nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA CALERA Y OTRO

I.C.A. de Valparaíso.

Valparaíso, quince de octubre de dos mil veinticinco.

Vistos:

A folio 1, comparece nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA CALERA y del JUZGADO DE GARANTÍA DE VIÑA DEL MAR, señalando que recurre en contra del aparcadero municipal de La Calera, del Juzgado de Garantía de Viña del Mar y la Fiscalía de Viña del Mar, puesto que ha sido vulnerado su derecho de propiedad por la incautación de su vehículo placa patente LFRV-50, actualmente retenido en el aparcadero, y respecto del cual le obligan a pagar la suma de casi 4 millones de pesos, lo cual fue comunicado telefónicamente, aproximadamente el 3 de julio, lo que le parece imposible, ya que no posee los recursos ni tampoco puede contratar un abogado para interponer una tercería en su momento, así como también por desconocimiento.

Señala respecto del vehículo en cuestión, que fue incautado en procedimiento en su domicilio, de manera ilegal y arbitraria, ya que nunca ha sido procesada ni se han formulado cargos en su contra, ya que al momento de los hechos no se encontraba en su propiedad y el padre de su hijo iba llegando a su domicilio junto a él, quien presenció todo, para esperar que llegara de su trabajo, en momentos que Policía de Investigaciones, lo intercepto con armas allanando su hogar, desconociendo si existía una orden judicial, y en cuyo procedimiento no se encontró nada, ni tampoco se lo llevaron detenido, pero si sustrajeron su vehículo por una investigación en la causa RUC N°23001177903-4 RIT N°10.366-2023, en la cual no es interviniente de ninguna forma.

Indica que el 2 de julio de 2025 hizo la devolución en el Ministerio Público, la cual fue aprobada, contactándose con el aparcadero para coordinar la devolución, informándole del monto, lo cual le resulta injusto, ya que es dueña de su vehículo, pero no ha cometido ningún delito, sin embargo, la han vulnerado y privado de su derecho a la propiedad.

Pide, en definitiva, quedar exenta de pago en el aparcadero municipal de La Calera y la devolución de su vehículo.

Acompaña documentos.

A folio 4, informa FISCALIA LOCAL DE VIÑA DEL MAR DEL MINISTERIO PÚBLICO, señalando que en la investigación RUC 2301177903-4, seguida por delitos de tráfico ilícito de estupefacientes y tenencia ilegal de arma de fuego, se llevó adelante audiencia de lectura de sentencia con fecha 23 de mayo del presente año.

Que, habiéndose incautado por la policía uno de los vehículos utilizados en el transporte de droga, correspondiente al móvil marca Chevrolet, modelo Spark, color gris, placa patente LFRV.50, la sentencia condenatoria no dio lugar al comiso de esta especie, por lo que a partir de esa fecha, el vehículo antes referido se encuentra a disposición de quien acredite ser su propietario.

Indica que entendiendo que el automóvil fue trasladado al corral particular de la ciudad de La Calera se ha instruido al solicitante requerir, ante dicho organismo, la restitución del vehículo.

En cuanto a los costos de custodia y conforme lo instruido mediante Oficio del Fiscal Nacional N° FN 626/2017, la fiscalía carece de facultades para pronunciarse sobre la exención de pago en aparcaderos, por lo que la fiscalía ha cumplido el mandato legal que ordena la incautación de los objetos destinados a la comisión de los hechos investigados y, oportunamente, ha dispuesto su restitución en vistas de lo resuelto por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar, no siendo competente para pronunciarse sobre el cobro de derechos de custodia.

A folio 5, informa ERIK GONZALO ESPINOZA CERDA, JUEZ DE TURNO DEL JUZGADO DE GARANTÍA DE VIÑA DEL MAR, señalando que en la causa Rit 10.366-2023 de ese Juzgado, por delitos de tráfico de drogas (en relación con artículo 3 de la ley N° 20.000) y de delitos establecidos en la ley de armas N° 17.798.

En la citada causa, la recurrente no tiene la calidad de imputada, siendo presentada acusación con fecha 30 de octubre de 2024 por Fiscalía, donde entre las diversas penas solicitadas a los diferentes acusados, se pide además que se decrete el comiso de todos los bienes incautados en dicho procedimiento penal, pero aún no se ha dictado sentencia en esta causa.

