nombre reservado con ADMINMISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES HABITAT S.A.

Jbl C.A. de Valparaíso Valparaíso, veinte de agosto de dos mil veinticinco.

Visto:

A folio 1 comparece don Pablo Peñaloza Parra, abogado, en favor de nombre reservado, técnico superior en informática, de nacionalidad venezolana, quien interpone acción de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A por el rechazo de su solicitud de retiro de fondos para extranjeros, vulnerando con ello sus garantías fundamentales del articulo 19 N°2 y 24 de la constitución Política de la República.

Refiere que el 11 de julio 2025 el recurrente realizó la solicitud de retiro de fondos mediante el formulario dispuesto para ello, adjuntando la documentación requerida. Posteriormente, mediante correo electrónico de 14 de julio de 2025 es informado por la recurrida las razones del rechazo de su solicitud, indicando que, para la validación de la legalización correspondiente al Certificado emitido por la Sección Consular de la Embajada de Venezuela respecto a la pertenencia y cobertura entregada por el IVSS de Venezuela, debe acompañarse el certificado original.

Hace presente que el actor ha dado íntegro cumplimiento con los requisitos establecidos en la ley 18.156, siendo procedente realizar el retiro de fondos de la AFP, sin embargo, se encuentra con una obstaculización de su proceso, donde la recurrida realiza una interpretación formalista de la norma, desatendiendo a la finalidad del legislador, esto es, disponer de sus ahorros previsionales, entendiendo que los documentos presentados cuentan con la validez necesaria de procedencia, tanto el contrato de certificado de relación laboral y la validez de sus documentos.

Agrega que, mediante internet es posible acceder a la página oficial a fin de descargar la respectiva constancia electrónica de cotizaciones con un respectivo código, el que permite acceder al documento original.

A folio 5 evacua informe la Superintendencia de Pensiones, dando cuenta que el recurrente no ha presentado reclamo alguno respecto de los hechos que motivan la presente acción cautelar, por lo que no existen antecedentes referentes a la acción de protección consultada.

Hace presente que, la ley N°18.156 faculta a ciertos extranjeros para eximirse de la obligación de cotizar o para obtener la devolución de los fondos previsionales que hubieran enterado en una AFP, siempre y cuando acrediten el cumplimiento de todos los requisitos copulativos exigidos en el artículo 1° de ese cuerpo legal. De este modo, siendo la mencionada ley una norma de excepción, debe ser interpretada en forma restrictiva y aplicada sólo en el supuesto que se cumplan las exigencias copulativas que establece.

A folio 6 evacua informe doña Jimena Holtheuer Vergara, abogada en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A.

En primer término, indica que, el recurrente no ha sufrido privación, perturbación o amenaza alguna de carácter arbitrario o ilegal de un derecho que le impida, moleste o amague su ejercicio. Por el contrario, el recurrente pretende ejercer por esta vía un derecho, cuyo ejercicio y características está claramente definido en nuestro ordenamiento jurídico de manera distinta a lo que se pretende, imponiéndole el cumplimiento de requisitos claros y objetivos, que no acredita haber cumplido.

En cuanto a los hechos, el 31 de octubre de 2024, el actor presentó la solicitud de devolución de fondos previsionales de acuerdo a la ley N°18.156, acompañando los siguientes documentos: Constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguiros Sociales (IVSS) emitida por la Sección Consular de la Embajada de Venezuela en Chile de 18 de julio de 2024, cédula nacional de identidad extranjera, constancia electrónica de cotizaciones del IVSS de 3 de julio de 2024, sin firma ni apostilla, título del Instituto Universitario de tecnología nombre reservado de Sucre de Venezuela como Técnico Superior Universitario en Informática, apostillado, contrato de trabajo celebrado con el empleador SII Grou Chile Spa y anexo de contrato, en el cual el trabajador recurrente manifiesta su voluntad de mantener la previsión social del país de origen, cédula nacional de identidad para extranjeros, vigente Al respecto, la Fiscalía de la Administradora mediante el informe legal F.D.E. Nº 2940/2024 de 6 de noviembre de 2024 indica no poder dar curso al beneficio por cuanto la legalización y/o apostilla de la documentación presentada para hacer valer el beneficio no ha podido ser verificada, ya que para la validación de la legalización correspondiente al Certificado emitido por la Sección Consular de la Embajada de Venezuela respecto a la pertenencia y cobertura entregada por el IVSS de Venezuela, debe acompañarse el certificado original.

