nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.

Jfah.- C.A. de Valparaíso Valparaíso, veintinueve de octubre de dos mil veinticinco.

Vistos:

A folio 1, Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, deduce acción de protección en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, y en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. por el acto que considera ilegal y arbitrario, consistente en el rechazo de la solicitud de retiro de fondos para extranjero, contenido en la notificación de 9 de julio de 2025, lo que estima vulnera sus derechos fundamentales garantizados en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República.

Expone que, el recurrente solicitó a la recurrida la devolución de sus fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros. Añade que el 9 de julio de 2025, la recurrida rechazó su solicitud N°1284795 mediante correo electrónico, argumentando que la constancia de Afiliación al IVSS se encuentra vencida, superando la vigencia de 120 días, desde la emisión del documento, esto es, desde el 29 de mayo de 2023, impidiendo acreditar la cobertura de seguridad social extranjera a la fecha de la solicitud.

Alega que, dicho acto es ilegal y arbitrario, puesto que la AFP incorpora requisitos adicionales no contemplados en la Ley N°18.156. Sostiene que, el recurrente cumple íntegramente los requisitos de los artículos 1 y 7 de dicha normativa, al estar afiliado a un régimen de previsión extranjero que cubre las contingencias requeridas y haber manifestado su voluntad de mantener dicha afiliación en su contrato de trabajo. Asevera que la constancia electrónica es plenamente válida y verificable en línea a través del portal web oficial del IVSS, ya sea mediante un código de verificación alfanumérico o ingresando la cédula de identidad venezolana del actor.

Aduce que, la negativa de la recurrida a verificar este documento electrónico y su insistencia en un documento consular apostillado desconoce la imposibilidad fáctica de los nacionales venezolanos para obtener dichos documentos ante la ausencia actual de relaciones diplomáticas y representación consular. Afirma que la actuación de la recurrida vulnera la igualdad ante la ley. al establecer diferencias arbitrarias y exigir formalidades adicionales no contempladas en la Ley N°18.156, dándole un trato desigual respecto a otros solicitantes. Asimismo, acusa la vulneración del derecho de propiedad al impedirle disponer de sus ahorros previsionales, que son de su exclusivo dominio, mediante una retención injustificada.

Concluye solicitando que se acoja el recurso, se ordene a la recurrida reconocer como válida la documentación acompañada, proceder a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud y efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados, o adoptar las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

A folio 5, evacúa informe la Superintendencia de Pensiones, representada por nombre reservado, Jefa del Departamento de Derecho de Seguridad Social. Indica que el recurrente, no registra reclamos previos ante dicho organismo sobre los hechos de la acción.

Refiere que, según la normativa aplicable, la devolución de fondos para técnicos extranjeros es un régimen de excepción que exige el cumplimiento copulativo de requisitos: a) afiliación a un régimen extranjero que otorgue prestaciones de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y, b) manifestación de voluntad en el contrato de trabajo de mantener dicha afiliación. Argumenta que la afiliación en el extranjero debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada o apostillada.

Señala que, en el caso de autos, el recurrente acompañó una constancia de afiliación emitida por el Consulado de Venezuela el 29 de mayo de 2023, con vigencia de 120 días. Asevera que, habiendo expirado dicho plazo a la fecha de la solicitud, dicho documento no es útil para acreditar el cumplimiento del requisito, no siendo posible para la AFP ni para la Superintendencia revivir el plazo de vigencia determinado por la autoridad extranjera. En cuanto al "Certificado Electrónico de Cotizaciones" emitido por el IVSS que adjuntó el actor, sostiene que para acreditar la cobertura no resulta suficiente un documento que señale en forma genérica las coberturas, ni una cartola de cotizaciones, sino que se debe consignar en forma específica que el trabajador contó efectivamente con la protección para todos los riesgos exigidos por la ley, durante todo el tiempo que prestó servicios en Chile y de manera efectiva, esté o no cotizando.

A folio 11, evacúa informe la recurrida Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., representada por el abogado Daniel Santoni. Alega, en primer lugar, que la acción cautelar no es la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento o donde existe un derecho controvertido, como en este caso.

En cuanto al fondo, sostiene que el actuar de ProVida no es ilegal ni arbitrario, sino que se ha dado estricto cumplimiento a la ley y a la normativa del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones. Confirma que el 9 de julio de 2025 se rechazó la solicitud del actor, por cuanto la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales se encuentra vencida de acuerdo con las instrucciones que imparte la Superintendencia de Pensiones. Argumenta que, conforme a la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones, las constancias electrónicas de cotizaciones emitidas por el IVSS que no hayan sido legalizadas o apostilladas, que no señalen las coberturas específicas del afiliado y que se limiten a menciones genéricas, no sirven para acreditar debidamente el cumplimiento del requisito de la letra a) del artículo 1 de la ley.

