nombre reservado con INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

C.A. de Valparaíso Valparaíso, cinco de agosto de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1, comparecen don nombre reservado y otros 67 recurrentes, todos representados por el abogado don Marcelo Vasseur Aguirre, quienes interponen recurso de protección en contra en contra del Instituto de Previsión Social, por el acto que considera ilegal y arbitrario, consistente en la emisión del Ordinario N° 71824/2026 de 29 de abril de 2026, mediante el cual la recurrida rehusó emitir una resolución final sobre el fondo del otorgamiento de la Pensión Garantizada Universal por no presentar supuestamente una postulación formal previa —pese a que sus propios sistemas informáticos e institucionales lo impiden—, lo que obstaculiza el ejercicio de la tutela judicial efectiva, lo que estima vulnera sus derechos fundamentales garantizados en el artículo 19 N° 2 y N° 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que, los recurrentes son adultos mayores y beneficiarios de pensiones reparatorias contempladas en las Leyes N° 19.992 y N° 19.234. Señala que, intentaron postular a la Pensión Garantizada Universal mediante la plataforma web institucional, la cual arroja de manera sistemática un mensaje de exclusión por percibir una "Pensión Especial". Indica que, con el fin de interponer demanda de cobro de prestaciones ante los juzgados del trabajo conforme al artículo 420 letra c) del Código del Trabajo, el artículo 446 inciso 4° del mismo cuerpo legal exige como requisito acompañar la resolución final de la entidad previsional.

Alega que, tras requerir formalmente dicho pronunciamiento administrativo el 26 de febrero de 2026, la recurrida respondió mediante Ordinario N° 71824/2026 argumentando que no puede emitir resolución final por no existir postulación formal en el sistema respecto de 70 personas. Sostiene que, dicha respuesta es evasiva, dilatoria y de mala fe, pues la falta de postulación deriva del propio bloqueo informático que la institución mantiene. Argumenta que, este actuar cercena el acceso a la justicia y conculca la garantía de igualdad ante la ley al equiparar indebidamente indemnizaciones por violaciones a los derechos humanos con pensiones de vejez comunes. Añade que, se lesiona el derecho de propiedad sobre el derecho incorporal a la seguridad social y a las prestaciones de la Pensión Garantizada Universal.

Concluye solicitando que se ordene al Instituto de Previsión Social emitir una Resolución Final respecto de los recurrentes en relación a si les corresponde o no el pago de la Pensión Garantizada Universal, a fin de poder entablar las acciones judiciales correspondientes, con costas.

A folio 10, evacúa informe el Instituto de Previsión Social solicitando el rechazo del recurso en todas sus partes, con costas, sosteniendo que el actuar de la institución se ha enmarcado estrictamente en el principio de legalidad del gasto público regido por los artículos 6, 7 y 100 de la Constitución Política de la República, la Ley N° 18.575 y el Decreto Ley N° 1.263. Señala que, conforme al marco legal de la Ley N° 21.419 y el artículo 36 de la Ley N° 20.255, a los titulares de pensiones especiales o reparatorias sólo les es posible acceder a la Pensión Garantizada Universal bajo la modalidad de complemento.

Asevera que, la Ley N° 21.735 derogó el citado artículo 36 e introdujo un calendario de gradualidad etaria para la incorporación de dichos pensionados, fijando como hitos el 1° de septiembre de 2026 y 1° de septiembre de 2027 para los tramos de menor edad. Aduce que, el Ordinario N° 71824/2026 detalló con precisión la situación previsional de cada administrado, dando cuenta de concesiones activas por tramo etario, rechazos previos y de aquellos casos que no registran postulación ingresada.

Argumenta que, el órgano público carece de atribuciones para emitir una resolución de concesión o denegación de fondo sin la previa incoación de un procedimiento administrativo formal por parte del interesado. Añade que, no existe conculcación a la igualdad ante la ley ni al derecho de propiedad, toda vez que no concurren derechos adquiridos frente a meras expectativas o en ausencia del cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley. Finalmente pide rechazar en todas sus partes el recurso de protección deducido, sin costas.

A folio 11, se tuvo por evacuado el informe y se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República tiene por objeto restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, ante actos u omisiones arbitrarios o ilegales que priven, perturben o amenacen el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que dicha norma enumera.

Segundo: Que, a través de esta vía cautelar se impugna el Ordinario N° 71824/2026 emitido por el Instituto de Previsión Social, por estimarse arbitrario e ilegal al denegar la emisión de una resolución final previa de fondo sobre la Pensión Garantizada Universal respecto de los recurrentes bajo el argumento de no registrar postulación previa, en circunstancias que sus plataformas informáticas impiden realizarla, solicitando que se ordene a la recurrida emitir una Resolución Final formal para cada requirente sobre la materia a fin de permitirles acceder a la tutela judicial en sede laboral.

Tercero: Que, el recurrido informa, en síntesis, que su actuar se ajusta estrictamente al principio de legalidad del gasto público, en tanto el acceso a la Pensión Garantizada Universal para beneficiarios de leyes especiales se sujeta a la modalidad de complemento del artículo 36 de la Ley N° 20.255 y a la gradualidad etaria de la Ley N° 21.735, resultando jurídicamente improcedente dictar un acto administrativo resolutivo de fondo sin una solicitud previa formalmente ingresada por los interesados.

Cuarto: Que, atendido el mérito de los antecedentes se advierte que lo solicitado por la recurrente dice relación con la necesidad de obtener un pronunciamiento por parte de la recurrida respecto de su solicitud relativa a la procedencia o no del pago del pago de la PGU, trámite necesario para los efectos de interponer las acciones pertinentes ante el Juzgado del Trabajo.

Quinto: Que, asimismo consta que en su oportunidad la administración evacuó pronunciamiento respecto de igual petición formulada por otros solicitantes, configurándose de esa forma la infracción que se denuncia, esto es, vulneración de la garantía de igualdad ante la ley, al vedar a la recurrente de un pronunciamiento indispensable para poder accionar ante tribunales de justicia conforme lo dispone el artículo 446 inciso tercero del Código de Trabajo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 N° 2 y 20 de la Constitución Política de la República, y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado y otros 67 recurrentes en contra del Instituto de Previsión Social y se ordena que la recurrida deberá emitir pronunciamiento a la petición formulada por los recurrentes en orden a la concurrencia de los requisitos legales para que cada uno de ellos sea beneficiario de la Pensión Garantizada Universal, conforme a derecho.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-4309-2026.

En Valparaíso, cinco de agosto de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.