nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A

C.A. de Valparaíso Valparaíso, veintiséis de agosto de dos mil veinticinco.

Visto:

Que, comparece don nombre reservado, en favor de don nombre reservado, empleado de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A., RUT RUT reservado, representada por don nombre reservado, por haber rechazado ilegalmente su solicitud de retiro de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156. Actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que el recurrente cumplió íntegramente con los requisitos establecidos en la normativa vigente para la devolución de fondos previsionales a extranjeros, vulnerando con ello los derechos fundamentales de igualdad ante la ley y derecho de propiedad que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas, por lo que solicita que se ordene el reconocimiento de la validez de la documentación acompañada y se proceda a realizar un nuevo pronunciamiento conforme a derecho.

Expone que don nombre reservado, trabajador de nacionalidad venezolana, solicitó ante la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A. la devolución de sus fondos previsionales mediante el portal web correspondiente, de conformidad con lo establecido en la Ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican. En este contexto, el recurrente procedió a realizar la solicitud de retiro de fondos mediante la plataforma dispuesta para tales efectos, adjuntando toda la documentación requerida y cumpliendo con las exigencias legales correspondientes. No obstante lo anterior, mediante comunicación de fecha 25 de julio de 2025, la administradora de fondos informó al recurrente el rechazo de su solicitud N°164435, fundamentando su decisión en que no se había acompañado certificado o constancia de afiliación válida, vigente y susceptible de validación que lograra acreditar que el trabajador se encontraba afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, que le otorgue prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, por todo el período de prestación de servicios en Chile, debidamente apostillada o legalizada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

Sostiene que la conducta de la administradora constituye una interpretación formalista de la norma que desatiende la finalidad del legislador. En este sentido, argumenta que el recurrente acompañó diversos documentos que acreditan fehacientemente su afiliación al sistema previsional venezolano, entre los que se cuenta la constancia electrónica de cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y la declaración jurada de afiliación al referido instituto, autorizada ante notario público. Asimismo, el recurrente hace presente que dichos documentos cuentan con códigos de verificación que permiten comprobar su autenticidad en la página oficial del IVSS, circunstancia que otorga plena validez a la documentación presentada.

Adicionalmente, invoca el principio de igualdad ante la ley, señalando que la administradora ha establecido requisitos adicionales a los previamente establecidos por el legislador, creando diferencias arbitrarias entre los solicitantes que se encuentran en iguales circunstancias. En tal sentido, argumenta que el legislador ya ha determinado los requisitos pertinentes para la devolución de fondos, no siendo procedente que las administradoras establezcan exigencias complementarias que excedan el marco legal establecido. Por otra parte, sostiene que la documentación presentada tiene por finalidad corroborar que el trabajador se encuentra afiliado a algún sistema de previsión social, más allá del formalismo documental, siendo posible verificar la existencia de dicha afiliación a través de medios electrónicos proporcionados por la propia institución venezolana.

En relación con los precedentes jurisprudenciales, el recurrente cita diversas sentencias de Cortes de Apelaciones que han resuelto casos similares en favor de trabajadores extranjeros que solicitaron la devolución de sus fondos previsionales. Específicamente, menciona las sentencias de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Antofagasta, Rol N°247.104-2023; de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, Rol N°325-2024; y de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción, causa Protección N°12525-2024, todas las cuales han reconocido que una interpretación excesivamente literal y formalista de la norma desatiende su finalidad y la intención del legislador, constituyendo una retención injustificada de los fondos previsionales.

Según el recurrente, la conducta ilegal y arbitraria por parte de la administradora vulnera específicamente el derecho a la igualdad ante la ley consagrado en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, al establecer diferencias arbitrarias entre los solicitantes que se encuentran en iguales circunstancias, otorgando al recurrente un trato desigual respecto de otros peticionarios que, cumpliendo con requisitos similares, han obtenido respuestas favorables. Asimismo, se transgrede el derecho de propiedad privada establecido en el artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental, toda vez que se impide al recurrente disponer de sus ahorros previsionales sin fundamento legal suficiente, constituyendo una privación arbitraria de su propiedad sobre dichos fondos.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene el reconocimiento como válida de la documentación acompañada, procediendo la administradora a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo de cinco días, adoptando en general las providencias que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Que la Superintendencia de Pensiones, solicita el rechazo del recurso de protección, fundándose principalmente en la incorrecta interpretación de los requisitos establecidos en la Ley N°18.156 por parte del recurrente, la naturaleza excepcional de dicha normativa que debe ser aplicada restrictivamente, el incumplimiento de las exigencias copulativas para acceder a los beneficios de devolución de fondos previsionales, y la ausencia de vulneración del derecho de propiedad invocado por el recurrente.

En primer término, el organismo fiscalizador sostiene que la Ley N°18.156 constituye un régimen de excepción dentro del sistema previsional chileno, aplicable únicamente a trabajadores dependientes extranjeros que ostenten la calidad de técnicos o profesionales, quienes deben dar cumplimiento íntegro a los requisitos copulativos establecidos en el artículo 1° de dicha ley. En este sentido, argumenta que siendo una norma de excepción, debe ser interpretada en forma restrictiva y aplicada exclusivamente cuando se cumplan todas las exigencias legales, sin admitir interpretaciones extensivas que puedan desnaturalizar su propósito específico.

