nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CAPITAL S.A.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, veintidós de junio de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1, comparece doña Linda Nataly Quintero Mogollón, abogada, en representación de don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N° RUT reservado, interponiendo recurso de protección en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Capital S.A. y de la Superintendencia de Pensiones, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de la solicitud de retiro o devolución de fondos previsionales de trabajador extranjero, fundado en la Ley N° 18.156.

Expone que el recurrente cuenta con residencia definitiva en Chile y que, durante la prestación de sus servicios, se le habrían descontado y enterado cotizaciones previsionales, de salud y cesantía, pese a haber manifestado en su contrato o anexo su voluntad de acogerse al régimen previsto en la Ley N° 18.156. Añade que ingresó solicitud de devolución de fondos previsionales ante AFP Capital, acompañando los antecedentes que, a su juicio, acreditaban su calidad de técnico extranjero y su afiliación a un sistema de previsión o seguridad social fuera de Chile.

Sostiene que AFP Capital le informó que la constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no se encontraba apostillada y que, posteriormente, al recurrir ante la Superintendencia de Pensiones, dicho organismo mantuvo el criterio de exigir una certificación que acreditara específicamente la cobertura por enfermedad, invalidez, vejez y muerte durante el período de prestación de servicios en Chile, además de exigir legalización o apostilla de los documentos emitidos en el extranjero. Afirma que tales exigencias no se encuentran contempladas en la Ley N° 18.156 o, al menos, han sido aplicadas de manera excesivamente formalista.

Agrega que acompañó una constancia electrónica de cotizaciones emitida por el IVSS, verificable en línea, que daría cuenta de su afiliación al sistema de seguridad social venezolano y de las prestaciones cubiertas por dicho régimen. Alega que la exigencia de apostilla o legalización resulta materialmente imposible o excesivamente gravosa, atendida la situación diplomática entre Chile y Venezuela, y que la negativa recurrida vulnera las garantías de igualdad ante la ley, propiedad y seguridad de que los preceptos legales no afecten los derechos en su esencia.

A folio 6, informa AFP Capital S.A., solicitando el rechazo del recurso. Señala que la acción de protección no constituye la vía idónea para discutir si el recurrente cumple los requisitos de la Ley N° 18.156, pues ello requiere una declaración de derechos y no la cautela de un derecho preexistente e indubitado. Añade que la comunicación enviada al recurrente tuvo por objeto informar los requisitos documentales aplicables y que el propio actor acudió al órgano fiscalizador, obteniendo una respuesta de la Superintendencia de Pensiones que ratificó el criterio aplicado por la administradora.

En cuanto al fondo, AFP Capital sostiene que el artículo 1° de la Ley N° 18.156 exige copulativamente que el trabajador extranjero se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, con cobertura a lo menos en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que en el contrato de trabajo conste su voluntad de mantener dicha afiliación. Aduce que la constancia electrónica del IVSS carece de firma, legalización o apostilla, no acreditaría de manera específica la cobertura exigida, y que los instrumentos públicos extranjeros deben cumplir con las formalidades de los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil. Asimismo, invoca instrucciones de la Superintendencia de Pensiones y jurisprudencia que exige tales formalidades.

A folio 7, informa la Superintendencia de Pensiones, solicitando también el rechazo del arbitrio. Explica que la controversia excede el ámbito del recurso de protección, por cuanto lo pretendido es que se declare el derecho del recurrente a retirar sus fondos previsionales, cuestión que exige determinar el cumplimiento de los requisitos de la Ley N° 18.156 y valorar documentos extranjeros cuya suficiencia ha sido controvertida. En tal sentido, sostiene que no existe un derecho indubitado que pueda ser amparado por esta vía cautelar.

El organismo fiscalizador expone que respondió el reclamo del actor el 30 de abril de 2026, indicando que la Ley N° 18.156 es de aplicación excepcional y restrictiva, y que la documentación debe acreditar, en forma específica, la cobertura previsional y de salud integral en el extranjero durante el período trabajado en Chile. Precisa que la constancia electrónica de cotizaciones del IVSS no sería suficiente por no estar firmada ni apostillada y por no individualizar debidamente las prestaciones médicas y económicas exigidas. Además, afirma que el contrato de trabajo primitivo sujetaba al actor al régimen previsional chileno y que el anexo posterior no permite tener por cumplido, de modo inequívoco y oportuno, el requisito de mantención de afiliación extranjera.

A folio 9, se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, el acto u omisión que el recurrente estima ilegal y arbitrario consiste en la negativa de AFP Capital S.A., confirmada por la respuesta de la Superintendencia de Pensiones, a dar curso a la devolución de fondos previsionales solicitada al amparo de la Ley N° 18.156, por estimar insuficiente la documentación acompañada para acreditar la afiliación previsional extranjera, su cobertura por las contingencias legalmente exigidas y la validez formal de los documentos emitidos en el extranjero.

Tercero: Que, para resolver la pretensión deducida, sería necesario determinar si el actor cumple los requisitos copulativos de los artículos 1° y 7° de la Ley N° 18.156; esto es, si posee la calidad de técnico extranjero, si se encuentra afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile con cobertura en enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y si expresó oportuna e inequívocamente en su contrato de trabajo la voluntad de mantener dicha afiliación.

Cuarto: Que, de los antecedentes informados por AFP Capital y la Superintendencia de Pensiones se desprende que la constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales fue observada por no encontrarse apostillada o legalizada, por carecer de firma autorizada y por no acreditar de manera específica la cobertura exigida durante todo el período de prestación de servicios en Chile. Asimismo, se informó que la normativa previsional y las instrucciones del órgano fiscalizador exigen que los documentos extranjeros que sirven de antecedente para acceder a este beneficio excepcional cumplan las formalidades necesarias para producir efectos en Chile.

Quinto: Que, los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil regulan la forma en que deben presentarse los instrumentos públicos otorgados fuera de Chile para producir efectos en el país, y la Superintendencia de Pensiones, en ejercicio de sus facultades legales de interpretación y fiscalización, ha instruido que las certificaciones electrónicas no apostilladas o legalizadas no son idóneas para acreditar el requisito de cobertura previsional extranjera previsto en la letra a) del artículo 1° de la Ley N° 18.156. En consecuencia, la AFP no aparece actuando por mero capricho, sino ajustándose al criterio del órgano técnico competente.

Sexto: Que, adicionalmente, el informe de la Superintendencia da cuenta de que el contrato de trabajo acompañado por el recurrente contenía una estipulación relativa al descuento y entero de cotizaciones conforme al régimen previsional chileno, y que sólo con fecha 23 de febrero de 2026 se habría suscrito un anexo referido a la Ley N° 18.156.

Séptimo: Que, a lo anterior se suma que el recurrente cuenta con visa de permanencia definitiva, circunstancia acreditada de acuerdo a la cédula de identidad acompañada en su recurso, que da cuenta de su ánimo de permanencia en Chile.

Octavo: Que, en estas condiciones, no se advierte que la conducta de AFP Capital ni la actuación de la Superintendencia de Pensiones sean ilegales o arbitrarias. Por el contrario, ambas se enmarcan en la aplicación de una normativa especial y excepcional, cuya interpretación corresponde al órgano fiscalizador del sistema previsional, sin que pueda sostenerse que la exigencia de acreditar formal y sustantivamente los requisitos legales constituya una privación ilegítima de la propiedad del recurrente.

Noveno: Que, por consiguiente, al no existir un acto u omisión ilegal o arbitrario imputable a las recurridas, la acción constitucional deducida no puede prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de don nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad N°Protección-4239-2026.