nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

Jbl C.A. de Valparaíso Valparaíso, quince de junio de dos mil veintiséis.

Visto:

A folio 1, comparece doña nombre reservado, quien deduce acción constitucional de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, respecto de la Resolución Exenta N°R-01-DC-57614-2026, notificada con fecha 26 de abril de 2026, que rechazó el recurso de reposición interpuesto y que tuvo por objeto impugnar la calificación de origen común de las patologías que refiere padecer.

Expone que el acto recurrido sería ilegal y arbitrario, por cuanto, a su juicio, carecería de fundamentación suficiente en los términos exigidos por la Ley N°19.880. En particular, sostiene que la resolución no explicaría por qué se descarta la relación causal, no ponderaría los antecedentes biomecánicos aportados y no desarrollaría un razonamiento técnico verificable, limitándose a una conclusión genérica.

Agrega que la Superintendencia de Seguridad Social habría aplicado un estándar de causalidad exclusivo, en circunstancias que la Ley N°16.744 exigiría relación directa, compatible con la multicausalidad. Señala que ello constituiría un error de derecho que viciaría el acto administrativo.

Asimismo, sostiene que la resolución habría omitido elementos que estima decisivos, tales como su exposición laboral durante treinta años continuos, una resolución de trabajo pesado vigente y la naturaleza acumulativa del daño musculoesquelético. Indica que la omisión de tales elementos tornaría arbitraria la decisión, al prescindir de antecedentes esenciales.

Añade que el acto recurrido carecería de racionalidad técnica, al no contener una evaluación ergonómica cuantitativa, un análisis de carga biomecánica ni una relación funcional entre las tareas desempeñadas y las lesiones invocadas.

La recurrente invoca como garantías constitucionales vulneradas las contempladas en el artículo 19 N°2, N°9 y N°24 de la Constitución Política de la República. En cuanto a la igualdad ante la ley, afirma que se le habría aplicado un estándar más gravoso que el reconocido en casos análogos. En relación con el derecho a la protección de la salud, sostiene que se le impediría acceder a prestaciones médicas adecuadas, afectando directamente su integridad física. Respecto del derecho de propiedad, señala que se le privaría de prestaciones de seguridad social incorporadas a su patrimonio jurídico.

En cuanto al control judicial de los actos de la Administración, expone que la Excelentísima Corte Suprema ha sostenido que los actos administrativos deben ser debidamente fundados, que la ausencia de motivación constituye arbitrariedad y que la Superintendencia de Seguridad Social no puede apartarse de criterios técnicos sin justificación. Añade que el recurso de protección procedería cuando decisiones administrativas afecten el acceso a prestaciones de seguridad social.

En relación con la causalidad, sostiene que, desde un punto de vista técnico-jurídico, las patologías musculoesqueléticas serían multicausales, que el trabajo puede actuar como factor desencadenante, agravante o acelerador, y que la existencia de cambios degenerativos no excluiría el origen laboral. En el caso concreto, afirma que existiría exposición comprobada a riesgo biomecánico, coherencia anatómica y funcional, y correspondencia temporal, cumpliéndose los criterios de causalidad exigidos por la normativa.

Señala que el acto impugnado produciría efectos actuales y continuos, afectando derechos fundamentales, sin existir otra vía eficaz de protección inmediata.

Solicita, en definitiva, que se tenga por interpuesto el recurso de protección; se declare que el acto recurrido es ilegal y arbitrario; se deje sin efecto la Resolución Exenta N°R-01-UME-29098-2026; se ordene a la recurrida emitir un nuevo pronunciamiento debidamente fundado y conforme a derecho; y se dispongan las demás medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

A folio 7, compareció don Tomás Garro Gómez, abogado, en representación judicial de la Superintendencia de Seguridad Social, evacuando informe y solicitando, en primer término, que se rechazara la acción por extemporánea, y, en subsidio, que fuera desestimada en cuanto al fondo, por no existir acto ilegal o arbitrario imputable a dicha entidad.

En cuanto a la extemporaneidad, informa que la recurrente interpuso la acción de protección el 22 de mayo de 2026, en contra de la Resolución Exenta N°R-01-DC-57614-2026, de 26 de abril de 2026, que rechazó el recurso de reposición deducido el 9 de marzo de 2026. Sin embargo, sostiene que el acto que en realidad causa agravio corresponde a la calificación de origen común de sus patologías, conocida por la recurrente a más tardar el 18 de diciembre de 2025, fecha en que reclamó ante la Superintendencia en contra de lo resuelto por el Instituto de Seguridad del Trabajo.

