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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 4515-201330 sep 2013

nombre reservado CONTRA SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS

Fecha
30 de septiembre de 2013
Corte
Corte de Apelaciones de Valparaiso
Resultado
Rechazada
Cita
Corte de Apelaciones de Valparaiso, Rol N° 4515-2013, sentencia de 30 de septiembre de 2013

Resumen

Se rechaza la protección contra el Servicio de Impuestos Internos por negar la calidad de facturador electrónico: el acto no es ilegal ni arbitrario, pues el servicio está facultado para exigir requisitos y no se advierte vulneración a la libertad de trabajo.

Texto íntegro

edp C. A. de Valparaíso Valparaíso, treinta de septiembre de dos mil trece.

Visto:

A fojas 4 comparece don Christian Lea Ibar, abogado, en representación de doña nombre reservado, representante de empresa, ambos con domicilio en domicilio reservado; e interpone recurso de protección en contra de doña nombre reservado, en representación del Servicio de Impuestos Internos.

Señala que su representada representa a la empresa Sociedad Valpotrans Ltda., la cual se encuentra optando a ser facturador electrónico, lo que se ha visto impedido por la recurrida, ya que según sus registros la recurrente, presenta declaraciones juradas observadas por tener sus pagos de impuesto anual a la renta diferidos y estar en proceso de fiscalización, por lo que no es su representada la cuestionada sino que la sociedad, pero siendo socia la vinculan y cuestionan para ser representante de esta sociedad que necesita ser facturador electrónico. En cuanto a las declaraciones juradas de la sociedad que dan cuenta de estar objetadas, se encuentran cuestionadas por hacer uso del derecho a postergar el pago anual a la renta de sus impuestos sociales, hecho facultado por el mismo legislador, por lo que cita la circular respectiva y en cuanto al proceso de fiscalización efectivamente fue notificada conforme al artículo 63 del Código Tributario sin dar respuesta.

Que la presente acción no se encuentra amparada por los artículos 155 a 157 del Código Tributario por lo que la Ilustrísima Corte de Apelaciones es el órgano competente.

En cuanto a las garantías constitucionales vulneradas es el artículo 19 N° 16 de la Constitución Política de la Republica en cuanto a la libertad de trabajo y su protección.

Termina solicitando se acoja el recurso y se señale que su representada es una valida representante de la sociedad y pueda ser facturador electrónico.

Acompaña mandato y hoja de notificación renta año tributario 2012.

A fojas 31 informa doña nombre reservado, Directora Regional del Servicio de Impuestos Internos de Valparaíso, señala respecto de los antecedentes con que cuenta el Servicio, basado en la información entregada por la contribuyente que la recurrente es socia con un 50% de participación en las utilidades y representante legal de la Sociedad Valpotrans Ltda., ejerciendo dicha representación en conjunto con nombre reservado pudiendo actuar en forma conjunta o separada.

Que la declaración de renta del año 2013 de doña nombre reservado presenta observaciones, orientándola respecto de las inconsistencias, se le remitió carta para solucionarlas, no concurriendo.

Que al respecto, se le observo por el control de contribuyentes que registran anotación de timbraje, por haber traspasado créditos de impuesto de primera categoría por retiros, por gastos rechazados, y control del crédito de impuesto de primera categoría y por ello no cumple con los requisitos para que se le autorice a operar bajo el sistema de documentación electrónica.

Que en el recurso, existe imprecisión en la determinación de la supuesta acción ilegal y arbitraria que causa privación, perturbación o amenaza a la garantía invocada y carece de precisión en cuanto a quien sería el recurrente.

Que termina concluyendo que no se puede calificar de arbitraria la decisión del Servicio respecto del otorgamiento de la calidad de emisor electrónico, ya que su regulación está contemplada en las legales y administrativas que cita en su informe y que consisten en la facultad de aplicar y fiscalizar el debido cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Acompaña copia de los registros a nombre de la recurrente, certificado de timbraje de la Sociedad, copias resolución exenta N° 45 y 86.

