Protección contra Universidad Santo Tomás

Foja: 34 Treinta y Cuatro eaam C.A. de Valparaíso Certifico: Que se anunciaron para alegar la abogado Sra. Susana Fernández, 105 minutos por el recurso y el abogado Sr. Pablo Paredes, 10 minutos contra el recurso, quienes ejercieron su derecho en estrados, luego de escuchar relación pública. Valparaíso, nueve de diciembre de dos mil quince.

N° Protección 4341-2015.- nombre reservado

Relator Ad-Hoc Valparaíso, nueve de diciembre de dos mil quince.

VISTO:

A fojas 1, comparece Susana Elisa Fernández Mardones, abogada, domiciliada en domicilio reservado, a nombre de don nombre reservado, kinesiólogo, de su mismo domicilio, quien interpone acción constitucional de protección en nombre y en favor de su representado, en contra de la Universidad Santo Tomás, representada por su Rector don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, couna de Santiago, y en contra del Director Académico de la Universidad, sede Viña del Mar, don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, por haber incurrido en una omisión ilegal y arbitraria al negarse a confeccionar y hacerle entrega de dos certificados solicitados, uno relativo a la efectividad de haber laborado como Director de la Escuela de Kinesiología entre el 16 de marzo de 2004 y el 29 de julio de 2015, y el otro que señalara todas las docencias que realizó desde el año 2004 hasta el primer semestre de 2015, habiéndose con ello vulnerado las garantías constitucionales contempladas en los artículos 19 N°2, relativa a la igualdad; N°16 sobre la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación; y la N°24 del derecho de propiedad.

Refiere que ingresó a prestar servicios para la Universidad recurrida, en el cargo de Director de Kinesiología de la Sede Viña del Mar, el 02 de enero de 2004, realizando además labores docentes en diferentes materias, hasta el día 29 de julio de 2015, fecha en la que fue despedido.

Sin perjuicio de haber iniciado las acciones correspondientes, el día 5 de octubre del año en curso, solicitó los certificados antes referidos a fin de poder presentarlos en postulaciones laborales, respondiéndose el 20 de octubre de este mismo año, don nombre reservado, via e-mail que la Universidad no otorga ese tipo de certificados.

Dicha negativa le causa un perjuicio pues es la forma como puede acreditar su experiencia docente ante otras instituciones. Expone que el actuar de los recurridos sería ilegal, en base a lo dispuesto en el artículo 154 bis del Código del Trabajo, que si bien no ordena directamente al empleador extender una certificación, establece un reconocimiento relativo a la información que puede mantener, que pertenece al trabajador y es de su propiedad, viéndose impedido de ella sin justificación alguna de la recurrida.

Señala que la garantía de igualdad se ve conculcada, al haberse emitido los certificados solicitados en el caso de otros docentes, los que incluso el recurrente suscribía en calidad de Director de la Escuela. En cuanto a la libertad de Trabajo, el acto reclamado provocan a lo menos una perturbación, toda vez, que dificulta su acceso al mercado laboral al verse impedido de acreditar su experiencia laboral completa. Por último, en el caso del derecho de Propiedad, los documentos requeridos son de propiedad del recurrente pues es parte de su historia personal como trabajador, de modo que su negativa a otorgarlos, perturba y amenaza dicho derecho.

Agrega que el actuar de las recurridas resulta arbitrario aplicando para ello el método de la ponderación guiado por el principio de la proporcionalidad, el cual desarrolla en extenso, persiguiendo que cada derecho se sacrifique por el otro en la menor manera posible, de modo que la negativa sea idónea para cumplir algún fin de la recurrida, sin que al efecto exista alguno, pues como ya se dijera, incluso el propio recurrente tuvo que autorizar documentos como éstos; como tampoco existe justificación a la negativa, más que ser un capricho, sin que siquiera se ofreciera otro tipo de documentación que acreditara la experiencia docente.

Por lo anteriormente expuesto, solicita se acoja el recurso y se declare que el acto recurrido es ilegal y/o arbitrario, que produce privación, perturbación y/o amenaza del legítimo ejercicio de las garantías constitucionales ya referidas, restableciendo el imperio del derecho y ordenando a la recurrida extender los certificados solicitados o lo que US. Iltma. estime procedente, todo lo anterior con costas.

En un otrosí, se acompaña documentación justificante de la acción.

