Protección contra Servicio Nacional de Migraciones y se le ordena a la autoridad recurrida habilit

Jbl C.A. de Valparaíso Valparaíso, veinticinco de septiembre de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Segundo: Que, por la presente acción cautelar, se recurre en favor de nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; y nombre reservado, todas extranjeras y madres de niños y niñas que han nacido en Chile, por el acto que se considera ilegal y arbitrario consistente en el bloqueo de la Plataforma de Trámites Digitales, lo que les impidió ingresar la solicitud de "Permiso Especial para Mujeres Extranjeras en Situación de Embarazo" durante sus períodos de gestación, lo que denuncian como una omisión ilegal y arbitraria que atenta contra su derecho a la igualdad ante la ley y la especial protección que el ordenamiento nacional e internacional brinda a la maternidad y a la infancia. Solicitan que se les permita ingresar las solicitudes de residencia por razones humanitarias-reunificación familiar, reconociendo la vigencia de estas solicitudes desde la vulneración original y proceder a tramitarlas sin dilación.

Tercero: Que, el Servicio Nacional de Migraciones considera que no ha incurrido en ningún acto ilegal o arbitrario y señala que todas las recurrentes ingresaron a Chile por pasos no habilitados y que no han realizado peticiones de residencia por razones humanitarias. En informe complementario, agrega que la opción de acceso a postulaciones en la subcategoría de residencia temporal por razones humanitarias mediante la modalidad de ingreso por “paso no habilitado” efectivamente estuvo incluida en la plataforma institucional del Servicio Nacional de Migraciones en el pasado, pero fue eliminada definitivamente en el mes de octubre del año 2025 y que dicha funcionalidad correspondió, en su momento, a una parametrización interna y de gestión administrativa implementada durante la Administración anterior. Indica que esta configuración informática se encontraba orientada específicamente a abordar situaciones residuales de mujeres migrantes embarazadas que hubieren efectuado ingreso irregular al territorio nacional, atendido el carácter humanitario y estrictamente excepcional de las circunstancias involucradas en ese período particular y situación excepcional del caso; de manera que, dado lo excepcional y no reglado de las solicitudes asociadas a dicha funcionalidad —las cuales excepcionaban la regla general del citado artículo 43 del D.S. N° 177— se estimó imperativo deshabilitar la referida parametrización de la plataforma digital institucional.

Cuarto: Que, para resolver la presente controversia resulta necesario recordar que el artículo 13 de la Ley N°21.325, de Migración y Extranjería, prescribe de manera categórica que "el Estado promoverá el respeto y protección hacia la mujer extranjera, cualquiera sea su situación migratoria", y en su inciso segundo, mandata que "las mujeres embarazadas (...) tendrán un trato especial por el Estado".

De este precepto fluye con total nitidez que el legislador ha impuesto un deber de amparo reforzado a favor de las mujeres gestantes con absoluta prescindencia del carácter regular o irregular en que se haya verificado su ingreso al territorio de la República, de manera que la tesis de la autoridad migratoria no puede ser atendida ya que condicionar la protección humanitaria de una mujer embarazada y de la vida del que está por nacer a exigencias formales de ingreso regular, importa desconocer los derechos humanos esenciales y el principio del interés superior de la infancia.

Quinto: Que, por otra parte, la arbitrariedad de la recurrida se torna patente al constatarse de los antecedentes aportados que el Servicio otorgó Permisos Especiales a mujeres embarazadas en idéntica situación de ingreso irregular por paso no habilitado que las recurrentes, razón por la cual se ha materializado un trato discriminatorio que afecta a un grupo especialmente vulnerable, configurándose varios factores de vulnerabilidad que deben ser atendidos por el Estado, en lo que la doctrina ha denominado interseccionalidad; metodología o herramienta para la investigación en el ámbito de la justicia social que comienza con la premisa de que la gente vive identidades múltiples, formadas por varias capas, que se derivan de las relaciones sociales, la historia y la operación de las estructuras del poder. En este contexto, el análisis interseccional tiene como objetivo revelar las variadas identidades, exponer los diferentes tipos de discriminación y desventajas que se dan como consecuencia de la combinación de identidades y busca abordar las desigualdades que estructuran las posiciones relativas de las mujeres.

Toma en consideración los contextos históricos, sociales y políticos y también reconoce experiencias individuales únicas que resultan de la conjunción de diferentes tipos de identidad (Interseccionalidad: una herramienta para la justicia de género y la justicia económica, Alison Symington, Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo (AWID), en www.awid.org).

Sexto: Que, en el caso planteado la interseccionalidad resulta palmaria ya que se trata de mujeres, es decir, pertenecientes a un grupo de la población históricamente discriminado; son migrantes, que han debido salir de su país enfrentando condiciones adversas y muchas veces peligrosas; y que ante la falta de recursos económicos se han visto obligadas a ingresar a Chile por pasos no habilitados; varias de ellas efectuaron el largo viaje que las trajo a nuestro país estando embarazadas, es decir, en una condición que por su propia naturaleza las enfrentó a peligros incluso mayores; y finalmente, todas ellas son madres de niños y niñas de corta edad que han nacido en nuestro país y que se encuentran protegidos por la Convención sobre los Derechos del Niño.

Todas estas identidades o capas de vulnerabilidad que deben ser atendidas por la autoridad migratoria han sido soslayadas desde el momento mismo en que, sin justificación razonable, se les impidió ingresar solicitudes de residencia extraordinaria por razones humanitarias debido al bloqueo de la Plataforma dispuesta para ello, razón que explica la falta de constancia escrita de dichas solicitudes.

Séptimo: Esta exclusión tecnológica no solo resulta arbitraria, sino que implica un trato desigual y discriminatorio respecto de otras mujeres embarazadas con ingreso irregular a quienes sí se les permitió postular y obtener dicho permiso humanitario en su oportunidad. Este proceder conculca gravemente la garantía constitucional de la igualdad ante la ley contemplada en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, razón por la cual se acogerá la acción deducida para restablecer el imperio del derecho.

Octavo: Que, por último cabe desechar la explicación dada por la recurrida en cuanto a que la Plataforma respectiva fue bloqueada porque atentaba contra la normativa nacional que exige regularidad migratoria, ya que la propia ley sectorial contempla situaciones en que se le ordena a la autoridad administrativa competente prescindir de la condición migratoria, como es el caso del artículo 155 N° 9 de la Ley N° 21.325, sólo a modo de ejemplo.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, SE ACOGE, sin costas, la acción constitucional de protección interpuesta en favor de nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; y nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones y se le ordena a la autoridad recurrida habilitar en su Plataforma de Trámites Digitales o a través de un canal de atención prioritario y presencial alternativo, una vía formal e idónea que permita a las recurrentes ingresar a tramitación sus solicitudes de residencia fundadas en el Permiso Especial para Mujeres Extranjeras en Situación de Embarazo o de residencia por razones humanitarias, lo que deberá estar habilitado en un plazo máximo de 15 días.

Regístrese, notifíquese y en su oportunidad archívese.

N°Protección-4276-2026-