Protección contra Ilustre Municipalidad de La Cruz

Foja: 0 Cero C.A. de Valparaíso Valparaíso, veinticuatro de julio de dos mil veintiséis.

Visto:

A folio 1 comparece don Raimundo Palamara Stewart, abogado, en representación convencional de doña nombre reservado, profesora de Educación General Básica, quien deduce recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de La Cruz, representada por su Alcaldesa doña Filomena Navia Hevia, fundado en que dicha entidad dictó el Decreto Alcaldicio registrado N° NUM000, de 13 de mayo de 2026, notificado personalmente el 14 de mayo de 2026, por medio del cual se rechazó el recurso de reposición interpuesto con fecha 27 de abril de 2026 y se mantuvo, en todas sus partes, el Decreto Alcaldicio registrado N° NUM001, de 22 de abril de 2026, que puso término a su relación laboral como docente titular del Departamento de Educación Municipal, Colegio nombre reservado, por la causal del artículo 72 letra b) de la Ley N° 19.070, sobre Estatuto de los Profesionales de la Educación, denunciando una vulneración de las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N°s 2, 4, 16 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que se desempeñaba en calidad de titular, con jornada de 44 horas y fecha de ingreso el 12 de junio de 2017, y que en octubre de 2025 recibió un reconocimiento municipal por su destacada labor, otorgado con posterioridad al hecho investigado.

Refiere que el sumario administrativo tuvo por antecedente un informe de la Contraloría General de la República relativo a funcionarios que habrían salido del país mientras se encontraban con licencia médica durante los años 2023 y 2024. En su caso, el acto recurrido consigna que la licencia médica N° NUM002 fue emitida el 23 de febrero de 2024, por el período comprendido entre el 26 de febrero y el 19 de marzo de 2024, con reposo total, por diagnóstico de depresión severa, extendida por médico general, y que durante su vigencia salió del territorio nacional con destino a Río de Janeiro, Brasil.

Agrega que los pasajes habían sido adquiridos con anterioridad, en octubre de 2023, para el mes de enero de 2024, y que el viaje fue reprogramado por el fallecimiento de un familiar.

Precisa que no ha desconocido la existencia del viaje, sino que controvierte que ese solo antecedente pueda ser convertido automáticamente en una falta de probidad o conducta inmoral que amerite la sanción máxima.

Sostiene que la Administración ya había reaccionado frente al mismo hecho, pues la autoridad sanitaria rechazó la reposición de la licencia médica con fecha 26 de septiembre de 2025, por la causal de infracción al artículo 55 del Decreto Supremo N° 3, esto es, incumplimiento de reposo, y la propia Municipalidad, mediante Decreto Alcaldicio N° NUM003, de 24 de marzo de 2026, autorizó el descuento de sus remuneraciones por la suma de $890.703, a contar de la remuneración del mes de marzo de 2026, con cargo al 50% de su remuneración mensual, por concepto de remuneraciones o subsidios indebidamente percibidos.

En lo medular, plantea los siguientes argumentos: 1. Que la Administración confundió el incumplimiento de reposo con la falta de probidad o conducta inmoral, sin acreditar el estándar reforzado que exige el artículo 72 letra b) del Estatuto Docente, pues no se demostró simulación de enfermedad, falsificación de antecedentes, ocultamiento doloso, lucro ilegítimo ni daño efectivo al servicio educativo; 2. Falta de proporcionalidad y de motivación, por no haberse ponderado su antigüedad, el reconocimiento institucional recibido, el contexto de salud mental, la ausencia de daño a la continuidad del servicio, la ausencia de dolo y la consecuencia patrimonial ya ejecutada; 3. Infracción al principio non bis in idem, por concurrir identidad de sujeto, de hecho y de fundamento entre el rechazo de la licencia médica con el consiguiente descuento remuneracional y el posterior término de la relación laboral; 4. Infracción al deber de confidencialidad del sumario y a la legislación sobre protección de datos personales, por haberse remitido el expediente sumarial con antecedentes clínicos a las demás personas sumariadas sin tarja ni anonimización, pese a que la Resolución Fiscal N° NUM004, de 5 de septiembre de 2025, había ordenado excluir las fojas con antecedentes personales y sensibles de otros investigados; 5. Arbitrariedad por ausencia de afectación real de la continuidad del servicio educativo; y 6. Desconocimiento de la finalidad correctiva y no meramente expulsiva de la responsabilidad administrativa.

