nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSION HABITAT S.A

I.C.A. de Valparaíso Valparaíso, dieciocho de agosto de dos mil veinticinco.

Visto:

A folio 1 comparece Pablo Peñaloza Parra, abogado, en favor de nombre reservado, Licenciado en Contaduría Pública, de nacionalidad venezolana, quien interpone acción de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Hábitat S.A por el rechazo de su solicitud de retiro de fondos para extranjeros, vulnerando con ello sus garantías fundamentales del articulo 19 N°2 y 24 de la constitución Política de la República.

Refiere que 16 de junio de 2025 el recurrente realizó la solicitud de retiro de fondos mediante el formulario dispuesto para ello, adjuntando la documentación requerida. Posteriormente, mediante correo electrónico de 27 de junio de 2025 es informado por la recurrida las razones del rechazo de su solicitud, indicando que esta no puede prosperar, atendido a que la constancia electrónica de cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales carece de firma electrónica y no se encuentra apostillado, no cumpliendo con los requisitos legales.

Hace presente lo dispuesto en el artículo 1 y 7 de la Ley N°18.156, que disponen: “Artículo N°1: Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y; Que el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

Artículo N°7: En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administración de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1 de esta ley.”

En razón de lo anterior, el actor acompaño a su solicitud el contrato de trabajo, anexo del mismo con la cláusula previsional, el certificado electrónico que da cuenta de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, declaración jurada debidamente autorizada ante notario y título profesional apostillado.

En cuanto a la legalización del certificado en comento es importante traer a colación lo establecido en el artículo 345 N°3 del Código de Procedimiento Civil, norma que mal interpreta la recurrida desatendiendo el objetivo de la misma, la que pretende que el extranjero pueda disponer de su propiedad, en este caso, de sus fondos de previsión. En ese sentido en el caso puntual y relación con la causal de rechazo invocada es necesario precisar el contexto actual en cuanto a la imposibilidad de obtener la legalización consular de la declaración jurada de dicho certificado de afiliación en el instituto de previsión social IVSS como se hacía anteriormente, pues es el caso que nos encontramos frente a una imposibilidad técnica y material de adquirir dicha legalización de la declaración jurada, por motivo del quiebre de las relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, posterior a las últimas elecciones presidenciales celebradas en Venezuela, en atención a la falta de reconocimiento de dichas elecciones por parte del Presidente de la República, lo que dejo sin representación consular o diplomática a los nacionales venezolanos.

Hace presente que mediante internet es posible acceder a la página oficial a fin de descargar la respectiva constancia electrónica de cotizaciones con un respectivo código, el que permite acceder al documento original.

A folio 5 evacua informe la Superintendencia de Pensiones, dando cuenta que el recurrente no ha presentado reclamo alguno respecto de los hechos que motivan la presente acción cautelar, por lo que no existen antecedentes referentes a la acción de protección consultada.

Hace presente que, la ley N°18.156 faculta a ciertos extranjeros para eximirse de la obligación de cotizar o para obtener la devolución de los fondos previsionales que hubieran enterado en una AFP, siempre y cuando acrediten el cumplimiento de todos los requisitos copulativos exigidos en el artículo 1° de ese cuerpo legal. De este modo, siendo la mencionada ley una norma de excepción, debe ser interpretada en forma restrictiva y aplicada sólo en el supuesto que se cumplan las exigencias copulativas que establece.

A folio 7 evacua informe doña Jimena Holtheuer Vergara, abogada en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones Hábitat S.A.

En primer término, indica que, el recurrente no ha sufrido privación, perturbación o amenaza alguna de carácter arbitrario o ilegal de un derecho que le impida, moleste o amague su ejercicio. Por el contrario, el recurrente pretende ejercer por esta vía un derecho, cuyo ejercicio y características está claramente definido en nuestro ordenamiento jurídico de manera distinta a lo que se pretende, imponiéndole el cumplimiento de requisitos claros y objetivos, que no acredita haber cumplido.

