nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.

I.C.A. de Valparaíso.

Valparaíso, nueve de septiembre de dos mil veinticinco.

Vistos:

A Folio 1, Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, deduce acción de protección en favor de Egglis Nohelia nombre reservado y en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., por el acto que considera ilegal y arbitrario, consistente en el rechazo de la solicitud de retiro de fondos para extranjero de 3 de julio de 2025, lo que estima vulnera sus derechos fundamentales garantizados en el artículo 19 N°2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que, la recurrente solicitó ante AFP Provida la devolución de fondos previsionales según la Ley N°18.156. Señala que, fue notificada vía WhatsApp que su solicitud estaba detenida por falta de apostilla del certificado de afiliación. Indica que, la recurrida desconoce la normativa especial, admitiendo su afiliación, pero rechazando por falta de apostilla.

Argumenta que, es conocida la imposibilidad de venezolanos para realizar trámites consulares, añadiendo la recurrida requisitos no contemplados en la ley. Sostiene que, ha cumplido íntegramente con los requisitos de la Ley N°18.156. Aduce que, el certificado del Instituto Venezolano de Seguros Sociales es verificable en línea. Afirma que, otras Administradoras de Fondos de Pensiones como Cuprum han aceptado la misma documentación. Menciona que, la recurrida inobserva la normativa e incorpora requisitos no señalados, restringiendo sus derechos.

Concluye solicitando que se reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo razonable efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por el recurrente.

A folio 5, evacúa informe la Superintendencia de Pensiones. Sostiene que, la recurrente no registra reclamo ante ese organismo sobre los hechos de esta acción cautelar. Indica que, en la legislación chilena, la regla general obliga al trabajador a enterar cotizaciones independientemente de su nacionalidad.

Señala que, las imposiciones no son un fondo de ahorro retirable al término de servicios. Agrega que, la Ley N°18.156 es un régimen excepcional para trabajadores extranjeros técnicos o profesionales que cumplan requisitos copulativos del artículo 1°. Refiere que, para acreditar cobertura previsional extranjera, debe aportarse certificación debidamente legalizada.

Adiciona que, el certificado del Instituto Venezolano de Seguros Sociales acompañado no acredita el requisito al no estar firmado ni apostillado, sin señalar coberturas específicas.

A folio 9, evacúa informe la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. Alega en primer término que, esta acción cautelar no es la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento, y subsidiariamente, porque no ha actuado arbitraria ni ilegalmente respecto a las garantías constitucionales. Señala que, el 3 de julio de 2025 rechazó la solicitud de la recurrente, porque la constancia de afiliación venezolana estaba vencida según instrucciones de la Superintendencia, carece de firma autorizada y no fue legalizado, ni apostillado.

Menciona que, conforme a la jurisprudencia administrativa, las certificaciones electrónicas del Instituto Venezolano sin legalización o apostilla, que no señalen coberturas específicas ni períodos determinados, no acreditan el requisito exigido en la Ley N°18.156. Finalmente pide rechazar el recurso de protección.

A folio 10, se ordena traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio algunos de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, a través de esta vía cautelar se impugnó el rechazo de la petición de retiro de fondos para extranjeros de 3 de julio de 2025, solicitando la recurrente que se reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo razonable efectuar la devolución de los fondos de pensión pretendida.

Tercero: Que, el recurrido informó, en síntesis, que la solicitud fue rechazada por no acompañar certificado previsional extranjero con legalización o apostilla, según el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil y las instrucciones de la Superintendencia. Sostiene que el código de verificación electrónica no sustituye los requisitos formales, considerando que la ley exige expresamente la legalización de instrumentos públicos extranjeros para su validez en Chile.

Cuarto: Que, el artículo 1° de la Ley N°18.156 establece que las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

Quinto: Que, por su parte, el artículo 7° del mismo texto legal dispone: "En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administración de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley".

Además, el N°1 del Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones dispone que, para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, el trabajador extranjero debe aportar la certificación de la institución de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

Sexto: Que, teniendo presente la normativa que regula la exención de cotizar en el país a los técnicos extranjeros y del análisis del documento denominado "Constancia Electrónica de Cotizaciones" acompañado por la actora, es posible constatar que ésta carece de la debida legalización exigida por la normativa vigente, toda vez que no se encuentra debidamente legalizada o apostillada, según las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, de manera que no es efectivo lo argumentado por esta, en cuanto a que cuenta con la información pertinente para que su petición sea acogida.

En efecto, la circunstancia que el instrumento contenga un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales vigentes, más aún cuando el ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional, lo que reviste especial relevancia cuando se trata de antecedentes que inciden en el cumplimiento sustancial de los requisitos exigidos para acceder a un beneficio excepcional como el impetrado.

Séptimo: Que, en dicho contexto, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de la institución recurrida, en tanto ha circunscrito su actuación a exigir el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios para acceder al beneficio pretendido, actuando conforme a las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones y a la normativa vigente, por lo que el presente arbitrio será desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida en favor de Egglis Nohelia nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-4487-2025.