nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CAPITAL S.A.

Dgm.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, dos de abril de dos mil veinticinco.

Vistos:

A folio 1, comparece nombre reservado, por sí y en representación de su hermana, nombre reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Capital S.A. (AFP Capital), por el acto que considera ilegal y arbitrario, consistente en realizar un descuento de $7.991.864 (siete millones novecientos noventa y un mil ochocientos sesenta y cuatro) correspondientes a parte del monto de fondos previsionales heredados luego del fallecimiento de su padre, vulnerando sus garantías fundamentales protegidas en el artículo 19 N°2 y 24 de la Constitución Política de la República.

En cuanto a los antecedentes fácticos, expone que él y su hermana son herederos de su padre, nombre reservado, fallecido el día 14 de abril de 2024. Refiere que, en el marco de la tramitación de la posesión efectiva, acudió a las oficinas de AFP Capital con el propósito de gestionar, con cargo a los fondos de pensiones acumulados por su padre y que integran la masa hereditaria, el pago del impuesto a la herencia calculado por el Servicio de Impuestos Internos.

Relata que el día 4 de diciembre de 2024 se le informó que el cheque para pagar el impuesto a la herencia se encontraba listo para su retiro y a nombre de Tesorería General de la República. No obstante, si bien el monto que debía consignarse en el cheque era el del impuesto, que ascendía a $25.308.466, la AFP giró un cheque por el total de los fondos que habían heredado junto a su hermana, que a esa fecha ascendían a $319.755.540, según da cuenta el mismo documento.

Refiere que, advirtiendo este error y obrando de buena fe, hizo ver a los ejecutivos que habían girado la totalidad de los fondos heredados y no solo el monto del impuesto respectivo, por lo que, ante su advertencia, el 11 de diciembre se le informó que se había emitido un segundo cheque para el pago de impuesto, esta vez por el monto correcto de $25.308.466. Posteriormente, el día 13 de diciembre de 2024, acompañó a la AFP el certificado del impuesto a la herencia pagado para que se les hiciera entrega definitiva de los fondos previsionales heredados.

Agrega que, el 23 de diciembre recibió un correo de la AFP informándole que dentro de 10 días más estaría disponible el vale vista por el saldo de los fondos de pensiones heredados y así, el 3 de enero de 2025 estuvo disponible para retiro el vale vista bancario por un monto de $286.455.210, a nombre del recurrente.

Explica que, al revisar los antecedentes y realizar los cálculos respectivos, advirtió que la suma del monto adelantado para el pago de la herencia ($25.308.466) y el monto del vale vista extendido finalmente ($286.455.210), daba un total de $311.763.676 y no los $319.755.540 que debían percibir como total de los fondos heredados, según constaba en el cheque originalmente girado el día 4 de diciembre de 2024.

Argumenta que, de manera ilegal y arbitraria, AFP Capital, sacando provecho de su propio error, terminó entregándoles $7.991.864 menos de lo que les correspondía al momento de girarse el primer cheque por el total de los fondos. Afirma que, abusando de su buena fe, la AFP disminuyó los fondos de pensiones heredados y tal diferencia no habría existido de no concurrir el giro erróneo del primer cheque.

En cuanto a los fundamentos jurídicos, sostiene que el acto impugnado se produjo el día 3 de enero de 2025, cuando tomó conocimiento de la vulneración al retirar el vale vista y advertir la diferencia de montos, encontrándose dentro del plazo legal para interponer esta acción constitucional. Califica como ilegal y arbitrario el acto de AFP Capital al reconocer inicialmente que tenían derecho de propiedad sobre $319.755.540 mediante el primer cheque, para luego, sin sustento legal ni razonable, disminuir el monto de los fondos previsionales heredados en $7.991.864.

Alega que el actuar unilateral de la AFP constituye un abuso del derecho, un proceder ilegal que obra sobre información no transparentada y arbitrario, que termina lesionando el derecho de propiedad de los herederos como consecuencia de los propios errores de la institución recurrida.

