nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, diez de septiembre de dos mil veinticinco.

Vistos:

A folio 1, comparece Pablo Peñaloza Parra, abogado, quien interpone acción constitucional de protección en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., por el rechazo de la solicitud de retiro de fondos efectuada por el actor, actuación ilegal y arbitraria que vulnera sus derechos fundamentales, garantizados en los numerales 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que, el 21 de julio de 2025, el afectado solicitó a la recurrida la devolución de fondos previsionales de conformidad a las normas de la Ley 18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros, adjuntando la documentación requerida y cumpliendo con lo solicitado por la AFP. Refiere que, el mismo día, el recurrente es informado de que su solicitud se tenía como no ingresada, por no acompañar el Certificado del Instituto u organismo de Seguridad Social y/o Previsional extranjero en el que se encuentra afiliado y que contenga las prestaciones requeridas, debidamente legalizado por la embajada de Venezuela y por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile o bien, apostillado.

Reclama que el motivo del rechazo es incorrecto, pues si bien la constancia en cuestión no se encuentra legalizada, se debe tener en cuenta que la Embajada de Venezuela en Chile está cerrada y no presta funciones consulares, lo cual imposibilita dicho trámite. Sin embargo, sostiene que el afectado cuenta con una constancia electrónica vigente de cotizaciones emitida por el IVSS, la cual es demostrable mediante código de verificación.

Alega ser evidente el actuar arbitrario e ilegal de la recurrida, al decidir declarar como no ingresada la solicitud impetrada, pese a cumplir con los requisitos, lo que deviene en un actuar caprichoso y, sin sustento jurídico, puesto que todo solicitante tiene derecho a una respuesta debidamente fundada.

Solicita que se acoja el recurso, ordenando que se reconozca como válida la documentación acompañada, y se proceda a emitir un nuevo pronunciamiento conforme a derecho, y dentro de un plazo razonable efectuar la devolución de los fondos de pensiones solicitados.

Acompaña carta de rechazo de AFP Modelo, constancia electrónica de afiliación previsional emitida por el IVSS, declaración jurada ante notario, título universitario apostillado y contrato de trabajo y anexo.

A folio 5, informa Rodrigo Montero Atria, abogado, en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., quien explica que el recurrente presentó solicitud de devolución de fondos previsionales el 17 de julio de 2025, acompañando una serie de documentos que individualiza.

Refiere que previo a rechazar la solicitud, se le informó que el certificado del instituto u organismo de seguridad social y/o previsional extranjero en el que se encuentra afiliado el trabajador, no era válido, pues las únicas validaciones aceptadas por la Superintendencia de Pensiones son mediante apostilla, que puede ser reemplazada por la legalización generada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, y se le otorgó un plazo de 4 días hábiles para acompañarlo.

Sostiene que el actor acompañó nuevamente los mismos documentos, lo que determinó que la solicitud no fuera ingresada, reiterando el mismo fundamento, al no acompañar válidamente el certificado del organismo de seguridad social o previsional de su país de origen.

Respecto de la Constancia Electrónica de Cotizaciones del IVSS, arguye que este documento no constituye el certificado de afiliación requerido, pues no señala las prestaciones por las cuales la solicitante se encuentra cubierta, limitándose a mencionar de forma genérica las coberturas del sistema previsional venezolano, carece de la firma de la autoridad emisora y no se encuentra apostillada o legalizada conforme a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil.

En lo relativo a la declaración jurada, refiere que esta no constituye el certificado emitido por la entidad de seguridad social extranjera, y no es un documento emitido por la Embajada o por el Consulado correspondiente, careciendo de idoneidad probatoria para acreditar la cobertura previsional en el extranjero.

En otro orden de ideas, sostiene que la Superintendencia de Pensiones ha dictado una serie de oficios destinados a regular el beneficio en cuestión, exigiendo acreditación específica de protección por todos los riesgos durante toda la prestación de servicios en Chile, y que el documento que acredite cobertura previsional esté debidamente legalizado o apostillado. Además, dispone que los certificados electrónicos venezolanos sin firma ni apostilla no sirven como medio de prueba, y que las declaraciones juradas no constituyen medios idóneos para acreditar cobertura previsional.

Pide el rechazo del recurso, con costas, y acompaña respuesta a solicitud de devolución de fondos, declaración jurada, constancia electrónica de cotizaciones, contrato de trabajo y anexo.

A folio 10, informa Manuel Bustos Castillo, abogado, en representación de la Superintendencia de Seguridad Social, quien sostiene que no procede accionar por esta vía, pues para ello se requiere de un derecho indiscutido y prexistente de parte de quien recurre, pero en el caso estamos frente a una petición declarativa del derecho a retirar sus fondos previsionales, lo que debe ser realizado en un procedimiento declarativo.

En cuanto a los hechos, refiere que el actor no registra reclamo alguno ante dicho organismo respecto de la negativa de la recurrida y que motivan la presente acción cautelar, por lo que no existen antecedentes más allá de lo expuesto en la presente causa.

Por otro lado, explica que la Ley 18.156 establece un régimen de excepción aplicable exclusivamente a trabajadores dependientes extranjeros técnicos o profesionales que cumplan requisitos copulativos específicos, entre ellos: encontrarse afiliado a un régimen previsional fuera de Chile que otorgue prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y expresar en el contrato de trabajo su voluntad de mantener dicha afiliación.

