nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A

C.A. de Valparaíso Valparaíso, veinte de agosto de dos mil veinticinco.

Vistos:

A folio 1, se interpuso recurso de protección por don nombre reservado, abogado, cédula de identidad para extranjeros N° RUT reservado, por sí y en representación de nombre reservado, ciudadano venezolano, cédula de identidad para extranjeros N° RUT reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A., representada por don nombre reservado, por el acto ilegal y arbitrario consistente en la resolución de 17 de julio de 2025 que rechazó la solicitud de retiro de fondos previsionales para extranjero.

El recurrente señaló que la solicitud de devolución fue presentada a través del portal web de la administradora, invocando la Ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y regula la devolución de fondos bajo determinadas condiciones. Expuso que, mediante resolución de 17 de julio de 2025, fue notificado del rechazo de su requerimiento, pese a cumplir con los requisitos de los artículos 1° y 7° de la citada ley, consistentes en contrato de trabajo, anexos y certificado de afiliación al seguro social de su país de origen. Alegó que la administradora efectuó una interpretación formalista de la normativa, agregando exigencias no contempladas en la ley, lo que configura un acto arbitrario e ilegal que vulnera su derecho de propiedad. Solicitó que se reconociera la validez de la documentación acompañada y se ordenara la devolución de sus fondos previsionales.

A folio 4, evacuó informe la Superintendencia de Pensiones, señalando que el recurrente no registra presentaciones ante dicho organismo. Indicó que la Ley N°18.156 y su reglamento, así como la jurisprudencia administrativa, establecen requisitos taxativos para la devolución de fondos a técnicos extranjeros, especialmente la acreditación efectiva de afiliación a un régimen previsional en el país de origen que otorgue cobertura en materia de vejez, invalidez y sobrevivencia.

Respecto de la jurisprudencia administrativa, precisó que esta ha exigido, para acreditar la cobertura previsional contemplada en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, que el trabajador extranjero demuestre haber contado con un seguro por todos los riesgos señalados en dicha norma y durante todo el período en que prestó servicios en Chile. En cuanto a la cobertura de salud, se ha requerido que esta sea integral, es decir, que comprenda prestaciones médicas y pecuniarias en caso de enfermedad de origen común.

Asimismo, se aclaró que la sujeción a un régimen de seguridad social en el extranjero debe existir con anterioridad al inicio de la prestación de servicios en Chile. En este sentido, el beneficio excepcional de devolución de cotizaciones solo procede cuando el trabajador extranjero se mantuvo afecto a un régimen previsional en su país de origen durante toda la extensión de la prestación de servicios ejecutada en Chile, régimen que le otorgue cobertura por los riesgos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

El organismo concluyó, de acuerdo con su jurisprudencia invariable, que no resulta suficiente un documento que enuncie de manera genérica las coberturas de seguridad social otorgadas por un determinado sistema previsional, ni una cartola que dé cuenta de cotizaciones enteradas en dicho sistema. Para acreditar el requisito legal, debe constar de forma específica, mediante certificación de la autoridad previsional competente, que el trabajador extranjero contó efectivamente con protección por todos los riesgos a que se refiere la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile.

Recordó, además, que conforme a los artículos 17 y 84 del D.L. N°3.500, de 1980, el empleador está obligado a descontar de las remuneraciones las cotizaciones previsionales y de seguridad social de los trabajadores extranjeros que prestan servicios en el país, quienes acceden a la cobertura del sistema de seguridad social chileno, el cual contempla la protección frente a los riesgos de vejez, invalidez, muerte y enfermedad común.

Finalmente, informó no contar con antecedentes sobre la situación previsional reclamada por el recurrente que permitan concluir que cumple con las exigencias de la Ley N°18.156 para acceder a la devolución de fondos. Añadió que, tratándose de una norma de excepción, esta debe interpretarse de manera restrictiva, razón por la cual el rechazo de la solicitud se ajustó a derecho.

