nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSION UNO S.A.

edp C.A. de Valparaíso Valparaíso, diecisiete de septiembre de dos mil veinticinco.

Visto:

A folio comparece Carolina Hidalgo Fiol, abogada, en representación de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, quien deduce acción constitucional de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones UNO S.A. por estimar ilegal y arbitrario el acto de 26 de junio de 2025, consistente en el rechazo de la solicitud de retiro de fondos para extranjero.

Expone que el 17 de junio de 2025 presentó, vía sucursal web solicitud de devolución de sus fondos previsionales, bajo el folio N° 1011555, en virtud de la exención establecida en la Ley N° 18.156, acompañando para ello antecedentes destinados a acreditar el cumplimiento de los requisitos legales. Entre los documentos presentados menciona: copia de su cédula de identidad chilena vigente; título profesional apostillado de Licenciado en Computación otorgado por la Universidad Central de Venezuela; contratos de trabajo notariados con sus empleadores en Chile, en los que consta su voluntad de mantener afiliación a la previsión de su país de origen; certificado de inscripción en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, debidamente legalizado; y declaración jurada ratificada ante notario, en la que manifiesta su intención de continuar cotizando en Venezuela.

Indica que, pese a lo anterior, la recurrida rechazó su solicitud, sosteniendo que no cumplía con los requisitos de la Ley N° 18.156 y del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, fundándose en que el certificado acompañado carecería de medio de comprobación y correspondería a una declaración jurada apostillada en Chile y no a un documento oficial de afiliación al seguro social venezolano. Señala que este rechazo fue notificado presencialmente el 26 de junio de 2025, sin dictarse resolución formal.

El recurrente sostiene que el documento objetado tiene plena validez y puede ser verificado electrónicamente en el sitio web oficial del Instituto venezolano de los seguros sociales, acreditando su afiliación efectiva y permanente, sin que la normativa nacional exija legalización o apostilla adicional. Afirma que exigir nuevas certificaciones resulta imposible de cumplir, considerando la inexistencia de representación consular venezolana en Chile, lo que haría ilusoria la aplicación de la norma y le impediría disponer de sus fondos previsionales.

Alega que la actuación de AFP UNO S.A. es arbitraria e ilegal, por desconocer documentación suficiente, contravenir los principios de legalidad, inexcusabilidad, debido proceso y favorabilidad en sede administrativa, y por traducirse en un trato discriminatorio hacia migrantes. Expone que con ello se vulneran sus derechos fundamentales garantizados en los artículos 19 N° 2 (igualdad ante la ley) y N° 24 (derecho de propiedad), además de afectar el derecho a la seguridad social reconocido en el N° 18 del mismo precepto constitucional.

Indica, asimismo, que su calidad de técnico extranjero se encuentra acreditada por su título profesional, debidamente apostillado, y que sus contratos de trabajo consignan expresamente su voluntad de mantener la afiliación previsional en Venezuela, cumpliendo con los requisitos de los artículos 1° y 7° de la Ley N° 18.156. Añade que actualmente se encuentra pensionado por el IVSS, lo que confirma su condición de afiliado vigente en dicho régimen extranjero.

Solicita, en consecuencia, que se acoja el recurso, ordenando a la recurrida acceder a la devolución de sus fondos previsionales conforme al valor de la cuota al día de pago, dentro del plazo que el tribunal determine, con expresa condenación en costas.

A folio 6 evacúa informe la Superintendencia de Pensiones. Expone, en primer lugar, que el recurrente, no registra presentaciones previas ante dicho organismo vinculadas a la materia del recurso. Luego, expone la normativa aplicable, particularmente la Ley N° 18.156, que contempla un régimen excepcional de exención de cotizaciones y devolución de fondos para trabajadores técnicos extranjeros, condicionado al cumplimiento copulativo de los requisitos previstos en su artículo 1°, a saber: estar afiliado a un régimen previsional extranjero que otorgue cobertura en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y la manifestación de voluntad en el contrato de trabajo de mantener dicha afiliación. Indica que el artículo 7° del mismo cuerpo legal permite la devolución de fondos sólo si se cumplen dichas exigencias.

