nombre reservado con nombre reservado

Jbl C.A. de Valparaíso Valparaíso, veintiséis de febrero de dos mil veinte.

Visto:

A folio 1, comparece Héctor Alejandro Sanhueza Fuentes, abogado, en representación de doña nombre reservado y sus familiares, quien deduce acción de protección en contra de nombre reservado; Abastible S.A., representada legalmente por don nombre reservado; y, en contra de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, cuyo Superintendente es don nombre reservado.

Indica que a principios del mes de Marzo del año 2019, se instaló en la domicilio reservado, una distribuidora de gas, “nombre reservado” de la marca comercial “ABASTIBLE”, bajo el giro: “Venta al por menor de gas licuado en bombonas (nombre reservado) en comercio”, cuyo distribuidor en esta zona, es don nombre reservado, comerciante, vecino de la afectada, quien vive en la casa de al lado de la distribuidora de gas, y cuyo grupo familiar está compuesto por 8 personas, entre ellas menores de edad, adultos mayores, y un discapacitado. Todos domiciliados en domicilio reservado.

Expresa que desde un comienzo los constantes ruidos de los galones de gas afectaron la armonía de su hogar, toda vez que día y noche llegan recurrentemente al recinto comercial de distribución de gas “Abastible”, camiones con carga de cilindros de gas, los cuales se golpean en su descarga, y lo hacen de manera constante, tanto en la madrugada, mañana o tarde, sumado a ello, los ruidos de los sensores de estacionamiento de los camiones, causan una contaminación acústica incesante, afectando a todos los vecinos del sector, pero más aún a la familia que motiva este recurso, ya que este hogar está separado solamente por una pandereta, la cual divide el galpón de distribución de gas con el hogar afectado, lo que les ha provocado desvelos por la madrugada, afectando gravemente la salud de este grupo familiar. Agrega que lo más perturbador y preocupante, que incluso ha provocado enfermedad en estas personas, es el hecho que de esta instalación de distribución, emana un fuerte olor a gas, lo cual puede percibirse en el ambiente de manera constante, y lo cual entiende, no debería ocurrir de existir una adecuada instalación y fiscalización.

Indica que por lo anterior, la afectada se ha visto en la necesidad de acudir por la protección de sus derechos, como última ratio. Toda vez que hace meses han recurrido a la Ilustre Municipalidad de La Cruz, con la finalidad de ser escuchados, quienes jamás respondieron, además reuniendo firmas con vecinos del sector, quienes le han brindado todo su apoyo. Agregando que además se ha elevado una solicitud de reclamo ante la SEC, esto el día 17 de diciembre del presente año, no obteniendo respuesta alguna a la fecha.

Explica que a consecuencia de no ser escuchados por autoridad alguna, el hermano de la afectada, quien tiene una discapacidad física, instaló un letrero dirigido a la Alcaldesa de la comuna de La Cruz, solicitando el cierre de la distribuidora de gas, tomando la decisión de declararse en huelga de hambre, viviendo en una carpa instalada en el techo de su inmueble, todo con la finalidad de ser escuchados; recibiendo solamente negativas por parte del municipio, quien quedó citado al Juzgado de Policía Local de La Cruz, por infracción reglamentaria. Refiere que al día de hoy familiares y vecinos del sector temen por su salud, ya que lleva semanas en huelga de hambre. También la madre de la afectada, doña, quien es adulto mayor de 74 años de edad, se encuentra enferma, producto de los fuertes ruidos que la mantienen en vela y fuertes emanaciones de gas, los que se pueden sentir en su hogar y han deteriorado considerablemente su salud, y que afectan a todos los demás integrantes de esta familia y vecinos del sector, quienes además temen por explosiones o incendios en el sector, producto de las altas temperaturas que hay en esta estación del año.