En cuanto a las garantías constitucionales afectadas, el recurrente alega vulneración al derecho de propiedad (art. 19 N° 24 CPR) por la privación arbitraria de $7.991.864 descontados sin justificación de los fondos heredados. Simultáneamente, sostiene que se vulnera la igualdad ante la ley (art. 19 N° 2 CPR) al recibir un trato discriminatorio respecto a otros herederos en situación similar, pues se le trasladaron las consecuencias económicas de un error administrativo cometido exclusivamente por la AFP.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene a la recurrida pagar los $7.991.864 que ilegalmente redujo de los fondos de pensiones heredados, o las providencias y montos que la Corte estime conforme a derecho, todo ello con expresa condena en costas.

Acompaña documentos a su recurso.

A folio 8, evacúa informe Administradora de Fondos de Pensiones Capital S.A., solicita el rechazo del recurso de protección interpuesto, fundamentando su petición en dos argumentos principales.

En primer lugar, sostiene que la acción de protección no es la vía idónea para resolver el asunto controvertido, ya que lo que realmente reclama el recurrente es la pérdida de rentabilidad de las cuotas heredadas, materia que excede la naturaleza cautelar de la acción de protección al asimilarse a una acción civil de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual. Señala que la acción constitucional interpuesta pretende obtener el pago de una suma de dinero controvertida, para cuya determinación se requiere una etapa probatoria de la cual carece el procedimiento establecido para la tramitación del recurso de protección. Sostiene que, al no existir un derecho indubitado en este caso, requisito esencial para la procedencia de la acción constitucional, el recurrente debe acudir a los procedimientos ordinarios para resolver esta controversia.

En segundo lugar, la recurrida niega la existencia de una acción u omisión constitutiva de ilegalidad o arbitrariedad que vulnere el derecho de propiedad del recurrente. Sostiene que AFP Capital actuó en base a la ley y la normativa previsional del organismo regulador, habiendo entregado la totalidad de los fondos de pensiones dejados por el afiliado como herencia. Explica que lo que realmente reclama el recurrente es la pérdida de rentabilidad de las cuotas heredadas, y que el área especialista encargada de AFP Capital verificó una pérdida de rentabilidad en los fondos ascendente a 47,85 cuotas del fondo C, cuyo valor en pesos corresponde a $2.909.419.

Agrega que, habiendo verificado dicha situación, el 13 de febrero de 2025 la AFP procedió a abonar la rentabilidad en la cuenta del afiliado, realizando posteriormente una reliquidación de pago de herencia mediante la emisión de un vale vista a favor del recurrente por el monto señalado anteriormente, documento que se encuentra disponible para ser retirado en sucursal. Para demostrar lo anterior, la recurrida acompaña dos cuadros explicativos sobre la rentabilidad de las cuotas heredadas del afiliado, detallando tanto los movimientos asociados al pago original como aquellos relacionados con el reintegro de los dineros a la cuenta.

Concluye entonces que, el recurso de protección debe rechazarse por dos razones fundamentales: primero, porque no es la vía procesal adecuada al tratarse realmente de una indemnización de perjuicios por un monto controvertido; y segundo, porque no existe vulneración al derecho de propiedad, habiendo ya abonado la AFP la rentabilidad de $2.909.419 a la cuenta del afiliado y puesto a disposición del recurrente el correspondiente vale vista, demostrando así que no ha actuado de forma arbitraria ni ilegal.

Acompaña a su informe, comprobante de pago emitido por Banco Santander a don nombre reservado, por un monto de $2.909.419, con fecha 18 de febrero de 2025.

A folio 11, el abogado de los recurrentes y, en relación al informe evacuado por la recurrida, solicita se tenga presente que el derecho reclamado es cierto y no controvertido, pues la propia AFP reconoce en sus cuadros que el monto original a pagar era $319.755.540, invocando la teoría de los actos propios.

Además, califica de arbitrario que la AFP traslade al recurrente las consecuencias económicas de su propio error al girar inicialmente el cheque por el monto total y acusa a la AFP de actuar de mala fe al proponer un juicio de lato conocimiento para resolver un asunto donde ya reconoce la cifra original, usando la vía judicial para dilatar pagos.

Reconoce que debe descontarse el vale vista por $2.909.419 que la AFP señala haber emitido (y que el recurrente desconocía hasta el informe), quedando un saldo adeudado de $5.082.445 y, finalmente, solicita condena en costas para la AFP por su conducta abusiva y el reconocimiento implícito de la legitimidad de la pretensión del recurrente.

