nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, nueve de febrero de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1, comparece el abogado don Pablo Daniel Peñaloza Parra, quien interpone acción constitucional de protección en favor de doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., por el acto que califica de ilegal y arbitrario consistente en el rechazo, de su solicitud de retiro o devolución de fondos previsionales para técnico extranjero formulada conforme a la Ley N°18.156, estimando vulneradas las garantías consagradas en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República.

Expone que la recurrente solicitó, mediante el portal web de la AFP, la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156. Indica que fue notificada por correo electrónico el 5 de enero de 2026 del rechazo de su solicitud, señalándose como fundamento: “Falta Constancia de afiliación vigente el cual debe estar Apostillado en el país extranjero en que fue otorgado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Documento aportado por el afiliado corresponde a una constancia de cotización por lo que no es el documento solicitado.”

Añade que acompañó una constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) -con código de verificación en línea-, sosteniendo que la recurrida no la habría considerado suficiente y que, atendida la situación consular de Venezuela en Chile, la exigencia de apostilla o legalización sería de imposible o muy difícil cumplimiento.

Reclama que pese a haber dado íntegro cumplimiento con los requisitos de la Ley N°18.156, la recurrida realiza una interpretación formalista de la norma, desatendiendo la finalidad del legislador, esto es, que se puedan disponer de los ahorros previsionales, exigiendo requisitos que no están expresamente incorporados en la citada ley, lo que hace devenir en arbitrario e ilegal el actuar de la AFP, y atentatorio de sus garantías constitucionales dispuestas en el N°2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Concluye solicitando que se adopten las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho, ordenándose a AFP ProVida reconocer como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento conforme a derecho de la solicitud planteada y, dentro de un plazo razonable, efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados y, en general adoptando las providencias que se estimen necesarias para restablecer el imperio del derecho A folio 7, evacuó informe la Superintendencia de Pensiones, indicando que no registra reclamo alguno ante dicho Organismo respecto de los hechos que motivan la presente acción cautelar, por lo que no existirían antecedentes en su poder específicamente referidos al caso.

Expone que, en el sistema chileno, la regla general es la obligación de cotizar por el trabajador que presta servicios en el país, y que la Ley N°18.156 constituye un régimen excepcional que debe interpretarse restrictivamente, exigiendo el cumplimiento copulativo de los requisitos del artículo 1°, en relación con el artículo 7° del mismo cuerpo legal. Añade que, conforme al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, para acreditar el requisito de la letra a) del artículo 1° se requiere certificación de la institución de seguridad social correspondiente debidamente legalizada, en la que conste la obligación de otorgar prestaciones, a lo menos, en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; precisando que, en materia de salud, la cobertura debe ser integral e incluir prestaciones médicas y pecuniarias.

En ese marco, sostiene que no resulta suficiente un documento genérico sobre coberturas del sistema extranjero, sino que debe consignarse en forma específica, por la autoridad previsional competente, que el trabajador contó efectivamente con la protección por los riesgos indicados durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile.

En relación con los antecedentes acompañados, indica que la declaración jurada suscrita por la recurrente no sería idónea para acreditar cobertura previsional fuera de Chile, por tratarse de una certificación que debe emanar de la autoridad previsional competente. Asimismo, señala que la “Constancia Electrónica de Cotizaciones” del IVSS no serviría para acreditar el requisito, por no estar firmada, ni apostillada o legalizada, y por limitarse a mencionar de forma genérica coberturas del sistema previsional venezolano, sin señalar coberturas específicas ni permitir inferir un período determinado de cobertura.

A folio 8 informó AFP ProVida S.A., solicitando el rechazo del recurso, con expresa condena en costas.

Como cuestión previa, sostiene que el recurso de protección no sería la vía idónea para resolver la controversia, por tratarse de materias de lato conocimiento y carácter contradictorio, en que no existiría un derecho indubitado.

En cuanto al fondo, reconoce que rechazó la solicitud de devolución de fondos previsionales formulada por doña nombre reservado al amparo de la Ley N°18.156, indicando que dicho cuerpo normativo constituye un régimen excepcional y restrictivo, que exige el cumplimiento copulativo de sus requisitos.

Señala que el rechazo, obedeció a: “falta constancia de afiliación vigente, la cual debe estar apostillada en el país extranjero en el que fue otorgado o legalizada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile”, agregando que el documento aportado correspondería a una constancia de cotización y no al documento solicitado.

