Protección contra Servicio Nacional de Migraciones y Subsecretaría del Interior

C.A. de Valparaíso Valparaíso, treinta de enero de dos mil veintiséis.

Vistos:

Que, a folio 1 se deduce acción de Protección de garantías constitucionales en favor de nombre reservado, venezolana, en contra del Servicio Nacional de Migraciones y Subsecretaría del Interior, por los actos que considera arbitrarios e ilegales consistentes en la dictación de la Resolución Exenta N°NUM000 de fecha 28 de marzo de 2025, de la Subsecretaría del Interior que rechazó su solicitud de regularización extraordinaria , todo lo cual vulnera las garantía constitucional establecida en el artículo 19 N°2, de la Carta Fundamental.

Señala que debido a la compleja situación política, económica y social se vio obligada a emigrar desde su país de origen Venezuela.

Posteriormente, por desconocimiento a como obtener una visa de residencia y por una situación de extrema necesidad se vio obligada a ingresar al país mediante un paso no habilitado, realizando luego la respectiva declaración voluntaria de ingreso clandestino ante la Policía de Investigaciones de Chile.

Agrega que envió el 20 de noviembre de 2024, una solicitud correspondiente a la Regularización Extraordinaria ante la Subsecretaria del Interior, siendo notificado de la Resolución Exenta N°NUM000 de fecha 28 de marzo de 2025, el 01 de julio de 2025, que rechaza su solicitud de regularización migratoria, indicando que “no ha aportado antecedentes suficientes que permitan a esta autoridad considerar que se está ante un caso calificado o humanitario, por cuanto se limita a pedir a la autoridad que regularice su condición migratoria, aludiendo a situaciones que no son de especial consideración, sino más bien genéricas y eventualmente aplicables a una multiplicidad de personas que podrían encontrarse en situaciones similares”.

Arguye que el servicio recurrido al momento de realizar la evaluación de la solicitud del recurrente, en consideración que, en su criterio no era suficiente la documentación requerida para considerar que su situación no podría considerarse como calificada o humanitaria, debió ordenarle acompañar documentación adicional para desvirtuar la falsa convicción que tenía el Servicio recurrido, esto a lo que indica el artículo 31 de la ley 19.880, lo que en este caso no sucedió, por lo que la respuesta dada en la Resolución Exenta que se recurre es por demás apresurada.

Señala que cuenta con los medios económicos suficientes para costear su estadía en Chile, sin ser una carga para el estado, toda vez que, cuenta con trabajo y posibilidades de crecimiento, siendo profesional, además cuenta con una conducta intachable, no teniendo antecedentes penales ni policiales en su país de origen, así como tampoco en Chile.

Pide que se deje sin efecto la resolución que se recurre por ilegal y arbitraria, disponiendo a realizar un nuevo estudio documental, a los fines de decidir conforme a derecho la solicitud formulada.

A folio N°7, informa el Servicio Nacional de Migraciones, quien señala que la Resolución Exenta N°NUM000 de fecha 28 de marzo de 2025, de la Subsecretaría del Interior, que rechazó su solicitud de regularización extraordinaria fue dictada por autoridad competente, dentro del ámbito de sus competencias y se encuentra debidamente fundado.

Indica que lo anterior, es aún más relevante, al considerar que el otorgar una solicitud de regularización extraordinaria, es una facultad excepcional de la autoridad, conforme lo dispuesto en el artículo 155 N°9 de la Ley 21.325, al señalar que es facultad del Sr. Subsecretario del Interior.

Arguye que el artículo 31 de la Ley 19.880, es aplicable únicamente cuando la solicitud inicial no reúne los requisitos mínimos establecidos en el artículo 30 del mismo cuerpo legal. Por tanto, si aportaron esos requisitos en la solicitud, no es obligación de la Administración solicitar antecedentes adicionales, sobre todo en el caso de marras, toda vez que la legislación específica aplicable, esto es, el artículo 155 N° 9 de la Ley 21.3254, tampoco exige requisitos especiales respecto de este tipo de solicitudes.

