nombre reservado con UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO

Llg C.A. de Valparaíso.

Valparaíso, diecinueve de junio de dos mil veinticuatro.

Visto:

A folio 1 comparece Verónica Velasco Matta, abogada, quien recurre de protección a favor de nombre reservado, egresado de la carrera de pedagogía en inglés de la Universidad Nacional Andrés Bello, en contra de la señalada Universidad, por el acto ilegal y arbitrario consistente en negarle la titulación por tener deudas con la institución, lo que vulnera las garantías fundamentales establecidas en los numerales 2 y 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por lo que pide se ordene a la recurrida entregar al recurrente su título, dentro de 3° día de ejecutoriado el fallo, o el plazo que esta Corte determine.

Señala que el actor ingresó a la UNAB en el primer semestre del año 2017, a la carrera de pedagogía en inglés, con una duración de 4 años, de la que egresó el año 2021. Refiere que el 2020 pidió congelar o suspender sus estudios de pedagogía en inglés, por ese año, reincorporándose a clases el año 2021, donde concluye satisfactoriamente sus estudios, conforme se acredita con el certificado del profesor y director de la carrera de pedagogía en inglés nombre reservado, de 14 de diciembre de 2021.

Indica que no obstante lo anterior, la recurrida se ha negado a dar curso al proceso de titulación en virtud de que el recurrente mantiene vigente una deuda por concepto de arancel por deserción CAE. Aclara que nunca se han rechazado por escrito sus solicitudes de titulación, sino solo sus consultas verbales sobre los requisitos para la reapertura y prosecución de su expediente de titulación, actitud arbitraria e ilegal, toda vez que ha aprobado todos los cursos, prácticas profesionales y exámenes, estando totalmente habilitado para titularse.

Refiere que tanto la existencia de la deuda como su exigibilidad son situaciones que se deben ventilar en otros procedimientos judiciales, y que aun cuando existiese dicha deuda, su intención es pagarla, lo que es prácticamente imposible al no poder optar a un trabajo en su área de estudios.

Señala que el actuar de la recurrida trasgrede los artículos 3° y 4° de la Ley N°20.370, Ley General de educación, que señalan que el sistema educacional chileno se construye sobre la base de los derechos garantizados por la constitución. Asimismo, el artículo 11 inciso 4° de la misma ley, indica que el no pago de los compromisos contraídos por el alumno por su apoderado no podrá servir de fundamento para la aplicación de ningún tipo de sanción a los alumnos durante el año escolar, y nunca podrá servir de fundamento para la retención de su documentación académica, sin perjuicio del ejercicio de otros derechos por parte del sostenedor o de la institución educacional, en particular, los referidos al cobro de arancel o matricula, o ambos, que el padre o apoderado hubiere comprometido”. Señala que si bien esta normas es aplicable a la educación básica y media debe aplicarse por analogía a la educación superior por cuanto la ley que regula aquella, la N°21.091 está inspirado en los mismos principios que la Ley N°20370 En el mismo sentido, se refiere al artículo 2° de la Ley N°21.091 que dice que el sistema de educación superior se rige por el respeto y promoción de los derechos humanos.

Indica que tal acto ha vulnerado su derecho de igualdad ante la ley, por habérsele dado un trato diferente en relación a otros alumnos que, en su misma situación, han podido titularse. Además, señala que vulnera la garantía de no ser juzgado por comisiones especiales, pues al retener su título, por el incumplimiento de una deuda civil, la recurrida actúa como tal.

Cita sentencias dictadas por la Excma. Corte Suprema en apoyo de su tesis, siendo la última de ellas, la Rol N°8788-2022. (Además de rol es N° 85.343-2020, 6560-2018 y 5114-2019)

Acompaña documentos al recurso.

A folio 4 evacua informe la Universidad Andrés Bello, quien solicita el rechazo del recurso por las razones que invoca.

Refiere que el actor ingresó a la UNAB a la carrera de pedagogía en inglés el año 2017, estando vigente en esa fecha el Decreto Universitario N°1871/2011 que establecía que la duración mínima de la carrera era de 4 años u 8 semestres, lo cual cambió con la dictación de un nuevo Decreto Universitario el año 2020, estableciendo que la duración mínima de la carrera es de 5 años o 10 semestres.

Señala que el 4 de mayo de 2020 el actor elevó una solicitud a la recurrida para acogerse a la figura del retiro temporal de la carrera, fundado en problemas personales, según indicó. Indica que el director de su carrera se comunicó directamente con él, a fin de poder ayudarlo, según se puede ver en conversación de WhatsApp que inserta.