A fs. 38, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el recurso o acción de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República se puede interponer ante la Corte de Apelaciones respectiva, a favor del que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, que expresamente indica el artículo 20, a fin de que ésta adopte de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

Segundo: Que es un requisito indispensable de la acción de protección, que se acredite la existencia de un acto u omisión ilegales o arbitrarios que vulneren los derechos y garantías protegidas por ella.

Tercero: Que en el caso sub lite, precisamente no se indica con precisión cual es el acto concreto por el cual se reclama, lo que es uno de los requisitos para presentar esta acción, sólo lo señala en forma confusa de lo cual se puede desprender que es la negativa a que la Sociedad a la que representa la recurrente y de la cual, además, es socia, pueda optar a ser facturador electrónico, lo que permitiría esa sola circunstancia para rechazar este recurso.

Cuarto: Que sin perjuicio de lo indicado precedentemente, al entrar al fondo del recurso, se debe establecer que la recurrente estima que no existen antecedentes para negarse a otorgar dicha facultad de ser facturador electrónico, ello porque la Sociedad mantiene declaraciones juradas observadas por tener sus pagos de impuesto anual a la renta diferidos y estar en proceso de fiscalización; sin embargo, al ser la recurrente socia de la Sociedad requirente, la vincula. Al respecto, la propia recurrente transcribe los requisitos exigidos para ser usuario Administrador de Documentos Tributarios Electrónicos; entre las exigencias del Servicio se indica que ni el representante legal de una empresa, pueden tener situaciones pendientes con el Servicio. En el caso, la recurrente señala que ella no tiene personalmente ningún antecedente que le afecte para ser representante de una empresa que necesita ser facturador electrónico, pero el Servicio la relaciona con la Sociedad y la considera una contribuyente con situaciones pendientes.

Quinto: Que la parte recurrida al evacuar su informe señala en primer lugar que la recurrente doña nombre reservado, es socia con un 50% de participación en las utilidades y representante legal de la Sociedad Valpotrans Limitada; en segundo lugar, que la declaración del impuesto a la renta correspondiente al año 2013 de la contribuyente nombre reservado, presente observaciones, a quien se le remitió carta a fin concurriera a solucionarlo, sin hacerlo hasta la fecha.

Sexto: Que en atención a que no se determina con precisión el contribuyente a quien se le habrían afectado sus derechos, ya que si bien el recurso se presenta por la contribuyente Sra. nombre reservado, también se refiere al impedimento que tendría la Sociedad Valpotrans Limitada para acceder a la facturación electrónica, por lo que hace un análisis en relación con cada uno de los contribuyentes que aparecen afectados.

En relación con la contribuyente y recurrente, al ser representante de la Sociedad Valpotrans Limitada, el Servicio de Impuestos Internos no tiene facultades para intervenir en dicho nombramiento; por lo cual al respecto no se ha cometido ningún alto ilegal o arbitrario.

Respecto a la Sociedad Valpotrans Limitada y al hecho que se le hubiere impedido acceder a emitir facturas electrónicas, señala el recurrido que no existe una obligación para dicho servicio de proporcionar el facturador electrónico a todos los contribuyentes que lo solicitan, pero para dar tal autorización debe reunir los requisitos exigidos por la ley, requisitos que se encuentran determinados en la Resolución Exenta N° 45 de 2003, sobre Normas y Procedimientos de Operación respecto de los Documentos Tributarios Electrónicos. En la letra e) del punto N° 1 de la Resolución entre otros requisitos se indica que “El contribuyente, el Representante legal del contribuyente y los usuarios por él autorizados no deben presentar situaciones pendientes con el Servicio de Impuestos Internos, tales como, no ubicado, no declarante de impuestos o que se encuentre en situaciones de inconcurrencia a citaciones de este Servicio”, que este requisito tiene como fundamento el resguardo de documentos electrónicos porque al otorgar una gran libertad en la emisión de los mismos, se corren riesgos, es por ello que se otorga la autorización para que emitan documentación electrónica, sólo a aquellos contribuyentes que no tienen actuaciones pendientes con el Servicio.