Expone que, aun cuando la recurrente acompañe una constancia de cotización sin firma y una declaración jurada, tales antecedentes no serían idóneos para acreditar el requisito de la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156. Para sustentar lo anterior, invoca criterios de la Superintendencia de Pensiones (menciona, entre otros, el Oficio N°5376), en cuanto a que no basta un documento genérico, sino que se requiere certificación específica emanada de la autoridad previsional competente que dé cuenta de la cobertura por los riesgos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte durante el tiempo de prestación de servicios en Chile, agregando que, respecto de salud, la cobertura debe comprender prestaciones médicas y pecuniarias (subsidios).

Añade que, conforme a las reglas generales sobre valor probatorio en Chile de documentos otorgados en el extranjero y desde la entrada en vigor del Convenio de la Apostilla, la certificación debería venir apostillada, tratándose de Venezuela como Estado Parte, con referencia a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil y a la Convención aplicable.

Sostiene que la Superintendencia habría instruido que las declaraciones juradas no constituyen un medio idóneo para acreditar la cobertura previsional exigida, por ser una materia propia de seguridad social que debe ser certificada por la autoridad competente del país respectivo.

Como argumento adicional, plantea que la recurrente contaría con residencia definitiva y cédula chilena, agregando consideraciones sobre un eventual riesgo para el erario fiscal si se autorizara el retiro de fondos en casos de extranjeros con permanencia definitiva, citando al efecto el Oficio N°21.880 y jurisprudencia que vincula dicha situación con la finalidad restrictiva del régimen excepcional.

Finalmente, afirma que su actuación se ajustó a la ley y al Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, negando la existencia de acto ilegal o arbitrario y la afectación de garantías constitucionales, solicitando el rechazo del recurso con costas.

A folio 9, se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de que se trata, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil, o arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

SEGUNDO: Que, no existe discusión alguna en cuanto a la ocurrencia del acto que motiva la interposición del recurso de protección, esto es, que la Administradora de Fondo de Pensiones Provida S.A. negó lugar a la petición de devolución de los fondos previsionales del actor.

TERCERO: Que, para una adecuada comprensión del asunto planteado, conviene tener presente que la Seguridad Social, en palabras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es la protección que una sociedad proporciona a los individuos y a los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia. En este contexto, Chile cuenta con un sistema que tiene por finalidad proteger a los ciudadanos frente a diferentes contingencias, como la salud, la vejez, el desempleo y los accidentes laborales, el que funciona a través de una estructura mixta, que incluye tanto entidades públicas como privadas, y que se financia principalmente mediante las cotizaciones previsionales de los trabajadores y empleadores, además de aportes del Estado.

CUARTO: Que, por otra parte, es útil señalar que el sistema de seguridad social resulta aplicable a todos los trabajadores, cualquiera que sea su nacionalidad.

Sin perjuicio de lo anterior y tratándose de ciertos trabajadores extranjeros -personal técnico- existe una normativa especial que establece una exención a la obligación de efectuar imposiciones en los organismos chilenos bajo determinadas condiciones.

En efecto, la Ley N° 18.156 le permite al personal técnico extranjero y a las empresas que los contraten, marginarse del cumplimiento de las leyes de previsión y por lo tanto, no están obligados a realizar imposiciones en los organismos de seguridad social chilenos, en la medida que cumplan con los siguientes requisitos:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

Complementando lo anterior, la Circular N° 553 de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones establece que se entender por técnico para estos efectos, a los trabajadores que posean conocimientos de una ciencia o arte, que puedan ser acreditados mediante documentos justificativos de estudios especializados o profesionales debidamente legalizados y, en su caso, traducidos oficialmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

QUINTO: Que, reseñado el sistema de exención para ciertos trabajadores extranjeros, corresponde ocuparse de aquellos que pudiendo acogerse a este sistema excepcional igualmente registren cotizaciones en una AFP, los que tienen derecho a solicitar la devolución de los fondos que hubieren depositado en la medida que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 1° de la Ley N° 18.156, ya citado.

SEXTO: Que la recurrente presenta las siguientes circunstancias relevantes para el análisis del asunto debatido:

1° Se trata de una persona de nacionalidad venezolana, cuya profesión acreditada es la de técnico superior universitario en enfermería, y que cuenta con residencia definitiva en el país.

2° Dicha persona extranjera celebró contrato de trabajo con la sociedad Comercial Puerto Alegría Limitada, el 1 de abril de 2019, firmado ante Notario Público, para desempeñarse en funciones de atención y cajera de local, bajo un contrato de duración indefinida, consignándose en su cláusula octava que el trabajador cotizaría en el régimen previsional chileno, comprometiéndose el empleador a efectuar las retenciones legales y enterarlas a las instituciones correspondientes.