Pide dejar sin efecto los Decretos Alcaldicios registrados N° NUM000 y N° NUM001, ordenar su reincorporación al cargo o a uno equivalente con reconocimiento de continuidad laboral y antigüedad, el pago de las remuneraciones, asignaciones, cotizaciones y demás prestaciones devengadas desde la separación, la eliminación de toda anotación derivada de los actos impugnados, el cese de todo tratamiento o difusión no autorizada de sus antecedentes clínicos, y la condena en costas.

A folio 10 informa don Patricio Anders Torres, abogado, en representación de la Ilustre Municipalidad de La Cruz, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Señala que por Decreto Alcaldicio N° NUM005, de 23 de mayo de 2025, se instruyó sumario administrativo con el objeto de investigar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios individualizados en el Oficio N° NUM006, de 22 de mayo de 2025, de la Contraloría General de la República, que habrían salido del país estando con licencia médica entre los años 2023 y 2024, de acuerdo con los registros de la Policía de Investigaciones de Chile y de la Superintendencia de Seguridad Social, nómina en la que figuraba la recurrente.

Detalla que se requirió información al Director del Departamento de Administración de Educación Municipal mediante Oficio N° NUM007, de 30 de mayo de 2025; que se recibió el Oficio Ordinario N° NUM008, de 9 de julio de 2025, del Departamento de Migraciones y Policía Internacional de Viña del Mar, sobre movimientos migratorios; que la recurrente prestó declaración indagatoria el 9 de junio de 2025; que el período indagatorio se cerró por resolución N° NUM009 de fiscalía, de 22 de agosto de 2025; que los cargos se formularon por Resolución Fiscal N° NUM010, de 2 de septiembre de 2025; y que la vista fiscal se evacuó el 30 de marzo de 2026.

Manifiesta que el cargo único consistió en haber salido del país con fecha 8 de marzo de 2024, con reingreso el 16 de marzo de 2024, por vía aérea a través del paso nombre reservado, encontrándose haciendo uso de licencia médica emitida el 23 de febrero de 2024, con inicio el 26 de febrero de 2024 y por el término de 23 días, sin justificación fáctica o médica razonable, incumpliendo el reposo indicado, invocándose como normas infringidas los artículos 58 letra g) de la Ley N° 18.883, 52 y 62 N° 8 de la Ley N° 18.575.

Indica que la fiscal instructora ponderó los descargos y desestimó la justificación terapéutica del viaje, por cuanto ningún informe médico contiene una indicación previa y formal que ordene el desplazamiento a Brasil como parte de un tratamiento, y porque la licencia fue extendida por un médico de medicina general y no por el psiquiatra tratante, según reconoció la propia inculpada; que la reprogramación de los pasajes evidencia una decisión voluntaria y no una imposibilidad absoluta constitutiva de caso fortuito; que el error de hecho del derecho civil patrimonial no resulta aplicable en sede disciplinaria; y que los testigos ofrecidos acreditaron el cuadro de salud y el contexto familiar, mas no que algún médico hubiese ordenado o prescrito formalmente el viaje al extranjero.

Destaca que se tuvo por acreditado que la recurrente se encontraba vinculada a la Municipalidad como docente del Colegio nombre reservado desde el 12 de junio de 2017, sujeta al Estatuto Docente; que hizo uso de la licencia médica ya individualizada, con diagnóstico de depresión severa; que estando vigente aquella salió del territorio nacional el 8 de marzo de 2024 y reingresó el 16 del mismo mes y año, con una permanencia en el extranjero de ocho días; que los pasajes fueron adquiridos por su cónyuge en octubre de 2023 para enero de 2024 y reprogramados para marzo de 2024 con motivo del fallecimiento de su suegro el 29 de enero de 2024; y que el viaje no obedeció a un procedimiento médico ordenado y justificado formalmente por el médico emisor de la licencia con anterioridad a la salida del país.

