nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A

Llg C.A. de Valparaíso.

Valparaíso, veintiséis de agosto de dos mil veinticinco.

Visto:

A folio 1 comparece don Pablo Peñaloza Parra, abogado, en favor de nombre reservado, técnico superior en administración de empresas, de nacionalidad venezolana, quien interpone acción de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A por el rechazo de su solicitud de retiro de fondos para extranjeros, vulnerando con ello sus garantías fundamentales del articulo 19 N°2 y 24 de la constitución Política de la República.

Refiere que el 28 de julio 2025 el recurrente es notificado mediante correo electrónico, por medio de la cual se rechaza su solicitud de retiro de fondos de pensión, indicando lo siguiente: “Certificado o Constancia de afiliación, válida, vigente y susceptible de validación, que logre acreditar que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones.”

Hace presente lo dispuesto en los articulo 1 y 7 de la Ley N°18.156 y que ha dado íntegro cumplimiento con los requisitos establecidos en la ley 18.156, siendo procedente realizar el retiro de fondos de la AFP, sin embargo, se encuentra con una obstaculización de su proceso, donde la recurrida realiza una interpretación formalista de la norma, desatendiendo a la finalidad del legislador, esto es, disponer de sus ahorros previsionales, entendiendo que los documentos presentados cuentan con la validez necesaria de procedencia, tanto el contrato de certificado de relación laboral y la validez de sus documentos.

Agrega que, mediante internet es posible acceder a la página oficial a fin de descargar la respectiva constancia electrónica de cotizaciones con un respectivo código, el que permite acceder al documento original.

A folio 4 evacua informe la Superintendencia de Pensiones, dando cuenta que el recurrente no ha presentado reclamo alguno respecto de los hechos que motivan la presente acción cautelar, por lo que no existen antecedentes referentes a la acción de protección consultada.

Hace presente que, la ley N°18.156 faculta a ciertos extranjeros para eximirse de la obligación de cotizar o para obtener la devolución de los fondos previsionales que hubieran entrado en una AFP, siempre y cuando acrediten el cumplimiento de todos los requisitos copulativos exigidos en el artículo 1° de ese cuerpo legal. De este modo, siendo la mencionada ley una norma de excepción, debe ser interpretada en forma restrictiva y aplicada sólo en el supuesto que se cumplan las exigencias copulativas que establece.

A folio 6 evacua informe don Víctor Tabilo Marentis, abogado en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A.

Refiere que, el 8 de mayo de 2025, el actor presentó la solicitud de devolución de fondos previsionales de acuerdo a la ley N°18.156, acompañando la Constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros, sin embargo, de acuerdo al Oficio Ordinario N° 12.954, emitido con fecha 15 de julio de 2025 por la Superintendencia de Pensiones, que responde a una consulta realizada por distintas administradoras de fondos, el Oficio señala que para cumplir con el requisito de la letra a) del artículo 1° de la ley 18.156, el trabajador debe acreditar mediante certificación emitida por la autoridad previsional competente del país de origen, que efectivamente contó con cobertura por todos los riesgos exigidos, durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile, y que dicha certificación debe venir legalizada o apostillada, según las normas del Convenio de la Haya y el Código de Procedimiento Civil.

Agrega que, El mismo oficio continúa señalando la ineficacia de la constancia electrónica y declaraciones juradas indicando que, no sirven para acreditar debidamente el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero las certificaciones electrónicas que no hayan sido legalizadas o apostilladas ni contengan mención específica de los riesgos cubiertos. Asimismo, se establece que las declaraciones juradas del afiliado, incluso si están notariadas o apostilladas, no tienen valor probatorio suficiente para efectos previsionales, ya que, no emanan de la autoridad previsional competente del país de origen A folio 10 se ordena traer autos en relación Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio algunos de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, en la especie, el recurrente, ciudadano venezolano, solicita la devolución de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual conforme a lo dispuesto por el artículo 7° de la Ley N°18.156, disposición que lo autoriza para quienes cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 1° del cuerpo normativo ya expresado.

Tercero: Que, conforme se desprende del informe evacuado por la recurrida, la petición del actor fue rechazada teniendo en consideración que únicamente acompañó una constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, sin la debida cadena de legalización exigida por la normativa aplicable.

Cuarto: Que, el artículo 1° de la Ley N°18.156, establece que "Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte [...]".

A su vez, el Libro II, título XI, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, establece que el cumplimiento del requisito anteriormente indicado, "debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte." Quinto: Que, teniendo presente la normativa que regula la exención de cotizar en el país a los técnicos extranjeros y del análisis del documento denominado "Constancia Electrónica de Cotizaciones" acompañado por el actor, es posible constatar que efectivamente carece de la legalización exigida por la normativa vigente, toda vez que no se encuentra debidamente apostillado.

Sexto: Que, en tal contexto no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de la institución recurrida, en tanto ha circunscrito su actuación a exigir el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios para acceder al beneficio impetrado, actuando conforme a las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones y a la normativa vigente, por lo que el presente arbitrio será desestimado.

Por estos fundamentos y en virtud de lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de don nombre reservado, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-4417-2025.