Protección contra Televisión Nacional de Chile

C.A. de Valparaíso Valparaíso, dos de septiembre de dos mil veinticinco. Vistos:

A folio 1 comparece doña nombre reservado, abogada (RUN NUM000), con domicilio en domicilio reservado, interponiendo acción constitucional de protección en contra de Televisión Nacional de Chile (TVN) (RUT RUT reservado), representada por nombre reservado (RUN NUM001), con domicilio en domicilio reservado. Funda su acción en la amenaza cierta, grave e inminente derivada de la confección de un reportaje relativo a una querella penal pendiente (Juzgado de Garantía de La Calera, RIT Ordinaria-67-2024), lo que califica de acto ilegal y arbitrario que amenaza las garantías del artículo 19 N° 1, N° 3, N° 4 y N° 24 de la Constitución. Precisa que la acción se interpone con finalidad preventiva.

Expone que 12 de enero de 2024 se presentó querella por estafa en su contra, en etapa de investigación, sin formalización ni sentencia firme.

Señala que 25 de junio de 2025 fue contactada por WhatsApp por el periodista nombre reservado (TVN), quien informó la preparación de un reportaje y solicitó antecedentes y registros de pago; el 27 de junio consultó el motivo y negó su consentimiento para el uso de su nombre e imagen y para tratar una causa penal no resuelta; las comunicaciones finalizaron el 30 de junio de 2025. Aduce que la difusión anticipada de un reportaje sobre un procedimiento penal inconcluso importa juzgamiento extrajudicial, con afectación a su integridad psíquica, honra y vida privada, y patrimonio, atendido su ejercicio profesional independiente y su actividad emprendedora.

En cuanto a la admisibilidad y vía idónea, sostiene que la competencia radica en esta Corte conforme al Auto Acordado (efectos en la jurisdicción de Valparaíso), que el recurso se interpone dentro de plazo (conocimiento cierto 30 de junio de 2025) y que no resulta aplicable el artículo 16 de la Ley N° 19.733 —derecho de rectificación— por tratarse de una amenaza previa a la publicación. Invoca que la protección preventiva es procedente cuando existe riesgo actual de afectación a derechos fundamentales, bastando la inminencia del acto lesivo (art. 20), y cita jurisprudencia que admite tutela anticipada en contextos semejantes.

Individualiza el acto amenazante como la recopilación de antecedentes y eventual difusión masiva de un reportaje televisivo sobre la causa penal aún en investigación, que asumiría culpabilidad de la recurrente sin sentencia firme, afectando sus derechos. Desarrolla la arbitrariedad e ilegalidad: (i) art. 19 N° 3: proscripción de comisiones especiales y resguardo de juez natural; (ii) art. 19 N° 4: honra, vida privada y datos personales (con referencia a criterios de la CA Antofagasta); (iii) art. 19 N° 1 y N° 24: integridad psíquica y propiedad por impacto profesional, comercial y patrimonial. Sostiene que la libertad de informar (art. 19 N° 12) no es absoluta y debe armonizarse con la presunción de inocencia y los derechos involucrados.

Concluye que la amenaza mediática produciría daño grave e irreparable en su vida personal y familiar, honra, salud psíquica y desarrollo profesional y patrimonial, aun cuando el lenguaje del reportaje fuese “neutral”, por el efecto estigmatizante de una exposición masiva sin decisión judicial.

Petición concreta (carácter preventivo): solicita que se acoja la acción y se ordene a la recurrida: (i) abstenerse de publicar en cualquier medio, incluidas redes sociales, todo contenido (imágenes, videos, fotografías y/o datos personales) relativo a su persona, a la presente causa y a la causa penal RIT Ordinaria-67-2024, hasta sentencia definitiva ejecutoriada o por el plazo y condiciones que S.S.I. determine; (ii) abstenerse de comunicarse con su esfera interpersonal, comercial o profesional y con involucrados en la causa penal para recabar, difundir o publicitar antecedentes de dichas causas, por el mismo período; (iii) adoptar todas las providencias necesarias para resguardar eficazmente sus derechos; y (iv) condenar en costas. En el segundo otrosí solicita orden de no innovar en los términos expuestos y, en el tercer otrosí, reserva de la carpeta electrónica y anonimización de eventuales sentencias.

