nombre reservado con COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ

C.A. de Valparaíso Valparaíso, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós.

Vistos:

A folio 1, comparece don nombre reservado, médico psiquiatra, domiciliado en domicilio reservado, y deduce acción de protección constitucional en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región Metropolitana, en adelante “COMPIN”, representada legalmente por doña nombre reservado, por vulneración de las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N° 1, 2, 15, 24 y 26 de la Constitución Política de la República.

Los actos que denuncia como ilegales y arbitrarios y que sirven de fundamento al recurso son los requerimientos de información notificados a la recurrente con fecha 13 de septiembre de 2021 y reiterados con fecha 20 de septiembre de 2021, y la resolución exenta N° 298 que decretó la suspensión de su facultad de emitir licencias médicas por 15 días.

Explica que el 13 de septiembre de 2021 recibió un correo electrónico en que le solicitaban antecedentes o informes complementarios que respaldaran más de 499 licencias médicas objeto de una fiscalización, solicitud que es reiterada el 20 de septiembre del mismo año y, a su vez, le solicitan nuevos informes. Otorgándole la COMPIN un plazo de 3 días hábiles para emitir un total cercano a los 2000 informes.

Estimando que las facultades del artículo 2 de la Ley N° 20.585 “Sobre Otorgamiento y Uso de Licencias Médicas” fueron ejercidas de forma abusiva y sobrepasando la racionalidad, dado que dicha labor requiere la recopilación de una serie de antecedentes de pacientes atendidos en diversos centro médicos, por lo que no tiene acceso expedito a los mismos, y luego de lo cual, se deben elaborar y remitir los informes con sus respectivos antecedentes.

Agrega que, no obstante, parecerle irrealizable la tarea, elaboró varios informes y, remitió el primero de ellos dentro de plazo, el mismo 17 de septiembre. Sin embargo, este informe fue reiterado el día lunes 20 de septiembre por la COMPIN.

Luego, con fecha 28 de septiembre de 2021, se emitió la resolución exenta N° 298 que determinó la suspensión por 15 días de su facultad de emitir licencias y la venta de talonarios de licencias médicas por no haber remitido el informe respecto de la licencia médica folio N° 18914377, el que señala haber sido el informe remitido dentro de plazo, estimando por ello que se trata de una sanción ilegal y arbitraria.

Estima que existe una ilegalidad, primero, respecto de las facultades de la entidad referido al plazo para dar respuesta a la solicitud, y que el plazo legal de 7 días corridas se justifica cuando se trata de una situación particular sometida a revisión y no un requerimiento masivo como el que le fue solicitado.

Como segunda ilegalidad alude a que los requerimientos son vagos e imprecisos, sin motivación manifiesta y atendidos a lo largo de más de tres años en distintos centros médicos, que están resguardado por las respectivas instituciones al tratarse de datos sensibles, en virtud de los artículos 12 y 13 de la ley N° 20.584 Sobre Deberes y Derechos del Paciente en relación al artículo 2 de la ley N° 19.628 Sobre Protección de la Vida Privada.

Una tercera ilegalidad que denuncia es que el requerimiento impugnado comprende la revisión de licencias médicas emitidas hace más de 6 meses, esto es, superando el plazo del que disponen los órganos de la Administración del Estado, para ejercer su potestad administrativa sancionatoria, de conformidad a los artículos 94 y 97 del Código Penal.

Continúa exponiendo que de estimar legal el proceder de la recurridas, se trata de un actuar manifiestamente arbitrario y desproporcional, en atención a los argumentos que se han referido.

Denuncia infringidas la garantías consagradas en los número 1, 2, 16, 24 y 26 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho a la vida y la integridad física y psíquica, la igualdad ante la ley, la libertad de trabajo y derecho de propiedad, incluida la afectación a los derechos en su esencia.

Pide que se acoja el recurso con costas, ordenando 1.- Que la recurrida deje sin efecto todos los requerimientos de información realizados a su persona con fecha 13 y 20 de septiembre de 2021, y que se deje sin efecto la sanción impuesta por resolución N° 298; 2.- Que, a todo evento, sea en este procedimiento u otro la recurrida en la posteridad, se limite al requerimiento a una licencia médica o varias de un mismo paciente permitiendo a la administrada el plazo máximo de 7 días que permite la ley N° 20.585. En su defecto, que el requerimiento solo pueda recaer en un número razonable de licencias médicas. 3.- Que, a todo evento, de mantenerse el requerimiento por centenares de licencias médicas, se conceda un plazo equivalente a un informe cada tres días. En su defecto, el plazo razonable que estime V.S. Iltma., que en ningún caso sea inferior a un informe diario.

