nombre reservado con SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE LOS ANDES

I.C.A. de Valparaíso.

Valparaíso, dos de julio de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1 comparece doña nombre reservado, representada por su abogado patrocinante y apoderado don nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra del Servicio Local de Educación Pública de Los Andes, representado legalmente por su Director Ejecutivo don nombre reservado, por el acto ilegal y arbitrario consistente en la dictación de la Resolución Exenta N°420/2026, de 17 de abril de 2026, que declaró incompatible la salud de la recurrente con el desempeño del cargo y dispuso el cese de sus funciones, así como en contra de la Resolución Exenta N°500/2026, de 5 de mayo de 2026, que rechazó la reposición administrativa deducida en su contra, vulnerando de esta forma los derechos fundamentales garantizados en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República.

Expone que se desempeña como asistente de la educación —psicóloga del Programa de Integración Escolar (PIE)— en calidad de indefinida en la Escuela Mixta Lo Calvo, establecimiento dependiente del Servicio Local de Educación Pública de Los Andes, según consta del anexo de contrato de fecha 1 de marzo de 2021 y del decreto alcaldicio N°926, de 29 de marzo de 2021.

Añade que con fecha 24 de diciembre de 2023 nació su hija, iniciando un período de postnatal que se extendió hasta el 9 de junio de 2024, tras lo cual fue diagnosticada con depresión postparto, situación que motivó diversas licencias médicas durante el año 2024. Posteriormente, en enero de 2025, fue diagnosticada con una grave enfermedad autoinmune —vasculitis ANCA/MPO con compromiso sistémico y síndrome pulmón-riñón—, que implicó hospitalización en Unidad de Tratamiento Intensivo y riesgo vital, según consta de la epicrisis médica del Hospital San Juan de Dios de Los Andes. Indica que actualmente la enfermedad se encuentra en remisión y bajo tratamiento de mantención, conforme certificado emitido por especialista en medicina interna y reumatología, y que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), mediante Resolución de Evaluación folio 19855507, de 23 de diciembre de 2025, concluyó que presenta un estado de salud recuperable. Agrega que se reincorporó efectivamente a sus funciones el 18 de junio de 2025, manteniéndose desde entonces trabajando con normalidad.

Señala que, no obstante lo anterior, mediante la Resolución Exenta N°420/2026 el Servicio Local de Educación Pública de Los Andes declaró incompatible su salud con el desempeño del cargo, fundado exclusivamente en el uso de licencias médicas por un total de 384 días dentro de los últimos dos años, y que, deducida reposición administrativa exponiendo el origen y naturaleza excepcional de dichas licencias, ésta fue rechazada mediante la Resolución Exenta N°500/2026, que sostuvo que la causal operaría de manera automática sobre la base de un criterio meramente objetivo y cuantitativo.

Argumenta que la autoridad recurrida efectuó una aplicación puramente mecánica del artículo 33 letra g) de la Ley N°21.109, limitándose a contabilizar días de licencia sin ponderar la naturaleza, origen, gravedad ni recuperación de la enfermedad; que desconoció el sentido y finalidad del pronunciamiento de la COMPIN; que la resolución adolece de falta de fundamentación suficiente conforme a la Ley N°19.880; que se infringió el especial deber de protección de la maternidad, atendido que parte de las licencias se vinculan al período posterior al embarazo; y que el acto recurrido resulta desproporcionado, invocando en apoyo de su tesis lo resuelto por la Iltma. Corte de Apelaciones de Concepción en la causa Rol Protección N°3861-2026, "nombre reservado con Municipalidad de Laja".

Solicita: 1.- Que se declare que la Resolución Exenta N°420/2026 y la Resolución Exenta N°500/2026 constituyen actos ilegales y arbitrarios. 2.- Que se dejen sin efecto dichas resoluciones. 3.- Que se ordene la inmediata reincorporación de la recurrente a sus funciones. 4.- Que se ordene el pago íntegro de las remuneraciones y demás prestaciones dejadas de percibir desde la separación de funciones. 5.- Que se adopten las demás medidas que SS. Iltma. estime necesarias para restablecer el imperio del derecho. 6.- Con costas.

A folio 5 evacúa informe don Tomás Rolando Droppelmann Gil, abogado, en representación del Servicio Local de Educación Pública de Los Andes, solicitando el íntegro rechazo del recurso, con costas.