Indica que el 20 de enero de 2021 el recurrente solicitó la reincorporación a la carrera de pedagogía en inglés, aprobada el mismo día por parte de la UNAB, sin embargo además de dicha solicitud formal, el actor no realizó proceso alguno para matricularse en la Universidad nuevamente.

Refiere que dicha omisión se explica porque el recurrente no quería reprogramar las deudas que mantenía con la UNAB. Señala que por no haberse matriculado no pudo inscribir formalmente las asignaturas que cursó durante el 2021 y 2022, y figuró como alumno desertor.

Señala que el actor pudo continuar cursando sus estudios informalmente por cuanto lo solicitó directamente al director del programa de pedagogía en inglés, quien confiando en que regularizaría su proceso de matrícula tan pronto como pudiera, por lo que le permitió asistir diariamente a clases, efectuar las tareas y pruebas correspondientes, en conjunto con su tesis y rendición de examen de grado.

Refiere que, atendido que el actor no aparecía en las listas y plataformas estudiantiles, se le debían enviar en cada oportunidad, los enlaces de conexión, documentos y tareas específicas asignadas, tal como se evidencia del extracto de conversación por WhatsApp que inserta, mantenida entre el recurrente y el director de la carrera.

Señala que el señalado director le solicito numerosas veces al actor que regularizara su situación financiera, para poder incorporar sus notas y formalizar su situación académica cuestión que jamás ocurrió. Es por ello que todas las notas que el recurrente obtuvo no existen formalmente en los sistemas internos de la Universidad.

Explica que la decisión de buena fe del director se carrera se fundó en que el programa de pedagogía en ingles fue modificado de forma importante durante el año 2020, por lo que de no terminar sus estudios conforme a la malla original en el año 2021, el recurrente para poder terminar su carrera, luego tendría que homologar asignaturas y realizar otras adicionales nuevas consideradas en el nuevo programa curricular.

Indica que el actor celebró 4 distintos contratos de prestación de servicios con la UNAB los años 2017, 2018, 2019 y 2020 y en todos ellos, en su cláusula segunda el recurrente se obligó a pagar la matrícula y el arancel de la carrera. En tanto, en su cláusula tercera el actor se obligó a respetar los reglamentos, políticas, normas y procedimientos vigentes en la Universidad.

Señala que los cuatro contratos tienen un Anexo N°1, que en sus números 7° u 8° tienen una cláusula que indica que es responsabilidad de cada alumno el cumplimiento de aquellos requisitos necesarios para el otorgamiento o renovación de cualquier tipo de financiamiento o beneficio estatal.

Añade que el recurrente cubría el arancel de la carrera con la beca externa nombre reservado y con el beneficio CAE, pero luego de su retiro temporal, y dado que no informó a los respectivos entes estatales de aquello, se suspendió la beca nombre reservado, por lo que quedó con la deuda correspondiente a la parte del arancel que ella cubría ($1.550.000).

Ante ello, el 10 de enero de 2023 la Universidad le informo que su deuda era de $1.650.000 y le ofreció reprogramarla en 6 cuotas de $283.264 cada una, pero nada ha sido pagado a la fecha. Actualmente la deuda es de $1.693.584, sin considerar intereses y gastos de cobranza.

Además de eso, por ser desertor del CAE, tiene una deuda con la Universidad de $6.315.554, toda vez que luego que cayera en estado de deserción el 2022, el CAE se dirigió contra el actor, pero este nada pagó, por lo que se dirigió contra la Universidad, a cobrar la garantía por deserción, que es el 60% de la deuda, lo que asciende a $6.693.584, y que la Universidad pagó.

Refiere que ha sido el propio recurrente quien se ha comunicado con su parte para regularizar su situación, en procesos que no han terminado. Así, el 22 de marzo de 2021 el actor solicitó reprogramar la deuda, a lo cual UNAB accedió pero después no contesto llamadas ni mensajes. Luego, el 27 de enero de 2022 el actor solicitó proceso de matrícula retroactiva, por lo cual UNAB se trató de comunicar con él, para cargar en el sistema los valores adeudados por matrícula y arancel, pero no hubo respuesta. Finalmente, el 11 de julio de 2023 vuelve a contactarse con la U para regularizar su situación académica, a lo cual su parte contestó, indicó que era necesario un abono inicial de $360.000, suma que podía variar, y que debía acompañar documentos relativos a sus datos personales y situación económica, pero nuevamente el actor dejó de contestar.

Refiere que la situación actual del actor se debe a su propia negligencia.