Explica que lo anterior deja de manifiesto, que no solo afecta a quien motiva este recurso de protección, sino que afecta a todos los vecinos del sector, lo que se puede apreciar en las firmas de todos quienes apoyan el traslado o retiro de estas instalaciones en la comuna de La Cruz. Toda vez que hay un gran peligro para la población, atentando contra el derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación y el derecho a la vida e integridad física y psíquica, además de existir riesgos de explosiones o incendios, en lugares donde vive un gran número de adultos mayores como también discapacitados y que más decir de los daños irreparables a la salud antes detallados, por lo cual solicitan disponer las medidas necesarias para el restablecimiento de los derechos de la comunidad entera, y se sirva disponer una solución en el más breve plazo, en consideración a la peligrosidad de la afectación.

En cuanto al derecho, invoca el artículo 19 N° 20 de la Constitución Política de la República, encontrándose afectadas las garantías del N° 1 y N° 8 del artículo 19. Añadiendo los artículos 2 y 65 de la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

Señala que existen tres normas –no estudiadas hasta ahora con profundidad por la doctrina nacional, que se refieren a la facultad que tienen ciertas autoridades para ordenar el “traslado” o “retiro” de una industria o establecimiento, en casos precisos, vinculados, muchos de ellos, a los típicos problemas ambientales que afectan a la población cercana a este tipo de instalaciones: ruidos, olores, polvo, tráfico, vibraciones, riesgo de explosión, etc. Estas tres disposiciones son las siguientes: el artículo 84 del Código Sanitario y los artículos 62 inciso 2º y 160 de la Ley General de Urbanismo y Construcción (en adelante “LGUYC”).

Indica, en el primer caso, la orden de trasladar una industria corresponde a la Secretaría Regional Ministerial de Salud y, en los restantes, al Alcalde de la comuna donde se emplaza el establecimiento. Estas líneas están motivadas por la reciente admisión a trámite de dos requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (Rol Nº 2643-2014 y 2644-2014) que impugnan los artículos 62 inciso 2° y 160 de la LGUYC. Tales requerimientos surgen a propósito del decreto alcaldicio que ordena el traslado de la empresa Molinera del Norte S.A. en la ciudad de Antofagasta, por aplicación de ambas normas, señalando que esta industria, calificada como “molesta” por la SEREMI de Salud, se encontraría “mal ubicada” de acuerdo a la zonificación del nuevo plan regulador y además, estaría causando molestias al vecindario.

Señala que el Decreto Nº 298 de 2005, que aprueba Reglamento para la Certificación de Productos Eléctricos y Combustibles, y deroga Decreto que indica, del Ministerio de Economía, que aprueba el reglamento para la certificación de productos eléctricos y de combustibles, señala en su Artículo 9: “ En el caso que un producto no pueda certificarse de acuerdo a alguno de los sistemas de certificación indicados en el artículo 5° precedente, por falta de Organismo de Certificación autorizado para tales efectos, la Superintendencia podrá autorizar, mediante resolución fundada, la comercialización de dicho producto, en cuyo caso el interesado deberá solicitarlo expresamente a la Superintendencia, y cumplir con los siguientes requisitos: Identificación del solicitante: Nombre completo o razón social, Rut y domicilio. En el caso de ser persona jurídica, certificado de vigencia de la sociedad nombre y Rut del representante legal y documento que acredita su personería. Individualización del producto. Normas o especificaciones técnicas utilizadas para la fabricación de los productos. Manual de uso, mantenimiento e instalación, según corresponda. Y antecedentes que demuestren que cuenta con un control de calidad del proceso de fabricación, el cual debe ser efectuado por un organismo de certificación de sistemas de calidad acreditado”.

A su vez, el artículo 84 del Código Sanitario, otorga al Servicio Nacional de Salud (hoy SEREMI de Salud), la facultad para “disponer el traslado de aquellas industrias o depósitos de materiales que, a su juicio, representen un peligro para la salud, seguridad y bienestar de la población. La autoridad sanitaria no podrá exigir el traslado antes del plazo de un año, contado desde la fecha de la notificación”.

