecto a los procedimientos administrativos, éste prima por sobre las normas de carácter general comprendidas en el Código Civil”.

SEXTO: Que adicionalmente no puede admitirse el argumento de la recurrida en cuanto a que se limita a sujetarse a una interpretación obligatoria emanada de Contraloría, porque ese parecer administrativo ha sido ya reiteradamente desvirtuado por la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, y tratándose de una interpretación de un precepto legal, debe prevalecer la decisión judicial, también para la Inspección del Trabajo, que no puede persistir en un acto que ya ha sido judicialmente calificado de ilegal.

SÉPTIMO: Que, por consiguiente, el acto impugnado debe ser calificado de ilegal, afectando la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, pues injustificadamente se ha dado un tratamiento normativo que no se ampara en el ordenamiento jurídico respecto al afectado en lo que se refiere al ejercicio efectivo de la tutela administrativa y posteriormente judicial.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto acordado de la Excma. Corte Suprema sobre materia, se acoge el recurso de protección interpuesto a fojas 18, por doña Camila Gallardo Urrutia, en representación de Asesorías y Recaudación Marquina Limitada, en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Valparaíso, y en definitiva se deja sin efecto el Ordinario N°1885, de fecha 21 de octubre de 2015, y se dispone que dicho órgano de la Administración del Estado deberá dar tramitación a la reconsideración interpuesta por la recurrente.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

N° Protección-4574-2015.

Pronunciada por la Primera Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Valparaíso, integrada por los Ministros Sr. Julio Miranda Lillo, Sr. Max Cancino Cancino y el Abogado Integrante Sr. Guillermo Oliver Calderón.

En Valparaíso, treinta y uno de diciembre de dos mil quince, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.