El organismo fiscalizador explica que, al tratarse de una norma de excepción, su aplicación es restrictiva y exige acreditar cobertura previsional en el país de origen durante todo el tiempo que el trabajador prestó servicios en Chile, comprensiva de los riesgos de vejez, invalidez, muerte y enfermedad común, con prestaciones tanto médicas como pecuniarias. Añade que dicha afiliación debe haberse mantenido con anterioridad al inicio de las labores en Chile.

En relación con el caso concreto, revisada la Constancia Electrónica de Cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales acompañada por el recurrente, la Superintendencia sostiene que dicho documento no resulta suficiente para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura efectiva y a todo evento durante el período de prestación de servicios en Chile, pues sólo da cuenta de semanas cotizadas y de la afiliación general al sistema venezolano, sin especificar cobertura integral en los términos exigidos por la Ley N° 18.156 y la jurisprudencia administrativa del organismo.

Enfatiza que la devolución de fondos tiene por fundamento que el trabajador no requirió cobertura del sistema chileno por encontrarse protegido en su país de origen, lo que no se verifica en la especie. Además, recuerda que, conforme al principio de territorialidad de la ley y al artículo 58 del Código del Trabajo, los empleadores en Chile deben retener y enterar las cotizaciones previsionales, lo que asegura que los trabajadores extranjeros estén cubiertos por el sistema nacional mientras prestan servicios en el país.

En conclusión, la Superintendencia informa que no cuenta con antecedentes que permitan acreditar el cumplimiento de los requisitos de la Ley N° 18.156 por parte del recurrente, de modo que no corresponde acceder a la devolución de fondos previsionales solicitada.

A folio 12 evacúa informe la Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A., señalando que el recurso de protección constituye una acción cautelar destinada a amparar derechos preexistentes frente a actos arbitrarios o ilegales, lo que no ocurre en la especie, pues el recurrente no ha sido privado ni perturbado en el ejercicio de sus garantías. Sostiene que la acción pretende forzar el reconocimiento de un derecho que no cumple con los requisitos legales, recordando que la devolución de fondos previsionales a técnicos extranjeros es excepcional y se supedita al cumplimiento estricto de la Ley N° 18.156 y su normativa complementaria.

Relata que con fecha 17 de junio de 2025, el afiliado recurrente solicitó a AFP UNO la devolución de fondos previsionales acumulados bajo el empleador UNICORP SPA, acompañando diversos documentos, entre ellos contratos de trabajo, título profesional apostillado, certificado de cotizaciones y declaración jurada. Precisa que, pese a incorporar antecedentes de otro empleador, la solicitud se circunscribió solo a UNICORP SPA.

Indica que con fecha 26 de junio de 2025 la Administradora rechazó la solicitud, fundándose en que la documentación presentada resultaba incompleta y no acreditaba debidamente la afiliación a un sistema previsional extranjero, toda vez que el certificado acompañado consistía en una declaración jurada apostillada en Chile y no en un documento expedido por la autoridad previsional venezolana.

En cuanto al derecho aplicable, la recurrida recuerda que, conforme al principio de territorialidad, los trabajadores que prestan servicios en Chile —sean chilenos o extranjeros— se rigen por la legislación laboral y previsional nacional, salvo las excepciones contempladas en convenios bilaterales o en la Ley N° 18.156, la cual exige copulativamente acreditar: (a) calidad de técnico o profesional; (b) afiliación previa y vigente a un régimen previsional extranjero que otorgue cobertura en enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y (c) voluntad expresa en el contrato de mantener dicha afiliación. Añade que, según el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, los documentos emitidos en el extranjero deben ser presentados debidamente legalizados o apostillados.