Y el artículo 62 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. establece en su inciso 2º: “Las industrias mal ubicadas, que causen molestias o daños al vecindario, deberán trasladarse dentro del plazo que les señale la Municipalidad, previo informe del Departamento de Higiene Ambiental del Servicio Nacional de Salud y de la Secretaría Regional correspondiente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Este plazo no será inferior a un año”. Añade que el artículo 160 de la LGUYC, señala: “En el caso de establecimientos industriales o locales de almacenamiento, expuestos a peligro de explosión o de incendio, y los que produjeron emanaciones dañinas o desagradables, ruidos, trepidaciones u otras molestias al vecindario, la Municipalidad fijará, previo informe de la SEREMI correspondiente del MINVU y del respectivo Servicio de Salud, el plazo dentro del cual deberán retirarse del sector en que estuvieron establecidos. Dicho plazo no podrá ser inferior a un año, contado desde la fecha de la notificación de la resolución respectiva”

Seguidamente, expresa que el traslado o retiro supone, en la práctica, el cierre de la actividad causante de los riesgos, molestias o daños, aunque la infraestructura pueda servir para nuevas y diversas actividades. Y si la orden de traslado no es obedecida, hay casos en que se ha decretado la clausura del establecimiento o incluso el desalojo y demolición del edificio que albergaba la actividad productiva que ordenó trasladarse de lugar.

Por tanto, en mérito de lo expuesto, solicita se acoja la acción de protección y se ordene al recurrido (1) nombre reservado, el traslado o retiro de las instalaciones de la distribuidora de gas de la marca comercial “ABASTIBLE”, bajo el giro: “Venta al por menor de gas licuado en bombonas (nombre reservado) en comercio”, del domicilio ubicado en domicilio reservado, en la comuna de La Cruz, se abstenga de ejecutar cualquier acto que vulnere los derechos de los afectados, esto, en sus derechos a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, derecho a la vida e integridad física y psíquica, como todas aquellas medidas que se estimen pertinentes para que exista un adecuado restablecimiento del imperio del derecho en el más breve plazo, atendida la peligrosidad en el actuar del recurrido que provoca temor en vecinos del sector, que advierten podría resultar en un peligro mayor.

A folio 9, evacúa informe la Superintendencia de Electricidad y Combustible, señalando que, en lo concerniente a dicha Entidad Fiscalizadora, el recurso de protección deducido por el recurrente debiera ser desestimado por cuanto, carece de todo fundamento en los hechos y el derecho.

En primer término, indica que con arreglo a su normativa orgánica, contenida fundamentalmente en la ley Nº 18.41O, a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles le corresponde fiscalizar y supervigilar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y técnicas sobre generación, producción, almacenamiento, transporte y distribución de combustibles líquidos, gas y electricidad, para verificar que la calidad de los servicios que se preste a los usuarios sea la señalada en dichas disposiciones y normas técnicas, y que las antes citadas operaciones y el uso de los recursos energéticos no constituyan peligro para las personas o cosas (artículo 2° ), siendo sus principales atribuciones las establecidas en el artículo 3° de la ley referida.

Enseguida, debe tenerse en cuenta que el D.F.L. Nº 1, de 1978, del Ministerio de Minería, en su artículo 2º, establece un registro en el que los propietarios de las instalaciones que sirvan para producción, importación, refinación, transporte, distribución, almacenamiento, abastecimiento, regasificación o comercialicen combustibles derivados del petróleo, biocombustibles líquidos, gases licuados combustibles y todo fluido gaseoso combustible, como gas natural, gas de red y biogás deberán inscribirlas. Agrega el inciso tercero de dicha norma que será La Superintendencia de Electricidad y Combustibles será el organismo responsable de establecer y mantener el citado registro. Por otra parte, el D.S. Nº 108, de 2013 del Ministerio de Energía que aprueba el "Reglamento de seguridad para las instalaciones de almacenamiento. transporte y distribución de gas licuado de petróleo y operaciones asociadas", dispone su artículo 1º que este reglamento establece los requisitos mínimos de seguridad que deben cumplir las instalaciones de GLP, a las que se refieren los artículos 2º del DFL Nº 1, de 1978 del Ministerio de Minería. Luego, el Título VII "nombre reservado en cilindros portátiles", artículo 124 y siguientes, dispone los requisitos de diseño y construcción de los almacenamientos de cilindros. Destacando, que es importante tener presente que el artículo 130, establece que se deberán considerar las distancias mínimas de operación que se indican en la Tabla 2, que incorpora en su informe.

