nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A.

Edp C.A. de Valparaíso Valparaíso, dieciocho de agosto de dos mil veinticinco.

Visto:

A folio 1, se interpone acción de protección en favor de nombre reservado, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., por haber rechazado la solicitud de retiro de fondos previsionales de conformidad a la Ley N°18.156, actuación que considera ilegal y arbitraria, vulnerando con ello las garantías fundamentales de los numerales 2° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que la recurrente, de nacionalidad venezolana, con fecha 17 de junio de 2025, solicitó a la recurrida la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156, siéndole comunicado el rechazo de su petición mediante notificación de fecha 27 de junio de 2025, en que se le indicó que la Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, no cumple con los requisitos de la normativa vigente, ya que, no es un certificado de afiliación, no señala las prestaciones por las cuales usted se encuentra cubierta y, además, no está firmado por quien lo emite ni se encuentra apostillado o legalizado, según corresponda.

Sostiene que cumpliría íntegramente con los requisitos establecidos en los artículos 1° y 7° de la Ley N°18.156, encontrándose afiliado al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y habiendo manifestado su voluntad de mantener dicha afiliación en el contrato de trabajo.

Argumenta que la constancia electrónica de afiliación es verificable a través del portal web oficial del IVSS mediante código de verificación, existiendo además certificación consular legalizada.

Refiere que se le ha otorgado un trato desigual respecto de otros solicitantes en iguales circunstancias, invocando jurisprudencia de la Corte Suprema que establece que no debe constreñirse la Ley N°18.156 únicamente a interpretaciones excesivamente literales y formalistas, y se ha conculcado su derecho de propiedad, al impedir la disposición de fondos previsionales propios mediante la imposición de requisitos no establecidos expresamente en la ley.

Solicita que se acoja el presente recurso y se ordene a la recurrida acceder a la solicitud, con costas.

A folio 6, evacuó informe la Superintendencia de Pensiones, quien señala que si bien no cuenta con antecedentes sobre la situación previsional reclamada por la recurrente, que permitan concluir que cumple con las exigencias de la ley N°18.156 para acceder a la devolución de fondos previsionales, la declaración jurada no es un documento idóneo para probar el requisito de cobertura previsional fuera de Chile, toda vez que la certificación relativa a la cobertura previsional en el extranjero debe ser emitida por la autoridad previsional competente del país correspondiente.

A folio 7, evacúa informe la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., solicitando el rechazo del recurso de protección en todas sus partes, con costas Refiere que el 24 de junio de 2025, la recurrente presentó una solicitud para la devolución de fondos previsionales bajo la Ley N° 18.156, por las cotizaciones previsionales enteradas a su nombre por su empleador Maxi Mobility Chile II SPA, acompañando para acreditar el cumplimiento de los requisitos legales seis documentos: Título Profesional de la recurrente; Constancia Electrónica de Cotizaciones de 30 de junio de 2025; Declaración jurada realizada ante notario público; y Contrato de trabajo y anexo.

Añade que se rechazó la solicitud por dos motivos. Por una parte, la Constancia Electrónica de Cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no cumple con los requisitos normativos al no constituir un certificado de afiliación, no especificar las prestaciones cubiertas ni estar firmada o debidamente legalizada. Por otra parte, la declaración jurada tampoco satisface la normativa al no emanar de la entidad de seguridad social ni de representación la Consular.

Fundamenta jurídicamente su posición en que, conforme al artículo 7° de la Ley N° 18.156, la devolución de fondos previsionales requiere cumplir con los requisitos del artículo 1°, entre ellos la afiliación a un régimen previsional extranjero que otorgue prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. Además, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones establece que esto debe acreditarse mediante certificación debidamente legalizada de la institución de seguridad social correspondiente, o excepcionalmente mediante certificado consular, requisitos que no fueron satisfechos por la recurrente.

Adicionalmente, enfatiza que está obligada a seguir las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, citando específicamente el Oficio Ordinario N° 4277 de marzo de 2025, que establece que el certificado electrónico del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no sirve para acreditar la cobertura previsional por no estar firmado ni apostillado. También invoca los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil sobre los requisitos para que instrumentos públicos otorgados fuera de Chile puedan producir efectos en el país, mediante su debida legalización o apostilla.

Concluye sosteniendo que AFP Modelo ha actuado conforme a la normativa vigente y las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, sin incurrir en actos u omisiones arbitrarias o ilegales que vulneren los derechos fundamentales de la recurrente, solicitando en consecuencia el rechazo del recurso con expresa condena en costas.

A folio 8, se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Segundo: Que, en la especie, la recurrente, ciudadana venezolana, solicitó la devolución de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual, conforme a lo dispuesto por el artículo 7° de la Ley N° 18.156, disposición que la autoriza excepcionalmente respecto de quienes cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 1° del cuerpo normativo ya expresado.

Tercero: Que, conforme se desprende del informe evacuado por la recurrida, la petición de la actora fue rechazada, teniendo en consideración que ella acompañó una constancia electrónica de cotizaciones del Instituto Venezolano de Seguridad Social de 4 de junio de 2025 que no cumplía con los requisitos de especificidad y legalización, además de una declaración jurada ante notario que resulta insuficiente para acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.

En tal sentido, indica que se ha exigido acompañar documentación que acredite específicamente la cobertura previsional por todos los riesgos señalados en la norma, debidamente legalizada, conforme a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones en sus oficios N°20.294, N°25.057 y N°2.301.

Cuarto: Que, el artículo 1° de la Ley 18.156, establece que "Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte [...]".

A su vez, el Libro II, título XI, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, establece que, para el cumplimiento del requisito anteriormente indicado, "debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte." Quinto: Que, del mérito de los antecedentes, aparece que el documento presentado por la actora “Constancia Electrónica de Cotizaciones” de 31 de julio 2025, del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), carece de firma autorizada y no se encuentra apostillado ni legalizado conforme a la normativa vigente. En efecto, el hecho de contener un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales vigentes, más aún cuando el ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional.

Sexto: Que, respecto a la Declaración Jurada Notarial apostillada acompañada por la recurrente, en la que manifiesta que se encuentra afiliada y cubierta por el sistema de Seguridad Social Venezolana, en el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS), se concluye que no es idóneo para acreditar la cobertura previsional en el extranjero exigida por el artículo 1° letra a) de la ley N° 18.156, ya que debe ser emitido por la autoridad previsional competente del país correspondiente, quien es la única facultada legalmente para certificar dicha circunstancia.

Séptimo: Que, en este sentido, no puede estimarse ilegal, ni arbitraria la conducta de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. al exigir el cumplimiento de los estándares normativos vigentes para el reconocimiento de documentos emitidos en el extranjero. En efecto, si bien, la Ley N° 18.156 no explicita la exigencia de apostilla, ello no exime del cumplimiento de las normas generales sobre valor probatorio de documentos otorgados en el extranjero, máxime cuando se trata de antecedentes que inciden directamente en el cumplimiento sustancial de los requisitos exigidos para acceder al beneficio solicitado.

Octavo: Que, además, teniendo en consideración que la actora posee un permiso de permanencia definitiva en el país, estima esta Corte que no se cumple el espíritu de la Ley N°18.156, para cuyo efecto la excepción en el retiro de los fondos previsionales ha sido establecida, motivos suficientes para rechazar el presente arbitrio.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A.

Regístrese, notifíquese y archívense los antecedentes en su oportunidad.

N°Protección-4307-2025.

En Valparaíso, dieciocho de agosto de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.