Indica que el 27 de abril de 2024, se autorizó judicialmente la entrada, registro e incautación de especies relacionadas con dichos delitos que se estaban investigando, respecto de cuatro domicilios, correspondientes a los de: 1. Inmueble ubicado en domicilio reservado, de dos pisos color celeste, con reja perimetral de fierro y madera color cerezo, Miraflores Alto, Viña del Mar, Coordenadas -33.025615 -71.514175; 2. Inmueble ubicado en domicilio reservado; 3. Meseta del Gallo Block G, departamento N°101, Miraflores Alto, Viña del Mar, Coordenadas -33.017283, -71.523974 , 4. Las Margaritas N°155, Los Vilos, Coordenadas -32.1548641, -71.5098354. y Proyectada N° 6 casa 185, Pichidangui, comuna de Los Vilos, Coordenadas -32.12528 -71.50719.

Expresa que la diligencia fue autorizada el día 27 de abril de 2024, donde Fiscalía a través de vía telefónica y de lo cual se deja constancia tanto por el Fiscal y por el Juez que dio dicha autorización, que constan en correo electrónico que da cuenta de la misma, y donde se verifica que Fiscalía dentro de los antecedentes para dar lugar a dichas diligencias que en el vehículo que el imputado nombre reservado usaba para el traslado y venta al menudeo de droga era el que recurrente reclama su devolución a través de este recurso. En el escrito señalado de la Fiscalía, en una parte del mismo y que da cuenta de lo anteriormente expresado, se señala por Ministerio Público: “Como es de conocimiento de esa Fiscalía Local de Viña del Mar, específicamente del Fiscal Fernando HOOD GROSSER, se mantiene en investigación un clan familiar dedicado al tráfico de drogas en la ciudad de Viña del Mar, liderado por nombre reservado, cedula de identidad N°RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, al cual se mantiene monitoreado telefónicamente al móvil 56930666166, de la compañía Wom, el que fue debidamente autorizado para su interceptación el 13.ABR.024 por el Juzgado de Garantía de Viña del Mar el magistrado Rodolfo MORENO OSSES, por el plazo de 60 días, mediante el análisis de este número de móvil se ha podido determinar que este sujeto se dedica también a la venta de droga al menudeo a las afuera del domicilio ubicado en domicilio reservado, de dos pisos color celeste, con reja perimetral de fierro y madera color cerezo, donde este sujeto entraba y salía cada vez que realizaba una venta de droga, esto se determinó mediante vigilancia y seguimiento, debido a que este sujeto, tiene pocas comunicaciones telefónicas, se presume que las comunicaciones son mediante mensajería instantánea, el vehículo que utilizaba para dicha acción es un Chevrolet, Spark PPU:LFRV-50.”

Agrega que el Tribunal autorizó dentro del proceso entrada y registro e incautación de especies relacionadas con el delito respecto los domicilios ya referidos, y que respecto de lo específico reclamado, no ha tenido alguna solicitud como la que permite el artículo 189 del Código Procesal Penal, sobre tercerías, respecto de la devolución de dicho vehículo ni de eximición de derechos municipales de algún tipo relacionado con el vehículo señalado.

Acompaña documentos.

A folio 8, evacúa informe SOCIEDAD APARCADERO PROVINCIAL LIMITADA, señalando que el vehículo placa patente LFRV.50-0, marca Chevrolet, modelo Spark GT LT 1.2, color gris metálico, año 2019, se encuentra en custodia en el aparcadero de la sociedad de domicilio reservado, desde el 8 de julio de 2024, derivado por la Fiscalía de Viña del Mar en incautación realizada por la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones de Viña del Mar, causa RUC N° 2301177903-4, RIT N° 10366-2023 del Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar, y al pretender retirar su vehículo de dicho aparcadero se negó a pagar los derechos adquiridos por custodia del vehículo por 388 días, al 29 de julio de 2025, por un monto total de $4.602.871.-, incluido el impuesto al valor agregado, según consta de contrato administrativo de concesión del servicio de aparcadero celebrado entre la I. Municipalidad de La Calera y la Sociedad Aparcadero Provincial Limitada, por lo que solicita el rechazo del recurso.