Añade, que a su vez el artículo 136, prescribe que la cantidad total de GLP existente en los Almacenamientos de Cilindros, en Cilindros Portátiles llenos, no deberá ser superior a la capacidad declarada ante la Superintendencia. Para estos efectos, los Cilindros Portátiles que se encuentran estibados en camiones de transporte y/o distribución estacionados en especialmente destinados al efecto y cumplir con todas las distancias de seguridad estipuladas para Cilindros Portátiles llenos.

Expresa que revisados los registros disponibles se constató que el nombre reservado ubicado en Santa Cruz Nº428, comuna de La Cruz, fue declarado ante la Superintendencia bajo el Nº2 de fecha 2 de enero de 2019, por el instalador de gas Sr. nombre reservado, con una capacidad de 6.000 Kg. Dicha presentación fue revisada técnico-documentalmente por el Organismo, cumpliendo los requisitos reglamentarios para su inscripción. Posteriormente, con fecha 24 de abril de 2019, se recibió en esta Superintendencia un reclamo del Sr. nombre reservado, incidente #190424- 000177, quien solicita fiscalización al citado establecimiento, señalando que la distribuidora de gas se encuentra a 8 metros de una vivienda, con un constante ruido y olor a gas. Agrega que dicha vivienda está separada del local por una pandereta de 2 cm de ancho aprox., en la cual habita una persona discapacitada, ancianos y niños. Indica que no tienen horario de trabajo, no han verificado la red agua, etc.

En dicho contexto, indica que con fecha 8 de mayo de 2019, profesionales de la Dirección Regional de Valparaíso fiscalizaron la citada instalación de gas, no obstante, se encontraba cerrada, sin moradores. Asimismo, consultado con un vecino, se informó a los fiscalizadores que el local comercial no expende cilindros de gas licuado al público, sino que cuenta con camionetas de reparto que concurren en la mañana temprano, y vuelven al día siguiente. Así, con fecha 13 de mayo de 2019, la Dirección Regional de Valparaíso de esta Superintendencia emitió respuesta al reclamo, señalando que el nombre reservado ubicado en domicilio reservado, se encontraba declarado en SEC, como asimismo que con fecha 8 de mayo de 2019, profesionales de dicho Organismo concurrieron al citado almacenamiento, no obstante, no contaba con moradores. Se agregó que en lo que se refiere a las distancias de seguridad entre la jaula de los nombre reservado y el cierro del sitio, ésta debe ser de 7.0 metros a edificaciones o línea oficial de propiedad.

Agrega que atendido que Abastible no había tomado conocimiento previo del reclamo de la Sra. nombre reservado, la Superintendencia-de acuerdo a sus procedimientos-derivó el reclamo a la empresa reclamada para que ésta respondiera directamente a la Sra. nombre reservado en el plazo de 30 días. Ello atendido que, son las propias empresas las que deben entregar una primera respuesta ante los reclamos de sus usuarios. Con posterioridad, con fecha 26 de diciembre de 2019, Abastible dio respuesta directa a la recurrente, mediante carta. Precisando que a la fecha, en la SEC no se registra una presentación de la Sra. nombre reservado, respeto de la respuesta entregada por la empresa.

