nombre reservado con SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN DE CHILE

I.C.A. de Valparaíso Valparaíso, ocho de septiembre de dos mil veinticinco.

Vistos:

A folio 1 comparece el abogado Juan Carlos Rivera Fuentes, abogado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección a favor de nombre reservado, en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación, representado por nombre reservado.

Expone que el 23 de junio de 2025 presentó solicitud ante el Servicio de Registro Civil e Identificación de Chile, a fin de que fuese eliminada de su extracto de filiación y antecedentes penales la siguiente anotación: “Condenado en causa RIT 1.282-2.008, del Juzgado de Garantía de Melipilla, en procedimiento simplificado, por el delito de hurto simple, previsto y sancionado en el artículo 446 Nro. 3 del Código penal, en grado de frustrado, en virtud de sentencia ejecutoriada de fecha 24 de mayo de 2.008, a la pena de 21 días de prisión en su grado medio, con pena remitida. La pena se informa cumplida en forma insatisfactoria, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 28 de la ley 18.216. Informado por oficio Nro.0081, de fecha 11 de enero de 2.011 del Juzgado de Garantía de Melipilla”.

Refiere que la solicitud de eliminación de antecedentes penales presentada ante dicho Servicio, se fundó en lo establecido en el artículo 28 de la Ley N°18.216, que se mantuvo vigente hasta el 27 de junio de 2012, ocasión en que fue derogado por la Ley N°20.603 que modificó el régimen de penas sustitutivas a las penas privativas y restrictivas de libertad; artículo que se encontraba vigente al 11 de enero de 2011, razón por la cual de conformidad con lo establecido en el artículo 8° letra g) del Decreto Supremo N°64, de Ministerio de Justicia, correspondía eliminar la anotación prontuarial, por haber transcurrido más de cinco años desde el cumplimiento de la pena, esto es, el 11 de enero de 2011. Añade que lo dispuesto en el artículo 29 inciso 2° de la Ley N°18.216 regula una situación distinta que opera ipso facto, cuando se cumple la medida alternativa o pena sustitutiva, hipótesis actualmente recogida en el artículo 38 inciso 3° de la misma ley, que en ningún caso implica que el artículo 28 de la ley vigente a la fecha de cumplimiento de la condena no se pueda aplicar al presente caso.

Hace presente que el Servicio recurrido, mediante oficio ordinario N°34375 de 1 de julio de 2025, emanado del Subdepartamento de Filiación, en respuesta a la solicitud antes aludida, señaló que en la causa 1282-2008 del Juzgado de Garantía de Melipilla, ya se contaba con el beneficio de omisión en todo tipo de certificados, de acuerdo al artículo 38 inciso primero de la ley 18.216, y que para efectos de que se analizar los antecedentes y acogerse a los beneficios del DL 409, de 1932, debía concurrir a Gendarmería de Chile correspondiente al domicilio del recurrente.

Afirma que lo anterior constituye una negación arbitraria a su derecho a la eliminación de antecedentes prontuáriales, pese a que la pena ya se encuentra cumplida en conformidad al antiguo artículo 28 de la Ley N° 18.216. Agrega que la reforma de la Ley N°20.603 reemplazó las “medidas alternativas” por “penas sustitutivas” y derogó dicho artículo, eliminando la noción de “cumplimiento insatisfactorio”. Por lo tanto, habiéndose declarado cumplida la sentencia en 2011, lo que correspondía era verificar el cumplimiento de los requisitos del artículo 8° del Decreto Supremo N° 64, para proceder a la eliminación de los antecedentes, los que concurren en este caso al haber transcurrido mas de 5 años desde el cumplimiento de la condena por simple delito.

Seguidamente agrega que el proceder de la recurrida ha conculcado su derecho a la igualdad ante la ley, pues el recurrente ha sido discriminado frente a otras personas que, estando en la misma situación - una sola condena por simple delito y cumplida hace más de cinco años - sí logran eliminar sus antecedentes, reviviendo además con ello, una pena ya cumplida. Asimismo, estima violentados sus derechos a la igual protección de la ley y derecho a la honra, pues al mantener una anotación cumplida implica afectar su honra y vida privada, al conservar una “mancha” en su historial sin base legal.

