nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A

Edp C.A. de Valparaíso Valparaíso, doce de agosto de dos mil veinticinco.

Visto:

A folio 1, comparece el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra, quien deduce recurso de protección en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., por el acto que califica como ilegal y arbitrario, consistente en el rechazo de la solicitud de retiro de fondos previsionales de la recurrente conforme lo previsto en la ley N°18.156, al imponer requisitos no contemplados expresamente en la ley, desconociendo los medios de verificación disponibles para comprobar su afiliación a la seguridad social de su país, cuestión que a su juicio vulnera las garantías de los numerales 2° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que la recurrente solicitó mediante el portal web de la recurrida el retiro de sus fondos previsionales mediante la plataforma dispuesta para tal efecto, adjuntando la documentación requerida y cumpliendo con lo solicitado. No obstante, el 9 de julio pasado, fue notificada mediante correo electrónico del rechazo de su solicitud por no cumplir los documentos presentados con los requisitos normativos, objetando específicamente la constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, argumentando que no era un certificado de afiliación, no señalaba las prestaciones cubiertas y no se encontraba firmada ni apostillada. Asimismo, rechazó la declaración jurada de 25 de junio de 2025 por no ser un certificado emitido por la entidad de seguridad social extranjera ni por la Embajada o Consulado correspondiente.

Sostiene que la AFP Modelo realiza una interpretación excesivamente formalista de la Ley N°18.156, desatendiendo su finalidad de permitir a los extranjeros disponer de sus ahorros previsionales. Argumenta que la documentación presentada es válida y verificable, destacando que la constancia electrónica del Instituto Venezolano de Seguridad Social es legítima y cuenta con un código de verificación que permite comprobar su autenticidad en la página oficial del IVSS.

Como respaldo a su pretensión, la recurrente cita jurisprudencia de diversas Cortes de Apelaciones que han acogido recursos similares, argumentando que la negativa de la AFP constituye un acto ilegal y arbitrario que vulnera su derecho a la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad consagrados en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política, al exigir requisitos no establecidos en la ley e impedirle disponer de sus fondos previsionales.

Pide, se ordene a la recurrida que se reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo la AFP a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo razonable o el que el tribunal estime conforme al mérito de autos, adoptando las providencias que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Acompaña documentos al recurso.

A folio 8, evacuó informe la Superintendencia de Pensiones, quien señala que si bien no cuenta con antecedentes sobre la situación previsional reclamada por la recurrente, que permitan concluir que cumple con las exigencias de la ley N°18.156 para acceder a la devolución de fondos previsionales, la declaración jurada no es un documento idóneo para probar el requisito de cobertura previsional fuera de Chile, toda vez que la certificación relativa a la cobertura previsional en el extranjero debe ser emitida por la autoridad previsional competente del país correspondiente.

A folio 9, evacuó informe la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Refiere que el 8 de julio de 2025, la recurrente presentó una solicitud para la devolución de fondos previsionales bajo la Ley N° 18.156, por las cotizaciones previsionales enteradas a su nombre por su empleador I. Municipalidad de La Ligua, acompañando para acreditar el cumplimiento de los requisitos legales seis documentos: Título Profesional de la recurrente; Constancia Electrónica de Cotizaciones de 23 de junio de 2025; Declaración jurada realizada ante notario público de fecha 25 de junio de 2025; y Decretos de Alcaldía de La Ligua N°5320, N°827 y N°1339.

Añade que, se rechazó la solicitud por dos motivos: por una parte, la Constancia Electrónica de Cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no cumple con los requisitos normativos al no constituir un certificado de afiliación, no especificar las prestaciones cubiertas ni estar firmada o debidamente legalizada, mientras que la declaración jurada tampoco satisface la normativa al no emanar de la entidad de seguridad social ni de representación consular; por otra parte, el anexo de contrato de trabajo presenta manifestaciones contradictorias al autorizar simultáneamente los descuentos previsionales en Chile y expresar la voluntad de mantener la afiliación al sistema venezolano, debiendo prevalecer la primera por corresponder a la regla general del ordenamiento laboral chileno.