Afirma que la acción de protección no constituye una vía subsidiaria de impugnación respecto de otros procedimientos administrativos ni se suspende por la interposición de reclamos o reposiciones. En ese sentido, sostiene que el plazo fatal de treinta días debe computarse desde que la recurrente tuvo conocimiento cierto del acto que cuestiona, esto es, desde la calificación común de sus afecciones y no desde la resolución que rechazó la reposición administrativa.

En subsidio, y en cuanto al fondo, informa que la recurrente acudió ante la Superintendencia de Seguridad Social el 18 de diciembre de 2025, reclamando en contra del Instituto de Seguridad del Trabajo por haber calificado como de origen común las patologías diagnosticadas como síndrome del manguito rotador izquierdo, bursitis subacromio-subdeltoidea izquierda, tendinopatía bicipital izquierda, tenosinovitis del tendón extensor común de los dedos izquierdo y epicondilitis lateral izquierda. Señala que dichas afecciones fueron denunciadas mediante Denuncia Individual de Enfermedad Profesional, de fecha 29 de agosto de 2025, para estudio de probable enfermedad laboral.

Expone que, para resolver el reclamo, la Superintendencia solicitó informe al Instituto de Seguridad del Trabajo, el que remitió antecedentes clínicos, ficha médica, estudio de puesto de trabajo para muñecas y manos y demás antecedentes médico-laborales. Según informa, el organismo administrador señaló que la trabajadora consultó por dolor en mano izquierda de cinco meses de evolución, que atribuyó a sus labores, y que, luego de evaluación especializada, exámenes y estudio de puesto de trabajo, se determinó que las afecciones eran de origen común y no tenían relación con su actividad laboral.

Indica que la Superintendencia, previo estudio de los antecedentes por profesionales médicos de la Unidad Médica del Departamento Contencioso, dictó la Resolución Exenta N°R-01-UME-29098-2026, de 2 de marzo de 2026, rechazando el reclamo de la recurrente. En dicha decisión se concluyó que las afecciones osteomusculares no tenían causa directa en los riesgos asociados a su actividad laboral, de acuerdo con los antecedentes clínicos, estudios imagenológicos, informe médico, estudio de puesto de trabajo y protocolos definidos por la entidad fiscalizadora.

La recurrida sostiene que sus profesionales médicos concluyeron que no era posible establecer una relación de causa directa, como exige la Ley N°16.744, entre el trabajo desempeñado como asistente de párvulos y el cuadro clínico diagnosticado. Refiere que, en las actividades efectuadas por la recurrente, no se evidenciarían suficientes factores de riesgo condicionantes de las afecciones, y que los exámenes imagenológicos objetivarían lesiones de carácter crónico y degenerativo no atribuibles al trabajo desempeñado.

Agrega que, posteriormente, con fecha 9 de marzo de 2026, la recurrente interpuso recurso de reposición en contra de la Resolución Exenta N°R-01-UME-29098-2026. Dicho recurso fue nuevamente estudiado por profesionales médicos de la Superintendencia, dictándose la Resolución Exenta N°R-01-DC-57614-2026, de 26 de abril de 2026, que rechazó la reposición y ratificó la calificación de origen común de las patologías.

Informa que, en esta nueva revisión, se tuvieron a la vista los antecedentes aportados por el Instituto de Seguridad del Trabajo, la presentación de la trabajadora, ficha médica, exámenes imagenológicos, informe médico y estudio de puesto de trabajo. Expone que el análisis médico concluyó que las patologías descritas corresponden a afecciones musculoesqueléticas de carácter crónico-degenerativo, sin acreditación de exposición laboral con intensidad, frecuencia y duración suficientes para configurar enfermedad profesional.

Añade que el estudio de puesto de trabajo y los antecedentes laborales no permitirían objetivar factores de riesgo biomecánico específicos, exposición suficientemente cuantificada ni relación causal directa entre las labores de asistente de párvulos y las lesiones diagnosticadas. En particular, sostiene que la normativa de la Ley N°16.744 exige una relación de causalidad directa entre el trabajo y la enfermedad, estándar que, a juicio de la recurrida, no se cumple en la especie.

Expone, además, que la recurrente pretende que esta Corte sustituya la evaluación técnica efectuada por los órganos competentes en materia de seguro laboral, materia que se encontraría regulada por un procedimiento administrativo especial, previsto en la Ley N°16.744, sus reglamentos y el Compendio Normativo del Seguro de la Ley N°16.744.