Respecto al requisito de cobertura previsional en el extranjero, la Superintendencia explica detalladamente que el artículo 1° letra a) de la Ley N°18.156 exige que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. Precisa que, conforme al N°1 del Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, para acreditar este requisito debe aportarse certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste la obligación de otorgar las prestaciones mencionadas.

Asimismo, el organismo informante enfatiza que la jurisprudencia administrativa ha establecido que puede presentarse alternativamente un certificado de cobertura otorgado por la embajada o consulado del país de origen, en el cual se indique expresamente que ha sido extendido en representación de la Autoridad Competente de la Seguridad Social correspondiente. No obstante, subraya que debe especificarse que el trabajador contó efectivamente con protección para todos los riesgos contemplados en la ley durante todo el período de prestación de servicios en Chile, requiriendo que la cobertura sea efectiva y comprenda tanto prestaciones médicas como pecuniarias en caso de enfermedad.

En relación con el certificado electrónico denominado "Constancia Electrónica de Cotizaciones" aportado por el recurrente, la Superintendencia argumenta que dicho documento no cumple con los requisitos legales establecidos, toda vez que no ha sido firmado, apostillado o legalizado conforme a lo dispuesto en el artículo 345 bis del Código de Procedimiento Civil y el Convenio de la Apostilla. Además, indica que el documento no especifica si la cobertura de salud comprende prestaciones médicas y pecuniarias, limitándose a mencionar genéricamente las coberturas del sistema previsional venezolano, sin acreditar un período determinado de cobertura efectiva.

Finalmente, respecto al alegato constitucional sobre el derecho de propiedad, el organismo fiscalizador señala que si bien reconoce que los afiliados son propietarios de los fondos mantenidos en sus cuentas de capitalización individual, dicha propiedad no puede concebirse de manera aislada de la naturaleza previsional de dichos recursos, los cuales forman parte del sistema de seguridad social tutelado constitucionalmente en el artículo 19 N°18 de la Carta Fundamental.

Que, evacuando el informe ordenado, la recurrida Administradora de Fondos de Pensiones PlanVital S.A., por intermedio de su apoderado, solicita el rechazo del recurso de protección en todas sus partes con expresa condena en costas. Para fundamentar su oposición, la recurrida esgrime principalmente que la documentación presentada por el recurrente no cumple con los requisitos copulativos exigidos por la Ley N°18.156 para acceder a la devolución de fondos previsionales, particularmente respecto de la acreditación de afiliación previsional en el extranjero. Asimismo, sostiene que su actuación se encuentra plenamente ajustada a derecho, conforme a la normativa vigente y jurisprudencia administrativa aplicable, no configurándose acto arbitrario ni ilegal que justifique la intervención jurisdiccional de protección.

En relación a los fundamentos de hecho, la recurrida expone que con fecha 27 de julio de 2025, don nombre reservado realizó una solicitud de devolución de fondos previsionales de conformidad a la ley N°18.156, acompañando diversos documentos entre los que se encontraban su cédula de identidad, Constancia Electrónica de Cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) de fecha 7 de julio de 2025, copia de título universitario venezolano, declaración jurada emitida por el abogado del recurrente, contrato de trabajo de fecha 22 de mayo de 2018 y anexo de contrato de trabajo de fecha 18 de julio de 2025. No obstante lo anterior, la recurrida argumenta que la documentación presentada adolece de dos deficiencias fundamentales que impiden dar curso favorable a la solicitud. En primer término, respecto de la documentación destinada a acreditar la afiliación previsional en el extranjero, sostiene que tanto la declaración jurada como la Constancia Electrónica de Cotizaciones no cumplen con los estándares exigidos por la normativa vigente. En efecto, señala que la letra b) del N°1 del Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones establece que el cumplimiento del requisito de afiliación debe acreditarse mediante certificación emitida por la institución de seguridad social competente, debidamente legalizada, en la que conste la obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

Consecuentemente, la recurrida argumenta que la declaración jurada constituye un documento unilateral emitido por la propia parte interesada, sin respaldo de entidad oficial ni cumplimiento de las formalidades exigidas por la Superintendencia de Pensiones, careciendo de la fuerza probatoria necesaria. Por su parte, la Constancia Electrónica de Cotizaciones carece de firma autorizada, no ha sido apostillada ni legalizada conforme a la normativa vigente, además de no acreditar de manera específica la cobertura previsional exigida por la ley durante todo el período trabajado en Chile.

Señala que la Superintendencia de Pensiones, en su calidad de autoridad técnica de supervigilancia y control, cuenta con amplias facultades legales para interpretar la legislación vigente e impartir normas generales obligatorias, conforme lo establecen los artículos 2° y 3° del D.F.L. N°101 de 1980, el artículo 94 del D.L. N°3.500 de 1980, y el artículo 47 de la Ley N°20.255. En este contexto, destaca que la aplicación de estas normas por parte de las Administradoras no es discrecional, sino obligatoria y vinculante, garantizando la igualdad de trato entre todos los afiliados.

