nombre reservado con ASOCIACIÓN DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, veinticinco de agosto de dos mil veinticinco.

Vistos:

A folio 1, comparece Pablo Peñaloza Parra, abogado, quien interpone recurso de protección en favor de nombre reservado, venezolano, residente definitivo, de 30 años de edad, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., por el rechazo de la solicitud de retiro de fondos del actor, actuación que estima como ilegal y arbitraria que vulnera los derechos fundamentales del actor, garantizados en los numerales 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que el afectado solicitó a la recurrida la devolución de fondos previsionales de conformidad a las normas de la Ley 18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros, adjuntando la documentación requerida y cumpliendo con lo solicitado por la AFP.

Refiere que, mediante correo electrónico de 2 de julio de 2025, la administradora comunica el rechazo de su solicitud, argumentando que el cumplimiento del requisito de afiliación debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

Alega haber acompañado los siguientes documentos: 1) Contrato de trabajo; 2) Anexo de contrato individual de trabajo; 3) Constancia electrónica de cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS); 4) Declaración jurada de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, autorizada ante notario; 5) Título Profesional debidamente apostillado, por lo que es procedente realizar el retiro de fondos previsionales, sin embargo, se encuentra con una obstaculización de su proceso, donde la recurrida realiza una interpretación formalista de la norma, desatendiendo a la finalidad del legislador.

Argumenta que el legislador, en protección del derecho de igualdad ante la ley y derecho de propiedad, ya ha establecido los requisitos pertinentes para la devolución de fondos, no siendo pertinente que las administradoras de fondos establezcan requisitos adicionales a los previamente establecidos por el legislador.

Señala que cualquier interesado puede verificar la existencia de la afiliación al sistema previsional venezolano, pues la constancia electrónica ofrece un código de verificación con el que se puede acceder a la comprobación de la autenticidad del documento en la página oficial del Instituto Venezolano de Seguridad Social (IVSS).

Solicita que se reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo de 5 días.

Acompaña rechazo de retiros de fondos, cédula de identidad para extranjeros; contrato de trabajo y anexos, título profesional apostillado, declaración jurada de afiliación autorizada ante notario público y constancia electrónica certificada de cotizaciones ante el I.V.S.S.

A folio 7, comparece Rodrigo Montero Atria, abogado, en representación de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., quien informa que el recurrente presentó solicitud de devolución de fondos el 30 de junio de 2025, pretendiendo ampararse en la exención establecida en la Ley 18.156 para trabajadores técnicos extranjeros, por las cotizaciones previsionales enteradas por el empleador Sociedad Ristorante Le Due Torri Ltda.

Refiere que, tras el análisis de los antecedentes conforme a la Ley 18.156, al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones y a la jurisprudencia administrativa dictada por dicho organismo, se determinó el rechazo de la solicitud, ya que la Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no cumple con los requisitos de la normativa vigente, ya que no es un certificado de afiliación, no señala las prestaciones por las cuales se encuentra cubierto y no está firmado por quien lo emite ni se encuentra apostillado o legalizado.

Respecto de la declaración jurada de 18 de junio de 2025, argumenta que tampoco cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente, toda vez que no es un certificado emitido por la entidad de seguridad social fuera de Chile y tampoco es un documento emitido por la Embajada o Consulado correspondiente.

La recurrida cita el Oficio N°3141, de 20 de febrero de 2024, de la Superintendencia de Pensiones, que establece que el trabajador debe aportar un documento que acredite en forma específica que contó durante la prestación de sus servicios en Chile con la protección para todos los riesgos indicados en el precepto legal.

Adicionalmente, argumenta que el recurrente ingresó a prestar servicios laborales en calidad de garzón, función que no corresponde a la categoría de “personal técnico extranjero” a que se refiere el artículo 1° de la Ley 18.156, citando jurisprudencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso en causa Rol N° 1501-2025.

Sostiene que el recurrente, según su cédula de identidad, tiene visa con carácter de permanencia definitiva en Chile, por lo que no cumpliría con el carácter de temporalidad de prestación de servicios exigida por la ley, citando fallo de la Corte de Apelaciones de La Serena en causa Rol Protección 909-2025.

Pide el rechazo del recurso y acompaña los documentos presentados por el actor al solicitar los fondos.

A folio 8, informa Natalia Arena Muñoz, abogada, en representación de la Superintendencia de Seguridad Social, quien refiere que el recurrente no registra reclamo alguno ante dicho organismo respecto de los hechos que motivan la presente acción cautelar, por lo que no existen antecedentes previos referentes a la acción de protección consultada.

Por otro lado, explica que la Ley 18.156 establece un régimen de excepción aplicable exclusivamente a trabajadores dependientes extranjeros técnicos o profesionales que cumplan requisitos copulativos específicos, entre ellos: encontrarse afiliado a un régimen previsional fuera de Chile que otorgue prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y expresar en el contrato de trabajo su voluntad de mantener dicha afiliación.

Afirma que, conforme a su jurisprudencia administrativa contenida en tres oficios que detalla, para acreditar la cobertura previsional en el extranjero se requiere certificación específica de la autoridad previsional competente que consigne expresamente la protección por todos los riesgos durante todo el período de servicios prestados en Chile por el trabajador respectivo.

En cuanto a la documentación presentada por la recurrente, se aprecia que la declaración jurada suscrita ante notario no resulta idónea para acreditar la cobertura previsional, toda vez que dicha certificación debe ser emitida por la autoridad previsional competente del país correspondiente.

