nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES UNO SOCIEDAD ANÓNIMA

I.C.A. de Valparaíso Valparaíso, veintiséis de agosto de dos mil veinticinco.

Vistos:

A folio 1, Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, deduce acción de protección en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, y en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A., por el acto que considera ilegal y arbitrario, consistente en el rechazo de la solicitud de retiro de fondos previsionales para extranjeros comunicado a la recurrente mediante correo electrónico de 21 de julio de 2025, lo que estima vulnera sus derechos fundamentales garantizados en el artículo 19 N°2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que, la recurrente solicitó ante la Administradora de Fondos de Pensiones Uno, mediante el portal web correspondiente, la devolución de fondos previsionales de acuerdo con la Ley N°18.156, acompañando la documentación pertinente. Indica que, mediante correo electrónico de 21 de julio de 2025, se rechazó su solicitud argumentando que la constancia electrónica emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no cumplía con los requisitos formales al no estar apostillada o legalizada y que la declaración jurada presentada no reemplaza el certificado de afiliación al sistema previsional del país de origen.

Argumenta que, existe una imposibilidad material de obtener la legalización consular debido al quiebre de las relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, lo que constituye un caso fortuito según el artículo 45 del Código Civil. Destaca que, la constancia electrónica del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales es verificable mediante un código en el portal web oficial, siendo un documento auténtico que acredita su afiliación al sistema previsional venezolano. Sostiene que, la recurrida aplica criterios desiguales en comparación con otras administradoras, específicamente AFP Cuprum, que ha aprobado solicitudes similares con la misma documentación.

Refiere que la constancia electrónica señala textualmente: "La presente Ley rige las situaciones y relaciones jurídicas con ocasión de la protección de la Seguridad Social a sus beneficiarios y beneficiarias en las contingencias de maternidad, vejez, sobrevivencia, enfermedad, accidentes, invalidez, muerte, retiro y cesantía o paro forzoso", lo que a su juicio cumple con los requisitos de la Ley N°18.156 al cubrir las contingencias de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Concluye solicitando que, se ordene a la recurrida reconocer como válida la documentación presentada y realizar un nuevo pronunciamiento sobre su solicitud conforme a derecho, dentro de un plazo de 5 días.

A folio 6, informa la Superintendencia de Pensiones. Sostiene que no registra reclamo alguno de la recurrente respecto a los hechos que motivan la acción cautelar. Expone que, según la normativa aplicable, la exención de cotizar y la devolución de fondos previsionales constituye un régimen excepcional para trabajadores extranjeros técnicos o profesionales que cumplan copulativamente los requisitos establecidos en el artículo 1 de la Ley N°18.156. Precisa que, entre estos requisitos se encuentra el estar afiliado a un régimen previsional fuera de Chile que otorgue prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Señala que, la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia ha exigido para acreditar el requisito de cobertura previsional, que el trabajador extranjero demuestre haber contado con un seguro por todos los riesgos exigidos durante toda la extensión del tiempo en que prestó servicios en Chile. Indica que, dicha acreditación debe efectuarse mediante certificación emitida por la autoridad previsional competente del país correspondiente, debidamente legalizada o apostillada.

Argumenta que, la documentación presentada por la recurrente, esto es, la constancia electrónica no apostillada, no resulta idónea para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional. Sostiene que, el certificado electrónico no señala coberturas específicas ni permite inferir un determinado período de cobertura, además de no encontrarse firmado ni apostillado conforme a la normativa aplicable.

A folio 8, evacúa informe Romina Dalbosco Cornejo, abogado, en representación de Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A. Señala en primer término, que la acción cautelar no es la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento con carácter contradictorio.

En cuanto al fondo, argumenta que, por mandato legal, está impedida de destinar los fondos previsionales a fines distintos de financiar pensiones, salvo las excepciones legales. Agrega que la Ley N°18.156 establece requisitos copulativos específicos para la devolución de fondos a técnicos extranjeros, los cuales la recurrente no cumplió en su totalidad. Precisa que, rechazó la solicitud de devolución de fondos de la recurrente, debido a que la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no cumplía con los requisitos normativos exigidos, al no estar apostillada conforme lo dispuesto en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, la Ley N°18.156 y las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones.

Asevera que ha actuado conforme a la normativa vigente, sin causar agravio ni afectar garantías constitucionales de la actora. Solicita que se rechace en todas sus partes el recurso de protección, con expresa condena en costas.

A folio 9, se ordena traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio algunos de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, a través de esta vía cautelar se impugna el acto consistente en el rechazo de la solicitud de retiro de fondos previsionales para extranjeros comunicado a la recurrente mediante correo electrónico de 21 de julio de 2025, fundado en que la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales presentada no cumplía con los requisitos formales al no estar apostillada o legalizada.

Tercero: Que, el recurrido informa, en síntesis, que rechazó la solicitud de devolución de fondos de la recurrente porque la constancia electrónica de cotizaciones no cumplía con los requisitos normativos exigidos, al no estar apostillada conforme lo dispuesto en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, la Ley N°18.156 y las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones. Agrega que el documento presentado no constituye un certificado de afiliación, no especifica las coberturas individuales y carece de firma autorizada.

Por su parte, la Superintendencia de Pensiones informa que la constancia electrónica emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no es idónea para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional, ya que no está firmada por quien la emite, ni se encuentra apostillada por la autoridad competente venezolana, circunstancia que impide que pueda producir efectos en nuestro país.

Cuarto: Que, el artículo 1° de la Ley N°18.156, establece que "Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte [...]." A su vez, el Libro II, título XI, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, establece que el cumplimiento del requisito anteriormente indicado, "debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte." Quinto: Que, teniendo presente la normativa que regula la exención de cotizar en el país a los técnicos extranjeros y del análisis del documento denominado "Constancia Electrónica de Cotizaciones" acompañado por la actora, es posible constatar que este carece de la debida legalización exigida por la normativa vigente, toda vez que no se encuentra debidamente legalizado o apostillado, según las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, de manera que no es efectivo lo argumentado por esta, en cuanto a que cuenta con la información pertinente para que su petición sea acogida.

En efecto, el hecho que el instrumento contenga un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales vigentes, más aún cuando el ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional, lo que reviste especial relevancia cuando se trata de antecedentes que inciden en el cumplimiento sustancial de los requisitos exigidos para acceder a un beneficio excepcional como el impetrado.

Sexto: Que, en dicho contexto, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de la institución recurrida, en tanto ha circunscrito su actuación a exigir el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios para acceder al beneficio pretendido, actuando conforme a las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones y a la normativa vigente, por lo que el presente arbitrio será desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida en favor de nombre reservado en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-4462-2025.