Expone que la declaración de salud incompatible con el desempeño del cargo, materializada en la Resolución Exenta N°420 de 17 de abril de 2026, no es ilegal ni arbitraria, por cuanto se sustenta en una facultad expresamente conferida por el artículo 33 letra g) de la Ley N°21.109, Estatuto de los Asistentes de la Educación Pública, y resulta conteste con la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República y con pronunciamientos de la Excma. Corte Suprema.

Indica que la recurrente hizo uso de un total de 384 días de licencias médicas dentro de los dos años anteriores a la dictación del acto impugnado, según certificado emitido por la Subdirección de Gestión y Desarrollo de Personas del Servicio, licencias que corresponden en su totalidad a licencias médicas tipo 1 —enfermedad o accidente común—, excluyéndose expresamente del cómputo las licencias maternales, de protección a la maternidad, Ley SANNA, patologías del embarazo, cáncer y aquellas derivadas de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales regidas por la Ley N°16.744.

Precisa que el artículo 33 letra g) de la Ley N°21.109 dispone que el Director Ejecutivo podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo el haber hecho uso de licencias médicas en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses dentro de los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable, previa evaluación de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, de manera que la configuración de la causal exige dos presupuestos copulativos: el uso de licencias médicas por el período legal señalado y la evaluación previa de la COMPIN.

Sostiene que ambos presupuestos concurren en la especie, toda vez que se acreditó el uso de licencias médicas por 384 días —superior al límite de 180 días— dentro del bienio respectivo, y que la COMPIN, mediante Resolución de Evaluación folio N°19855507, de 23 de diciembre de 2025, informó que la salud de la funcionaria era recuperable, sin que exista declaración de salud irrecuperable.

Argumenta que la declaración de recuperabilidad efectuada por la COMPIN no impide el ejercicio de la facultad conferida por el legislador para declarar la incompatibilidad, por tratarse de dos instituciones jurídicas diversas, criterio recogido de manera uniforme por la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República —dictámenes N°28.713 de 2011, N°13.570 de 2015, N°5.014 de 2016, N°17.351 de 2018 y N°E527.522 de 2024— y por la Excma. Corte Suprema en las causas Rol N°8.567-2026, Rol N°40.078-2025 y Rol N°8.569-2026.

Añade que no concurre arbitrariedad en el acto impugnado, por cuanto éste se funda en antecedentes objetivos expresamente contemplados en la ley y contiene una exposición de los fundamentos de hecho y de derecho, incluyendo la afectación al funcionamiento del establecimiento y, en particular, al Programa de Integración Escolar, producto de la naturaleza discontinua y prolongada de las ausencias.

Sostiene, asimismo, que no existe infracción al principio de protección de la maternidad, por cuanto la resolución recurrida verificó que las licencias consideradas para el cómputo corresponden exclusivamente a licencias tipo 1, no habiéndose considerado licencias maternales, de protección a la maternidad ni derivadas del embarazo o postnatal.

Finalmente, indica que no existe vulneración de las garantías establecidas en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República, por cuanto la decisión se adoptó dando aplicación a una causal legal expresamente prevista, sobre la base de antecedentes objetivos y verificables, sin fundarse en la condición personal, estado de salud o maternidad de la recurrente.

A folio 6 se ordena traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida en favor de toda persona que, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías señalados en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, mediante esta vía cautelar, se impugna la Resolución Exenta N°420/2026, de 17 de abril de 2026, dictada por don nombre reservado, Director Ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública de Los Andes, que declaró incompatible la salud de la recurrente con el desempeño del cargo y dispuso el cese de sus funciones, así como la Resolución Exenta N°500/2026, de 5 de mayo de 2026, que rechazó la reposición administrativa deducida en su contra, cuestionándose la forma en que la recurrida ponderó los antecedentes tenidos a la vista para configurar la causal del artículo 33 letra g) de la Ley N°21.109, particularmente en cuanto se habría prescindido de la naturaleza y origen de las licencias médicas computadas, y alegándose además la falta de fundamentación de la resolución recurrida y la infracción al principio de protección de la maternidad.

Por su parte, la recurrida argumenta que, atendido que mediante Resolución de Evaluación folio N°19855507, de 23 de diciembre de 2025, la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) determinó que la salud de la funcionaria era recuperable, la autoridad administrativa se encuentra igualmente habilitada para considerar dicha salud como incompatible con el desempeño del cargo, por tratarse de hipótesis jurídicas diversas que el legislador reguló de manera diferenciada.