Afirma que la consecuencia jurídica de tales hechos debía reconducirse a la causal del artículo 72 letra b) de la Ley N° 19.070, y que la única sanción aplicable a los profesionales de la educación del sector municipal como resultado de un sumario administrativo es el término de la relación laboral, sin que se contemplen sanciones intermedias. Añade que la reposición fue desestimada porque la licencia médica no es el instrumento apto para solucionar situaciones familiares o personales, para lo cual el ordenamiento contempla otros mecanismos como el feriado legal o los permisos, y porque la falta a la probidad administrativa no exige la acreditación de un perjuicio patrimonial concreto.

Respecto de la alegada duplicidad de sanciones, expresa que el rechazo de la licencia médica fue determinado por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, procedimiento en el que la Municipalidad no intervino, y que su actuación se limitó a recuperar las sumas pagadas durante el período de licencia, conforme a los artículos 69 y 100 de la Ley N° 18.883, precepto este último según el cual el funcionario que usare indebidamente los derechos que dicho párrafo regula estará obligado a reintegrar los valores percibidos, sin perjuicio de su responsabilidad disciplinaria.

En cuanto al tratamiento de los datos personales, informa que el expediente sumarial fue remitido a los funcionarios investigados sólo en aquellas piezas que les correspondían, con los resguardos de reserva adoptados por la fiscal instructora, y que conforme al inciso final del artículo 135 de la Ley N° 18.883 el sumario deja de ser secreto para el inculpado y su abogado desde la formulación de cargos, de modo que la entrega de copias constituye una garantía de defensa.

Finalmente, alega la improcedencia del recurso de protección para impugnar procedimientos reglados, por cuanto lo pretendido es la revisión del mérito de las actuaciones cumplidas en un sumario administrativo, citando al efecto lo resuelto por esta Corte en las causas Rol Protección N° 20.566-2023 y N° 1.511-2025, y por la Excma. Corte Suprema en la causa Rol N° 1.372-2025.

A folio 11 se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él, y que provoque alguna de las situaciones indicadas, afectando a una o más de las garantías preexistentes protegidas, consideración que resulta necesaria para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Segundo: Que, se discute la legalidad, procedencia y proporcionalidad de la sanción aplicada a la recurrente, consistente en el término de su relación laboral como docente titular del Departamento de Educación Municipal de la Ilustre Municipalidad de La Cruz, estando asentado y reconocido que la actora permaneció en el extranjero durante parte del período cubierto por la licencia médica N° NUM002, extendida el 23 de febrero de 2024, con inicio el 26 de febrero de 2024 y por veintitrés días de reposo.

Tercero: Que, la recurrida sostiene que dicha conducta configura una infracción grave al principio de probidad administrativa, cuya única consecuencia posible, tratándose de profesionales de la educación del sector municipal, es el término de la relación laboral previsto en el artículo 72 letra b) de la Ley N° 19.070, sin que el estatuto contemple sanciones intermedias.

La actora, por su parte, no controvierte la ocurrencia del viaje, sino que afirma que el mismo hecho, esto es, el incumplimiento del reposo prescrito, ya fue objeto de calificación y de sanción por la autoridad competente en materia sanitaria y de la consiguiente consecuencia patrimonial ejecutada por el propio empleador, de modo que su reutilización como fundamento automático de la medida expulsiva importa una duplicidad de consecuencias gravosas y, en todo caso, una decisión desprovista de proporcionalidad y de motivación suficiente.

Cuarto: Que, para resolver la controversia, resulta necesario considerar que la licencia médica constituye un instrumento regulado por la normativa sanitaria, cuyo otorgamiento, autorización, control y fiscalización corresponde a los organismos especialmente facultados por la ley para tales efectos, quienes cuentan con atribuciones para verificar el cumplimiento del reposo prescrito y para adoptar las medidas que procedan en caso de constatar infracciones a dicha normativa.