Luego hace presente que el nombre reservado ubicado en Santa Cruz Nº428, comuna de La Cruz, fue declarado ante la SEC bajo el Nº2 de fecha 2 de enero de 2019, por el instalador de gas Sr. nombre reservado, con una capacidad de 6.000 Kg. Dicha presentación fue revisada técnico-documentalmente, cumpliendo los requisitos reglamentarios para su inscripción 000177, quien solicita fiscalización al citado establecimiento, señalando que la distribuidora de gas se encuentra a 8 metros de una vivienda, con un constante ruido y olor a gas. Con fecha 8 de mayo de 2019, profesionales de la Dirección Regional de Valparaíso fiscalizaron la citada instalación de gas, no obstante, se encontraba cerrada, sin moradores. Asimismo, consultado con un vecino, el local comercial no expende cilindros de gas licuado al público, sino que cuenta con camionetas de reparto que concurren en la mañana temprano, y vuelven al día siguiente. Con fecha 13 de mayo de 2019, la Dirección Regional emitió respuesta al reclamo, según se señaló anteriormente.

Por otra parte, refiere que con fecha 17 de diciembre de 2019, mediante incidente #191217- 000177, la Sra. nombre reservado ingresó un reclamo en contra de la empresa Abastible S.A., el cual fue contestado directamente por la empresa distribuidora a la reclamante, sin que a la fecha la Superintendencia registre una presentación de la Sra. nombre reservado, respeto de la respuesta entregada por la empresa. De acuerdo a lo expresado, no existe acto u omisión atribuible al Organismo Fiscalizador susceptible de ser calificado de ilegal o arbitrario, condiciones que deben necesariamente concurrir para que dicha acción cautelar prospere.

Precisa que en este contexto, no existe antecedente alguno, en que el Organismo haya incurrido en algún acto u omisión ilegal y arbitraria que vulneren el ejercicio de las garantías invocadas por la Sra. nombre reservado. Es decir, no se dan los presupuestos necesarios para que su acción cautelar sea acogida en razón de lo expresado y la ausencia de pruebas que acrediten un accionar u omisión arbitraria o ilegal por parte de la Superintendencia.

En virtud de lo expuesto y las normas de derecho invocadas, solicita el rechazo del recurso de protección.

A folio 10, evacúa informe el recurrido nombre reservado, indicando que la presente acción debe ser desestimada por carecer de los fundamentos previstos en nuestro ordenamiento constitucional para poder prosperar y, por la inexistencia de una conducta ilegal o arbitraria.

Explica que respecto a la actividad comercial desarrollada en su domicilio, se ha sometido estrictamente a las disposiciones del D.F.L N° 323 de 1931 y D.S. 29 de 1986; precisando sobre el particular, que la actividad comercial del establecimiento referido se desarrolla solo entre las 09:00 y 17:30 horas y, el camión referido para efectos de descarga de cilindros es solo entre las 11:00 y 16:00 horas, no existiendo actividad alguna, ruido en consecuencia, fuera de dicho horario, el que además no sobrepasa los umbrales permitidos.

Añade que se dio estricto cumplimiento a la normativa legal y reglamentaria, contando con la debida autorización de la Superintendencia de Energía y Combustibles para desarrollar la actividad comercial referida, contando con la patente municipal otorgada por la I. Municipalidad de La Cruz. Indicando que no es efectivo que la bodega se encuentre colindante al hogar de la recurrente, pues se encuentra a no menos de 7 metros del cierre perimetral, y que existan emanaciones de gas, lo que es periódicamente controlado.

Seguidamente, alega la falta de legitimidad pasiva respecto de su persona, toda vez que el titular del establecimiento comercial es la empresa Distribuidora nombre reservado nombre reservado EIRL; y la extemporaneidad, al efecto el cuerpo del recurso señala que el establecimiento comercial funciona desde marzo de 2019, siendo absurdo razonar que los acto su omisiones fundantes se produjeran solo 30 días antes de la interposición del recurso, menos que provocaron enfermedades en ese lapso de tiempo.