Acompañó al recurso: 1.- copia de correo electrónico de fecha 13 de septiembre de 2021 remitido por la recurrida, 2.- copia de correo electrónico de la misma fecha en que se remite a la recurrida el primer informe, 3.- copia de correo electrónico de fecha 20 de septiembre de 2021 remitido por la recurrida, 4.- set de 4 archivos PDF que contienen los ordinarios 271423 a 271921, 272423 a 272921, 272923 a 273421, 273423 a 273499, 5.- solicitud presentada por el requerido a la COMPIN acompañando parcialmente informes, 6.- copia resolución exenta N° 298, de fecha 28 de septiembre de 2021.

A folio 3, la recurrente acompaña reclamo ante la Superintendencia de Seguridad Social de fecha 23 de octubre de 2021 y correos electrónicos que dan cuenta del envío del mismo y de informes solicitados que fueron remitidos a COMPIN.

Además, precisa en el escrito del mismo folio, que el 28 de octubre de 2021 cesó a su respecto la sanción establecida en virtud de la resolución exenta N° 298. Solicitando que el recurso de protección continúe para que establezca indubitadamente la imposibilidad de la COMPIN para emitir nuevas resoluciones sancionatorias en este caso, estando clara que la obligación de cumplir con la entrega de casi 5.000 informes de pacientes en el plazo de siete días es humanamente imposible, vulnera el sentido de la norma y la aplicación de sanciones a propósito de la imposibilidad de cumplir constituye un acto ilegal, arbitrario que vulnera los derechos que ya se han expuesto latamente en el recurso que da origen a este proceso.

A folio 17, informó la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región Metropolitana, a través de su presidenta, solicitando el rechazo de la acción, señalando que el artículo 2° de la ley N° 20.585 le confiere la facultad de fiscalizar la fundamentación de licencias médicas sometidas a su conocimiento, garantizando al efecto, el derecho a un justo y racional proceso a través de un debido procedimiento administrativo de fiscalización, con el objetivo que se ajusten a un fundamento terapéutico.

En ese contexto señala que, por expresa disposición legal, todo lo solicitado en virtud de la fiscalización debe obrar en poder de los profesionales que emiten las licencias médicas que se encuentren sometidas a conocimiento de la COMPIN.

Explica que el referido artículo 2 de la ley N° 20.585, establece que “la negativa reiterada a la entrega o la no remisión de los antecedentes solicitados, en los plazos fijados al efecto, los que no podrán exceder de siete días corridos, habilitarán a la Comisión para que, mediante resolución fundada, sancione al profesional (…). Además, (…) podrá suspenderse tanto la venta de formularios de licencias médicas, como la facultad para emitirlas, hasta por 15 días. Dicha suspensión podrá renovarse mientras persista la conducta del profesional”

En consecuencia, alega, no existe falta de oportunidad, de fundamentación o de derecho en la sanción aplicada.

Señala luego que la acción de protección no es la vía idónea para los fines que persigue el actor, pues solicita en definitiva inmiscuirse en facultades propias de la autoridad administrativa, excediendo los fines de la acción cautelar excepciona.

Esgrime que no existen acción u omisión ilegal o arbitraria de la COMPIN, puesto que los antecedentes que fundan el proceso de fiscalización expone, según informa la Unidad de Fiscalización y Peritajes Médicos del Departamento de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Nacional, dan cuenta que la parte recurrente emitió 2.072 licencias médicas en el año 2019, 2.353 en el año 2020 y 1.686 en el año 2021; excediendo significativamente las licencias médicas que en promedio emitieron en igual periodo de tiempo los profesionales habilitados para expedir licencias médicas, a saber 100, 99 y 103 respectivamente.

Estas consideraciones fundamentan, explica la conveniencia del Plan de fiscalización de altos emisores de licencias médicas, procedimiento en el que se ha solicitado a la actora su colaboración mediante la entrega de los antecedentes o informes complementarios que respalden las licencias médicas emitidas por el respectivo profesional, de conformidad al artículo 45 del reglamento orgánico del Ministerio de Salud, contenido en el decreto N°136, de 2005, y artículo 48 del decreto N°3.