Afirma que, conforme a su jurisprudencia administrativa contenida en tres oficios que detalla, para acreditar la cobertura previsional en el extranjero se requiere certificación específica de la autoridad previsional competente que consigne expresamente la protección por todos los riesgos durante todo el período de servicios prestados en Chile por el trabajador respectivo.

En cuanto a la documentación presentada por el recurrente, se aprecia que la declaración jurada suscrita ante notario no resulta idónea para acreditar la cobertura previsional, toda vez que dicha certificación debe ser emitida por la autoridad previsional competente del país correspondiente.

En cuanto a la Constancia Electrónica de Cotizaciones del IVSS, señala que no se encuentra firmada por quien emite el documento, y carece de apostilla o legalización, conforme a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil.

Además, precisa que, si en la época durante la cual el trabajador extranjero prestó servicios, no contaba con la cláusula en el contrato de trabajo expresando su intención de mantenerse afecto a la seguridad social de otro país, posteriormente no puede pretender que las cotizaciones le sean devueltas, ya que esa declaración es extemporánea.

Concluye que no procede acceder a la solicitud de devolución de fondos previsionales, toda vez que la documentación acompañada no acredita el cumplimiento de los requisitos copulativos establecidos en la letra a) del artículo 1° de la Ley 18.156, siendo dicha normativa de excepción y, por tanto, de interpretación restrictiva.

A folio 11, se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que, a través de la presente vía cautelar, se impugna el rechazo de parte de la recurrida AFP Modelo S.A., de la devolución de los fondos previsionales cotizados por el recurrente a contar del mes de septiembre de 2019, fundando la acción en que la actora sí cumpliría con los requisitos contemplados en el artículo 1° de la Ley 18.156, al haber acompañado los documentos requeridos al momento de hacer la solicitud.

Segundo: Que, la recurrida informa que su actuar no es arbitrario ni ilegal, dado que la solicitante no ha acreditado el cumplimiento de todos los requisitos legales establecidos en los artículos 1º y 7º de la Ley 18.156. En tal sentido, afirma que la Constancia Electrónica de Cotizaciones del Instituto Venezolano de Seguros Sociales no corresponde a un certificado de afiliación, no se encuentra firmado por quien lo emite ni se encuentra apostillado o legalizado. Además, funda el rechazo en que la declaración jurada no acredita que haya estado cubierto durante su estadía en Chile por el sistema de seguridad social extranjero.

Tercero: Que, el artículo 7º de la Ley 18.156, establece: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administración de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1 de esta ley.”.

A su turno, el citado artículo 1 dispone: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y, b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida. La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744.”.

Cuarto: Que, sin perjuicio de lo anterior, del mérito de los antecedentes acompañados por las partes, se concluye que la recurrida no ha incurrido en acto ilegal o arbitrario alguno, toda vez que, el actor no ha dado cumplimiento a la totalidad de los requisitos copulativos establecidos en la normativa previsional aplicable al caso. En efecto, del análisis de la constancia electrónica emanada del Instituto Venezolano de Seguros Sociales, no resulta posible acreditar que el recurrente se encontraba protegido por el seguro social venezolano en el periodo en que cotizó los fondos previsionales cuya devolución pretende, y tal es así que en dicho documento se indica que tiene el estatus de “asegurado CESANTE en la empresa PLUMROSE LATINOAMERICANA C inscrita bajo el Número Patronal A42000025 con Fecha de egreso 09/03/2018 (…)”, información que resulta poco clara para acreditar que se encontraba cubierto por el seguro social durante el periodo de trabajo en Chile.

En este sentido, si bien la inclusión de un código de verificación electrónica de la constancia acompañada podría permitir constatar la autenticidad del documento, dicho mecanismo resulta insuficiente para satisfacer las exigencias formales establecidas en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, norma que regula el valor probatorio de los instrumentos públicos otorgados en país extranjero. Lo anterior, sin perjuicio que la validez del documento ya ha expirado.

Quinto: Que, por su parte, la declaración jurada no tiene el mérito para subsanar el defecto que presenta la constancia electrónica de cotizaciones, al no ser un medio apto para acreditar que el actor se encontraba cubierto por el seguro social venezolano durante el periodo en estudio, ni las prestaciones garantizadas.

Sexto: Que, respecto al argumento de la recurrente relativo a la imposibilidad de obtener la legalización consular apostillada, debido al quiebre de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, si bien podría configurar un caso fortuito en los términos del artículo 45 del Código Civil, corresponde a quien lo alega acreditar no sólo la existencia del impedimento, sino también la imposibilidad absoluta de obtener la documentación requerida por vías alternativas. En el caso de autos, no se ha demostrado que la recurrente haya agotado todas las vías posibles para cumplir con esta exigencia formal.

Séptimo: Que, en definitiva, de los antecedentes aportados se desprende que la actuación de la recurrida, al rechazar la solicitud de devolución de fondos previsionales presentada por el recurrente, se ha ajustado a la normativa vigente y a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, sin que pueda calificarse como ilegal o arbitraria, motivos por los cuales el presente arbitrio no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida en favor de nombre reservado, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A.

Se previene que la Ministra Sra. Nancy Bluck Bahamondes, concurre al rechazo considerando que el asunto sometido a conocimiento de esta Corte no puede ser dilucidado por medio de esta acción cautelar de derechos constitucionales, toda vez que, ello excede su naturaleza y finalidad, al no constituir una instancia de declaración de derechos individuales, requiriendo de una discusión dentro de un procedimiento sustanciado por la jurisdicción laboral, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 420 letra c) del Código del Trabajo.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-4349-2025.

En Valparaíso, diez de septiembre de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.