A folio 12, evacúa informe Abastible S.A., solicitando se rechace en todas sus partes la acción de protección, con expresa condenación en costas.

Indica que Abastible y la Empresa Distribuidora perteneciente a nombre reservado, son personas jurídicas distintas. En este sentido, entre ambas partes rige una relación de carácter comercial regulada por un "Contrato de Subdistribución de Gas Licuado Envasado", de fecha 03 de abril de 2019. Dicho Contrato, en su cláusula "DÉCIMO SEXTO", indica expresamente que "El SUBDISTRIBUIDOR deberá dar cumplimiento a todos los Reglamentos y Normas de Seguridad que rigen para el almacenamiento, mantención y tratamiento de cilindros de gas licuado, los cuales declara conocer y aceptar. Deberá igualmente, cumplir las modificaciones de dichos Reglamentos y Normas".

Señala que en consecuencia, su representada no tiene injerencia en los actos u omisiones que imputa la recurrente a la Distribuidora nombre reservado; considerando, asimismo, que ABASTIBLE ha tomado todas las precauciones contractuales en orden a exigir que Distribuidora nombre reservado, en su quehacer, cumpla con la normativa aplicable, especialmente, en lo que respecta a seguridad y reglamentación sectorial.

Especifica que para ingresar a ser distribuidor autorizado de ABASTIBLE los postulantes deben cumplir con una serie de requisitos, los cuales, incluyen entre otros, el cumplir con la normativa vigente y contar con todos los permisos y declaraciones que contempla tanto la normativa general como la sectorial. Situación que es la que ocurre en este caso. Lo anterior, demuestra que ABASTIBLE cumple con su deber de diligencia, tanto en el proceso de análisis de aceptación de un nuevo distribuidor, como asimismo, contemplando las cláusulas respectivas en el Contrato ya referido.

Por otra parte, indica que por la razón ya expuesta, es decir, que ABASTIBLE es una persona jurídica distinta del distribuidor recurrido, no sería posible jurídicamente exigir a ABASTIBLE el trasladar o retirar las instalaciones de la Distribuidora nombre reservado, considerando además, que las referidas Instalaciones de GLP e inmueble en el que se encuentran ubicadas NO son propiedad de su representada.

Añade, que sin perjuicio de lo que se ha señalado precedentemente, y de la defensa o informe que el propio distribuidor recurrido plantee, su representada acompaña en este acto copia simple de la "Declaración de nombre reservado" a nombre de nombre reservado, de fecha 02 de enero de 2019, autorizada por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Además, acompaña copia simple de "Orden de Ingresos Municipales" correspondiente a patente comercial de Distribuidora nombre reservado.l.R.L.", emitida por la Ilustre Municipalidad de La Cruz con fecha 03 de enero de 2020.

Refiere que en relación a los documentos acompañados, se puede evidenciar que la Instalación de GLP cumple con toda la normativa aplicable, por lo que resulta improcedente -y menos por esta vía procesal- requerir su traslado del lugar en que actualmente se encuentra ubicada. Además, desde el punto de vista comercial, se acompaña a este Informe la patente otorgada por la Municipalidad de La Cruz, autorizando al Distribuidor nombre reservado a operar bajo el giro de distribución de gas licuado en la Instalación de GLP.

En consecuencia, la acción que intenta el recurrente en contra del distribuidor nombre reservado nombre reservado E.I.R.L. puede vulnerar, en definitiva, el derecho de este último a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen, en los términos definidos por la Constitución Política de la República en el artículo 19 Nº 21.

Finalmente señala que para el evento que VS. ILTMA. se apersone directamente en el lugar objeto de la presente acción constitucional, espera que pueda apreciar que, a menos de 1O metros del domicilio de la recurrente, y en general, en toda la zona correspondiente a Avenida Santa Cruz de la comuna de La Cruz, existen múltiples proyectos habitacionales en construcción. De esta manera, atribuir eventuales ruidos molestos u otras condiciones únicamente a un factor - causadas a juicio del recurrente por la operación de la Instalación de GLP- debiese ser efectivamente acreditado.