Finalmente, la recurrida sostiene que el rechazo no implica la pérdida del derecho del recurrente sobre sus fondos previsionales ni la posibilidad de solicitar nuevamente la devolución subsanando las deficiencias documentales, citando jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema que establece que este tipo de rechazo constituye un acto administrativo subsanable.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que, a través de la presente vía cautelar, se impugna el rechazo de parte de la recurrida AFP Plan Vital S.A. de la devolución de los fondos previsionales cotizados por el recurrente, fundando la acción en que este sí cumpliría con los requisitos contemplados en el artículo 1° de la Ley 18.156, al haber acompañado los documentos requeridos al momento de hacer la solicitud, exigiéndose antecedentes que ya han sido acompañados y otros que son imposibles de obtener.

Segundo: Que, la recurrida informa que su actuar no es arbitrario ni ilegal, dado que el solicitante no ha acreditado el cumplimiento de todos los requisitos legales establecidos en los artículos 1º y 7º de la Ley 18.156.

En tal sentido, afirma que la Constancia Electrónica de Cotizaciones del Instituto Venezolano de Seguros Sociales no corresponde a un certificado de afiliación, no indica las prestaciones que se encuentran cubiertas, y no está firmado por quien lo emite ni se encuentra apostillado o legalizado.

Además, funda el rechazo en que la declaración jurada no acredita que haya estado cubierto durante su estadía en Chile por el sistema de seguridad social extranjero.

Tercero: Que, el artículo 7º de la Ley 18.156, establece: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administración de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1 de esta ley.”.

A su turno, citado artículo 1 dispone: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y, b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida. La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744.”.

Cuarto: Que, atendido lo expuesto y al mérito de los antecedentes acompañados por las partes, se concluye que la recurrida no ha incurrido en un acto ilegal o arbitrario alguno, toda vez que, el actor no ha dado cumplimiento a la totalidad de los requisitos copulativos establecidos en la normativa previsional aplicable al caso. En efecto, del análisis de la constancia electrónica acompañada emanada del Instituto Venezolano de Seguros Sociales, no resulta posible acreditar que el actor se encontraba protegido por el seguro social venezolano en el periodo en que cotizó los fondos previsionales cuya devolución pretende, y tal es así que en dicho documento se indica que tiene el estatus de “asegurado CESANTE en la empresa TRANSF IND VZLANO CA inscrita bajo el Número Patronal Z23700076 con Fecha de egreso 01/11/2019 (…)”, información que resulta poco clara para acreditar que el recurrente se encontraba cubierto por el seguro social durante el periodo en que cotizó los fondos solicitados.

Además, si bien la inclusión de un código de verificación electrónica podría permitir constatar la autenticidad del documento en el portal web de la entidad emisora, dicho mecanismo resulta insuficiente para satisfacer las exigencias formales establecidas en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, norma que regula el valor probatorio de los instrumentos públicos otorgados en país extranjero.

Por su parte, la declaración jurada no tiene el mérito para subsanar el defecto del cual carece la constancia electrónica de cotizaciones, al no ser un medio apto para acreditar que el recurrente se encontraba cubierto por el seguro social venezolano durante el periodo en estudio, ni las prestaciones garantizadas con total claridad.

Quinto: Que, autorizar el retiro de fondos previsionales en casos como el de autos, en que no se cumplen los requisitos legales establecidos para tal efecto, podría generar un eventual perjuicio al Estado, toda vez que, en virtud del principio de universalidad de la seguridad social y las disposiciones contenidas en la Ley 20.255 sobre Reforma Previsional, el erario nacional garantiza pensiones básicas solidarias a quienes cumplen los requisitos legales, entre ellos, contar con residencia permanente en el territorio nacional. De este modo, el retiro de fondos previsionales por parte de extranjeros con residencia definitiva podría significar que, en el futuro, el Fisco deba asumir el costo de garantizar una pensión a personas que, habiendo realizado cotizaciones en Chile, se les permitió retirar dichos fondos, generando una carga económica no prevista por el legislador al establecer el régimen excepcional contemplado en la Ley 18.156.

Sexto: Que, en definitiva, de los antecedentes aportados se desprende que la actuación de la recurrida, al rechazar la solicitud de devolución de fondos previsionales, se ha ajustado a la normativa vigente y a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, sin que pueda calificarse como ilegal o arbitraria, motivos por los cuales el presente arbitrio no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida en favor de nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A.

Se previene que la Ministra Sra. Nancy Bluck Bahamondes, concurre al rechazo de la acción cautelar estimando que el asunto planteado requiere un pronunciamiento declarativo en la sede jurisdiccional que corresponde al tenor de lo dispuesto en el artículo 420 letra c) del Código del Trabajo.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-4420-2025.

En Valparaíso, veintiséis de agosto de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.