En este sentido, el artículo 55 letra a) del Decreto Supremo N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, confiere a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la facultad de determinar el rechazo o la invalidación de una licencia médica ya concedida cuando el trabajador incurre en el incumplimiento del reposo prescrito.

De este modo, el propio ordenamiento asocia al incumplimiento del reposo una consecuencia jurídica específica y predeterminada, consistente en la pérdida del beneficio y en la restitución de los estipendios percibidos con ocasión de la licencia invalidada.

Quinto: Que, en la especie, dicha consecuencia fue efectivamente aplicada y ejecutada. Consta del propio recurso, sin que la recurrida lo haya controvertido en su informe, que el recurso de reposición deducido respecto de la licencia médica N° NUM002 fue resuelto y rechazado el 26 de septiembre de 2025 por la causal de infracción al artículo 55 del Decreto Supremo N° 3, esto es, incumplimiento de reposo.

Asimismo está acreditado que, con anterioridad a la vista fiscal de 30 de marzo de 2026 y a la dictación del decreto sancionatorio, la propia Ilustre Municipalidad de La Cruz dictó el Decreto Alcaldicio N° NUM003, de 24 de marzo de 2026, teniendo a la vista la referida licencia médica, el pronunciamiento de la autoridad sanitaria y el certificado de subsidio por incapacidad laboral, por el cual autorizó el descuento de las remuneraciones de la recurrente por la suma de $890.703, a contar de la remuneración del mes de marzo de 2026 y con cargo al 50% de su remuneración mensual, hasta enterar el total, por concepto de remuneraciones o subsidios indebidamente percibidos.

Sexto: Que, de lo razonado precedentemente, aparece que entre la decisión sanitaria que rechazó la licencia médica, el descuento remuneracional ejecutado por el empleador y la posterior medida expulsiva existe infracción al principio non bis in idem, proyectado al Derecho Administrativo Sancionador desde las garantías de legalidad, debido proceso, igualdad ante la ley y proporcionalidad.

En efecto, existe identidad de sujeto, doña nombre reservado, se trata de la licencia médica N° NUM002, del período comprendido entre el 26 de febrero y el 19 de marzo de 2024, y de la salida del territorio nacional durante su vigencia.

También existe identidad de fundamento, pues tanto el rechazo de la licencia y el descuento de remuneraciones como el término de la relación laboral descansan en un mismo y único reproche, esto es, el incumplimiento del reposo prescrito.

Cabe destacar que el hecho por el cual se sancionó a la recurrente en sede disciplinaria es exactamente el mismo que la autoridad sanitaria calificó como infracción al artículo 55 del reglamento citado, sin que en el sumario se haya establecido hecho adicional alguno.

No obsta a lo anterior la circunstancia de que la primera decisión emane de un órgano distinto del empleador, pues lo determinante para el límite en examen no es la identidad orgánica de la autoridad que resuelve, sino la unidad del hecho, del sujeto y del fundamento del reproche.

Tampoco altera esta conclusión el artículo 50 del mismo reglamento, que ordena dar cuenta al empleador para que haga efectiva la responsabilidad administrativa que pudiere encontrarse comprometida, pues dicha norma supone precisamente que la conducta comprometa deberes funcionarios dotados de un contenido autónomo y adicional al solo incumplimiento del reposo, ya calificado y sancionado en sede sanitaria.

Entenderlo de otro modo significaría que el pronunciamiento de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez bastaría por sí solo para poner término a toda relación funcionaria, vaciando de contenido el sumario administrativo y la ponderación individual que éste supone.

Séptimo: Que, en el mismo orden de ideas, el artículo 72 letra b) de la Ley N° 19.070 exige que la falta de probidad o conducta inmoral se encuentre establecida fehacientemente en un sumario administrativo.

Tal exigencia de fehaciencia no se satisface con la sola comprobación de un hecho objetivo, la salida del país durante el período de reposo, si la Administración no acredita, además, y razona, por qué ese hecho constituye en concreto una transgresión de la probidad o una conducta inmoral de entidad suficiente para extinguir el vínculo funcionario.