A folio 15, informa la Superintendencia de Pensiones, señalando en primer término que la parte recurrente no registra presentación ni reclamo alguno ante dicho Organismo Fiscalizador respecto de los hechos que motivan la presente acción cautelar, por lo que carece de antecedentes específicos sobre el caso.

No obstante, informa que, conforme al artículo 39 del D.L. N°3.500 de 1980: "Las Administradoras serán responsables por los perjuicios causados a los afiliados en sus cuentas de capitalización individual producto del no cumplimiento oportuno de sus obligaciones, así como de las instrucciones dadas por el afiliado a aquéllas en el ejercicio de los derechos que le establece esta ley. Una vez acreditado el incumplimiento y habiéndose producido una pérdida de rentabilidad en alguna de las cuentas del afiliado, siempre que la Administradora no realice la compensación correspondiente, la Superintendencia podrá ordenar la restitución de dicha pérdida a la cuenta de capitalización individual respectiva, de acuerdo al procedimiento que establezca una norma de carácter general." Agrega que, el N°2 del Capítulo I, del Título VII, del Libro I del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, establece que se entenderá que existe responsabilidad de la Administradora cuando el no cumplimiento oportuno de sus obligaciones o de las instrucciones de sus afiliados sea consecuencia de un hecho u omisión imputable a ésta. En virtud de tales disposiciones, la Superintendencia ha dictaminado que en casos en que las Administradoras de Fondos de Pensiones no cumplan adecuadamente con la función primordial que la ley les ha encomendado, cual es la de brindar en tiempo y forma los beneficios y prestaciones del Sistema de Pensiones, y esto ocasione al afiliado una pérdida de rentabilidad en alguna de sus cuentas, esta pérdida debe ser cubierta por la Administradora con fondos propios.

Expone que este criterio ha sido ratificado por diversas Cortes de Apelaciones del país, citando jurisprudencia relevante: 1) el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago del 22/11/2023 que rechazó el recurso de ilegalidad N°140-2023 interpuesto por AFP Cuprum, estableciendo que las AFP, como sociedades anónimas especiales de giro exclusivo y alta especialización, deben conocer íntegramente la normativa sectorial y mantener rigurosos controles internos; y 2) el fallo de la misma Corte del 30/08/2023 en recurso de protección Rol N°162382-2022, confirmado posteriormente por la Corte Suprema (Rol N°218.015-2023), donde se validó la orden de la Superintendencia (Oficio N°22.767) para que AFP Capital pagara con fondos propios un aporte adicional del seguro de invalidez por deficiencias en la asesoría brindada al afiliado.

En definitiva, si bien la Superintendencia no se pronuncia específicamente sobre los hechos alegados por el recurrente al no tener antecedentes directos del caso, su informe establece el marco normativo aplicable a situaciones en que una Administradora de Fondos de Pensiones incurre en errores que producen pérdidas de rentabilidad en las cuentas de los afiliados, afirmando que dichas pérdidas deben ser asumidas por la AFP con fondos propios, criterio que ha sido respaldado por la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia.

A folio 16, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deban tomar ante un acto u omisión arbitraria o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Segundo: Que, aquello que se cuestiona por el actor mediante la presente acción constitucional, es el descuento realizado por la recurrida de la suma de $7.991.864.- (siete millones novecientos noventa y un mil ochocientos sesenta y cuatro pesos) correspondientes a parte del monto de fondos previsionales heredados luego del fallecimiento de su padre, sin justificación documentada, trasladando a la parte recurrente las consecuencias de un error cometido por la propia AFP Capital S.A.

Tercero: Que, por su parte, la recurrida solicita el rechazo del recurso, primero, por no ser la vía idónea para resolver la controversia y, segundo, por estimar que no existe actuación ilegal o arbitraria de su parte, argumentando que actuó en base a la ley y la normativa previsional del organismo regulador, afirmando que lo que realmente reclama el recurrente es la pérdida de rentabilidad de las cuotas heredadas. Sobre esto último, hace presente que su institución verificó la existencia de dicha pérdida, procediendo a abonar la suma de $2.909.419.- (dos millones novecientos nueve mil cuatrocientos diecinueve pesos) en la cuenta del afiliado y, posteriormente, realizó una reliquidación de pago de herencia, mediante la emisión de un vale vista a nombre del recurrente por dicha suma.

