nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, once de septiembre de dos mil veinticinco.

Vistos:

A folio 1, comparece el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra, quien deduce recurso de protección en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., por el acto que califica como ilegal y arbitrario, consistente en el rechazo de la solicitud de retiro de fondos previsionales del recurrente conforme con lo previsto en la Ley N°18.156, comunicado verbalmente vía telefónica el 28 de julio pasado, cuestión que a su juicio vulnera las garantías de los numerales 2° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que el actor solicitó a AFP recurrida, vía web, la devolución de fondos previsionales según la Ley N°18.156 sobre exención de cotizaciones para técnicos extranjeros. Tras ser notificado que su trámite estaba detenido por documentación insuficiente, el 28 de julio de 2025 se comunicó telefónicamente al número de atención al cliente (6002010150), donde le informaron verbalmente del rechazo de su solicitud.

Señala que, aunque la AFP reconoce su afiliación a la seguridad social venezolana, rechaza el trámite alegando que el certificado está vencido, ignorando la imposibilidad de los venezolanos para realizar gestiones consulares y añadiendo requisitos no contemplados en la ley.

Fundamenta su recurso en los artículos 1° y 7° de la Ley N°18.156. El primero establece la exención de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros siempre que se reúnan dos condiciones: que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida. El segundo permite a los trabajadores extranjeros solicitar la devolución de los fondos previsionales depositados, siempre que cumplan con los requisitos del artículo 1°.

Sostiene que la AFP actúa arbitraria e ilegalmente al rechazar su solicitud, argumentando que el certificado de afiliación venezolano, aunque electrónico, es perfectamente verificable mediante el portal web oficial del IVSS utilizando el código alfanumérico incluido en el documento (procedimiento ya aceptado por otras AFP como CUPRUM). Señala que la recurrida incurre en una interpretación excesivamente formalista al exigir requisitos adicionales no contemplados en la ley, ignorando tanto la imposibilidad práctica de obtener documentación consular debido a la inexistencia de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, como los medios electrónicos disponibles para verificar la autenticidad del certificado, vulnerando así los derechos del recurrente cuando otras administradoras han aceptado documentación similar en casos análogos.

Finalmente, invoca jurisprudencia de la Corte Suprema y diversas Cortes de Apelaciones que rechazan interpretaciones restrictivas de la Ley N°18.156, argumentando que la AFP vulnera tanto el derecho a la igualdad ante la ley, al dar trato desigual frente a casos similares que obtuvieron respuestas favorables, como el derecho de propiedad, al privar al recurrente de sus fondos previsionales mediante la imposición de requisitos no contemplados en la normativa vigente.

Pide, se ordene a la recurrida que reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo razonable efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por el recurrente.

Acompaña documentos su recurso.

A folio 7, evacuó informe la Superintendencia de Pensiones, señalando que el actor no registra ante dicho organismo reclamo alguno respecto de los hechos que motivan la presente acción cautelar, por lo que no existen antecedentes referentes a la acción de protección consultada.

Primero, explica que la Ley N°18.156 permite a trabajadores extranjeros técnicos solicitar devolución de fondos previsionales si cumplen dos requisitos copulativos: afiliación a un sistema previsional extranjero que cubra enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y expresar en su contrato la voluntad de mantener dicha afiliación. Esta normativa excepcional debe interpretarse restrictivamente, exigiendo que la cobertura extranjera abarque todo el periodo de servicios en Chile y sea acreditada mediante documentación formal emitida por la autoridad competente.

Respecto al caso concreto, señala que la documentación aportada por el recurrente resulta insuficiente para acreditar el cumplimiento de los requisitos legales. Sostiene que la Declaración Jurada ante notario no es idónea, pues la certificación debe provenir directamente de la autoridad previsional competente del país de origen. Respecto al certificado electrónico del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, indica que no cumple los requisitos formales exigidos por: mencionar solo genéricamente las coberturas sin especificar el período, carecer de firma autorizada, y no estar apostillado o legalizado conforme a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil y el Convenio de la Apostilla.

Agrega que el N°1 del Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones exige expresamente que la certificación de cobertura previsional debe ser otorgada por la institución de seguridad social correspondiente, estar debidamente legalizada y especificar las prestaciones otorgadas.

A folio 13, evacuó informe la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., solicitando su rechazo, con costas, fundado en que la acción cautelar no es la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento con carácter contradictorio, y en subsidio, por cuanto no ha asumido una actitud arbitraria e ilegal respecto de las garantías constitucionales del recurrente.

Respecto a la improcedencia del recurso de protección para conocer materias de lato conocimiento, argumenta que esta acción cautelar está destinada exclusivamente a situaciones urgentes que requieran amparo inmediato frente a actos ilegales o arbitrarios, citando jurisprudencia al efecto.

Luego, sostiene que rechazó legítimamente la solicitud de devolución de fondos previsionales del recurrente porque la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales presentada estaba vencida y no cumplía con los requisitos formales exigidos por la normativa vigente.

