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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 4461-202617 jul 2026

nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES HÁBITAT S.A.

Fecha
17 de julio de 2026
Corte
Corte de Apelaciones de Valparaiso
Sala
Cuarta
Resultado
Rechazada
Cita
Corte de Apelaciones de Valparaiso, Rol N° 4461-2026, sentencia de 17 de julio de 2026

Resumen

Se rechaza la protección contra la AFP Hábitat: exigir la legalización o apostilla de la constancia del IVSS no es ilegal ni arbitrario, pues la normativa de la Superintendencia de Pensiones lo exige y el código de verificación no sustituye ese requisito formal.

Texto íntegro

Llg C.A. de Valparaíso.

Valparaíso, diecisiete de julio de dos mil veintiséis.

Visto:

A folio 1, comparece Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, quien deduce acción de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Hábitat S.A., por el rechazo de 6 de mayo de 2026 de su solicitud de devolución de fondos previsionales.

Explica que, solicitó ante la recurrida la devolución de sus fondos previsionales al amparo de la Ley N°18.156, que exime de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros, y que mediante correo electrónico de 6 de mayo de 2026 fue notificado del rechazo, fundado en que la "Constancia Electrónica de Cotizaciones" del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) carecería de legalización o apostilla, y en que el contrato de trabajo contendría una manifestación de voluntad incompatible.

Sostiene que, la recurrida incorpora exigencias no contempladas en la ley, pues la normativa solo requiere que el técnico extranjero se encuentre afiliado a la seguridad social de su país de origen y manifieste su voluntad de mantener dicha afiliación, requisitos que estima cumplidos. Añade que la constancia del IVSS es verificable electrónicamente mediante el código alfanumérico que contiene y a través de los sitios web oficiales de dicha institución, por lo que la conducta omisiva de no verificarla resulta arbitraria.

Agrega que, exigir un certificado apostillado importa un requisito de imposible cumplimiento, atendida la inexistencia de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, configurándose un caso fortuito o fuerza mayor. Invoca jurisprudencia de la Corte Suprema y de esta Corte que, a su juicio, respalda su tesis, y estimas vulneradas las garantías de los numerales 2° (igualdad ante la ley) y 24° (derecho de propiedad) del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Concluye solicitando tener por interpuesto el recurso en contra de AFP Hábitat por el acto ilegal y arbitrario de 6 de mayo de 2026 que impide la devolución de sus fondos previsionales; que se reconozca como válida la documentación acompañada; que la recurrida emita un nuevo pronunciamiento conforme a derecho y, dentro de un plazo razonable, efectúe la devolución de los fondos, adoptando las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Para acreditar sus dichos acompañó los siguientes documentos: a) Notificación de rechazo de retiro de fondos para técnico extranjero; b) Cédula de identidad para extranjeros; c) Constancia de cotizaciones previsionales del país de origen; d) Título universitario apostillado; e) Contrato y anexos de contrato de trabajo.

A folio 5, evacúa informe la Superintendencia de Pensiones, mediante Oficio Ordinario N°10.670, por orden del señor nombre reservado. Sostiene que el recurrente no registra presentaciones ante ese Organismo respecto de los hechos que motivan la acción. Expone que la exención de cotizar y la devolución de fondos que contempla la Ley N°18.156 constituye un régimen de excepción, de interpretación restrictiva, aplicable solo a trabajadores técnicos o profesionales extranjeros que cumplan copulativamente los requisitos del artículo 1° de dicha ley: encontrarse afiliados a un régimen de previsión fuera de Chile que otorgue cobertura, a lo menos, por enfermedad, invalidez, vejez y muerte durante todo el tiempo de prestación de servicios en el país, y manifestar en el contrato de trabajo su voluntad de mantener tal afiliación.

Señala que, conforme a su jurisprudencia administrativa (Oficios N°s 21.480 de 2017, 23.208 de 2023 y 3141 de 2024, entre otros), no basta un documento genérico ni una cartola de cotizaciones, exigiéndose una certificación específica emitida por la autoridad previsional competente, debidamente legalizada o apostillada. Indica que la constancia del IVSS acompañada por el actor se limita a mencionar genéricamente las coberturas del sistema venezolano, carece de firma responsable y no se encuentra apostillada ni legalizada, por lo que no acredita el requisito de la letra a) del artículo 1°.