Finalmente denuncia que también se ve afectado su derecho a la libertad de trabajo, pues la mantención de sus antecedentes penales restringe sus posibilidades de acceder a empleo remunerado, así para postular a la mayoría de los trabajos se exige un certificado de antecedentes sin anotaciones.

Que, a folio 8 informa el Servicio de Registro Civil e Identificación señalando que, revisada la base de datos del Registro General de Condenas, se ha establecido que a la fecha registra la siguiente anotación penal: “А.- Causa RIT N°1.282-2008 RUC N°800.463.143-K del Juzgado de Garantía de Melipilla por el delito de hurto simple previsto y sancionado en el artículo 446 N°3 del Código Penal, en grado de frustrado”. Explica que por sentencia de fecha 24 de mayo de 2008, el recurrente fue condenado a 21 días de prisión en su grado medio, pena remitida; por Oficio N°5124/2008 de fecha 30 de septiembre de 2008 del Juzgado de Garantía de Melipilla, procedió a sustituir el beneficio de remisión condicional de la pena por el de reclusión nocturna. En audiencia de modificación y revocación de medida alternativa de fecha 11 de enero de 2011, en virtud del artículo 28 de la Ley N°18.216, el Juzgado de Garantía de Melipilla declaró el cumplimiento insatisfactorio de la condena impuesta en dicha causa; causa con beneficio de omisión para tipo de certificados de antecedentes penales de acuerdo al artículo 38 de la Ley N°18.216.

En relación a la solicitud del recurrente refiere la recurrida que, si bien el artículo 38 de la ley N°18.216 contempla en su texto el concepto de eliminación definitiva, éste debe entenderse referido siempre al beneficio de omisión de antecedentes penales, pues el inciso final de dicha norma mantiene la obligación para el servicio de informar las anotaciones penales tratándose de los certificados para ingreso a las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad y Gendarmería, asimismo, la de informar mediante el Extracto de Filiación y Antecedentes Penales a los Tribunales con competencia penal. Hace referencia además que, en los casos de revocación de la pena sustitutiva por el quebrantamiento de condena, se produce la pérdida del beneficio de omisión en los certificados de antecedentes que correspondan.

Explica que en este caso se produce una antinomia entre el inciso 3° del artículo 38 de la ley N°18.216 y el inciso final del mismo artículo, pues el primero utiliza la expresión eliminar y el segundo ordena mantener la anotación para los fines que allí indica. Advierte que de dar cumplimiento a la eliminación se tornaría imposible dar cumplimiento al inciso final en comento.

En lo referente al argumento de la recurrente relativo a que la norma vigente a la fecha de cumplimiento de la pena no hacía referencia a un cumplimiento satisfactorio, señala que en el caso del antiguo artículo 28 de la ley N°18.216 se producía un cumplimiento ficto de la pena que operaba cuando existiendo incumplimiento ni el Ministerio Público ni el órgano judicial adoptaban medidas pertinentes para la revocación del beneficio y que, y que pasado dicho plazo el Tribunal tenía por cumplida la pena.

Argumenta que posteriormente dicha norma desaparece de la Ley N°18.216, la que introduce en el actual artículo 38 la exigencia de cumplimiento satisfactorio para la eliminación definitiva de la sanción para todos los efectos legales y administrativos. Menciona, además, que el artículo 8° del Decreto Supremo N°64, de 1960, del Ministerio de Justicia, que reglamenta la eliminación de prontuarios penales y que establece como causal de eliminación de una anotación prontuarial el transcurso de cinco años desde el cumplimiento de la condena en casos de simple delito.

Expone que de una interpretación armónica de la ley N°18.216 fluye que el cumplimiento de la pena debe darse en términos satisfactorios y por ello en el caso no es posible materializar la eliminación de antecedentes del recurrente, sin perjuicio de que el recurrente se acoja a la eliminación contemplada en el Decreto Ley N°409 del Ministerio de Justicia.