Señala que siempre los contribuyentes pueden emitir facturas manuales, por lo tanto, no se ha visto afectada la posibilidad que la empresa Valpotrans Limitada pueda desarrollar su actividad.

Séptimo: Que por lo demás, según se ha consignado en Resolución Exenta N° 45 de 2003 y en Resolución Exenta N° 86 de 2005, cuyas copias se agregan a estos antecedentes, se establece que para otorgar la autorización para facturar electrónicamente se deben reunir los requisitos que en ellas se mencionan y, entre ellos, se indica que los solicitantes no deben presentar situaciones pendientes con el Servicio de Impuestos Internos o bien se encuentren en situaciones de inconcurrencia a citaciones de ese servicio.

En el presente caso, la Sociedad Valpotrans Limitada, tiene situación pendiente con el servicio y se encuentra en proceso de fiscalización y la contribuyente nombre reservado se le ha observado sus liquidaciones habiendo sido citada por el servicio, sin concurrir.

Octavo: Que en atención a lo expuesto en el acápite precedente, el Servicio estaba facultado de acuerdo a las normas indicadas para negar la autorización para facturar electrónicamente, acto que como se ha señalado al hacer un recuento de la situación en los considerandos anteriores no se indica. Asimismo, no se menciona resolución por la cual se le ha negado su petición ni la fecha en que habría ocurrido, si bien tal condición no ha sido materia controvertida.

Noveno: Que el actor de protección no ha acreditado de modo alguno que la actividad del servicio al negar a otorgar la autorización para facturar electrónicamente, haya sido el resultado de un acto ilegal o arbitrario, como se exige entre los requisitos de esta acción para dar lugar a alguna medida de protección, por el contrario, el Servicio de Impuestos Internos está facultado de acuerdo a las normas indicadas para negarla en caso de no reunir los requisitos exigidos, por lo que tal acto no es posible estimarlo como ilegal o arbitrario, dado que además, se mantiene la posibilidad de emitir en forma manual, y por otra parte, estas normas se aplican a todos los contribuyentes.

Décimo: Que, por otra parte, en cuanto a la garantía constitucional que se dice conculcada por la recurrente – esto es – el artículo 19 N° 16 de la Constitución Política de la República, garantiza la libertad de trabajo y su protección, lo que ampara es el derecho de toda persona a elegir su trabajo con toda libertad, como asimismo, contratar sus servicios libremente. En este caso, no se vislumbra como puede haber sido vulnerada dicha garantía, ya que no se ha coartado de manera alguna la capacidad de la recurrente para actuar por la Sociedad y por tanto no existe perjuicio alguno a su derecho.

En cuanto a la Sociedad Valpotrans Limitada, no se ha indicado qué derecho constitucional se encontraría vulnerado, siendo evidente que no se afecta la indicada en el numeral 16 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Undécimo: Que a mayor abundamiento, el recurso de protección es esencialmente cautelar y su finalidad es brindar eficaz y oportuno amparo a las personas de los efectos de un acto ilegal o arbitrario que lesiona un derecho indubitado, lo que en la especie no acontece, según lo expuesto en los considerandos que anteceden y, además, no se advierte vulneración alguna a la garantía invocada por la recurrente, esto es, la contemplada en el número 16 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, no cabe sino desechar la acción cautelar intentada.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso de protección interpuesto a fojas 4 por don Christian Lea Ibar, abogado, en representación de doña nombre reservado, en contra de doña nombre reservado, en representación del Servicio de Impuestos Internos.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Ministro Sra. Gloria Torti Ivanovich.

N° Protección-4515-2013 Pronunciada por las Ministros de la Iltma. Corte de Apelaciones de Valparaíso, Sra. nombre reservado, Sra. Gloria Torti Ivanovich y el Abogado Integrante Sr. Rafael Lobos Domínguez.

Incluida la presente resolución en el estado diario del día de hoy.