Indica que al Juzgado de Garantía corresponde resolver las tercerías de devolución de vehículos incautados en procedimientos penales, de acuerdo al artículo 189 del Código Procesal Penal, debiendo el legítimo titular de la cosa corporal mueble retenida y no decomisada reclamar su devolución dentro del plazo de 6 meses desde la fecha de la resolución firme que hubiere puesto término al juicio, según lo previsto en el artículo 470 del Código Procesal Penal, pero dicho tribunal carece de competencia absoluta, en razón de materia, para decidir sobre la eximición, condonación o pago de derechos de custodia o bodegaje de vehículos que corresponde percibir a la Sociedad Aparcadero Provincial Limitada y a la I. Municipalidad de La Calera, no siendo el recurso o acción de protección la vía idónea para discutir y resolver la mencionada eximición o condonación de derechos de bodegaje y custodia de vehículos.

Expresa que la Sociedad informante tiene bajo su custodia y mantención, en el aparcadero de domicilio reservado, el vehículo singularizado, derivado por el Ministerio Público según consta de acta de 07 de julio de 2024, por el presunto delito de tráfico ilícito de estupefacientes, estando autorizada a cobrar y percibir derechos por el retiro, traslado y custodia de los vehículos depositados en el aparcadero, pagos que deben ser efectuados por los propietarios, quienes al ser absueltos deben repetir o perseguir el pago de dichos derechos de custodia o bodegaje contra el infractor penal condenado por sentencia ejecutoriada, ya que dicho retiro de vehículos sin pago implicaría un empobrecimiento injustificado para la informante y la entidad licitante I. Municipalidad de La Calera, y un enriquecimiento sin causa para el tercero imputado absuelto.

La entrega en bodegaje de vehículos en los corrales de la informante, sin pago alguno por quien lo retira, implica un empobrecimiento sin justificación para la Sociedad Aparcadero Provincial Limitada de un contrato de concesión.

Menciona la cláusula tercera del contrato de concesión del servicio de aparcadero de 2023, suscrito por la Municipalidad de La Calera y la Sociedad Aparcadero Provincial Limitada, la cual establece que por cada día de custodia de vehículos, quien los retira debe pagar 0,14 Unidades Tributarias Mensuales por el vehículo incautado, y el propietario debe pagar los costos de custodia del automóvil, indicados en el contrato administrativo de concesión, debiendo repetir o ejercer acciones civiles en contra del condenado en la respectiva causa penal, quien utilizó el vehículo incautado con autorización de su propietario.

Agrega que el vehículo de propiedad de la recurrente, cuya devolución sin pago a la concesionaria del servicio de aparcadero que requiere, delito por el cual fue condenado nombre reservado, vehículo que fue incautado por allanamiento de la Policía de Investigaciones en el domicilio de la recurrente, móvil que fue utilizado por nombre reservado para el transporte y venta de la droga, sin haber denunciado la propietaria un presunto hurto, robo o apropiación indebida del vehículo previamente a la incautación, considerando que el propietario del vehículo y el tenedor del mismo son solidariamente responsables de los daños o perjuicios que se ocasionen con el uso del vehículo, a menos que acrediten que fue usado contra su voluntad, cual no es el caso que ha ocurrido en estas circunstancias (artículo 169 inciso 2° de la ley de tránsito N° 18.290).

En el caso de los comisos de los vehículos motorizados terrestres que hayan servido o hubieren estado destinados a la comisión de delitos previstos y sancionados en la ley N° 20.000, sobre tráfico de drogas, es lo que ha ocurrido en el caso del automóvil de propiedad de la recurrente (artículo 45 inciso 1° ley 20.000).

Expresa que en múltiples ocasiones el Ministerio Público o los tribunales a petición del interesado, ordenan la devolución de vehículos a sus propietarios a través del ejercicio de tercerías u otras reclamaciones a la luz de lo establecido en el Código Procesal Penal, o incluso en aquellos casos en que se rechaza la solicitud de comiso requerido por parte del ente persecutor, ante lo cual los tribunales, particularmente los juzgados de garantía, se limitan a reconocer el derecho de propiedad sobre el vehículo, y eventualmente ordenan la devolución del mismo, no pronunciándose respecto de los pagos por custodia o bodegaje que se origina producto de la incautación del vehículo, particularmente por tratarse de una materia de carácter esencialmente civil o comercial y, además, sujeta a normas de derecho público, vinculada a una normativa y reglamentación especial que jurídicamente permite y justifica el cobro, independientemente de las circunstancias en que haya ocurrido la incautación o retiro de circulación del vehículo.

Lo que corresponde es que el propietario ejerza las acciones civiles que la propia ley franquea para repetir los gastos y perjuicios económicos que le irroguen la recuperación del vehículo incautado en contra de la persona que ilícitamente utilizó dicho bien para la comisión de un delito.