Cuarto: Que, para resolver, cabe tener presente lo dispuesto en el artículo 39 del D.L. N°3.500 de 1980: "Las Administradoras serán responsables por los perjuicios causados a los afiliados en sus cuentas de capitalización individual producto del no cumplimiento oportuno de sus obligaciones, así como de las instrucciones dadas por el afiliado a aquéllas en el ejercicio de los derechos que le establece esta ley. Una vez acreditado el incumplimiento y habiéndose producido una pérdida de rentabilidad en alguna de las cuentas del afiliado, siempre que la Administradora no realice la compensación correspondiente, la Superintendencia podrá ordenar la restitución de dicha pérdida a la cuenta de capitalización individual respectiva, de acuerdo al procedimiento que establezca una norma de carácter general." A su vez, resulta pertinente considerar lo dispuesto en el N°2, del Capítulo I, del Título VIII, del Libro Primero del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, que dispone: “2. Se entenderá que existe responsabilidad de la Administradora cuando el no cumplimiento oportuno de sus obligaciones o de las instrucciones de sus afiliados sea consecuencia de un hecho u omisión imputable a ésta. Esta responsabilidad recaerá asimismo en la Administradora por los hechos u omisiones imputables al subcontratista.”

Quinto: Que, conforme al mérito de lo expuesto por el recurrente, lo informado por la recurrida y los antecedentes que obran en el expediente electrónico, se advierte que, con el objeto de proceder al pago del impuesto a la herencia del padre de los recurrentes, el cuatro de diciembre de dos mil veinticuatro la recurrida giró inicialmente en favor de la Tesorería General de la República, un cheque por el total de los fondos heredados que, a esa fecha, ascendían a $319.755.540.- (trescientos diecinueve millones setecientos cincuenta y cinco mil quinientos cuarenta pesos), en circunstancias que el monto por el pago del referido impuesto, era la suma de $25.308.466.- (veinticinco millones trescientos ocho mil cuatrocientos sesenta y seis pesos), incurriéndose así, en un evidente error en la tramitación de la solicitud del recurrente.

Asimismo, consta que el diez de diciembre de dos mil veinticuatro, se giró un segundo cheque en favor de la Tesorería General de la República, esta vez, por el monto correcto del impuesto a la herencia y que, posteriormente, el treinta de diciembre de ese mismo año, se emitió un vale vista a nombre del recurrente, por un monto de $286.455.210.- (doscientos ochenta y seis mil cuatrocientos cincuenta y cinco mil doscientos diez pesos), que contenía la entrega definitiva de los fondos previsionales heredados.

Sexto: Que, del análisis de las circunstancias antes mencionadas, es posible advertir que la suma del monto del vale vista extendido finalmente y la cantidad adelantada para el pago del referido impuesto, da como resultado una suma inferior al monto total de los fondos previsionales del padre del recurrente, que figuraban al momento de girarse el primer cheque el cuatro de diciembre de dos mil veinticuatro, diferencia que se produjo por el error cometido por la recurrida y que generó un perjuicio económico por pérdida de rentabilidad a los recurrentes, al ver disminuido el pago de su herencia en $7.991.864.- (siete millones novecientos noventa y un mil ochocientos sesenta y cuatro pesos).

Séptimo: Que, de esta manera, habiendo quedado asentado fácticamente el error cometido por la recurrida y, considerando lo dispuesto en las normas transcritas en el considerando cuarto de esta sentencia, se estima procedente concluir que la administradora no dio cumplimiento a aquellas obligaciones que se le imponen por el marco regulatorio vigente, lo que, en consecuencia, ha vulnerado el derecho de propiedad de la parte recurrente, e implica que la recurrida deberá asumir la diferencia señalada con fondos propios, debiendo restituir a los actores el monto indicado, previo descuento del monto girado por dicho concepto en febrero pasado.

Por estas consideraciones y lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se acoge, con costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, por sí y en representación de su hermana, nombre reservado, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Capital S.A., solo en cuanto, se ordena a la recurrida restituir a los recurrentes la suma de $5.082.445 (cinco millones ochenta y dos mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos).- Que, se regulan las costas en la suma de $300.000 (trescientos mil pesos).- Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-423-2025.

No sujeta a anonimización.

En Valparaíso, dos de abril de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.