A folio 13, evacúa informe la I. Municipalidad de La Cruz, señalando que su parte solo ha intervenido en procedimientos administrativos de: otorgamiento de patente, fiscalización de denuncias y, otorgando asistencialidad social a la recurrente de autos; todo ello en el marco de las facultades que le concede la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y, en el Decreto Ley Nº 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales.

Expone que en primer lugar debe informarse, por así establecerlo el Decreto Ley Nº 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales, que corresponde a las municipalidades otorgar patentes o autorizaciones para el ejercicio de actividades comerciales, debiendo los contribuyentes dar cumplimiento previo a las exigencias que la mencionada disposición legal contempla. Y en el caso de la “DISTRIBUIDORA nombre reservado nombre reservado E.I.R.L.”, cuyo representante legal es don nombre reservado, inició con fecha 25 de Marzo de 2019, ante el Departamento de Rentas y Patentes de la I. Municipalidad de La Cruz, el trámite de Solicitud de Patente respectivo, para el Giro de “Compra y venta y distribución de gas licuado”.

Indica que una vez acompañada toda la documentación legal, entre ellas la “Declaración de nombre reservado” ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, su representada procedió a dictar el Decreto Alcaldicio Nº 1165 de fecha 11 de Junio de 2019, por medio del cual se le otorgó a DISTRIBUIDORA nombre reservado nombre reservado E.I.R.L., Patente Comercial Definitiva, para el Giro Comercial de “COMPRA-VENTA Y DISTRIBUCION DE GAS LICUADO”, en domicilio reservado, de la comuna de La Cruz. En el acto administrativo citado, se fijó inclusive un horario de funcionamiento para el establecimiento comercial, de 08:00 hrs. a 20:00 hrs., a objeto de no afectar a la comunidad cercana; lo cual contó inclusive con el beneplácito del contribuyente.

Añade que es efectivo, como relata la recurrente, que se recibieron reclamos de su parte, respecto a ruidos molestos y olor a gas, provenientes según lo sostenido por ella, del establecimiento comercial colindante a su domicilio y ya individualizado. No obstante, a diferencia de sus afirmaciones, su representada sí efectuó fiscalizaciones al local comercial denunciado, según detalla el Certificado de la Dirección de Obras Municipales, en el cual se da cuenta, que en al menos cuatro días y horarios diversos (12 de Septiembre, 16 de Octubre y 17 de Diciembre, todos del 2019; y, 14 de Enero de 2020), personal municipal concurrió al domicilio de domicilio reservado, sin detectarse ruidos molestos o emanaciones de gas, y que los horarios de carga y descarga, cumplen con el horario de funcionamiento fijado al establecimiento. Así, atendido el resultado negativo de estas fiscalizaciones, no fue posible para su representada cursar infracciones para ser conocidas por el Juzgado de Policía Local de La Cruz, ni informar a otros Servicios competentes en la materia.

Finalmente, agrega que en cumplimiento de sus funciones de asistencialidad social, se ha dado permanente asesoría a la recurrente, incluyendo orientación para presentar una reclamación ante el SEC.

A folio 20, evacúa informe la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Valparaíso, indicando que las distribuidoras de gas no son de aquellas instalaciones que requieren de autorización sanitaria expresa de conformidad con lo dispuesto en el D.F.L N° 1 de 21 de febrero 1990.

Sin perjuicio de lo expuesto, hace presente que corresponde a la Municipalidad respectiva requerir la calificación industrial de alguna actividad o instalación a la autoridad sanitaria de acuerdo con Plan Regulador Comunal. En el caso de la I. Municipalidad de la Cruz, al no existir Plan Regulador Comunal, no se le solicita a la Seremi de Salud calificación para los efectos del otorgamiento de la patente.