Pide el rechazo de la acción de protección, y en caso que se resuelva la entrega del vehículo incautado marca Chevrolet, modelo Spark GT LT 1.2, color gris metálico, patente LFRV.50-0, a su dueña, ello debe ser previo pago de los respectivos derechos de custodia y mantención, siendo ingresos de la sociedad concesionaria y de la Municipalidad de La Calera, según contrato de concesión suscrito por la Sociedad Aparcadero Provincial Limitada con la Municipalidad de La Calera, existiendo interés actual de estas últimas por estar comprometidos derechos adquiridos, vinculados al derecho de propiedad de la concesionaria y de la entidad licitante.

Acompaña documentos.

A folio 15, hace presente la recurrente señalando que nombre reservado, es padre de su hijo, con quien solo mantiene una relación de padres, quien si bien pudo ser sujeto de investigación en su momento, como dicen en algunos informes, él no ha sido procesado, ni formalizado ni condenado por algún delito, menos abordado transportando drogas. Existe una clara confusión en la persona, pues quien fue formalizado y acusado es nombre reservado, padre de nombre reservado, con quien nunca ha tenido relación alguna, menos ha utilizado su vehículo, y quien lo ha usado es solo el padre de su hijo, en algunas ocasiones, para el transporte escolar del hijo en común.

Indica que su domicilio no es lugar de acopio, ni distribución de drogas, que es una mujer que trabaja hace años de manera independiente y esforzada, en un local establecido en la comuna y centro de Quilpué. Expresa que no presentó una denuncia por apropiación indebida, hurto o robo, porque su vehículo jamás fue robado, si no que más bien incautado por la Policía de Investigaciones.

A folio 17, evacúa informe la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA CALERA, señalando que el servicio de aparcadero municipal no es administrado directamente por la entidad edilicia, sino que se encuentra regulado bajo un contrato de concesión suscrito entre la Municipalidad y el concesionario adjudicatario, en conformidad a lo dispuesto en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades N° 18.695 y a las bases administrativas que rigieron el respectivo proceso licitatorio.

En cuanto al servicio, la Municipalidad, en uso de sus atribuciones legales, procedió a licitar y adjudicar la concesión del servicio de aparcadero, transfiriendo su administración, explotación y operación al concesionario privado, por lo que la gestión cotidiana, cobros, funcionamiento interno y eventuales situaciones que se susciten en el marco del servicio corresponden exclusivamente al concesionario, quien asume los derechos y obligaciones derivados del contrato.

Expresa que cualquier reclamo por el servicio debe ser dirigido directamente al concesionario, sin perjuicio del deber de la Municipalidad de supervisar la ejecución del contrato.

Acompaña documentos.

A folio 24, evacúa informe POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE, PREFERCTURA PROVINCIAL VALPARAÍSO, señalando que en la investigación RUC N°2301177903-4, seguida por el delito de Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Tenencia Ilegal de Armas, se incautó uno de los vehículos utilizados en el transporte de drogas, correspondientes al móvil marca Chevrolet modelo Spark, color gris, placa patente LFRV-50.

Indica que dicho vehículo se encuentra en un corral de la comuna de La Calera y en relación a los costos de custodia, la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado, no puede pronunciarse sobre la exención del pago en aparcaderos, por cuanto cumplió con la disposición que ordena la incautación de los objetos destinados a la comisión de los delitos investigados, no pronunciándose sobre el cobro del aparcadero particular de la ciudad de La Calera.

A folio 26, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

Siendo requisito indispensable de la citada acción, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Que, la acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

Segundo: Que, para una mejor inteligencia del presente arbitrio, conviene precisar los siguientes hechos que constan de las alegaciones de las partes y documentación acompañada:

1.- En causa RUC 2301177903-4, RIT N°10.366-023 seguida ante el Juzgado de Garantía de Viña del Mar, seguida por delitos de tráfico ilícito de estupefacientes y tenencia ilegal de arma de fuego, a solicitud de la Fiscalía Local de Viña del Mar, se autorizó judicialmente el 27 de abril de 2024, la entrada, registro e incautación de especies relacionadas con dichos delitos que se estaban investigando, respecto de cuatro domicilios, siendo uno de ellos el ubicado en domicilio reservado; que la propia recurrente reconoce como su domicilio y se procedió a incautar en dicho procedimiento el automóvil Chevrolet Spark placa patente LFRV-50 de propiedad de la actora, el cual se encuentra en el aparcadero de la sociedad de domicilio reservado, desde el 8 de julio de 2024, derivado por la Fiscalía de Viña del Mar.

