Protección contra Universidad de Valparaíso

I.C.A. de Valparaíso Valparaíso, veintidós de julio de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1 comparecen los abogados Gonzalo Galdames Gómez y Eduardo Alfonso Reyes Cabezas, en representación de doña nombre reservado, quienes deducen recurso de protección en contra de la Universidad de Valparaíso.

Exponen que mediante Resolución Exenta NUM000, de 27 de enero de 2026, el Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas dispuso instruir una investigación sumaria destinada a determinar las eventuales responsabilidades reglamentarias derivadas de una denuncia formulada en contra de la recurrente, estudiante de Ingeniería Comercial, por hechos que se enmarcarían en conductas de violencia y discriminación de género.

Señalan que el 24 de marzo de 2026 la recurrente prestó declaración, oportunidad en la que negó los hechos denunciados, disponiendo posteriormente el investigador sumariante, como medida preventiva, la prohibición de asistir presencialmente a clases y de concurrir a los recintos universitarios.

Agregan que solicitaron copia íntegra del expediente y la ampliación del plazo para efectuar presentaciones, peticiones que fueron rechazadas, por lo que dedujeron recursos de reposición y jerárquico, desestimados mediante Resolución Exenta NUM001, de 4 de mayo de 2026.

Sostienen que tales actuaciones serían ilegales y arbitrarias, por cuanto habrían impedido a la recurrente conocer los antecedentes de la investigación y ejercer adecuadamente su defensa, manteniendo, además, una medida preventiva desproporcionada que le impediría asistir presencialmente a clases durante su último año de estudios. Estiman vulneradas las garantías contempladas en los numerales 2°, 3° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, solicitando que se dejen sin efecto las decisiones impugnadas, se entregue copia del expediente y se adopten las demás medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

A folio 10 informa la Universidad de Valparaíso, solicitando el rechazo del recurso.

Explica que la investigación sumaria fue ordenada por autoridad competente, sobre la base del Informe NUM002 de 2025 de la Comisión Técnica del Reglamento sobre Acoso Sexual, Violencias y Discriminación de Género, que declaró admisible la denuncia formulada en contra de la recurrente por referirse a eventuales conductas de violencia o discriminación de género y a posibles infracciones al reglamento de conducta de los estudiantes.

Añade que la denuncia fue acompañada de registros de conversaciones sostenidas mediante redes sociales, videos provenientes de cámaras de seguridad, grabaciones de audio, antecedentes clínicos y copia de una denuncia presentada ante el Ministerio Público.

Expresa que, considerando dichos antecedentes y lo dispuesto en el artículo 22 N°1 letra b) del Decreto Exento N°786 de 2023, el investigador sumariante resolvió preventivamente modificar las actividades académicas y evaluaciones presenciales de la recurrente, reemplazándolas por actividades en modalidad remota a través de las plataformas y medios dispuestos por la respectiva unidad académica.

Indica que la solicitud inicial de copia del expediente fue rechazada debido a que la investigación se encontraba en su etapa indagatoria y aún no se habían formulado cargos, encontrándose sometida al secreto previsto para esta clase de procedimientos. Sin embargo, una vez formulados los cargos, el 4 de junio de 2026, la recurrente solicitó nuevamente copia del expediente, petición que fue acogida, verificándose su entrega el 8 de junio del mismo año.

Finalmente, sostiene que las resoluciones cuestionadas fueron dictadas dentro de un procedimiento reglado, por autoridades investidas de competencia y expresando los fundamentos de hecho y de derecho que justificaban lo resuelto, sin que exista afectación de las garantías constitucionales invocadas.

A folio 11, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección constituye una acción cautelar de urgencia destinada a restablecer el imperio del derecho frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios que ocasionen una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de alguna de las garantías expresamente protegidas por el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Para su procedencia se requiere, por tanto, la existencia de un derecho preexistente e indubitado, cuyo ejercicio se encuentre actualmente afectado por una actuación ilegal o arbitraria.

Segundo: Que, la recurrente dirige la presente acción en contra de las actuaciones adoptadas durante la tramitación de la investigación sumaria instruida mediante Resolución Exenta NUM000 de 27 de enero de 2026, particularmente la medida preventiva que modificó la modalidad de sus actividades académicas, la negativa inicial a entregar copia del expediente y la Resolución Exenta NUM001 de 4 de mayo de 2026, que desestimó los recursos administrativos deducidos en contra de tales decisiones.

Tercero: Que, según se desprende de los antecedentes, las actuaciones cuestionadas fueron adoptadas durante la etapa indagatoria de un procedimiento disciplinario que aún se encontraba en tramitación y que, por consiguiente, no había concluido mediante la dictación de un acto terminal que estableciera la responsabilidad reglamentaria de la recurrente o le impusiera una sanción definitiva.

Se trata, entonces, de actos de mero trámite destinados a permitir la prosecución y ordenación del procedimiento, los que no resolvieron el fondo de la investigación ni determinaron la situación jurídica definitiva de la estudiante.

Cuarto: Que, en efecto, la medida preventiva cuestionada no significó la suspensión, expulsión o pérdida de la calidad de estudiante de la recurrente, sino únicamente la modificación temporal de la modalidad en que debía desarrollar sus actividades académicas mientras se sustanciaba la investigación.

Asimismo, la resolución que desestimó los recursos administrativos se limitó a pronunciarse acerca de decisiones adoptadas durante la etapa investigativa, sin emitir determinación alguna sobre la efectividad de los hechos denunciados ni sobre una eventual responsabilidad de la recurrente.

Quinto: Que, tampoco se advierte una vulneración actual del derecho a defensa, desde que, de acuerdo con lo informado por la recurrida, una vez formulados los cargos se dispuso la entrega de copia del expediente a la recurrente, permitiéndole conocer los antecedentes de la investigación y ejercer las facultades propias de la etapa contradictoria del procedimiento.

En consecuencia, no se encuentra acreditada una situación de indefensión que requiera ser corregida por esta vía cautelar.

Sexto: Que, en consecuencia, al recaer la impugnación sobre actos de trámite dictados por autoridades competentes, dentro de un procedimiento legalmente establecido y debidamente fundados, sin que exista todavía una decisión terminal ni un derecho indubitado actualmente afectado, el recurso de protección deberá ser desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Fundamentales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado en contra de la Universidad de Valparaíso.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-4377-2026.