A folio N°10, informa la Subsecretaría del Interior. En primer lugar, sostiene que el recurso de protección no es la vía idónea, puesto que no se han planteado derechos preexistentes e indubitados que sean evidentes u ostensibles y porque excede las materias que deben ser conocidas en esta sede, atendida su naturaleza cautelar, existiendo vías administrativas para impugnar conforme al artículo 139 de la Ley 21.325.

En seguida alega que conforme el artículo 155 N°9 de la Ley 21.325, le confiere autoridad para otorgar permisos de residencia excepcionales y de acoger solicitudes de regularización migratoria, en casos calificados o por motivos humanitarios. Sostiene que la autoridad ponderó debidamente los antecedentes aportados por la parte recurrente, en virtud de lo cual consideró que a su respecto no se configura un caso excepcional, calificado ni humanitario, lo que se expresa en la parte considerativa que se impugna por esta vía, señala que la recurrente fundamenta su solicitud en situaciones fácticas de carácter genérico, relacionadas con su bienestar económico, laboral y/o personal que no logran configurar un afectación en concreto lo suficientemente especial para justificar su ingreso al país por paso no habilitado y que además de regularice su situación migratoria de manera excepcional.

Esgrime que el rechazo de la solicitud no obedece a que no se tuviesen por acreditadas las situaciones a las que hace referencia la actora en su presentación, sino que, a pesar de haberse tenido como efectivas, no fueron consideradas como un caso excepcional, calificado y humanitario. Solicita el rechazo del recurso, con costas.

A folio N°11, se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, con la interposición del recurso de protección deducido en autos, se pretende dejar sin efecto la Resolución Exenta N°NUM000 de fecha 28 de marzo de 2025, dictada por la Subsecretaría de Interior, fundado en que en la especie concurrían antecedentes calificados para conceder el permiso de residencia temporal excepcional del artículo 155 N°9 de la Ley Nº21.325.

Segundo: Que, por su parte, las recurridas aludieron a que se trata de una facultad extraordinaria de la Subsecretaria del Interior, que el peticionario no acreditó encontrarse en el supuesto legal, estando obligada la autoridad a aceptar solicitudes basadas en circunstancias genéricas ni a requerir antecedentes adicionales si la solicitud inicial cumple con los requisitos mínimos del artículo 31 de la Ley N°19.880.

Tercero: Que, el artículo 155 de la Ley N°21.325 señala en sus N°8 y 9, que corresponde a la Subsecretaría del Interior, disponer mecanismos de regularización de extranjeros que se encuentren en condición migratoria irregular y, además, disponer en casos excepcionales, el otorgamiento de permisos de residencia temporal a extranjeros que se encuentren en el territorio nacional, en casos calificados o por motivos humanitarios.

Cuarto: Que, el artículo 11 de la ley 19.880 dispone en su inciso segundo que: “Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos”.

Quinto: Que, sin desconocer la atribución de la recurrida Subsecretaria del Interior, es posible concluir que la Subsecretaría del Interior incumple con lo dispuesto en el artículo 11 de la ley de Bases del Procedimiento Administrativo como el artículo 41 del mismo cuerpo legal, pues la resolución que se impugna por esta vía no señala los hechos que le sirven de fundamento, tampoco se indica cuáles antecedentes fueron acompañados por la recurrente, ni se realiza un análisis particular de estos, por estas razones se estima que la recurrida ha actuado de manera ilegal, careciendo el acto administrativo dictado por esta de fundamentos de hecho y de Derecho, que permitan al afectado conocer de manera explícita los motivos de la administración para rechazar su solicitud, todo lo cual conlleva a acoger la acción en los términos que se dirán en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y lo establecido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se acoge, sin costas, el recurso deducido en favor de nombre reservado, solo en cuanto se deja sin efecto la Resolución Exenta N°NUM000 de 28 de marzo de 2025, de la Subsecretaría del Interior, debiendo la autoridad administrativa dictar una resolución fundada en los antecedentes hecho y de derecho respectivos.

Acordada con el voto en contra de la Ministra Señora Marcela Figueroa Astudillo quien fue del parecer de rechazar el presente arbitrio por considerar que la facultad establecida en artículo 155 N°9 de la ley 21.325, es una facultad privativa de la Subsecretaría del Interior de excepcional aplicación, no pudiendo esta Corte de Apelaciones por esta vía adoptar medidas cautelares al respecto.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-4358-2025.