2.- En la presente causa se dictó sentencia el 23 de mayo de 2025 por el Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar, resultando condenados, los acusados nombre reservado, y a nombre reservado, como autores del delito de Tráfico ilícito de estupefacientes (Cocaína y Cannabis Sativa), cometido en grado de consumado, previsto y sancionado en el artículo 3°, en relación con el artículo 1°, de la Ley número 20.000, y nombre reservado, como autor del delito de Tráfico ilícito de estupefacientes (Cannabis Sativa), en su modalidad de pequeñas cantidades, cometido en grado de consumado, previsto y sancionado en el artículo 4°, en relación con el artículo 1° de la Ley número 20.000, decretó además el comiso del dinero incautado, esto es, $99.000.- (noventa y nueve mil pesos), y el comiso del vehículo marca Kia modelo Sonet, color negro, placa patente SYYB-47 y de los teléfonos de los tres acusados condenados y de la munición.

3.- Que, habiéndose incautado por la policía el citado vehículo, la sentencia condenatoria no dio lugar al comiso de esta especie, por lo que, a partir de esa fecha, el vehículo ya singularizado se encuentra a disposición de quien acredite ser su propietario, y habiendo sido trasladado al corral particular de la ciudad de La Calera, la recurrente debe solicitar, ante dicho organismo, la restitución del vehículo.

4.- En las citadas causas, la recurrente no tiene la calidad de imputada, acusada ni sentenciada.

Tercero: Que, la recurrente funda su acción o incautación arbitraria del automóvil marca Chevrolet, modelo Spark, placa patente LFRV-50, de su propiedad cuya condición para solicitar la restitución del mismo sea el pago de $4.602.871.- a la Sociedad Aparcadero Provincial Limitada, por lo que solicita se le exima de dicho pago.

Cuarto: Que, evacuando informe el Aparcadero Provincial Limitada sostiene que la materia sometida al conocimiento de esta Corte, dice relación con una cuestión de orden civil que se deriva del contrato de concesión suscrito por su parte y la Ilustre Municipalidad de La Calera, encontrándose facultado a cobrar y percibir derechos por el retiro, traslado y custodia de los vehículos depositados en el aparcadero, pagos que deben ser efectuados por los propietarios o quienes retiren dichos móviles.

Quinto: Que, de los antecedentes acompañados al proceso, consta que el vehículo Placa Patente única LFRV-50, de propiedad de la recurrente fue incautado y mantenido en el Aparcadero Provincial Limitada, en el contexto de la investigación por el delito tráfico ilícito de drogas y porte de armas, seguida en contra nombre reservado y nombre reservado, entre otros, ilícitos por los cuales fueron posteriormente condenados, destacando, que en la parte resolutiva de la sentencia del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar, no se da lugar al comiso solicitado por parte de la Fiscalía, ordenándose la restitución del mismo a la persona a cuyo nombre aparece inscrito en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados o a la persona que justifique ser su dueño.

Sexto: Que, para resolver se debe tener presente lo dispuesto en el artículo 14 en su letra f) del Código Orgánico de Tribunales, el que dispone: “Los juzgados de garantía estar conformados por uno o más jueces con competencia en un mismo territorio jurisdiccional, que actúan y resuelven unipersonalmente los asuntos sometidos a su conocimiento. Corresponder a los jueces de garantía: f) Hacer ejecutar las condenas criminales y las medidas de seguridad, y resolver las solicitudes y reclamos relativos a dicha ejecución, de conformidad a la ley procesal penal…”

Séptimo: Que, de acuerdo a la norma antes citada, el tribunal competente para conocer los hechos que se exponen en el presente arbitrio es el Juzgado de Garantía de La Calera quien debe ejecutar lo ordenado mediante sentencia firme y ejecutoriada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar.

Por estas consideraciones y lo establecido en los art culos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra de la Fiscalía Local de Viña Del Mar, Juzgado de Garantía de Viña Del Mar, Ilustre Municipalidad de La Calera y Sociedad Aparcadero Provincial Limitada.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad N°Protección-4322-2025.

En Valparaíso, quince de octubre de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.