Agrega que, el contrato de trabajo con el Banco de Chile, en su cláusula novena, manifiesta la voluntad de cotizar en el régimen previsional chileno, lo que resulta contradictorio con la exigencia de mantener la afiliación al sistema de origen. Añade que los tribunales superiores de justicia, han rechazado reiteradamente recursos análogos de nacionales venezolanos fundados en constancias electrónicas del IVSS sin vigencia, firma, legalización o apostilla.

A folio 10, evacúa informe la Administradora de Fondos de Pensiones Hábitat S.A. Sostiene que, el recurso de protección es improcedente, por cuanto el recurrente no ha sufrido privación, perturbación ni amenaza de un derecho indubitado, sino que pretende ejercer por esta vía cautelar un derecho sujeto a requisitos legales objetivos que no ha acreditado cumplir, materia propia de un juicio de lato conocimiento.

Expone la cronología de la solicitud presentada el 23 de abril de 2026 y su rechazo, mediante informe legal FDE N°398/2026, por no cumplirse las exigencias de la Ley N°18.156. Señala que el contrato de trabajo acompañado, en su cláusula novena, manifiesta la voluntad de cotizar en el régimen chileno, y que la Constancia Electrónica de Cotizaciones del IVSS fue presentada sin firma responsable ni apostilla, no acreditando la cobertura previsional exigida. Invoca abundante jurisprudencia que ha desestimado recursos similares por no existir vulneración de garantías.

Finalmente pide tener por evacuado el informe y rechazar en todas sus partes el recurso, con expresa condenación en costas.

En apoyo a sus dichos acompaña los siguientes documentos: a) Antecedentes presentados por el recurrente para respaldar su solicitud de devolución de fondos Ley 18.156; b) Informe legal FDE N°398/2026; c) Oficio Ord. N°30.477 de la Superintendencia de Pensiones de 30.12.2011; d) Oficio Ord. N°24.472 de 26.10.2015; e) Oficio Reservado N°25.057 de 29.12.2023; f) Oficio Reservado N°4.741 de 14.03.2024; g) Oficio Ord. N°12.954 de 17.07.2025; h) Oficio Ord. N°22.273 de 21.11.2025; i) Oficio Ord. N°6.603 de 02.04.2026; j) Oficio Ord. N°9.108 de 06.05.2026; k) Normativa de la Superintendencia de Pensiones que regula la devolución de fondos a extranjeros.

A folio 11, se ordena traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, por la presente vía cautelar, se impugna el rechazo de la solicitud realizada por la recurrente a la Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A., por la que pretendía la devolución de sus fondos previsionales conforme a lo dispuesto en la Ley N° 18.156.

Tercero: Que, por su parte, la recurrida Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A sostiene que su actuación no ha sido ilegal ni arbitraria, sino que ha dado cumplimiento a sus obligaciones conforme al artículo 1° letra a) de la Ley N° 18.156 y la normativa de la Superintendencia de Pensiones, rechazando la solicitud por no haberse acompañado el certificado de afiliación al régimen previsional extranjero debidamente legalizado.

Cuarto: Que, para resolver la presente acción de protección, es necesario tener presente que el artículo 1 de la Ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican y deroga la Ley N° 9.705, regula las siguientes condiciones que deben reunirse para acogerse a este beneficio: "a).- Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b).- Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida". A su turno, el artículo 7º de la citada Ley, señala que: "En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1º de esta Ley".

Por otra parte, el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, en el Libro II, Título XI, sobre Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten, indica de forma textual lo siguiente: "b) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte." Quinto: Que, del mérito de los antecedentes, aparece que el documento presentado por el actor "Constancia Electrónica de Cotizaciones", del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), carece de firma autorizada y no se encuentra apostillado ni legalizado conforme a la normativa vigente.

En efecto, el hecho de contener un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales vigentes, más aún cuando el ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional.

Sexto: Que, si bien la Ley N° 18.156 no explicita la exigencia de apostilla, ello no exime del cumplimiento de las normas generales sobre valor probatorio de documentos otorgados en el extranjero, máxime cuando se trata de antecedentes que inciden directamente en el cumplimiento sustancial de los requisitos para acceder al beneficio.

Séptimo: Que, en dicho contexto, no se puede estimar ilegal ni arbitraria la conducta de la institución recurrida, en tanto ha circunscrito su actuación a exigir el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y en la normativa administrativa para acceder al beneficio impetrado, aplicando de manera uniforme los criterios establecidos por la Superintendencia de Pensiones a todos los solicitantes, sin que se configure trato discriminatorio alguno.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de don nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A.

Regístrese, notifíquese y archívense los antecedentes en su oportunidad.

N°Protección-4461-2026.