En cuanto al plazo para entregar la información y antecedentes complementarios, dice que encuentra su sustento estricto en el inciso segundo del artículo 2 de la ley N°20.585, hasta 7 días corridos, por lo que nada obsta a que sea inferior, como es en el caso de 3 días. Además, el legislador no prevé un número máximo de licencias médicas que la COMPIN pueda fiscalizar a la vez.

En cuanto a la supuesta imposibilidad material, razona que el artículo 49 del decreto N°3 (capítulo VII. sobre Responsabilidad y fiscalización del uso de licencias) expresamente dispone que “El profesional deberá mantener un registro de los pacientes a los cuales ha otorgado licencias médicas, con los antecedentes que le dieron origen”.

Finalmente, en relación con la supuesta prescripción de la acción sancionatoria, sustentada en que la información solicitada es de un periodo mayor al de 6 meses, dice que se aplica el plazo de prescripción de 5 años, ya sea por la prescripción de simples delitos o del artículo 2515 del Código Civil, en concordancia con los fallos que cita.

Concluye explicando que, en virtud de los antecedentes de hecho y derecho expuestos, no existe ilegalidad ni arbitrariedad alguna respecto del actuar de la recurrida.

Además, precisa que el recurso de protección ha perdido oportunidad al haberse verificado el cese de la sanción.

Acompaña al informe 1.- Resolución exenta N° 298 de fecha 28 de septiembre de 2021 que dispuso la sanción a la actora, 2.- Resolución exenta N° 506 de fecha 26 de octubre de 2021 que resuelve poner término a la sanción de suspensión de facultad de emitir licencias médicas y venta de talonarios de licencias médicas de la actora, desde esa fecha.

A folio 18, se ordena traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que el recurso de protección tiene por objeto se adopten las medidas o providencias necesarias para el pronto restablecimiento del imperio del derecho, en el evento de existir privación, perturbación o amenaza de alguna o algunas de aquellas garantías fundamentales mencionadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Segundo: Que, teniendo presente lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 54 de la Ley N°19.980, que establece que, deducido un recurso administrativo, la acción jurisdiccional solamente puede ser presentada una vez concluido el respectivo procedimiento, no resulta procedente el ejercicio de la presente acción cautelar antes de que esté resuelto el reclamo administrativo que dedujo en su oportunidad. En tal sentido, consta en el proceso que respecto de la Resolución Exenta N° 298 de fecha 28 de septiembre de 2021, el actor dedujo recurso de reclamación administrativa en contra de la misma, según aparece en correo electrónico acompañado de fecha 23 de octubre de 2021 sin que se haya acreditado el término de dicha reclamación.

Tercero: Que, además, se debe tener presente que la resolución que sancionó a la actora en los términos expuestos, ya se encuentra cumplida, según se acredita en la Resolución Exenta N° 506 de fecha 26 de octubre de 2021, acompañada por la recurrida y hecho presente por la actora en la vista del recurso. Por tanto, lo solicitado en el recurso, a su respecto, ha perdido oportunidad.

Cuarto: Que, en cuanto a la petición subsidiaria formulada por el recurrente, en orden a dejar sin efecto los requerimientos realizados a su persona, o bien que se limiten aquellos a un número menor de licencias médicas o se otorgue un plazo superior para dar cumplimiento a lo solicitado ha de tenerse presente las normas legales citadas por el informante -el DFL N° 1, de 2005, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto Ley N° 2.763, de 1979 y de las leyes N°s. 18.933 y N° 18.469, del Ministerio de Salud, y el Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud, contenido en el Decreto Nº 136, de 2005, del Ministerio de Salud, como asimismo el Decreto N° 3, que aprueba el reglamento de autorización de licencias médicas por las COMPIN e instituciones de salud previsional de 1984 del Ministerio de Salud-, admiten que el organismo público de salud requiera información a los profesionales que emitan licencias médicas, disponiéndose un plazo de hasta 7 días para cumplir con el requerimiento, término que contempla expresamente el artículo 2° de la Ley N° 20.585, lo que descarta que la recurrida hubiere incurrido en alguna ilegalidad o arbitrariedad, lo que conduce a desestimar el arbitrio deducido.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto por los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se RECHAZA, sin costas, la acción de protección interpuesta por don nombre reservado en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región Metropolitana (COMPIN).

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-45457-2021.

En Valparaíso, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.