nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES UNO S.A.

Jbl C.A. de Valparaíso Valparaíso, once de febrero de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1, comparece Pablo Peñaloza Parra, abogado, quien interpone recurso de protección en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, y en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A., por el acto que considera de ilegal y arbitrario, consistente en el rechazo de la solicitud de retiro de fondos previsionales.

Expone que, el 6 de enero de 2026 fue notificado vía correo electrónico del rechazo de su solicitud, argumentándose que el certificado de la institución de seguridad social no cumplía criterios de aceptación, específicamente por carecer de apostilla. Alega que la administradora incorpora requisitos no establecidos en la normativa aplicable y desconoce que resulta de público conocimiento la imposibilidad de los nacionales venezolanos de acudir a representación consular para tales efectos.

Sostiene que, dio íntegro cumplimiento a los requisitos del artículo primero de la ley N° 18.156, acreditando su afiliación al Instituto Venezolano de Seguros Sociales mediante constancia electrónica verificable, así como su calidad de técnico profesional y la manifestación de voluntad de mantener dicha afiliación en el contrato de trabajo respectivo.

Afirma que, la recurrida realiza una interpretación excesivamente formalista de la norma, apartándose de su finalidad y vulnerando las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y derecho de propiedad, consagradas en el artículo 19 numerales 2° y 24 de la Constitución Política de la República.

Finalmente solicita, acoger el recurso de protección, ordenando que se reconozca como válida la documentación acompañada y se efectúe un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho, procediendo a realizar la devolución de los fondos previsionales dentro de plazo razonable.

Para acreditar sus alegaciones, adjuntó los siguientes documentos: 1) Cédula de identidad para extranjeros; 2) Notificación de rechazo de retiro de fondos para técnico extranjero; 3) Declaración jurada de afiliación al IVSS; 4) Constancia electrónica de cotizaciones de afiliación al IVSS; 5) Constancia de afiliación al I.V.S.S., legalizada; y 6) Título profesional apostillado.

A folio 4, informa la Superintendencia de Pensiones. Expone que, el recurrente no registra ante ese organismo reclamo alguno respecto de los hechos que motivan la acción cautelar, por lo que no existen antecedentes referentes a la situación consultada.

Sin perjuicio de lo anterior, explicó que en la legislación de seguridad social chilena la regla general establece la obligación del trabajador que presta servicios en el país de enterar cotizaciones previsionales, independientemente de su nacionalidad. Precisó que la ley N° 18.156 constituye un régimen de excepción aplicable únicamente a trabajadores dependientes extranjeros que tengan calidad de técnicos o profesionales y cumplan copulativamente los requisitos del artículo primero de dicho cuerpo legal.

Respecto del requisito de cobertura previsional en el extranjero, indicó que el N° uno del Título once del Libro segundo del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones dispone que debe aportarse certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, constando su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte. Cabe hacer presente que, al referirse a la cobertura de salud, se ha exigido, además, que aquella sea integral, no resulta suficiente un documento que señale en forma genérica las coberturas de seguridad social que otorga un sistema previsional determinado, sino que se debe consignar en forma específica, por la autoridad previsional competente, el hecho que el trabajador extranjero contó efectivamente con la protección por todos los riesgos antes indicados, durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile.

Explicó que, la jurisprudencia administrativa ha exigido que el trabajador extranjero aporte documento que acredite específicamente haber contado, durante la prestación de servicios en Chile, con protección para todos los riesgos indicados, siendo insuficiente documento genérico sobre coberturas del sistema previsional. Enfatizó que la cobertura debe ser efectiva durante todo el tiempo de prestación de servicios.

En el caso del recurrente, señaló que acompañó Constancia de Afiliación al IVSS legalizada emitida el 20 de febrero de 2023 con vigencia por ciento veinte días, mientras que la solicitud se habría ingresado el segundo semestre de 2025, encontrándose vencida. Agregó que también acompañó certificado electrónico y declaración jurada notariada, documentos que no resultan idóneos conforme a la normativa.

Citó el Oficio Reservado N° 2966 de 3 de agosto de 2023 del Ministerio de Relaciones Exteriores, que exige legalización culminada en dicha entidad, y el Oficio Ordinario N° 12954 de 17 de julio de 2025 que reitera que certificaciones electrónicas sin firma ni apostilla no sirven como prueba.

A folio 5, informa la Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A., solicitó el rechazo del recurso en todas sus partes con expresa condenación en costas.

Expone que, el 31 de diciembre de 2025 el afiliado recurrente inició ante AFP Uno S.A. trámite de devolución de fondos previsionales como técnico extranjero respecto del empleador Santiago Transporte Urbano S.A., acompañando contrato de trabajo, anexo contractual, título profesional apostillado, constancia de afiliación de 2023, certificado de constancia de cotizaciones y declaración jurada ante notario.

Señala que, el 6 de enero de 2026 se informó el rechazo de la solicitud, indicándose que el certificado de institución de seguridad social no cumplía criterios de aceptación para dicha solicitud.