Añade que, desde la entrada en vigor del Convenio de la Apostilla, del cual Venezuela es parte, se exige que dicha certificación venga apostillada por la autoridad competente venezolana, conforme a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil.

Finalmente pide rechazar en todas sus partes el presente recurso de protección, con expresa condena en costas.

A folio 12, se ordena traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, a través de esta vía cautelar se impugna el rechazo por parte de AFP ProVida S.A. a la solicitud de devolución de fondos previsionales del recurrente, amparada en la Ley N°18.156. Sostiene que dicho actuar es ilegal y arbitrario al imponer requisitos formalistas no previstos en la ley, desconociendo la validez de las constancias electrónicas verificables emitidas por el IVSS y la imposibilidad fáctica de obtener documentos consulares. En virtud de lo anterior, solicita que se ordene a la recurrida reconocer la validez de la documentación acompañada, realizar un nuevo pronunciamiento y efectuar la devolución de los fondos solicitados.

Tercero: Que, la recurrida AFP ProVida S.A. informa, en síntesis, que su actuar se ajusta a derecho y a las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones. Sostiene que la Ley N°18.156 es excepcionalísima y que el rechazo se fundó en que la constancia de afiliación consular estaba vencida. Aduce que las constancias electrónicas del IVSS no apostilladas ni legalizadas, que solo contienen menciones genéricas de cobertura no son suficientes para acreditar el requisito legal que haga procedente la devolución pedida.

Cuarto: Que, el artículo 7° de la Ley N°18.156, establece: "En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administración de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley".

A su turno, citado artículo 1° dispone: "Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y, b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida. La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744".

Quinto: Que, atendido lo expuesto y al mérito de los antecedentes acompañados por las partes, se concluye que la recurrida no ha incurrido en un acto ilegal o arbitrario, toda vez que el actor no ha dado cumplimiento a la totalidad de los requisitos copulativos establecidos en la normativa previsional aplicable al caso. En efecto, de la revisión de la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales emitida el 29 de mayo de 2023, por la Embajada de Venezuela, legalizado el 15 de junio del mismo año, se desprende que este documento sólo era válido por 120 días, de manera tal que al haberse deducido la solicitud el 7 de julio de 2025, el referido instrumento había perdido su vigencia.

Sexto: Que, por otra parte, del análisis de la constancia electrónica acompañada, emanada del Instituto Venezolano de Seguros Sociales, no resulta posible acreditar, con total claridad, que el recurrente se encuentre protegido por el seguro social venezolano, ni las prestaciones garantizadas. Además, si bien la inclusión de un código de verificación electrónica podría permitir constatar la autenticidad del documento en el portal web de la entidad emisora, dicho mecanismo resulta insuficiente para satisfacer las exigencias formales establecidas en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, norma que regula el valor probatorio de los instrumentos públicos otorgados en país extranjero, en relación con las instrucciones dictadas por la Superintendencia de Pensiones en el artículo 1 letra b) la Circular N°553, así como en el Libro II Título XI del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

Séptimo: Que, por otra parte, autorizar el retiro de fondos previsionales en casos como el de autos, en que no se cumplen los requisitos legales establecidos para tal efecto, podría generar un eventual perjuicio al Estado, toda vez que, en virtud del principio de universalidad de la seguridad social y las disposiciones contenidas en la Ley N°20.255 sobre Reforma Previsional, el erario nacional garantiza pensiones básicas solidarias a quienes cumplen los requisitos legales, entre ellos, contar con residencia permanente en el territorio nacional. De este modo, el retiro de fondos previsionales por parte de extranjeros con residencia definitiva podría significar que, en el futuro, el Fisco deba asumir el costo de garantizar una pensión a personas que, habiendo realizado cotizaciones en Chile, se les permitió retirar dichos fondos, generando una carga económica no prevista por el legislador al establecer el régimen excepcional contemplado en la Ley N°18.156.

Octavo: Que, en definitiva, de los antecedentes aportados se desprende que la actuación de la recurrida, al rechazar la solicitud de devolución de fondos previsionales presentada por el recurrente, se ha ajustado a la normativa vigente y a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, sin que pueda calificarse como ilegal o arbitraria, motivos por los cuales el presente arbitrio no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida en favor de nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.

Se previene que la Ministra Sra. Nancy Bluck Bahamondes, concurre al rechazo de la acción cautelar estimando que el asunto planteado requiere un pronunciamiento declarativo en la sede jurisdiccional que corresponde al tenor de lo dispuesto en el artículo 420 letra c) del Código del Trabajo.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-4501-2025.