nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES UNO S.A.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, veinte de octubre de dos mil veinticinco.

Vistos:

A folio 1, comparece Pablo Peñaloza Parra, abogado, quien deduce acción de protección en favor de nombre reservado, técnico en administración, de nacionalidad venezolana, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A., por el acto ilegal y arbitrario de 30 de junio de 2025, que rechazó su solicitud de retiro de fondos previsionales como técnico extranjero, lo que estima vulnera su derecho a la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad.

Expone que, como profesional extranjero, solicitó la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley 18.156, cumpliendo íntegramente con los requisitos contenidos en dicha ley. Señala que, el 30 de junio de 2025, fue notificado del rechazo de su solicitud, basándose en que los documentos presentados “no cumplen los criterios de aceptación”. Aduce que la recurrida incurre en un acto arbitrario e ilegal al rechazar la solicitud, a pesar de que el amparado está afiliado a la seguridad social de su país de origen, argumentando que se exigen requisitos adicionales no establecidos expresamente en la Ley 18.156.

Argumenta que el requisito de legalización o apostillado es un obstáculo imposible de superar debido a la inexistencia de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, constituyendo un caso fortuito o fuerza mayor. Sostiene que la constancia electrónica de cotizaciones emitida por el IVSS es verificable y plenamente válida mediante un código alfanumérico en el portal web oficial del organismo venezolano, cumpliendo así con el espíritu de la ley.

Alega que la interpretación excesivamente formalista de la recurrida vulnera su derecho de propiedad sobre sus ahorros previsionales y su derecho a la igualdad ante la ley, al recibir un trato diferente a otros solicitantes que en iguales circunstancias han obtenido respuesta favorable.

Solicita que se acoja el recurso de protección, se ordene a la recurrida reconocer como válida la documentación acompañada, y proceder a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud, efectuando la devolución de los fondos de pensión solicitados.

Acompaña notificación de rechazo de retiro de fondos (sin fecha); cédula de identidad para extranjeros y de su país de origen; constancia de afiliación previsional del país de origen; título universitario apostillado; contratos y anexos de contratos de trabajo.

A folio 4, informa la Superintendencia de Pensiones, cuyo representante arguye que, según la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia, el beneficio excepcional de la Ley 18.156 solo procede si el trabajador extranjero acredita que ha contado con cobertura por todos los riesgos exigidos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte, durante toda la prestación de servicios en Chile, y que el documento que lo acredita debe ser emitido por la entidad competente, debidamente legalizado o apostillado.

Aduce que la “Constancia Electrónica de Cotizaciones” presentada por el recurrente no es apta para acreditar el requisito de cobertura, ya que no está firmada ni se encuentra apostillada o legalizada por la autoridad competente venezolana, lo cual impide que pueda producir efectos en Chile, conforme a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil y el Convenio de la Apostilla de La Haya.

Sostiene que el hecho de que contenga un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales vigentes. Finalmente, menciona la jurisprudencia de las Cortes de Apelaciones y la Excelentísima Corte Suprema que han rechazado recursos en casos similares, ratificando la exigencia de legalización o apostillado de los documentos emitidos en el extranjero.

A folio 9, informa Romina Dalbosco Cornejo, abogada, en representación de Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A., explicando que el afiliado solicitó la devolución de fondos previsionales como técnico extranjero el 25 de junio de 2025, siendo rechazada el 30 de junio del mismo año, ya que la documentación presentada no cumple con los criterios de aceptación, aduciendo que la actuación de la AFP se ha ceñido estrictamente a la normativa legal vigente, esto es, en la Ley 18.156, en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil y en el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones.

Argumenta que, para la devolución, es requisito copulativo que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen previsional extranjero y que el documento que lo acredite debe estar debidamente legalizado y apostillado.

Sostiene que la “Constancia Electrónica de Cotizaciones” presentada, es un documento erróneo en cuanto a su naturaleza y carece de la legalización o apostillado requerido por la ley chilena para surtir efectos en el país, no acreditando la afiliación efectiva ni la cobertura previsional exigida. Agrega que la imposibilidad de legalización por la ausencia de relaciones diplomáticas con Venezuela es una circunstancia de hecho que no habilita a la AFP a prescindir de una exigencia legal expresa, cuya finalidad es garantizar la seguridad jurídica del sistema previsional.

Finalmente, menciona que los contratos de trabajo presentados contienen irregularidades, ya que, en el caso de Quintero Impresores SpA, hay distintos representantes legales con firmas idénticas, y en el de Imiflex SpA la firma del representante legal no se individualiza, lo que genera dudas sobre la autenticidad de los documentos y la validez de la manifestación de voluntad.

Acompaña Contrato de Trabajo con Imiflex SpA; Anexo de Contrato de Trabajo Iimiflex SpA; Contrato de Trabajo con Quintero Impresores SpA; Anexo de Contrato de Trabajo Quintero Impresores SpA; Título de Técnico Superior Universitario en Administración; Apostilla de título profesional; Constancia Electrónica de Cotizaciones; Declaración Jurada ante notario; entre otros documentos.