En cuanto a la Constancia Electrónica de Cotizaciones del IVSS, señala que esta no contempla las coberturas específicas con que cuenta la recurrente, y se limita a mencionar genéricamente las coberturas del sistema venezolano. Además, no se encuentra firmada por quien emite el documento, y carece de apostilla o legalización, conforme a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil.

Concluye que no procede acceder a la solicitud de devolución de fondos previsionales, toda vez que la documentación acompañada no acredita el cumplimiento de los requisitos copulativos establecidos en la letra a) del artículo 1° de la Ley 18.156, siendo dicha normativa de excepción y, por tanto, de interpretación restrictiva.

A folio 9, se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que, a través de la presente vía cautelar, se impugna el rechazo de parte de la recurrida AFP Modelo S.A. de la devolución de los fondos previsionales cotizados por el recurrente entre el mes de febrero de 2022 y el mes de abril del presente año, fundando la acción en que este sí cumpliría con los requisitos contemplados en el artículo 1° de la Ley 18.156, al haber acompañado los documentos requeridos al momento de hacer la solicitud, exigiéndose antecedentes que ya ha sido acompañados y otros que son imposibles de obtener.

Segundo: Que, la recurrida informa que su actuar no es arbitrario ni ilegal, dado que el solicitante no ha acreditado el cumplimiento de todos los requisitos legales establecidos en los artículos 1º y 7º de la Ley 18.156. En tal sentido, afirma que la Constancia Electrónica de Cotizaciones del Instituto Venezolano de Seguros Sociales no corresponde a un certificado de afiliación, no indica las prestaciones que se encuentran cubiertas, y no está firmado por quien lo emite ni se encuentra apostillado o legalizado. Además, funda el rechazo en que la declaración jurada no acredita que haya estado cubierto durante su estadía en Chile por el sistema de seguridad social extranjero.

Tercero: Que, el artículo 7º de la Ley 18.156, establece: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administración de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1 de esta ley.”.

A su turno, citado artículo 1 dispone: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y, b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida. La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744.”.

Cuarto: Que, atendido lo expuesto y al mérito de los antecedentes acompañados por las partes, se concluye que la recurrida no ha incurrido en acto ilegal o arbitrario alguno, toda vez que, el actor no ha dado cumplimiento a la totalidad de los requisitos copulativos establecidos en la normativa previsional aplicable al caso. En efecto, del análisis de la constancia electrónica acompañada emanada del Instituto Venezolano de Seguros Sociales, no resulta posible acreditar que el actor se encontraba protegido por el seguro social venezolano en el periodo en que cotizó los fondos previsionales cuya devolución pretende, y tal es así que en dicho documento se indica que tiene el estatus de “asegurado CESANTE en la empresa CACAO COFFEE NG C.A inscrita bajo el Número Patronal O81793378 con Fecha de egreso 30/03/2018 (…)”, información que resulta poco clara para acreditar que el recurrente se encontraba cubierto por el seguro social durante el periodo en que cotizó los fondos solicitados.

Además, si bien la inclusión de un código de verificación electrónica podría permitir constatar la autenticidad del documento en el portal web de la entidad emisora, dicho mecanismo resulta insuficiente para satisfacer las exigencias formales establecidas en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, norma que regula el valor probatorio de los instrumentos públicos otorgados en país extranjero.

Por su parte, la declaración jurada no tiene el mérito para subsanar el defecto del cual carece la constancia electrónica de cotizaciones, al no ser un medio apto para acreditar que el recurrente se encontraba cubierto por el seguro social venezolano durante el periodo en estudio, ni las prestaciones garantizadas con total claridad.

Quinto: Que, además, conforme a los antecedentes acompañados, es posible concluir que el recurrente cuenta con residencia definitiva en Chile, circunstancia que reviste especial relevancia en el contexto del sistema previsional chileno. En efecto, autorizar el retiro de fondos previsionales en casos como el de autos, en que no se cumplen los requisitos legales establecidos para tal efecto, podría generar un eventual perjuicio al Estado, toda vez que, en virtud del principio de universalidad de la seguridad social y las disposiciones contenidas en la Ley 20.255 sobre Reforma Previsional, el erario nacional garantiza pensiones básicas solidarias a quienes cumplen los requisitos legales, entre ellos, contar con residencia permanente en el territorio nacional. De este modo, el retiro de fondos previsionales por parte de extranjeros con residencia definitiva podría significar que, en el futuro, el Fisco deba asumir el costo de garantizar una pensión a personas que, habiendo realizado cotizaciones en Chile, se les permitió retirar dichos fondos, generando una carga económica no prevista por el legislador al establecer el régimen excepcional contemplado en la Ley 18.156.

Sexto: Que, en definitiva, de los antecedentes aportados se desprende que la actuación de la recurrida, al rechazar la solicitud de devolución de fondos previsionales, se ha ajustado a la normativa vigente y a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, sin que pueda calificarse como ilegal o arbitraria, motivos por los cuales el presente arbitrio no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida en favor de nombre reservado, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A.

Se previene que la Ministra Sra. Nancy Bluck Bahamondes, concurre al rechazo de la acción cautelar estimando que el asunto planteado requiere un pronunciamiento declarativo en la sede jurisdiccional que corresponde al tenor de lo dispuesto en el artículo 420 letra c) del Código del Trabajo.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-4320-2025.