A folio 5, informó la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A., negando haber incurrido en acto ilegal o arbitrario. Expuso que la solicitud fue revisada conforme a lo dispuesto en la Ley N°18.156 y a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, advirtiéndose que la documentación presentada no acreditaba suficientemente la cobertura previsional exigida.

Precisó que la constancia de afiliación emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales carecía de legalización y no cumplía con los estándares requeridos. Señaló, además, que la declaración jurada acompañada constituía un documento unilateral, emitido por la propia parte interesada, sin respaldo de una entidad oficial ni cumplimiento de las formalidades exigidas por la Superintendencia de Pensiones, por lo que carecía de la fuerza probatoria necesaria para acreditar afiliación válida y no satisfacía los estándares establecidos por la normativa vigente.

Por su parte, indicó que la Constancia Electrónica de Cotizaciones carecía de firma autorizada, no se encontraba apostillada ni legalizada conforme a la normativa aplicable, y tampoco acreditaba de manera específica la cobertura previsional exigida por la ley. Si bien dicho documento señalaba que el recurrente se afilió al sistema y egresó el 29 de octubre de 2001, citando el artículo 1° de la Ley de Seguro Social publicada en Gaceta Oficial N°5.976 de fecha 24 de mayo de 2010, tal referencia normativa resultaba genérica y no permitía verificar que el afiliado hubiese contado efectivamente con cobertura previsional en las contingencias exigidas por la legislación chilena, ni que dicha cobertura se hubiese extendido al período trabajado en Chile a partir del 1 de octubre de 2018.

En consecuencia, la Administradora sostuvo que la decisión adoptada se encontraba plenamente ajustada a derecho, conforme a la normativa vigente y a la jurisprudencia administrativa aplicable, no configurándose acto arbitrario ni ilegal que justificara la intervención de la jurisdicción de protección de garantías constitucionales. Solicitó, por tanto, que se tuviera por evacuado el informe requerido y se rechazara en todas sus partes la acción constitucional de protección deducida en su contra, por no existir privación, perturbación o amenaza alguna de los derechos invocados, ni en forma de acto u omisión arbitrario o ilegal atribuible a Planvital S.A., con expresa condena en costas.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio algunos de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, en la especie, el recurrente, ciudadano venezolano, solicita la devolución de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual conforme a lo dispuesto por el artículo 7° de la Ley N°18.156, disposición que la autoriza respecto de quienes cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 1° del cuerpo normativo ya expresado.

Tercero: Que, conforme se desprende del informe evacuado por la recurrida, la petición del actor fue rechazada teniendo en consideración que el recurrente únicamente acompañó una constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, sin la debida cadena de legalización exigida por la normativa aplicable. En tal sentido, indica que se ha exigido acompañar un Certificado de Afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, debidamente legalizado, conforme a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones.

Cuarto: Que, el artículo 1° de la Ley N°18.156, establece que "Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte [...]".

A su vez, el Libro II, título XI, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, establece que el cumplimiento del requisito anteriormente indicado, "debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte." Quinto: Que, teniendo presente la normativa que regula la exención de cotizar en el país a los técnicos extranjeros y del análisis del documento denominado "Constancia Electrónica de Cotizaciones" acompañado por el actor, es posible constatar que este carece de la debida legalización exigida por la normativa vigente, toda vez que no se encuentra debidamente apostillado.

En efecto, el hecho que el instrumento contenga un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales vigentes, más aún cuando el ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional, lo que reviste especial relevancia cuando se trata de antecedentes que inciden en el cumplimiento sustancial de los requisitos exigidos para acceder a un beneficio excepcional como el impetrado.

Sexto: Que, en dicho contexto, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de la institución recurrida, en tanto ha circunscrito su actuación a exigir el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios para acceder al beneficio impetrado, actuando conforme a las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones y a la normativa vigente, por lo que el presente arbitrio será desestimado.

Por estos fundamentos y en virtud de lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A.

Regístrese, comuníquese, notifíquese y archívese.

N°Protección-4423-2025.