Se refiere al sistema de financiamiento de educación superior con crédito con aval del Estado, el que permite suspender o congelar los estudios por un año académico, pero si cumplido ese plazo el alumno no registra matricula en su casa de estudios, se declarara su deserción académica o abandono de estudios, al haber transcurrido dos años consecutivos sin matrícula, con lo cual perderá el crédito y se iniciará el cobro del financiamiento que se haya solicitado. Refiere que su falta de regularización no fue informada tampoco a la Comisión Ingresa, encargada del cobro del crédito CAE, por lo que cayó en estado de deserción.

Luego se refiere a las excepciones que opone, en primer lugar, la de extemporaneidad, porque a pesar que el recurrente jamás ha solicitado iniciar su proceso de titulación, este debió llevarse a cabo, en caso de haber mantenido sus estudios de forma regular, el año 2021, lo que no ocurrió. Refiere que la última comunicación de la Universidad con del actor fue el 11 de julio de 2023.

Enseguida señala que no existe ningún acto ilegal o arbitrario imputable a su parte, tal como fue explicado más arriba, destacando que la deuda del actor es más de 8 millones de pesos a la Universidad, y que no es obligación de esta perseguirlo indefinidamente para que regularice su situación, culmine sus estudios y se titule.

En subsidio, afirma que no existe vulneración de los derechos constitucionales aludidos en el recurso.

Acompaña documentos al informe.

A folio 7 se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, por el presente recurso comparece nombre reservado, quien recurre contra la Universidad Nacional Andrés Bello, por la negativa de esta en entregarle su título, pese a haber cursado a satisfacción la carrera de pedagogía en inglés, negativa que se funda en la deuda que mantiene con dicha casa universitaria, cuestión que estima es ilegal, porque el cobro de una eventual deuda debe ser objeto de acciones de cobro, o en caso necesario, un juicio, pero no es óbice para rechazar la solicitud del actor, teniendo en cuenta además, que necesita contar con su título para poder trabajar y realizar el pago que se le exige.

Que por su parte, la recurrida en primer lugar opone la excepción de extemporaneidad, por cuanto el hecho que alega como ilegal no se configuró, y en caso de haberse realizado, debería datar del año 2021, habiéndose interpuesto este recurso en mayo de 2024. En subsidio, en cuanto al fondo, señala que efectivamente el actor mantiene una deuda con su parte, de más de $8.000.000, por cuanto el recurrente cubría su arancel con la beca externa nombre reservado y el crédito CAE, pero al solicitar la suspensión de sus estudios en mayo de 2020 no lo comunicó oportunamente a las autoridades encargadas de los referidos beneficios económicos, por lo que en primer lugar perdió la Beca nombre reservado, y segundo, al no matricularse en la Universidad en los dos años siguientes a su suspensión, quedó como desertor del CAE, lo que motivó que se iniciaran los mecanismos de cobro de él, debiendo pagar en definitiva la Universidad una suma superior a los 6 millones de pesos, como garante del señalado crédito. Añade que el actor no ha querido regularizar su deuda, pese a lo cual se le otorgó un permiso por el director de la carrera para asistir presencialmente a clases, rendir pruebas y hacer tareas, con lo cual terminó y aprobó con los requisitos de la carrera.

I.-En cuanto a la excepción de extemporaneidad.

Segundo: Que el fundamento de tal excepción es que el acto denunciado como ilegal no existe, por cuanto el actor nunca ha pedido su título, y en caso de haberlo requerido, tendría que haberlo hecho el año 2021, cuando terminó sus estudios; lo que no resulta ser efectivo, de acuerdo a lo indicado en el documento acompañado a folio 1, consistente en constancia emitida por el director de la carrera de pedagogía en inglés, el Sr. nombre reservado, quien, en lo pertinente, señala: “Su certificado de título de Profesor de Inglés para la Enseñanza Básica y Media está en trámite” con lo cual está reconociendo que dicho proceso inició, y no ha culminado. Que, por su parte, el recurso afirma que la falta de entrega del título se debe a la deuda que él mantiene con la referida Universidad, y la falta de entrega del título respectivo se mantiene a la fecha de presentación del recurso, por lo que en definitiva este fue presentado dentro del plazo que establece el Auto Acordado sobre la materia, y por ende la señalada excepción será rechazada.

II.- En cuanto al fondo.