3° Por anexo de contrato de trabajo simple, de la misma fecha, la recurrente dejó constancia de encontrarse afiliada a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, que le otorga prestaciones, a lo menos, en caso de invalidez, vejez y muerte, manifestando su voluntad de mantener dicha afiliación, indicándose asimismo que el referido instrumento forma parte integrante del contrato de trabajo para todos los efectos legales y contractuales.

4° La recurrente solicitó la devolución de sus fondos previsionales y la recurrida rechazó tal petición, fundado en la falta de una constancia de afiliación vigente debidamente apostillada en el país extranjero en que fue otorgada o legalizada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, señalando que el documento acompañado corresponde a una constancia de cotizaciones y no al certificado exigido para tales efectos; agregándose, además, que el contrato de trabajo no contenía originalmente una manifestación expresa de voluntad de mantener afiliación previsional extranjera, la que fue incorporada con posterioridad mediante anexo.

SÉPTIMO: Que, previo a determinar si el recurrente cumple las exigencias que prescribe el artículo 1° de la Ley N° 18.156, en cuyo caso la negativa de la recurrida sería ilegal, resulta importante reiterar que la normativa sectorial examinada constituye un sistema de excepción que le permite a ciertos trabajadores extranjeros y a sus empleadores sustraerse de la obligación de efectuar cotizaciones en los organismos previsionales chilenos, y en su carácter de especial debe ser interpretada de forma restrictiva ya que establece un derecho -la devolución de fondos previsionales- del que carecen los trabajadores chilenos.

Por otra parte, el sentido de la devolución de los fondos previsionales, en el contexto de extranjeros que llegan a Chile como personal técnico y por períodos acotados de tiempo, consiste en evitar una cobertura duplicada de las mismas contingencias, tanto en Chile como en el país de origen del trabajador extranjero (o aquel donde registre cotizaciones de seguridad social) razón por la cual resulta fundamental establecer la equivalencia entre las coberturas reconocidas en nuestro país y aquellas que proporciona el país de origen del extranjero y, además, la coincidencia temporal entre unas y otras, es decir, que todo el período cotizado en Chile tenga su correlato en el país del extranjero.

OCTAVO: Que, de acuerdo a lo relacionado y a los documentos que obran en la carpeta electrónica, se puede concluir que la recurrente posee conocimientos de una ciencia o arte y que, por lo tanto, puede ser considerada como técnico extranjero.

En relación con los restantes requisitos para acceder a la devolución solicitada, consta que la recurrida reprocha el contenido genérico del documento acompañado para acreditar afiliación previsional extranjera; su falta de autenticidad y; el no haber sido emitido por la autoridad competente, estimando que no se acreditó la concurrencia de las restantes exigencias previstas en la Ley N°18.156.

En efecto, la Constancia Electrónica de Cotizaciones acompañada no reviste utilidad suficiente, en tanto dicho documento solo da cuenta de la afiliación al sistema previsional extranjero y de la calidad de asegurada de la recurrente, pretendiendo acreditar la cobertura que tal condición genera mediante una referencia general al derecho extranjero, sin consignar de manera específica la existencia de prestaciones médicas y pecuniarias en materia de enfermedad, ni permitir establecer la concurrencia de los demás requisitos exigidos por la normativa aplicable, sin perjuicio de recordar que el derecho extranjero debe ser probado en Chile por los medios legales, lo que no ha ocurrido.

Finalmente, y a mayor abundamiento, cabe considerar la calidad de la recurrente como titular de permanencia definitiva, circunstancia que le confiere los mismos derechos y obligaciones que se aplican a los trabajadores chilenos, de manera que no resulta procedente la restitución solicitada una vez adquirido dicho estatus migratorio, rigiendo plenamente, a contar de su adquisición, la obligación de cotizar en Chile. Pretender lo contrario transforma la norma de excepción que permite, en determinadas situaciones, la devolución de fondos previsionales, en una condición de privilegio para trabajadores extranjeros que han decidido avecindarse de manera definitiva en el país, permitiéndoles sustraerse de obligaciones previsionales y utilizar el régimen de AFP como un mecanismo de ahorro de libre disposición, lo que resulta improcedente y supone, además, una eventual carga previsional para el Estado de Chile, que deberá atender, al menos parcialmente, las contingencias de seguridad social de dichos trabajadores en caso de no contar con ahorro previsional suficiente.

NOVENO: Que, en consecuencia, no se advierte la concurrencia de un acto ilegal o arbitrario susceptible de ser corregido por esta vía cautelar, en los términos expuestos, ni la afectación de garantías constitucionales en la forma denunciada.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de doña nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. y de la Superintendencia de Pensiones.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-428-2026.

En Valparaíso, nueve de febrero de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.