Antes bien, la propia circunstancia invocada por la recurrida, esto es, que el estatuto aplicable no contempla sanciones intermedias, lejos de relevar a la autoridad del deber de fundamentación, lo intensifica, pues siendo el término de la relación laboral la única consecuencia posible una vez configurada la causal, el juicio de subsunción es precisamente el momento en que la Administración debe determinar si los hechos alcanzan o no la densidad jurídica que la ley exige. La ausencia de gradualidad en la sanción no autoriza la ausencia de gradualidad en la calificación.

Octavo: Que, examinados los actos impugnados y el informe de la recurrida, no se advierte que la autoridad haya establecido ni razonado de qué manera la conducta reprochada afectó el normal funcionamiento del Colegio nombre reservado o la continuidad del servicio educativo.

En efecto, no se invoca la suspensión de clases, la desatención de estudiantes, la falta de reemplazo, el incumplimiento de funciones docentes durante una jornada ordinaria ni perjuicio específico alguno al establecimiento, siendo del caso considerar que, durante el período en que ocurrió el viaje, la ausencia de la recurrente se encontraba justificada ante el empleador y era conocida por éste, precisamente en virtud de la licencia médica que se le había extendido.

De este modo, los actos impugnados sustituyen la acreditación de la entidad del reproche por una afirmación de carácter general, conforme a la cual toda salida del territorio nacional durante la vigencia de una licencia médica configura, sin más, una falta de probidad que determina el término de la relación laboral.

Noveno: Que a lo anterior se suma que las circunstancias particulares del caso fueron desestimadas mediante fórmulas genéricas.

Los actos impugnados no se hacen cargo, en términos que permitan seguir el razonamiento de la autoridad, de la antigüedad de la recurrente en la dotación desde el 12 de junio de 2017 y de su calidad de titular, del reconocimiento municipal que le fue otorgado en octubre de 2025, esto es, con posterioridad al hecho investigado y hallándose ya en conocimiento la recurrida de la situación, del contexto de salud mental en que se extendió la licencia, con diagnóstico de depresión severa, del reconocimiento del error efectuado por la propia funcionaria ante la fiscal instructora, ni, muy especialmente, de la consecuencia patrimonial que la misma Administración ya había hecho efectiva sobre su remuneración por el mismo hecho.

Este último antecedente resultaba esencial al ponderar la necesidad y la proporcionalidad de la sanción, y su omisión equivale a decidir como si la Administración no hubiese reaccionado previamente frente al mismo incumplimiento.

Décimo: Que, en tales condiciones, los actos administrativos impugnados adolecen de ilegalidad al infringir el artículo el artículo 55 letra a) del Decreto Supremo N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, en cuanto imponen al mismo sujeto, por el mismo hecho y con el mismo fundamento, una segunda consecuencia gravosa adicional a aquella que el ordenamiento asocia específicamente al incumplimiento del reposo y que ya había sido aplicada y ejecutada, e igualmente de arbitrariedad, en cuanto la decisión aparece desprovista de la debida razonabilidad y proporcionalidad que exige el ejercicio de la potestad disciplinaria, al no explicarse de qué manera la conducta atribuida configura una infracción de entidad tal que justifique la medida expulsiva, ni haberse acreditado afectación alguna del normal funcionamiento del establecimiento educacional.

Dicho proceder ha perturbado las garantías constitucionales de la recurrente contempladas en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, en cuanto proscribe que la autoridad establezca diferencias arbitrarias, y en el N° 24 de la misma disposición, respecto de los derechos incorporales derivados de su relación estatutaria de que ha sido privada mediante actos que no se ajustan a derecho, razón por la cual el recurso será acogido en la forma que se dirá.

Undécimo: Que, atendido lo que se resolverá, resulta innecesario emitir pronunciamiento respecto de las restantes garantías invocadas.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado en contra de la Ilustre Municipalidad de La Cruz, dejándose sin efecto los Decretos Alcaldicios registrados N° NUM001, de veintidós de abril de dos mil veintiséis, y N° NUM000, de trece de mayo de dos mil veintiséis, debiendo la recurrida reincorporar a la actora al cargo que desempeñaba con anterioridad al término de su relación laboral, dentro del plazo de cinco días contado desde que la presente sentencia quede ejecutoriada, debiendo, además, enterar las remuneraciones y demás prestaciones dejadas de percibir durante el período de separación, y dejar sin efecto las anotaciones que en su hoja de vida y demás registros administrativos deriven de los actos que por esta sentencia se invalidan, todo ello sin perjuicio de la facultad de la recurrida de adoptar, conforme a derecho, las decisiones que en el ejercicio de sus atribuciones estime procedentes.