Tercero: Que con el mérito de los antecedentes, se tiene por acreditado que el actor ostenta la condición de egresado de la carrera de pedagogía en inglés de la Universidad recurrida, atendido lo indicado en el documento que acompaña el actor a su recurso, consistente en declaración hecha por el director de la referida carrera, Sr. nombre reservado, quien indica que el actor “cursó y aprobó 3488 horas de clases presenciales en el Programa de Pedagogía en Inglés que consta de ocho semestres, rindió y aprobó práctica profesional al igual que su examen de grado. Su certificado de título de Profesor de Inglés para la Enseñanza Básica y Media está en trámite” aunado a lo declarado por la propia recurrida en su informe, cuando indica que, pese a la deuda que mantenía el actor con su parte, se le permitió asistir a clases presenciales, rendir pruebas y realizar los trabajos requeridos, por lo que en definitiva fue la propia Universidad quien le permitió terminar con su carrera, negando ahora la entrega del título respectivo, hasta que se regularice el pago de dicha deuda.

Cuarto: Que, para la resolución del asunto, es pertinente señalar que la Ley Nº 21.091 entró en vigencia el 29 de mayo de 2018, no desprendiéndose de su articulado ninguna disposición que ordene su aplicación de manera retroactiva en lo que atañe a la facultad otorgada a las universidades en el artículo 55, letra e), por lo que se debe concluir que su contenido normativo rige sólo para lo futuro, por expreso mandato del artículo 9, inciso primero, del Código Civil: “La ley sólo puede disponer para lo futuro y no tendrá jamás efecto retroactivo”; y artículo 22, inciso primero, de la Ley sobre Efecto Retroactivo de las Leyes: “En todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración”.

De lo anterior se colige que no obstante la renovación anual del contrato de prestación de servicios educacionales celebrado entre las partes, desde 2017 en adelante, la Ley Nº 21.091 no puede ser aplicada al caso particular, toda vez que la situación jurídica del recurrente se consolidó jurídicamente con antelación a la entrada en vigencia del señalado texto legal. Además, teniendo presente lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley sobre Efecto Retroactivo de las Leyes, el contrato de prestación de servicios educacionales se encuentra regulado por la Ley N° 20.370 Ley General de Educación, cuyo artículo 3º, inciso primero, dispone que: “El sistema educativo chileno se construye sobre la base de los derechos garantizados en la Constitución, así como en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes y, en especial, del derecho a la educación y la libertad de enseñanza”. A su turno, el artículo 4º señala que: “La educación es un derecho de todas las personas”, lo cual guarda armonía con el derecho fundamental a la educación garantizado en el artículo 19 Nº 10 de la Constitución Política de la República.

Quinto: Que de las disposiciones recién transcritas se desprende que la Ley Nº 21.091 sólo resulta aplicable a los nuevos contratos que se suscriban entre los alumnos y la Universidad con posterioridad a su entrada en vigencia, y que, en consecuencia, el recurrente tiene el derecho a completar su proceso de titulación –pese a la existencia de una deuda por concepto de arancel-, por cuanto el derecho a la educación considera la etapa de titulación universitaria, sin que pueda condicionarse el mismo a exigencias no previstas en la ley vigente al momento de suscribir el contrato de prestación de servicios educacionales.

Sexto: Que, en las condiciones anotadas, la negativa de la recurrida a acceder a la petición del recurrente en orden a completar su proceso de titulación aparece como ilegal, por contravenir los artículos 3 y 4 de la Ley Nº 20.370; y, además, por hacer aplicable al contrato de prestación de servicios educacionales disposiciones de la Ley Nº 21.091 –texto legal que no opera de manera retroactiva-, así como un reglamento interno de la propia universidad que contradice la Ley Nº 20.370, afectando la garantía de la igualdad ante la ley contemplada en el artículo 19 Nº 2 de la Constitución Política de la República, toda vez que se ha dado al actor una diferencia de trato en relación con otros estudiantes que se encuentran en la misma condición de egresados que aprobaron el examen de grado, impidiéndole ilegítimamente completar su proceso de titulación.

Séptimo: Que, finalmente, es necesario recordar que el ordenamiento jurídico contempla el ejercicio de las acciones correspondientes a fin que la recurrida pueda impetrar el pago de su acreencia, lo cual refuerza la ilegalidad de su negativa a permitir al actor completar su proceso de titulación.

Por estas consideraciones y lo establecido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza la alegación de extemporaneidad, y se acoge el recurso de protección a favor de nombre reservado, contra la Universidad Nacional Andrés Bello, sólo en cuanto la recurrida deberá permitir al actor completar su proceso de titulación, siempre que reúna los requisitos correspondientes, no pudiendo condicionar la titulación al pago o garantía de obligación alguna, en particular, por concepto de deuda por arancel y matrículas.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-4273-2024.