Posteriormente, el 10 de julio de 2025, mediante el portal web de la AFP el recurrente realizó un nuevo ingreso, adjuntado los siguientes documentos; cédula identidad para extranjeros, vigente, título del Instituto Universitario de tecnología nombre reservado de Sucre de Venezuela como Técnico Superior Universitario en Informática, apostillado, contrato de trabajo celebrado con el empleador SII Grou Chile Spa y anexo de contrato, en el cual el trabajador recurrente manifiesta su voluntad de mantener la previsión social del país de origen, cédula nacional de identidad para extranjeros, vigente, declaración jurada notarial efectuada en Chile por el actor para señalar estar afiliado al IVSS y la cobertura previsional que este sistema previsional le proporcionaría (se apostilló la firma del notario chileno) y constancia electrónica de cotizaciones del IVSS de 31 de julio de 2025, sin firma ni apostilla.

Por lo anterior, se le informó al afiliado que la solicitud no podía ser cursada ya que conforme al rechazo anterior (de noviembre 2024) debía remitir la información en original para su análisis.

Agrega que, en la primera presentación efectuada por el actor en noviembre de 2024 presentó la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de Seguros Sociales emitida por la Sección Consulta de la Embajada de Venezuela en Chile de fecha 18 de julio de 2024, dicho documento tiene validez a 120 días, según indica expresamente. A efectos de validar el timbre de la legalización del Departamento de Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, se solicitó adjuntar el documento original, cuestión que pudo subsanarse en los días siguientes, no obstante el recurrente no lo hizo. Actualmente dicho documento se encuentra vencido.

En cuanto a esta nueva solicitud, el actor acompañó una nueva Constancia Electrónica de Cotizaciones del IVSS de 31 de julio de 2025, sin firma ni apostilla, motivo por el cual, no puede ser aceptada, ya que no cuenta con firma responsable que pueda ser apostillada y la posibilidad de validación de esta certificación electrónica en el sitio web del IVSS en Venezuela conforme invocaba el recurrente, no elimina la necesidad de presentar en Chile el documento debidamente apostillado, careciendo en consecuencia de mérito probatorio, ya que los antecedentes a presentar en el trámite ley 18.156 deben ser fidedignos y verificables A folio 10 se ordena traer autos en relación Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio algunos de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, en la especie, el recurrente, ciudadano venezolano, solicita la devolución de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual conforme a lo dispuesto por el artículo 7° de la Ley N°18.156, disposición que la autoriza respecto de quienes cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 1° del cuerpo normativo ya expresado.

Tercero: Que, conforme se desprende del informe evacuado por la recurrida, la petición del actor fue rechazada teniendo en consideración que el recurrente únicamente acompañó una constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, sin la debida cadena de legalización exigida por la normativa aplicable.

En tal sentido, indica que se ha exigido acompañar un Certificado de Afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, debidamente legalizado, conforme a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones.

Cuarto: Que, el artículo 1° de la Ley N°18.156, establece que "Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte [...]".

A su vez, el Libro II, título XI, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, establece que el cumplimiento del requisito anteriormente indicado, "debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte." Quinto: Que, teniendo presente la normativa que regula la exención de cotizar en el país a los técnicos extranjeros y del análisis del documento denominado "Constancia Electrónica de Cotizaciones" acompañado por el actor, es posible constatar que este carece de la debida legalización exigida por la normativa vigente, toda vez que no se encuentra debidamente apostillado.

En efecto, el hecho que el instrumento contenga un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales vigentes, más aún cuando el ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional, lo que reviste especial relevancia cuando se trata de antecedentes que inciden en el cumplimiento sustancial de los requisitos exigidos para acceder a un beneficio excepcional como el impetrado.

Sexto: Que, en dicho contexto, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de la institución recurrida, en tanto ha circunscrito su actuación a exigir el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios para acceder al beneficio impetrado, actuando conforme a las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones y a la normativa vigente, por lo que el presente arbitrio será desestimado.

Por estos fundamentos y en virtud de lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de don nombre reservado, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-4416-2025.