A folio 10 evacuó informe la recurrida Televisión Nacional de Chile (TVN), representada por su abogado Matías Künsemüller Solé, solicitando el rechazo íntegro del recurso de protección.

Expone, en primer lugar, que TVN es una empresa pública autónoma del Estado, cuya misión legal y constitucional es proveer un servicio de televisión pública, incluyendo labores de periodismo de investigación. Señala que recibió una denuncia vinculada a hechos graves que involucran a la recurrente, abogada, en una causa penal pendiente por estafa (RIT 67-2024, Juzgado de Garantía de La Calera), lo que motivó la realización de un reportaje de interés público. Indica que en la querella se le atribuye a la recurrente haber obtenido la firma de una persona con discapacidad mental, en trámite de interdicción, para transferirse su inmueble, sin pago de contraprestación, y que dicha persona habría fallecido en el curso del proceso.

En cuanto al fondo, sostiene que no existe acto ilegal ni arbitrario, puesto que el reportaje se limita a exponer actuaciones judiciales públicas, disponibles en la Oficina Judicial Virtual, sin reserva legal.

Afirma que la información es pública y de relevancia social, pues se refiere al ejercicio profesional de una abogada y a la eventual comisión de un delito patrimonial, materias que los tribunales han reconocido reiteradamente como de interés público (cita jurisprudencia de la Corte de Valdivia, de esta Corte y de la Corte de Santiago).

Alega que acoger la acción significaría incurrir en censura previa, prohibida expresamente por el artículo 19 N° 12 de la Constitución, que asegura la libertad de emitir opinión e informar “sin censura previa”, con responsabilidad posterior por eventuales abusos. Precisa que la pretensión de la recurrente busca impedir la emisión de un reportaje aún en etapa de elaboración, lo que configuraría una limitación inconstitucional al ejercicio del periodismo.

Añade que, además, la acción ha perdido toda oportunidad, por cuanto el reportaje ya fue emitido y se encuentra disponible en plataformas digitales, incluso acompañando el link respectivo (YouTube), por lo que no es posible adoptar una medida preventiva para evitar su difusión. Sostiene que si la recurrente estima que fue ofendida o injustamente aludida, debe ejercer las acciones contempladas en la Ley N° 19.733 (derecho de rectificación o aclaración) o las acciones penales o civiles por delitos de injurias o calumnias, pero no puede pretender impedir preventivamente la difusión.

Finalmente, argumenta que la solicitud de prohibir a los periodistas de TVN comunicarse con la recurrente o con terceros vinculados a la causa contraviene el ejercicio legítimo de la libertad de prensa, pues un periodismo serio requiere recabar información de las fuentes originales y contrastar versiones. Cita jurisprudencia de esta Corte (Rol 32806-2021) que reconoce el deber de los medios de realizar una recolección responsable y plural de antecedentes.

Concluye solicitando se tenga por evacuado el informe y se rechace el recurso de protección, por no configurarse acto ilegal o arbitrario, por constituir censura previa y por haber perdido oportunidad al encontrarse ya emitido el reportaje.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías allí señaladas mediante la adopción de medidas urgentes frente a un acto u omisión ilegal o arbitrario que lo impida, amague o moleste. Es requisito indispensable de esta acción la existencia de un acto u omisión contrario a derecho o producto del mero capricho, que afecte una o más de las garantías constitucionales protegidas, consideración básica para el análisis de todo recurso como el de autos.

Segundo: Que, el acto que motiva la interposición de la presente acción corresponde a la confección y eventual emisión de un reportaje televisivo por parte de Televisión Nacional de Chile (TVN), referido a la querella penal pendiente en el Juzgado de Garantía de La Calera, RIT Ordinaria-67-2024, en la que aparece mencionada la recurrente, doña nombre reservado. La actora sostiene que la difusión de dicho reportaje constituye una amenaza grave e inminente a su integridad psíquica, honra, vida privada y patrimonio, en tanto importaría un juzgamiento extrajudicial sin que exista sentencia firme, calificando este proceder como ilegal y arbitrario.