Sostiene que la Superintendencia actuó dentro de la esfera de sus atribuciones legales, de conformidad con la Ley N°16.395, la Ley N°16.744 y el Compendio Normativo sobre el Seguro de la Ley N°16.744, resolviendo sobre la base de antecedentes clínicos y laborales disponibles, por profesionales competentes y mediante resoluciones fundadas. Por ello, afirma que no existe actuación u omisión ilegal o arbitraria, sino el ejercicio regular de una potestad técnica y administrativa.

En relación con las garantías constitucionales invocadas, la recurrida sostiene que no se configura afectación de la igualdad ante la ley, del derecho a la protección de la salud ni del derecho de propiedad. Afirma que la recurrente mantiene la posibilidad de acudir a su sistema común de salud para recibir las prestaciones correspondientes, al haberse determinado que sus patologías no tienen origen laboral. Agrega que tampoco existiría un derecho indubitado a la cobertura de la Ley N°16.744, desde que precisamente lo discutido es la naturaleza común o laboral de las afecciones.

A folio 8, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

I.- En cuanto a la alegación de extemporaneidad:

Primero: Que, esta alegación será desestimada, teniendo presente que la recurrente fundamenta su acción en hechos que se han prolongado en el tiempo y en la falta de reconocimiento actual de sus patologías, que constituirían una situación fáctica que se mantiene hasta la actualidad.

II.- En cuanto al fondo.

Segundo: Que, el recurso de protección constituye una acción de naturaleza cautelar que tiene por objeto amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales y derechos establecidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarias que vulneren el ejercicio de los mismos, mediante la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio del derecho.

Tercero: Que, mediante el presente arbitrio, se impugna la Resolución Exenta N°R-01-DC-57614-2026, notificada con fecha 26 de abril de 2026, que rechazó el recurso de reposición interpuesto por la actora y que calificó las patologías que padece la misma de origen común; solicitando que se deje ella sin efecto, y en su lugar, se ordene a la recurrida a emitir un nuevo pronunciamiento debidamente fundado y conforme a derecho; y se dispongan las demás medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Cuarto: Que, por su parte, las recurridas han señalado que, luego del análisis técnico de los antecedentes, no se evidencia la existencia de relación de causalidad entre la patología sufrida y la actividad laboral, en la forma exigida por el artículo 7° de la Ley N°16.744, por no verificarse factores de riesgo laborales que expliquen suficientemente el cuadro clínico Quinto: Que, del examen del acto recurrido, se puede observar que el acto administrativo contiene un análisis técnico específico y detallado de los factores de riesgo evaluados, conforme al protocolo institucional, concluyendo que no se acreditaron condiciones laborales capaces de generar causalidad directa con la sintomatología presentada.

Sexto: Que, en consecuencia, la controversia planteada por la actora dice relación con la calificación de una enfermedad como de origen común o profesional, materia eminentemente técnica que debe ser resuelta por los organismos competentes en el marco de la Ley N°16.744, la que contempla vías recursivas específicas en sede administrativa e incluso judicial, a través de un procedimiento declarativo que permita rendir prueba pericial y debatir técnicamente los fundamentos clínicos de las resoluciones adoptadas.

Séptimo: Que, en los términos señalados, debe destacarse que la acción de protección constituye una acción cautelar destinada a amparar derechos indubitados que se vean privados, perturbados o amenazados por actos u omisiones ilegales o arbitrarios, lo que en la especie no se configura, toda vez que el acto cuestionado emana de la autoridad competente, dentro del marco normativo aplicable, y se encuentra fundado en antecedentes objetivos y evaluaciones técnicas que no aparecen desvirtuadas con los elementos acompañados al recurso.

Octavo: Que, a mayor abundamiento, el asunto planteado requiere un procedimiento declarativo contradictorio en tanto se trata de materias técnicas y de derechos que no revisten el carácter de indubitado, lo que lleva al necesario rechazo de la acción cautelar planteada ya que ésta no es la vía para dilucidar el origen de las patologías que presenta la recurrente, las que parecen más propias de la judicatura especializada de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 420 letra c) del Código del Trabajo.

Noveno: Que, por las consideraciones precedentes, no se advierte ilegalidad ni arbitrariedad en el acto administrativo impugnado, no verificándose afectación a las garantías constitucionales invocadas por la recurrente, razón por la cual el presente recurso no puede prosperar.

Por estas consideraciones y conforme con lo prescrito en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, se rechaza, sin costas, la acción de protección, en favor de doña nombre reservado en contra de la Superintendencia de Seguridad Social.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-4278-2026.