Tercero: Que, al respecto, el Director Ejecutivo de los Servicios Locales de Educación Pública tiene la facultad legal de declarar el cese de funciones por "salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo", según dispone el artículo 33 letra g) de la Ley N°21.109. Por su parte, el inciso segundo del citado artículo 33 dispone: Para efectos de la aplicación de la causal establecida en la letra g) de este artículo, el Director Ejecutivo del Servicio sólo podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable. No se considerará para el cómputo de los seis meses señalado en el inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 115 del Estatuto Administrativo y el Título II, del Libro II, del Código del Trabajo. El Director Ejecutivo del Servicio, para ejercer la facultad antes señalada, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo.

Cuarto: Que, en consecuencia, la Ley N°21.109 distingue entre el cese de funciones por salud irrecuperable de aquel dispuesto por salud incompatible con el desempeño del cargo, más allá de las diferencias semánticas entre lo irrecuperable (lo que no se puede recuperar) y lo incompatible (lo que no puede estar, funcionar o coexistir sin impedimento de otra cosa). En cuanto a la declaración de cese de funciones por salud incompatible con el desempeño del cargo, ella no otorga ninguno de los beneficios asociados a la declaración de irrecuperabilidad, pues, como expresa el propio texto legal citado, dicha causal se configura precisamente "sin mediar declaración de salud irrecuperable" o, lo que es lo mismo, cuando la autoridad técnica —en este caso, la COMPIN— establece que la salud del funcionario es recuperable.

Aquí, la incompatibilidad con el desempeño del cargo se traduce en el hecho de que, salvo las excepciones legales expresamente contempladas —licencias maternales, de protección a la maternidad y aquellas regidas por la Ley N°16.744—, la condición médica de la recurrente resultó incompatible con el desempeño de la función pública, al no haberle permitido ejercer su cargo por más de seis meses dentro del lapso de dos años previsto en la norma.

Quinto: Que, de los antecedentes acompañados, no existe controversia en cuanto a que la recurrente hizo uso de licencias médicas dentro del período comprendido entre abril de 2024 y abril de 2026, manteniendo un ausentismo discontinuo de sus funciones laborales por un total de 384 días, excediendo ampliamente el límite de seis meses establecido por la ley. Respecto del segundo requisito, consta que la COMPIN, mediante Resolución de Evaluación Folio N°19855507, de 23 de diciembre de 2025, determinó que la salud de la recurrente era recuperable, cumpliéndose con la exigencia del inciso segundo del artículo 33 de la Ley N°21.109.

Sexto: Que, de lo anterior, aparece que la resolución objeto de este recurso se encuentra apegada a la ley que regula el asunto fáctico, porque es la extensión en el uso de licencias médicas por parte de la funcionaria, la que habilitaba al Director Ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública de Los Andes para considerar tal hecho como constitutivo de salud incompatible con el desempeño del cargo, facultad que la autoridad ejerció por superarse ampliamente el plazo legal de seis meses de ausencia dentro de los últimos dos años.

Séptimo: Que, para determinar si la decisión recurrida cumple con la debida fundamentación exigida por la Ley N°19.880, se tiene presente que de la sola lectura de la Resolución Exenta N°420/2026, especialmente sus considerandos N°8, 9, 11, N°12 y N°16, se cumple con el deber legal, ya que explica de manera pormenorizada los motivos que se tuvieron a la vista al momento de resolver, esto es, la afectación a la continuidad y adecuado funcionamiento del establecimiento educacional, en particular al Programa de Integración Escolar, la dificultad para contratar personal de reemplazo atendida la naturaleza discontinua de las ausencias, y la sobrecarga laboral generada en el equipo existente, sin que dicha decisión constituya, según se consigna expresamente en el considerando N°12, una sanción ni un reproche al legítimo ejercicio del derecho a licencia médica por parte de la funcionaria.

Octavo: Que, del mérito de los antecedentes, se concluye que las resoluciones impugnadas por esta vía fueron dictadas por autoridad competente, en uso de una atribución establecida en la ley, y en la forma ordenada en ella, por lo que el recurso deberá ser rechazado.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, en contra del Servicio Local de Educación Pública de Los Andes.

Acordada con el voto en contra de la Abogada Integrante Sra. Verónica Munilla Espinoza, quien estuvo por acoger el recurso, por considerar que, tratándose de una causal de salud incompatible con el cargo, la hipótesis que habilita declarar la vacancia exige necesariamente que la condición de salud sea irrecuperable, circunstancia que no concurre en la especie, donde la enfermedad fue calificada como recuperable por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez y, en circunstancias que la recurrente continuó prestando servicios, quedando en evidencia que no se cumplen los requisitos para poner término al vínculo estatutario.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad archívese N° Protección-4272-2026.