Tercero: Que, por su parte, la recurrida informó, en síntesis, que no existe acto ilegal o arbitrario, puesto que el reportaje se fundamenta en antecedentes objetivos y en actuaciones judiciales públicas, disponibles en la Oficina Judicial Virtual. Añadió que se trata de información de interés público, en los términos del artículo 30 de la Ley N°19.733, al referirse a hechos vinculados al ejercicio profesional de una abogada y a la eventual comisión de un ilícito patrimonial. Sostuvo que acoger la acción importaría incurrir en censura previa, prohibida por el artículo 19 N°12 de la Constitución, y que, en todo caso, el reportaje ya fue emitido y se encuentra disponible en plataformas digitales, de modo que la acción ha perdido oportunidad. Finalmente, argumentó que, si la recurrente estima que se ha afectado su honra, dispone de las acciones ulteriores previstas en la Ley N°19.733, como el derecho de rectificación o aclaración, así como de los mecanismos judiciales ordinarios.

Cuarto: Que, el asunto planteado implicaría una colisión entre el derecho a la honra, entendido como la protección de la imagen personal, y la prerrogativa de la empresa periodística a emitir opiniones e informar sin censura previa. A este respecto, es menester recordar que los derechos fundamentales no son absolutos, puesto que admiten limitaciones frente al ejercicio de otros derechos fundamentales, siendo precisamente un ejemplo clásico la colisión que puede darse entre el ejercicio de la libertad de expresión con el derecho a la honra. Sobre el particular, el Tribunal Constitucional ha señalado que “El derecho a la honra y al honor no es un derecho absoluto. Su protección admite límites, muchos de los cuales se relacionan con la libertad de expresión y los deberes de tolerancia y crítica que implica la vida en sociedad” (Roles 1463/15; 2071/10; 2237/08). En similar sentido, el ordenamiento jurídico chileno consagra un amplio espectro de libertad de expresión e información, optando por proteger la honra de manera casi exclusiva a través de la persecución de responsabilidades ex post —con el establecimiento de responsabilidades en la ley de prensa o tipos penales específicos—, renunciando así a la posibilidad de la aplicación de la censura previa. Es más, el Tribunal Constitucional ha sostenido que bajo ciertas circunstancias, la libertad de expresión puede constituirse como causal de justificación de imputaciones que puedan afectar el honor y la honra (Rol 1463).

Quinto: Que, en esta misma línea argumentativa, el artículo 13 de la Convención Americana reconoce a todo individuo el derecho a la libertad de expresión, comprendiendo el derecho a difundir informaciones e ideas de toda índole sin censura previa, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección, explicitando que este derecho no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos o la reputación de los demás o la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

Como se aprecia, si bien la protección de la reputación es reconocida expresamente en el artículo 13 como un límite a la libertad de expresión, la misma disposición se encarga de señalar que las vías de salvaguarda para la reputación deben ser otras, a saber, el establecimiento de responsabilidades ulteriores, lo que reafirma que no es esta acción cautelar la vía para perseguir dicho resarcimiento. Que por último, a juicio de quienes concurren al fallo, este ejercicio de ponderación, en favor de la libertad de expresión e información, resulta mucho más trascendental cuando está involucrado un medio de comunicación legalmente establecido, como en el caso examinado, toda vez que uno de los pilares de una democracia robusta consiste justamente en la existencia de un periodismo libre (sin perjuicio de la responsabilidad ex post) que desarrolle sus labores informativas y fiscalizadoras con plena independencia. Así las cosas y de acuerdo a lo razonado no cabe más que rechazar el recurso en examen.

Sexto: Que, a su vez, el artículo 30 de la Ley N°19.733 establece que constituyen hechos de interés público, entre otros, aquellos realizados en el ejercicio de una profesión cuyo conocimiento tenga relevancia social, así como las imputaciones referidas a la comisión de delitos o participación culpable en los mismos. En el presente caso, resulta pacífico que el reportaje cuestionado trata sobre una querella penal vigente en el Juzgado de Garantía de La Calera, vinculada a la actividad profesional de la recurrente, antecedentes que, por su propia naturaleza, se enmarcan dentro de dicho concepto de interés público.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo de los recursos de protección, se rechaza la acción constitucional de protección interpuesta por doña nombre reservado en contra de Televisión Nacional de Chile, sin costas.

Regístrese y comuníquese y archívense, los antecedentes en su oportunidad.

N°Protección-4407-2025.

En Valparaíso, dos de septiembre de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.