A fojas 21 y 30 informan los recurridos, solicitando el rechazo de la acción deducida con costas, señalando que efectivamente el recurrente prestó servicios para la Universidad Santo Tomás hasta el 29 de julio de 2015, fecha en la que se puso término a la relación laboral por incumplimiento grave de las obligaciones del contrato; que posteriormente en el mes de octubre pasado solicitó al Director Académico de la Sede Viña del Mar, un certificado relativo a las particularidades de los servicios prestados, contestando el 20 de octubre el señor nombre reservado que no podía otorgar tal certificación, sin que pueda avizorarse la razón por la cual pudiera la universidad tener la obligación de entregarlo a un ex trabajador. Además, se le hizo ver al recurrente que el área académica a su cargo, no acostumbraba a otorgar tales documentos.

Fundamenta su rechazo afirmando la inexistencia de las arbitrariedades, ilegalidades o vulneraciones alegadas. Es así que, la circunstancia que el recurrente en uso o abuso de su cargo hubiera emitido durante su relación laboral tales certificados, no implica que sea una obligación o política de la Universidad el actuar de esa forma; como tampoco resulta relevante que otras instituciones los otorguen; ni menos resulta atendible que tal negativa pudiera causar un perjuicio al actor.

Estima no constituye una ilegalidad la negativa a otorgar los certificados, pues no existe obligación legal alguna respecto de quien ya no tiene relación con la Universidad. Agrega que, es por los mismos argumentos que no se puede ver vulnerado ni constituir amenaza a las garantías constitucionales que el actor menciona en el recurso, sin que se encuentre impedido de publicar en su curriculum su historial laboral, pudiendo quien esté interesado comunicarse con sus ex empleadores para ratificar la información contenida.

Concluye afirmando que no existe acción ilegal o arbitraria reprochable, razón por la cual no se dan los presupuestos para la procedencia de la acción entablada.

A fojas 75 se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que el recurso de protección tiene por finalidad restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado que por causas de actos u omisiones arbitrales o ilegales, sufra privación, perturbación o amenazas en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Segundo: Que el presente recurso se ha deducido ante la negativa de otorgarse dos certificados solicitados, uno relativo a la efectividad de haber laborado como Director de la Escuela de Kinesiología entre el 16 de marzo de 2004 y el 29 de julio de 2015, y el otro que señalara todas las docencias que realizó desde el año 2004 hasta el primer semestre de 2015, habiéndose con ello vulnerado las garantías constitucionales contempladas en los artículos 19 N° 2, relativa a la igualdad; N°16 sobre la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación; y la N°24 del derecho de propiedad.

Tercero: Que la recurrida al informar el recurso señaló que su institución por política no otorga el tipo de certificado requerido, razón por la cual no se pudo acceder a su solicitud, sin dar mayores antecedentes de los motivos de dicha negativa.

Cuarto: Que atendida la respuesta dada por la recurrida, a esta Corte le resulta arbitraria la negativa a la expedición de los certificados a que se hace mención en el punto segundo de este fallo, más aún cuando el recurrente es el titular de la información que requiere que se consignen en tales constancias, lo que vulnera la garantía del artículo 19 N° 24 de la Constitución Política del Estado, teniendo para ello presente los principios que se contienen en la Ley 19.628 sobre protección de datos de carácter personal.

Es así que lo requerido por el recurrente conforme lo dispone el artículo 2 letra f) de la ley antes señalada, se define por el legislador para estos casos como “datos de carácter personal o datos personales”, vale decir relativo a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables; lo que unido a lo que define aquél por titular de los datos en la misma ley y artículo letra ñ), es la persona natural a que se refieren los datos de carácter personal, cuyo es el caso respecto del recurrente.

Quinto: Que en consecuencia, se ha limitado por los recurridos el pleno ejercicio de los derechos fundamentales del titular de los datos, esto es, don nombre reservado, y de las facultades que la ley en comento le reconoce.

Y de conformidad, además a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se acoge, con costas, el recurso de protección deducido a fojas 1 por Susana Elisa Fernández Mardones en favor de nombre reservado en contra de la Universidad Santo Tomás y del Director Académico de la Universidad, sede Viña del Mar, don nombre reservado, debiendo la recurrida, en consecuencia, extender los certificados solicitados por el actor, dentro del término de quinto día, contado desde que el presente fallo quede ejecutoriado, bajo apercibimiento, si así no lo hiciere, de aplicarse alguna de las medidas previstas en el número 15 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre recurso de protección.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección 4341-2015 Pronunciada por la Ministro Sra. Inés María Letelier Ferrada, por la Fiscal Judicial Sra. Jacqueline Nash Álvarez y por el abogado integrante Sr. Carlos Fuentes Puelma.

En Valparaíso, a nueve de diciembre de dos mil quince se notificó por el estado diario la resolución que antecede.