nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

Jbl C.A. de Valparaíso Valparaíso, dos de septiembre de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1, se deduce recurso de protección en favor de nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, por el acto que estima ilegal y arbitrario, consistente en por haber efectuado descuentos en su liquidación de sueldo correspondiente a mayo 2026, respecto de una obligación prescrita, sin autorización actual ni resolución judicial que las sustente, vulnerando con ello el derecho fundamental de propiedad consagrado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República.

En cuanto a los hechos, expone que el 3 de diciembre de 2008 suscribió con la recurrida el crédito N°36.RUT reservado, por un monto total de $6.000.000, pactado en 60 cuotas mensuales y sucesivas, con primer vencimiento el 31 de enero de 2009. Refiere que, durante el período inicial de vigencia del crédito, las cuotas fueron descontadas directamente de sus remuneraciones por planilla, conforme a lo pactado; sin embargo, con posterioridad quedó cesante por circunstancias ajenas a su voluntad, cesando los descuentos automáticos y viéndose imposibilitado de continuar cumpliendo la obligación.

Agrega que, desde entonces, la recurrida jamás inició acción judicial de cobro ejecutivo u ordinario, ni fue válidamente notificado de demanda alguna tendiente a interrumpir la prescripción. Refiere que, en mayo de 2026, con ocasión de su liquidación de remuneraciones de 28 de mayo de 2026, tomó conocimiento de descuentos efectuados por la recurrida, los cuales, correspondientes a los últimos dos meses, ascienden a $639.512, sin que hubiere celebrado posteriormente otro contrato que los justifique, de modo que solo pueden tener origen en el crédito del año 2008.

Sostiene que la actuación de la recurrida constituye una forma de autotutela prohibida por el ordenamiento jurídico, pues, si bien los artículos 21 y 22 de la Ley N°18.833 autorizan a las Cajas de Compensación a deducir lo adeudado de las remuneraciones, tal facultad solo alcanza a deudas actualmente exigibles y no transforma dichas obligaciones en imprescriptibles. Invoca al efecto los artículos 2514, 2515 y 2518 del Código Civil, destacando que han transcurrido más de 17 años desde la suscripción del crédito sin gestión útil de cobro que interrumpiera la prescripción, así como los artículos 54 y siguientes del Código del Trabajo sobre protección de las remuneraciones, fundando además su pretensión en la sentencia de la Excma. Corte Suprema de 8 de marzo de 2021, Rol N°125.593-2020.

Afirma que el proceder descrito vulnera la garantía del artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho de propiedad sobre sus remuneraciones, en tanto se le priva unilateralmente de beneficios económicos amparados por dicha garantía, sin ley que autorice tal privación ni resolución judicial previa.

Pide, se declare que la recurrida cometió un acto ilegal y arbitrario, ordenándose la restitución de la suma de $639.512 descontada en mayo de 2026, el cese de los cobros por planilla y la adopción de las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho, con expresa condena en costas.

Acompaña documentos al recurso.

A folio 15, se concedió orden de no innovar solicitada.

A folio 18, evacuó informe la abogada Inés Riquelme, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, solicitando su rechazo.

Señala que, el 4 de agosto de 2015, se otorgó al recurrente la operación de crédito código N°00503119315, por un capital inicial de $5.654.579, a una tasa de interés mensual de 1,89%, pagadera en un plazo de 50 meses, con una cuota mensual de $180.021, cuyo primer vencimiento correspondió al 30 de septiembre de 2015. Agrega que las mensualidades N°01 a N°10, correspondientes al período de septiembre de 2015 a junio de 2016, fueron pagadas entre el 10 de octubre de 2015 y el 18 de julio de 2016, y que el 15 de mayo de 2015 recibió un abono de $151.867 imputado a la mensualidad N°11 de julio de 2016. Precisa que, a la fecha, el crédito se encuentra en cobranza judicial por la morosidad existente en la diferencia de la cuota N°11 y en las mensualidades N°12 a N°50, correspondientes al período de agosto de 2016 a octubre de 2019.

Sostiene que no ha incurrido en actuación ilegal o arbitraria alguna, pues los descuentos para el pago de las cuotas de crédito social fueron informados al empleador del deudor conforme al mecanismo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N°18.833, que ordena deducir de la remuneración lo adeudado por prestaciones de crédito social, rigiéndose por las mismas normas de pago y cobro que las cotizaciones previsionales. Añade que efectúa el cobro de una deuda cuya acción no ha sido declarada prescrita, toda vez que, según los artículos 2492 y siguientes del Código Civil, la prescripción debe ser alegada y declarada judicialmente, no operando de pleno derecho, de modo que, mientras no exista pronunciamiento del tribunal competente, la obligación de restituir el dinero recibido en préstamo existe y es plenamente exigible. Argumenta, asimismo, que la vía idónea para alegar la prescripción no es la acción de protección, sino un juicio de lato conocimiento, y que el recurrente carece de un derecho indubitado que obste a la exigibilidad de la obligación.

