nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.

I.C.A. de Valparaíso Valparaíso, diez de septiembre de dos mil veinticinco.

Visto:

A folio 1, comparece don nombre reservado, quien comparece en representación de don nombre reservado, de nacionalidad venezolana e interpone recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., representada por su gerente general don nombre reservado., con domicilio en domicilio reservado, región Metropolitana.

Expone que el acto arbitrario e ilegal consiste en la resolución de 2 de julio de 2025, mediante la cual la recurrida rechazó la solicitud de devolución de fondos previsionales para extranjeros, efectuada por el recurrente al amparo de lo dispuesto en la Ley N°18.156. Señala que se exige indebidamente la presentación de requisitos adicionales no contemplados en la normativa, tales como la apostilla con código de validación del certificado de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, siendo que dicho documento puede verificarse en línea mediante código electrónico oficial, lo cual demuestra la afiliación vigente del recurrente a la seguridad social de su país de origen.

Agrega que la negativa de la AFP constituye una interpretación excesivamente formalista de la normativa, desconociendo la imposibilidad real de los ciudadanos venezolanos de obtener ciertos documentos apostillados debido a la ausencia de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela. Sostiene que otros administradores de fondos de pensiones han validado constancias electrónicas en idénticas circunstancias, lo que revela un trato desigual e injustificado.

Indica que el actuar de la recurrida vulnera las garantías constitucionales de su representado, en particular el derecho de igualdad ante la ley (artículo 19 N°2) y el derecho de propiedad sobre sus ahorros previsionales (artículo 19 N°24), por cuanto se le impide disponer de fondos que son de su exclusiva pertenencia.

Solicita que se acoja el recurso, ordenándose reconocer como válidos los documentos acompañados y, en consecuencia, disponer la devolución de los fondos previsionales solicitados, adoptando las medidas que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de las garantías vulneradas.

A folio 3, informa la Superintendencia de Pensiones, solicitando el rechazo del recurso de protección interpuesto por don nombre reservado en contra de AFP Provida S.A., por cuanto el actuar de la recurrida se ajusta plenamente a derecho y no resulta arbitrario ni ilegal.

El recurrente dedujo acción señalando que la Administradora rechazó, con fecha 2 de julio de 2025, su solicitud de devolución de fondos previsionales al amparo de la Ley N°18.156. Tal decisión se fundó en que el certificado acompañado para acreditar su afiliación a un régimen de previsión extranjero carecía de los requisitos legales y reglamentarios, puesto que no se encontraba apostillado ni legalizado, no contaba con firma autorizada y no acreditaba en forma específica cobertura por todos los riesgos que la normativa exige, esto es, enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Cabe señalar que el recurrente no registra reclamo alguno ante esta Superintendencia y que la normativa aplicable establece que la devolución de fondos previsionales constituye un régimen excepcional, sujeto al cumplimiento copulativo de los requisitos previstos en la Ley N°18.156. La jurisprudencia administrativa y judicial ha sido uniforme en el sentido de exigir que la documentación presentada sea emitida por la autoridad competente del país respectivo y que se encuentre debidamente apostillada o legalizada.

A folio 4, informa don Daniel Santoni, abogado, en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., solicitando desde ya el rechazo en todas sus partes del recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, con expresa condenación en costas, por cuanto la acción cautelar intentada no es la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento con carácter contradictorio y, en subsidio, porque mi representada no ha incurrido en acto arbitrario ni ilegal alguno respecto de las garantías constitucionales invocadas.

El recurso se funda en que AFP ProVida habría actuado de manera ilegal y arbitraria al rechazar la solicitud de devolución de fondos previsionales del recurrente, presentada al amparo de la Ley N°18.156. Sin embargo, el rechazo obedeció estrictamente al incumplimiento de los requisitos legales, toda vez que la constancia de afiliación acompañada no se encontraba vigente, carecía de apostilla o legalización, y no acreditaba en forma suficiente la cobertura previsional exigida en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. En estas condiciones, la Administradora se limitó a aplicar las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones y la normativa vigente.

Debe recordarse que la Ley N°18.156 constituye una norma de carácter excepcional que sólo autoriza la devolución de fondos previsionales a técnicos extranjeros cuando se cumplen copulativamente los requisitos legales, lo que en la especie no ha ocurrido. Además, el recurso de protección no constituye la vía idónea para discutir materias que requieren un juicio de lato conocimiento, como es la interpretación y aplicación de normas previsionales, tal como lo ha reconocido de forma reiterada la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema y de diversas Cortes de Apelaciones.

A folio 11, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Segundo: Que, en la especie, el recurrente, ciudadano venezolano, solicita la devolución de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual conforme a los dispuesto por el artículo 7° de la Ley N° 18.156, disposición que autoriza dicha devolución a técnicos o profesionales extranjeros que acrediten estar afiliados a un régimen previsional extranjero con cobertura en enfermedad, invalidez, vejez y muerte y manifiesten su voluntad de mantener dicha afiliación.

Tercero: Que, el recurrido informa, en síntesis, que la constancia electrónica de cotizaciones presentada no cumple los requisitos normativos exigidos, puesto que, no constituye certificado de afiliación, no especifica las coberturas individuales, carece de firma y no esta legalizada o apostillada. De tal modo, afirma que su actuar se ajusta a la Ley N 18.156, al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y a la jurisprudencia administrativa dictada por la Superintendencia de Pensiones.

Cuarto: Que, el artículo 7 de la Ley N 18.156, establece: "En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administración de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1 de esta ley". A su turno, citado artículo 1 dispone:"Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal t técnico extranjero y este é personal, estar n exentos, para los efectos de esos contratos, del á cumplimiento de las leyes de previsión n que rijan para los trabajadores, ó no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se tengan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre ú afiliado a un r gimen de previsión n o de seguridad social fuera de Chile, é ó cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo í menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y, b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida. La exención que establece el inciso anterior no comprender los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744". Además, el N 1 del titulo XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones dispone que, para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en la letra a) del artículo 1 de la Ley N 18.156, el trabajador extranjero debe aportar la certificación de la institución de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

Quinto: Que, atendido lo expuesto y al mérito de los antecedentes acompañados por las partes, se concluye que la recurrida no ha incurrido en un acto ilegal o arbitrario alguno, toda vez que, la actora no ha dado cumplimiento a la totalidad de los requisitos copulativos establecidos en la normativa previsional aplicable al caso. En efecto, del análisis de la constancia electrónica acompañada emanada del Instituto Venezolano de Seguros Sociales, no resulta posible acreditar que la actora se encuentra protegida por el seguro social venezolano, ni las prestaciones garantizadas con total claridad. Que, conforme se desprende del informe evacuado por la recurrida, la solicitud fue rechazada por no haberse acompañado el certificado del régimen previsional extranjero con los requisitos de legalización o apostilla exigidos para tener valor probatorio en Chile, conforme a lo establecido en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil y las instrucciones dictadas por la Superintendencia de Pensiones.

El hecho de contener un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales vigentes, más aún cuando el ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional.

Quinto: Que, en este sentido, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de AFP PROVIDA S.A., al exigir el cumplimiento de los estándares normativos para el reconocimiento de documentos emitidos en el extranjero.

Sexto: Que, en definitiva, de los antecedentes aportados se desprende que la actuación de la recurrida, al rechazar la solicitud de devolución de fondos previsionales presentada por la recurrente, se ha ajustado a la normativa vigente y a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, sin que pueda calificarse como ilegal o arbitraria, motivos por los cuales el presente arbitrio no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones PROVIDA S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-4247-2025.