Sostiene que la constancia de cotizaciones acompañada no cumple con estas exigencias, ya que no acredita cobertura efectiva en los términos de la ley ni se encuentra debidamente legalizada. La Administradora no puede eximirse de la aplicación de la normativa nacional ni aceptar documentos carentes de autenticidad, aun cuando existan dificultades derivadas de la ausencia de representación diplomática venezolana en Chile. Expone que, incluso, se propuso a la Superintendencia una alternativa para validar certificados vía electrónica, lo cual fue descartado por exceder su competencia.

Concluye que su actuación se ajustó estrictamente al marco legal y a las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, descartando la existencia de arbitrariedad o ilegalidad. Precisa que el rechazo se debió al incumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios, no a una negación de la titularidad de los fondos previsionales del recurrente. Cita jurisprudencia reciente en la que tribunales superiores han confirmado este criterio respecto de situaciones similares de afiliados venezolanos.

Solicita, en definitiva, que el recurso sea rechazado en todas sus partes, con expresa condenación en costas.

A folio 13, se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, a través de esta vía cautelar, el recurrente pretende que se ordene a la recurrida, Administradora de Fondos de Pensiones Provida, que le haga devolución de sus fondos previsionales en calidad de técnico extranjero y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 18.156.

Tercero: Que, informando la Superintendencia de Pensiones, señaló que no ha actuado de manera arbitraria o ilegal, toda vez que, una vez realizado el análisis de los antecedentes aportados por la recurrente da cuenta que el recurrente acompañó una “Constancia de Afiliación al IVSS”, que fue considerada insuficiente para acreditar dicha calidad. Asimismo, presentó documentación no legalizada ni apostillada, lo que constituye un incumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa vigente y que, examinados los antecedentes presentados por el recurrente, se concluye que la documentación aportada no cumple con las exigencias legales establecidas. La situación del país de origen del actor no exime a la administradora de verificar el cumplimiento de la normativa aplicable para la devolución de fondos previsionales.

Cuarto: Que, la Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A., al evacuar su informe, lo hizo en términos similares a los expresados precedentemente, concordando con la opinión de la Superintendencia relativa a que en la especie no concurrían los elementos exigidos por la normativa vigente para acoger la solicitud presentada por la recurrente.

Quinto: Que, del mérito de los antecedentes aportados al recurso, se advierte que la decisión impugnada se ajusta a la normativa aplicable, de modo que la ilegalidad o arbitrariedad denunciada no se ha configurado. En efecto, el documento acompañado por el actor, denominado “Constancia Electrónica de Cotizaciones” de fecha veintitrés de julio de dos mil veinticinco, emitido por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), carece de firma autorizada y no se encuentra apostillado ni legalizado conforme a la normativa vigente. El hecho de contener un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales exigidos, toda vez que el ordenamiento jurídico dispone expresamente la legalización de los instrumentos públicos otorgados en el extranjero para que surtan efectos en el territorio nacional.

Sexto: Que, en lo que respecta a la Declaración Jurada Notarial acompañada por el recurrente, aun cuando se encuentra apostillada, ella solo contiene la manifestación personal de encontrarse afiliado al sistema previsional venezolano, pero no constituye certificación emanada de la autoridad previsional competente del país de origen, que es la única facultada legalmente para acreditar dicha circunstancia.

Séptimo: Que, si bien la Ley N° 18.156 no contempla de manera expresa la exigencia de apostilla, ello no exime del cumplimiento de las normas generales sobre el valor probatorio de los documentos otorgados en el extranjero, más aún cuando se trata de antecedentes que inciden directamente en el cumplimiento sustancial de los requisitos legales para acceder al beneficio solicitado.

Octavo: Que, en consecuencia, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de la Administradora de Fondos de Pensiones UNO S.A., al exigir el cumplimiento de los estándares normativos que regulan el reconocimiento de documentos extranjeros, razón por la cual la presente acción cautelar no puede prosperar y debe ser rechazada.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida por nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A.

Regístrese, comuníquese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-4220-2025.

En Valparaíso, diecisiete de septiembre de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.