Fundamenta jurídicamente su posición en que, conforme al artículo 7° de la Ley N° 18.156, la devolución de fondos previsionales requiere cumplir con los requisitos del artículo 1°, entre ellos la afiliación a un régimen previsional extranjero que otorgue prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. Además, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones establece que esto debe acreditarse mediante certificación debidamente legalizada de la institución de seguridad social correspondiente, o excepcionalmente mediante certificado consular, requisitos que no fueron satisfechos por la recurrente.

Adicionalmente, enfatiza que está obligada a seguir las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, citando específicamente el Oficio Ordinario N° 4277 de marzo de 2025, que establece que el certificado electrónico del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no sirve para acreditar la cobertura previsional por no estar firmado ni apostillado. También invoca los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil sobre los requisitos para que instrumentos públicos otorgados fuera de Chile puedan producir efectos en el país, mediante su debida legalización o apostilla.

Concluye sosteniendo que AFP Modelo ha actuado conforme a la normativa vigente y las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, sin incurrir en actos u omisiones arbitrarias o ilegales que vulneren los derechos fundamentales del recurrente, solicitando en consecuencia el rechazo del recurso con expresa condena en costas.

Acompaña documentos a su informe.

A folio 10, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, por la presente vía cautelar, se impugna el rechazo de la solicitud devolución de fondos previsionales para extranjeros realizada por el recurrente a la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., comunicado mediante correo electrónico de 8 de julio 2025, pretendiendo que se ordene a la recurrida reconocer como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo razonable.

Tercero: Que, por su parte, la recurrida afirma que su actuación no ha sido ilegal ni arbitraria, sino que ha dado cumplimiento a sus obligaciones conforme al artículo 1° letra a) de la Ley 18.156 y la normativa de la Superintendencia de Pensiones, rechazando la solicitud por no haber acompañado el certificado de afiliación al régimen previsional extranjero debidamente legalizado y/o apostillado, toda vez que adjuntó únicamente la "Constancia Electrónica de Cotizaciones", que no especifica las prestaciones cubiertas y carece de firma y, además, el anexo de contrato de trabajo acompañado contenía manifestaciones contradictorias sobre el destino de las cotizaciones. Sustenta su posición en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, en la normativa vigente, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y en la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones.

Cuarto: Que, para resolver, es necesario tener presente que el artículo 1 de la Ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican y deroga la ley 9.705, regula las siguientes condiciones que deben reunirse para acogerse a este beneficio: “a).- Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b).- Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”. A su turno, el artículo 7º de la citada Ley, señala que: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1º de esta Ley”.

Por otra parte, el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, en el Libro II, Título XI, sobre Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten, indica de forma textual lo siguiente: “b) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.”

Quinto: Que, del mérito de los antecedentes, aparece que el documento presentado por la actora “Constancia Electrónica de Cotizaciones” de 31 de julio 2025, del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), carece de firma autorizada y no se encuentra apostillado ni legalizado conforme a la normativa vigente. En efecto, el hecho de contener un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales vigentes, más aún cuando el ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional.

Sexto: Que, respecto a la Declaración Jurada Notarial apostillada acompañada por la recurrente, en la que manifiesta que se encuentra afiliada y cubierta por el sistema de Seguridad Social Venezolana, en el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS), se concluye que no es idóneo para acreditar la cobertura previsional en el extranjero exigida por el artículo 1° letra a) de la ley N° 18.156, ya que debe ser emitido por la autoridad previsional competente del país correspondiente, quien es la única facultada legalmente para certificar dicha circunstancia.

Séptimo: Que, en este sentido, no puede estimarse ilegal, ni arbitraria la conducta de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. al exigir el cumplimiento de los estándares normativos para el reconocimiento de documentos emitidos en el extranjero. En efecto, si bien, la Ley N° 18.156 no explicita la exigencia de apostilla, ello no exime del cumplimiento de las normas generales sobre valor probatorio de documentos otorgados en el extranjero, máxime cuando se trata de antecedentes que inciden directamente en el cumplimiento sustancial de los requisitos exigidos para acceder al beneficio solicitado.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida en favor de nombre reservado en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-4242-2025.

En Valparaíso, doce de agosto de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.