A folio 10, se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que, a través de la presente vía cautelar, se impugna el rechazo de parte de la recurrida AFP Uno S.A., de la devolución de los fondos estimando el recurrente haber cumplido con los requisitos contemplados en el artículo 1° de la Ley 18.156, al haber acompañado los documentos requeridos al momento de hacer la solicitud, exigiéndose antecedentes que ya ha sido acompañados y otros que son imposibles de obtener.

Segundo: Que, la recurrida informa que su actuar no es arbitrario ni ilegal, dado que la Constancia Electrónica de Cotizaciones del Instituto Venezolano de Seguros Sociales no corresponde a un certificado de afiliación, no indica las prestaciones que se encuentran cubiertas, y no está firmado por quien lo emite ni se encuentra apostillado o legalizado. Además, funda el rechazo en que la declaración jurada no acredita que haya estado cubierto durante su estadía en Chile por el sistema de seguridad social extranjero.

Tercero: Que, el artículo 7º de la Ley 18.156, establece: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administración de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1 de esta ley.”.

A su turno, citado artículo 1 dispone: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y, b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida. La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744.”.

Cuarto: Que, atendido lo expuesto y al mérito de los antecedentes acompañados por las partes, se concluye que la recurrida no ha incurrido en acto ilegal o arbitrario alguno, toda vez que, el actor no cumple con los requisitos copulativos establecidos en la normativa previsional aplicable al caso. En efecto, del análisis de la constancia electrónica acompañada, emanada del Instituto Venezolano de Seguros Sociales, no resulta posible acreditar que el recurrente se encontrara protegido por el seguro social venezolano en el periodo en que cotizó los fondos previsionales cuya devolución pretende, y tal es así que en dicho documento se indica que tiene el estatus de “asegurado CESANTE en la empresa BOHAI DRILLING SERVICE VENEZUELA S.A. inscrita bajo el Número Patronal E45201650 con Fecha de egreso 04/07/2016 (…)”, información que resulta poco clara para acreditar la cobertura requerida.

Además, si bien la inclusión de un código de verificación electrónica podría permitir constatar la autenticidad del documento en el portal web de la entidad emisora, dicho mecanismo resulta insuficiente para satisfacer las exigencias formales establecidas en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, norma que regula el valor probatorio de los instrumentos públicos otorgados en país extranjero.

Por su parte, la declaración jurada no tiene el mérito para subsanar el defecto del que adolece la constancia electrónica de cotizaciones, al no ser un medio apto para acreditar que el actor se encontraba cubierto por el seguro social venezolano durante el tiempo de trabajo en Chile, ni las prestaciones garantizadas.

Quinto: Que, respecto al argumento del recurrente relativo a la imposibilidad de obtener la legalización consular apostillada debido al quiebre de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, si bien podría configurar un caso fortuito en los términos del artículo 45 del Código Civil, corresponde a quien lo alega acreditar no sólo la existencia del impedimento, sino también la imposibilidad absoluta de obtener la documentación requerida por vías alternativas. En el caso de autos, no se ha demostrado que la recurrente haya agotado todas las vías posibles para cumplir con esta exigencia formal.

Sexto: Que, conforme a los antecedentes acompañados, el recurrente cuenta con residencia definitiva en Chile, circunstancia que reviste especial relevancia en el contexto del sistema previsional chileno. En efecto, autorizar el retiro de fondos previsionales en casos como el de autos, en que no se cumplen los requisitos legales establecidos para tal efecto, podría generar un eventual perjuicio al Estado, toda vez que, en virtud del principio de universalidad de la seguridad social y las disposiciones contenidas en la Ley 20.255 sobre Reforma Previsional, el erario nacional garantiza pensiones básicas solidarias a quienes cumplen los requisitos legales, entre ellos, contar con residencia permanente en el territorio nacional. De este modo, el retiro de fondos previsionales por parte de extranjeros con residencia definitiva podría significar que, en el futuro, el Fisco deba asumir el costo de garantizar una pensión a personas que, habiendo realizado cotizaciones en Chile, se les permitió retirar dichos fondos, generando una carga económica no prevista por el legislador al establecer el régimen excepcional contemplado en la Ley 18.156.

Séptimo: Que, en definitiva, de los antecedentes aportados se desprende que la actuación de la recurrida, al rechazar la solicitud de devolución de fondos previsionales presentada por el recurrente, se ha ajustado a la normativa vigente y a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, sin que pueda calificarse como ilegal o arbitraria, motivos por los cuales el presente arbitrio no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida en favor de nombre reservado, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A.

Se previene que la Ministra Sra. Nancy Bluck Bahamondes, concurre a la decisión teniendo únicamente presente que, a su entender, el asunto sometido a conocimiento de esta Corte no puede ser dilucidado por medio de esta acción cautelar de derechos constitucionales, toda vez que, ello excede su naturaleza y finalidad, al no constituir una instancia de declaración de derechos individuales, requiriendo de una discusión dentro de un procedimiento laboral, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 420 letra c) del Código del Trabajo.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-4357-2025.