Enfatiza que el Servicio no incurre en discriminación al aplicar las normas vigentes, estatuto jurídico que contiene, como ya hemos señalado, una normativa que señala claramente las formas de eliminar antecedentes penales, por lo que no resultaría procedente para el Servicio hacer distinciones de ninguna especie; las normas jurídicas son iguales para todas las personas que se encuentren en las mismas circunstancias y diversas para aquellas que se encuentren en situaciones diferentes.

Concluye señalando que, en virtud de lo expuesto, no ha existido una actuación ilegal y/o arbitraria por parte de este servicio, ya que se ha actuado con estricta sujeción a la normativa legal vigente.

A folio 9 de trajeron los autos en relación CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio algunos de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, como se advierte del contenido de la presente acción constitucional, lo que se solicita es que el Servicio de Registro Civil e Identificación proceda a eliminar la anotación prontuarial del recurrente que consta del Extracto Filiación y Antecedentes acompañado a folio 1, en conformidad con lo dispuesto en el literal g) del artículo 8° del Decreto Supremo N° 64, de 1960, del Ministerio Justicia, por estimarse que lo expuesto en el Ordinario N°3.475 de 1 de julio de 2025 emanado del subdepartamento de Filiación Penal del Servicio recurrido, constituye un acto arbitrario e ilegal que priva, perturba y amenaza el legítimo ejercicio de las garantías fundamentales establecidas en el artículo 19 números 2, 3, 4 y 16 de la Constitución Política del Estado.

Tercero: Que, según se advierte de lo informado por la recurrida a folio 8 y del Extracto de Filiación y Antecedentes acompañado por el Servicio de Registro Civil e Identificación, el recurrente fue condenado por sentencia de 24 de mayo de 2008, dictada por el Juzgado de Garantía de Melipilla en causa N°1.282, de 2008, RUC 800.463.143-K, a la pena de 21 días prisión en su grado medio, como autor del delito de hurto simple previsto y sancionado en el artículo 446 N°3 del Código Penal, sanción que le fuera remitida y sustituida por la pena alternativa de reclusión nocturna dispuesta en conformidad con lo establecido en la Ley N°18.216 aplicable vigente a la fecha de dicha condena.

Que, asimismo, consta de igual documento que la medida alternativa con que fuera beneficiado el recurrente fue revocada en audiencia de modificación y revocación celebrada el 11 de enero de 2011 ante el Juzgado de Garantía de Melipilla, comunicándose a la recurrida que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley N°18.216, el tribunal había declarado el cumplimiento insatisfactorio de la condena impuesta en la causa, lo que, por lo demás, así consta del Oficio N°0081/2011 de la fecha antes citada remitido por dicho tribunal al subdepartamento de Filiación Penal y al Alcaide del Centro de Reinserción Social San Antonio, como también en el extracto de filiación y antecedentes acompañado conjuntamente con el recurso a folio 1, en el que se consigna que la pena fue cumplida insatisfactoriamente.

Cuarto: Que, el anterior artículo 28 de la Ley N°18.216 establecía que: “Transcurrido el tiempo de cumplimiento de alguna de las medidas alternativas que establece esta ley, sin que ella haya sido revocada, se tendrá por cumplida la pena privativa o restrictiva de libertad inicialmente impuesta”, precepto que fue eliminado por la ley N° 20.603 y sustituido por un nuevo artículo 38 agregado a la Ley N°18.216, actualmente vigente, el que en su inciso tercero, establece lo siguiente: “El cumplimiento satisfactorio de las penas sustitutivas que prevé el artículo 1° de esta ley por personas que no hubieren sido condenadas anteriormente por crimen o simple delito, en los términos que señala el inciso primero, tendrá mérito suficiente para la eliminación definitiva, para todos los efectos legales y administrativos, de tales antecedentes prontuariales. El tribunal que declare cumplida la respectiva pena sustitutiva deberá oficiar al Servicio de Registro Civil e Identificación, el que practicará la eliminación”; la que se exceptúa respecto de “(…) los certificados que se otorguen para el ingreso a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y a Gendarmería de Chile, y los que se requieran para su agregación a un proceso criminal”.