En cuanto a los hechos, el 16 de junio del presente año, el actor presentó la solicitud de Devolución de Fondos Previsionales a nombre reservado, adjuntando los siguientes documentos; Cédula nacional de identidad para extranjeros, vigente, Contrato de trabajo celebrado con el empleador Ewos Chile Alimentos Ltda. y anexo de contrato, en el cual el trabajador recurrente manifiesta su voluntad de mantener la previsión social del país de origen, Declaración jurada notarial de fecha 11.04.2025 efectuada por don nombre reservado, afirmado pertenecer el IVSS Instituto venezolano de los Seguros Sociales de Venezuela, Constancia electrónica de cotizaciones del IVSS de fecha 30.04.2025, sin firma ni apostilla, Título de la Universidad de Yacambú de Venezuela como Licenciado en Contaduría Pública, legalizado, Certificado del Servicio Nacional de Migraciones para acreditar no haber adquirido la nacionalidad chilena.

Al respecto, la Fiscalía de la Administradora mediante el informe legal F.D.E. Nº 450/2025 de 19 de junio de 2025 indica no poder dar curso al beneficio por cuanto no se acreditó el cumplimiento de los requisitos legales para acceder al beneficio. para ello era necesario que previamente se acreditara la afiliación del actor a un organismo de seguridad social extranjero, mediante certificación de la propia entidad previsional, que señalara la fecha de afiliación y cobertura entregada en casos de enfermedad (común o ambulatoria y profesional), invalidez, vejez y muerte, durante el período completo laborado en Chile, documento que debía acompañarse debidamente apostillado.

Indicó también el informe respecto a la declaración jurada notarial del afiliado, presentada en el trámite, que no era posible recibir declaraciones de los mismos interesados para acreditar la cobertura previsional y, en cuanto a la constancia electrónica del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, que esta no contaba con apostilla. Se le hizo presente que el hecho de contener esta certificación un código de verificación electrónico no sustituía los requisitos legales formales vigentes, más aún cuando nuestro ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos emitidos en el extranjero para que surtan efectos en el territorio nacional.

A folio 10 se ordena traer autos en relación Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio algunos de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, en la especie, el recurrente, ciudadano venezolano, solicita la devolución de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual conforme a lo dispuesto por el artículo 7° de la Ley N°18.156, disposición que la autoriza respecto de quienes cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 1° del cuerpo normativo ya expresado.

Tercero: Que, conforme se desprende del informe evacuado por la recurrida, la petición del actor fue rechazada teniendo en consideración que el recurrente únicamente acompañó una constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, sin la debida cadena de legalización exigida por la normativa aplicable.

En tal sentido, indica que se ha exigido acompañar un Certificado de Afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, debidamente legalizado, conforme a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones.

Cuarto: Cuarto: Que, el artículo 1° de la Ley N°18.156, establece que "Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte [...]".

A su vez, el Libro II, título XI, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, establece que el cumplimiento del requisito anteriormente indicado, "debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte." Quinto: Que, teniendo presente la normativa que regula la exención de cotizar en el país a los nombre reservado y del análisis del documento denominado "Constancia Electrónica de Cotizaciones" acompañado por el actor, es posible constatar que este carece de la debida legalización exigida por la normativa vigente, toda vez que no se encuentra debidamente apostillado.

En efecto, el hecho que el instrumento contenga un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales vigentes, más aún cuando el ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional, lo que reviste especial relevancia cuando se trata de antecedentes que inciden en el cumplimiento sustancial de los requisitos exigidos para acceder a un beneficio excepcional como el impetrado.

Sexto: Que, en dicho contexto, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de la institución recurrida, en tanto ha circunscrito su actuación a exigir el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios para acceder al beneficio impetrado, actuando conforme a las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones y a la normativa vigente, por lo que el presente arbitrio será desestimado.

Por estos fundamentos y en virtud de lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de don nombre reservado, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Hábitat S.A Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-4280-2025.