Fundamenta su actuación en la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones, que establece que los documentos extranjeros deben estar debidamente legalizados o apostillados para tener validez en Chile, conforme a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil y el Convenio de la Apostilla. Argumenta que las certificaciones electrónicas que no están apostilladas, carecen de firma, no señalan específicamente las coberturas del afiliado ni permiten inferir un determinado período de cobertura, son insuficientes para acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 1° de la Ley N°18.156 para la devolución de fondos previsionales a técnicos extranjeros.

En cuanto a los fundamentos jurídicos, la recurrida invoca el DL N°3.500 de 1980 (artículos 2°, 23, 34 y 51) y su Reglamento (artículo 64) para argumentar que el Sistema de Pensiones tiene un propósito específico y las AFP están legalmente impedidas de otorgar beneficios no reconocidos expresamente en la ley. Explica que la Ley N°18.156 constituye una excepción al principio de territorialidad en materia previsional, permitiendo a técnicos extranjeros eximirse de cotizar en Chile y solicitar la devolución de fondos, siempre que cumplan tres requisitos copulativos: acreditar calidad de técnico, estar afiliado a un régimen previsional extranjero con coberturas específicas, y expresar en el contrato su voluntad de mantener dicha afiliación. Respalda su posición citando jurisprudencia de la Corte Suprema (Rol 11330-2025) y de la Corte de Apelaciones de Valparaíso (Rol 1431-2025), que confirman la legalidad de las exigencias formuladas por Provida y la necesidad de cumplir con los estándares normativos para el reconocimiento de documentos extranjeros.

Acompaña documentos a su informe.

A folio 14, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, por la presente vía cautelar, se impugna el rechazo de la solicitud devolución de fondos previsionales para extranjeros realizada por el recurrente a la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., comunicado verbalmente mediante contacto telefónico el 28 de julio 2025, pretendiendo que se ordene a la recurrida reconocer como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo razonable.

Tercero: Que, por su parte, la recurrida alega que el recurso de protección no es la vía idónea para resolver la controversia y afirma que su actuación no ha sido ilegal ni arbitraria, sino que ha dado cumplimiento a sus obligaciones conforme al artículo 1° letra a) de la Ley 18.156 y la normativa de la Superintendencia de Pensiones, rechazando la solicitud por no haber acompañado el certificado de afiliación al régimen previsional extranjero debidamente legalizado y/o apostillado, toda vez que adjuntó únicamente la "Constancia Electrónica de Cotizaciones", que se encuentra vencido y no especifica las prestaciones cubiertas. Sustenta su posición en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, en la normativa vigente, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y en la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones.

Cuarto: Que, para resolver, es necesario tener presente que el artículo 1 de la Ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican y deroga la ley 9.705, regula las siguientes condiciones que deben reunirse para acogerse a este beneficio: “a).- Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b).- Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”. A su turno, el artículo 7º de la citada Ley, señala que: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1º de esta Ley”.

Por otra parte, el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, en el Libro II, Título XI, sobre Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten, indica de forma textual lo siguiente: “b) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.”

Quinto: Que, del mérito de los antecedentes, aparece que el documento presentado por el actor “Constancia Electrónica de Cotizaciones” de 30 de junio 2025, del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), carece de firma autorizada y no se encuentra apostillado ni legalizado conforme a la normativa vigente. En efecto, el hecho de contener un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales vigentes, más aún cuando el ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional.

Sexto: Que, respecto a la Declaración Jurada Notarial apostillada acompañada por el recurrente, en la que manifiesta que se encuentra afiliado y cubierto por el sistema de Seguridad Social Venezolana, en el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS), se concluye que no es idóneo para acreditar la cobertura previsional en el extranjero exigida por el artículo 1° letra a) de la ley N° 18.156, ya que debe ser emitido por la autoridad previsional competente del país correspondiente, quien es la única facultada legalmente para certificar dicha circunstancia.

Séptimo: Que, cabe destacar que la exención establecida en la Ley N°18.156 es de carácter excepcional, ya que modifica la regla general del sistema chileno en cuanto a la obligatoriedad de cotizar para todos los trabajadores dependientes, por lo que dicha normativa debe ser interpretada restrictivamente, debiendo las Administradoras aplicar estrictamente los criterios establecidos por la Superintendencia de Pensiones, organismo técnico facultado para interpretar la legislación con carácter obligatorio.

Octavo: Que, por lo demás, el rechazo de la petición de la recurrente no impide que posteriormente pueda volver a presentarla acompañando la documentación que cumpla con los requisitos legales y administrativos vigentes, según acertadamente le fue comunicado por la recurrida, tratándose de un acto administrativo subsanable y no de una decisión definitiva que genere indefensión.

Noveno: Que, en dicho contexto, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de la institución recurrida, en tanto ha circunscrito su actuación a exigir el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y en la normativa administrativa para acceder al beneficio impetrado, aplicando de manera uniforme los criterios establecidos por la Superintendencia de Pensiones a todos los solicitantes, sin que se configure trato discriminatorio alguno.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida en favor de nombre reservado en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-4341-2025.