Quinto: Que, a su turno el artículo 8° letra g) del Decreto Supremo N°64, de 1960, del Ministerio de Justicia, permite eliminar una anotación prontuarial: “Cuando se trate de personas sancionadas por cuasi-delito, simple delito o crimen, con multa o con pena corporal o no corporal hasta de tres años de duración y hayan transcurrido diez años, a lo menos, desde el cumplimiento de la condena en los casos de crimen, y cinco años o más, en los casos restantes”.

Sexto: Que, en lo que constituye la materia llamada a resolver por esta Corte, esto es, si en la hipótesis del recurrente, condenado el 24 de mayo de 2008, a la pena 21 días prisión en su grado medio, como autor del delito de hurto simple previsto y sancionado en el artículo 446 N°3 del Código Penal, remitida por la de reclusión nocturna y revocada el 11 de enero de 2011 por el Juzgado de Garantía de Melipilla, resulta procedente la eliminación de dicha condena de su extracto de filiación y antecedentes.

Séptimo: Que, en el contexto antes descrito, queda claro que, a la fecha de la condena impuesta al recurrente, el artículo 28 de la Ley N°18.216 no exigía el cumplimiento satisfactorio de la pena alternativa para estimar por cumplida la pena privativa y restrictiva de libertad, sino que aquella establecida en forma alternativa no fuera revocada; y que, aun cuando en este caso sí lo fue como ha quedado asentado, la pena se encuentra efectivamente cumplida; ni menos baladí e intrascendente puede resultar para estos sentenciadores el hecho que desde la fecha de comisión del simple delito a que fuera condenado el recurrente han transcurrido 17 años y que, desde que fuera comunicada la revocación de la pena alternativa al Servicio de Registro Civil e Identificación han pasado ya 14 años, cumpliéndose, en consecuencia, largamente el requisito del plazo de cinco años exigido por el artículo 8° letra g) del Decreto Supremo N° 64 para la eliminación del prontuario penal que fuera solicitada, todo lo cual deja en evidencia un actuar arbitrario de la recurrida por cuanto, puesto que, no obstante el tiempo transcurrido, se mantiene vigente en el extracto de filiación y antecedentes del recurrente una pena ya cumplida, el que, dada su naturaleza pública, lesiona su legítimo derecho a disponer de un certificado de anotaciones penales en el que no se consigne la condena de que fuera objeto por sentencia de 24 de mayo de 2008, en igualdad de condiciones aplicable a quienes se encuentren en la misma situación fáctica descrita.

Octavo: Que, con todo el estudio armónico de los preceptos citados, permite advertir que, en conformidad con el inciso final del artículo 38 de la Ley N°18.216, eliminación de los antecedentes penales se encuentra exceptuada respecto de los certificados que se otorguen para el ingreso a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y a Gendarmería de Chile, y los que se requieran para su agregación a un proceso criminal, caso en que respecto de otras situaciones lo que permite el legislador en definitiva, reuniéndose los supuesto legales y reglamentarios, es la omisión de los antecedentes penales del certificado de anotaciones, con excepción de los casos antes señalados.

Por estas consideraciones, y teniendo, además, presente lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto por el abogado Juan Carlos Rivera Fuentes en representación de nombre reservado, solo en cuanto, se ordena al Servicio de Registro Civil e Identificación que, sin más trámite, proceda a la eliminación del prontuario penal del recurrente la condena impuesta por el Jugado de Garantía de Melipilla, manteniendo esa información vigente para el efecto establecido en el inciso final del artículo 38 de la Ley N° 18.216.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Abogado Integrante señor Gonzalo Góngora Escobedo.

N°Protección-4376-2025.