Finalmente, indica que raíz del recurso de protección deducido, a través de la oficina Provincial de Quillota, realizará las fiscalizaciones correspondientes a la Distribuidora de Gas Licuado, ubicada en domicilio reservado, con el objeto de velar por el adecuado cumplimiento de las normas del D.S. N° 594/99 que aprobó el Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los lugares de trabajo.

A folio 21, evacúa informe don nombre reservado, Juez de Policía Local, La Cruz, quien señala que don nombre reservado registra dos causas por infracciones a la Ley de Tránsito, ingresadas bajo los Roles N° 62.647/2017 y 66.305/2018, las que se encuentran terminadas y con multas impuestas debidamente pagadas.

A folio 22, se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

Primero: Que, los hechos que se han planteado en el presente recurso de protección dicen relación con la instalación en la domicilio reservado, de una distribuidora de gas, “nombre reservado”, de la marca comercial Abastible, que colindaría con el domicilio de la recurrente; distribuidora que produciría de manera constante ruidos molestos y, emanación de fuerte olor a gas.

Segundo: Que, las recurridas a través de los informes evacuados, refieren en síntesis, que la distribuidora en comento, cuenta con la debida autorización de la Superintendencia de Energía y Combustible y, con patente municipal otorgada por la Ilustre Municipalidad de La Cruz. Añadiendo, tanto la SEC como la I. Municipalidad referida, que en fiscalizaciones realizadas en el lugar, no se advirtieron los hechos reclamados por la recurrente.

I.- En cuanto a la extemporaneidad.

Tercero: Que, la parte recurrida don nombre reservado, alega la extemporaneidad de la acción, toda vez que la Distribuidora nombre reservado nombre reservado E.I.R.L, fue instalada en marzo del año 2019 en el domicilio ubicado en domicilio reservado, y el presente recurso fue interpuesto con fecha 30 de diciembre del año 2019, esto es, habiendo transcurrido con creces el plazo establecido por el Auto Acordado que regula la materia.

Cuarto: Que, no resulta procedente hacer lugar a la alegación de extemporaneidad del ejercicio de la presente acción cautelar, toda vez que el hecho ilegal o arbitrario que se denuncia, consistiría en los constantes ruidos molestos y emanación de olor a gas que provendrían de la Distribuidora ya referida, hechos que tendrían el carácter de permanentes, razón por la cual dicha alegación será rechazada.

II.- En cuanto al fondo:

Quinto: Que, por su parte, el recurso de protección constituye una acción de naturaleza cautelar que tiene por objeto amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales y derechos establecidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarias que vulneren el ejercicio de los mismos, mediante la adopción de medidas cautelares inmediatas, destinadas a restablecer el imperio del derecho.

Sexto: Que, de lo expresado es posible concluir que la presente acción cautelar escapa al ámbito de competencia de este recurso, toda vez que para acoger la presente acción debe constatarse el carácter preexistente e indiscutido de un derecho afectado, condición que no se verifica en este caso desde que el derecho cuya protección se busca por esta vía no tiene el carácter de indubitado, toda vez que tanto la versión de la recurrente como la de las recurridas resultan ser contradictorias y, por ende controvertida.

Séptimo: Que de lo expuesto aparece que la actora carece de un derecho indiscutido y preexistente de aquellos cuyo imperio esta Corte debe proteger por esta urgente vía cautelar, razón suficiente para concluir que la presente acción ha de ser rechazada.

Octavo: Que, por lo demás, la actividad de distribución de gas se encuentra ajustada a la normativa vigente, contando para su funcionamiento con la debida autorización de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, de fecha 2 de enero 2019 y, con Patente Municipal, según Decreto Alcaldicio Exento N° 1165, de fecha 11 de junio del año 2019.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se declara que se rechaza la alegación de extemporaneidad y, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en representación de doña nombre reservado y sus familiares, en contra de don nombre reservado, Abastible S.A., y la Superintendencia de Electricidad y Combustible.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-42318-2019.