Explica que, conforme al artículo primero de la Ley N° 18.156, artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, Circular N° 553 de la Superintendencia de Pensiones y Libro segundo Título once del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, los trabajadores extranjeros pueden estar exentos de cotizar en Chile siempre que cumplan requisitos copulativos, entre ellos encontrarse afiliados a régimen previsional extranjero que otorgue prestaciones en enfermedad, invalidez, vejez y muerte, acreditado mediante certificación debidamente legalizada.

Indica que, el certificado de afiliación al IVSS acompañado fue emitido el 23 de marzo de 2023 con vigencia de ciento veinte días, encontrándose vencido al momento de presentarse la solicitud en el segundo semestre de 2025, impidiendo acreditar afiliación activa vigente como exige la norma.

Argumenta que, la declaración jurada no constituye documento idóneo para probar cobertura previsional, debiendo ser emitida por autoridad previsional competente. Asimismo, sostuvo que la constancia electrónica de cotizaciones sin firma, apostilla ni legalización conforme al artículo 345 del Código de Procedimiento Civil no sirve como medio probatorio.

Cita el Oficio Reservado N° 2966 de 3 de agosto de 2023 del Ministerio de Relaciones Exteriores y Oficio Ordinario N° 12954 de 17 de julio de 2025 de la Superintendencia de Pensiones, que confirman la exigencia de legalización o apostilla para documentos extranjeros.

Finaliza solicitando, rechazar el recurso en todas sus partes con expresa condenación en costas, por no existir acto ilegal ni arbitrario, sino estricto cumplimiento de la normativa vigente.

Para acreditar sus alegaciones, adjuntó los siguientes documentos: 1) Contrato de trabajo con Santiago Transporte Urbano S.A.; 2) Anexo de contrato; 3) Título profesional apostillado; 4) Constancia de afiliación de 2023; 5) Certificado de constancia de cotizaciones; 6) Declaración jurada; 7) Extracto Oficio Reservado N° 25057 de 29 de diciembre de 2023; 8) Extracto Oficio Ordinario N° 2119 de 30 de enero de 2025; y 9) Oficio Ordinario N° 12954 de 17 de julio de 2025.

Se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, por la presente vía cautelar, se impugna el rechazo comunicado el 6 de enero de 2026 de la solicitud realizada por el recurrente a la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., por la que pretendía la devolución de sus fondos previsionales conforme a lo dispuesto en la Ley N° 18.156.

Tercero: Que, el recurrido informa, en síntesis, que la solicitud fue rechazada debido a que la documentación presentada por el afiliado no cumplía con los requisitos legales y reglamentarios. Específicamente, señala que la constancia de afiliación al régimen extranjero se encuentra vencida desde el 2023 y que el certificado electrónico de cotizaciones carecía de la debida legalización o apostilla exigida.

Por su parte, la Superintendencia de Pensiones, agrega que, la “Constancia Electrónica de Cotizaciones” no señala las coberturas con que cuenta, ni se puede inferir un determinado período de cobertura, sino que se limita a mencionar de forma genérica las coberturas que otorga el sistema previsional venezolano, tampoco se encuentra firmado por quien emite el documento y no se encuentra apostillado o legalizado.

Cuarto: Que, para resolver la presente acción de protección, es necesario tener presente que el artículo 1° de la Ley N° 18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican y deroga la Ley N° 9.705, regula las siguientes condiciones que deben reunirse para acogerse a este beneficio: "a).- Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b).- Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida". A su turno, el artículo 7° de la citada Ley, señala que: "En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta Ley".

Por otra parte, el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, en el Libro II, Título XI, sobre Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten, indica de forma textual lo siguiente: "b) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte”.

Quinto: Que, del mérito de los antecedentes, aparece que el documento presentado por el actor “Constancia de Afiliación” fue emitida el 20 de febrero de 2023, se encontraba vencida al momento de presentar la solicitud el 31 de diciembre de 2025, considerando que su vigencia expiraba a los 120 días, según lo establecido por la autoridad emisora y la "Constancia Electrónica de Cotizaciones" del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) de 31 de diciembre de 2025, carece de firma autorizada y no se encuentra apostillada ni legalizada conforme a la normativa vigente. En efecto, el hecho de contener un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales vigentes, más aún cuando el ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional.

Además, no señala las coberturas con que cuenta el recurrente, ni de este se puede inferir un determinado período de cobertura, sino que se limita a mencionar de forma genérica las coberturas que otorga el sistema previsional venezolano Sexto: Que, si bien la Ley N° 18.156 no explicita la exigencia de apostilla, ello no exime del cumplimiento de las normas generales sobre valor probatorio de documentos otorgados en el extranjero, máxime cuando se trata de antecedentes que inciden directamente en el cumplimiento sustancial de los requisitos exigidos para acceder al beneficio solicitado.

Séptimo: Que, en dicho contexto, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de la institución recurrida, en tanto ha circunscrito su actuación a exigir el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y en la normativa administrativa para acceder al beneficio impetrado, aplicando de manera uniforme los criterios establecidos por la Superintendencia de Pensiones a todos los solicitantes, sin que se configure trato discriminatorio alguno.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A..

Regístrese, notifíquese, comuníquese por la vía más expedita y en su oportunidad, archívese.

N°Protección-430-2026.