Sin perjuicio de lo anterior y sin reconocer la extinción de la deuda ni los fundamentos esgrimidos por el recurrente, expone la recurrida que ha dispuesto el cese definitivo de los descuentos del crédito otorgado, así como la restitución de aquellas sumas recibidas a partir de la reanudación de los cobros, precisando que, si bien las planillas de descuentos se generan los días 25 del mes anterior a su aplicación, devolverá toda suma percibida en el intertanto, de manera que la acción ha perdido oportunidad, por cuanto ha accedido voluntariamente al cese y restitución solicitados.

A folio 19, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios que sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

Segundo: Que, por la presente vía cautelar, el recurrente denuncia como ilegal y arbitrario el actuar de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, al haber efectuado un descuento en su liquidación de sueldo correspondiente a mayo 2026, respecto de una obligación prescrita, sin autorización actual ni resolución judicial que las sustente, vulnerando con ello el derecho fundamental de propiedad consagrado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República.

Tercero: Que, al evacuar su informe, la recurrida señala que el recurrente contrató un crédito social el 4 de agosto de 2015, obligándose a su pago en las condiciones libremente pactadas y autorizando los descuentos por planilla contemplados en la normativa aplicable, deuda que se encuentra vigente y no prescrita, en etapa de cobro judicial. Afirma que el crédito social se encuentra regulado por los artículos 21 y 22 de la Ley N°18.833, que facultan a las Cajas de Compensación para otorgar préstamos a sus afiliados y obtener su pago mediante descuentos efectuados por el empleador en las remuneraciones del trabajador. Finalmente, indica que, sin reconocer ilegalidad o arbitrariedad alguna en su actuar, ha dispuesto cesar los descuentos cuestionados y restituir la suma descontada al recurrente.

Cuarto: Que, si bien el artículo 22 de la Ley N°18.833 faculta a las Cajas de Compensación para obtener el pago de los créditos sociales mediante descuentos efectuados por el empleador en las remuneraciones de sus afiliados, tal prerrogativa supone el ejercicio oportuno y razonable de dicha facultad. En la especie, la recurrida hizo uso de este mecanismo varios años después de haberse hecho exigible la obligación y sin haber dado aviso previo conforme a la circular N°3.567 de la Superintendencia de Seguridad Social que regula la materia. En consecuencia, la actuación impugnada constituye un acto ilegal, por cuanto importa una aplicación improcedente de la prerrogativa contemplada en el referido artículo 22.

Quinto: Que, asimismo, el actuar de la recurrida resulta arbitrario, desde que revivió de manera unilateral un mecanismo especial de cobro destinado a obtener el pago oportuno de los créditos sociales, pese al extenso tiempo transcurrido desde que la obligación se hizo exigible sin haber intentado previamente su cobro judicial. A ello se agrega que los descuentos fueron efectuados sin que conste que el recurrente hubiera recibido información o aviso previo acerca de la decisión adoptada, privándolo de toda posibilidad de conocer anticipadamente la medida y sus fundamentos. De este modo, la actuación de la recurrida aparece desprovista de una justificación suficiente y razonable, adquiriendo el carácter de antojadiza.

Sexto: Que, el acto cuya ilegalidad y arbitrariedad ha sido constatada afecta el derecho de propiedad del recurrente sobre sus remuneraciones, garantía consagrada en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, toda vez que ha importado la privación de una parte de ellas mediante descuentos que no se ajustaron a las exigencias de razonabilidad y oportunidad que la jurisprudencia ha reconocido respecto de la aplicación del artículo 22 de la Ley N°18.833.

Séptimo: Que, no altera lo anteriormente concluido lo expuesto por la recurrida en su informe, en orden a que ha cesado los descuentos cuestionados y que procederá a restituir las sumas descontadas al recurrente, pues tal circunstancia únicamente da cuenta de una manifestación de voluntad posterior a la interposición de la presente acción, sin que exista constancia suficiente de haberse materializado íntegramente dicha restitución.

Por estas consideraciones y lo establecido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se acoge, sin costas el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, y en consecuencia, se ordena a la recurrida cesar inmediatamente los descuentos que se realizan en las remuneraciones del actor, informando a la entidad empleadora de aquello, así como también restituir al recurrente la totalidad de los descuentos realizados en sus remuneraciones, desde mayo de 2026.

Déjese sin efecto la orden de no innovar concedida a folio 15.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-4428-2026.