Acordada con el voto en contra de la ministra (s) Ingrid Alvial Figueroa, quien estuvo por rechazar el recurso teniendo presente para ello lo siguiente: 1°) Que, el control que se ejerce por esta vía impugnatoria no se encuentra naturalmente destinado a evaluar aspectos de mérito de las actuaciones desplegadas dentro de un sumario administrativo, como lo son la calificación de los hechos, la ponderación de los antecedentes y la proporcionalidad de la medida aplicada.

Si bien el control judicial de las facultades disciplinarias de los órganos de la Administración abarca la revisión de la legalidad y razonabilidad de la actuación, ello no puede importar que por esta vía cautelar se supervisen cuestiones de mérito involucradas en el ejercicio de dichas facultades. 2°) Que, el procedimiento administrativo disciplinario fue tramitado conforme a las normas legales aplicables, con pleno respeto al derecho a defensa de la recurrente, quien fue notificada, prestó declaración indagatoria, evacuó descargos, rindió prueba documental y testimonial, que fue efectivamente ponderada en la vista fiscal, e interpuso recurso de reposición, el que fue resuelto haciéndose cargo de cada una de sus alegaciones, sin que esta Corte pueda evidenciar ilegalidad o arbitrariedad alguna durante su tramitación. 3°) Que, a juicio de esta ministra disidente no concurre la duplicidad de sanciones que se denuncia, pues el pronunciamiento sobre la validez de la licencia médica corresponde a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez y se enmarca en el régimen de seguridad social, en tanto que la potestad disciplinaria del empleador se dirige a cautelar la probidad y el correcto desempeño funcionario, bienes jurídicos diversos.

A ello se agrega que el descuento remuneracional no reviste carácter sancionatorio sino restitutorio, según se desprende del artículo 100 de la Ley N° 18.883, precepto que expresamente deja a salvo la responsabilidad disciplinaria del funcionario, y que el artículo 50 del Decreto Supremo N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, ordena dar cuenta al empleador precisamente para que ésta se haga efectiva. 4°) Que, en cuanto a la entidad del reproche, el artículo 8° de la Constitución Política de la República exige a las autoridades y funcionarios públicos dar estricto cumplimiento al principio de probidad, definido en el artículo 52 de la Ley N° 18.575 como la observancia de una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular, deber que el artículo 58 letra g) de la Ley N° 18.883 impone expresamente a los funcionarios municipales.

En ese marco, hacer uso indebido de una licencia médica para fines particulares, como lo es un viaje fuera del territorio nacional ajeno a la finalidad que el reposo contemplaba, a fin de obtener descansos y beneficios económicos por sobre los que otorga la ley estatutaria al resto de los servidores, constituye una afectación de carácter grave a la probidad administrativa, sin que la infracción a dicho deber requiera la acreditación de un perjuicio patrimonial concreto e individualizado para configurarse. 5°) Que, en definitiva, establecida por el legislador una sanción específica y única para los profesionales de la educación del sector municipal como resultado del sumario administrativo, la autoridad se encuentra facultada para aplicarla, quedando el reproche de falta de proporcionalidad desprovisto de fundamento. 6°) Que, en cuanto al tratamiento de los datos personales de la recurrente, se trata de un hecho controvertido, cuyo establecimiento exige una actividad probatoria incompatible con la naturaleza cautelar y de urgencia de la presente acción, de modo que a su respecto la recurrente no exhibe un derecho indubitado que cautelar por esta vía.

Por estas razones, este disidente estuvo por rechazar el recurso en todas sus partes.

Comuníquese, notifíquese y regístrese.

N° Protección-4425-2026.

En Valparaíso, veinticuatro de julio de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.