MARÍTIMA VALPARAÍSO CHILE SPA con DIRECCIÓN REGIONAL DEL TRABAJO VALPARAÍSO

Dgm.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, veintitrés de julio de dos mil veintiséis.

VISTO:

A folio 1, el abogado Esteban Daniel Cerda Apablaza deduce acción de protección en favor de Marítima Valparaíso Chile SpA y en contra de la Dirección Regional del Trabajo de Valparaíso, representada por su Director Regional Jesús Virgilio Figari Luengo, por la omisión que considera ilegal y arbitraria, consistente en la falta de respuesta y de conclusión de la investigación asociada a una denuncia por Ley Karin, lo que estima vulnera sus derechos fundamentales garantizados en el artículo 19 N°2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que, con fecha 10 de septiembre de 2025, una trabajadora de la empresa presentó una denuncia por acoso laboral en contra de su supervisor. Señala que la Inspección Provincial del Trabajo les notificó el 17 de septiembre, ordenando adoptar medidas de resguardo inmediatas, las que, asegura, fueron implementadas y notificadas a la trabajadora el 3 de noviembre, consistiendo en atención psicológica temprana y separación física a través de trabajo telemático. Indica que el plazo máximo de 30 días para concluir la investigación, establecido en el artículo 211-C del Código del Trabajo y el Decreto N°21, venció el 24 de octubre de 2025. Alega que, a la fecha del recurso, la recurrida no ha informado sobre la conclusión del plazo de investigación, manteniéndose en un estado de inactividad que carece de fundamento normativo. Sostiene que esta dilación obliga a la empresa a prolongar las medidas de resguardo, lo que afecta el trabajo normal de la denunciante y perturba el derecho de propiedad de la actora al impedirle organizar sus medios personales de la forma más conveniente. Agrega que se le otorga un trato discriminatorio respecto de otros empleadores, afectando la igualdad ante la ley.

Concluye solicitando que se constate la omisión ilegal y arbitraria, y se ordene a la recurrida cerrar la investigación, informar los resultados, declarar que las medidas de resguardo ya no continúan vigentes, y condenar en costas.

A folio 6, la recurrente acompaña, con citación, un correo electrónico de 5 de junio de 2026, enviado por la Dirección Regional del Trabajo, solicitando documentación para el inicio de la investigación administrativa, argumentando que esto evidencia la infracción al principio de celeridad, ya que las actuaciones investigativas comenzaron solo después de interpuesto el recurso.

A folio 8, evacúa informe el abogado Miguel Alejandro Díaz Jiménez en representación de la Dirección Regional del Trabajo de Valparaíso.

Sostiene que la investigación fue asignada a la Unidad de Derechos Fundamentales y Libertad Sindical, elaborándose la pauta de investigación el 5 de junio de 2026. Refiere que, como resultado de las diligencias, se emitió un informe de fiscalización y, el 18 de junio de 2026, las conclusiones jurídicas que determinaron indicios suficientes de acoso laboral, derivando los antecedentes a mediación obligatoria, la que quedó fijada para el 26 de junio de 2026. Argumenta que, por tanto, la acción cautelar carece de objeto actual, pues no existe inactividad administrativa vigente, sino que el procedimiento continúa en la etapa de mediación obligatoria. Señala que el eventual vencimiento de un plazo no priva a la Dirección del Trabajo de su competencia ni vuelve ilegal todo lo actuado, existiendo vías administrativas para impugnar los actos. Descarta la vulneración a la igualdad ante la ley, indicando que no se acredita trato favorable a otro empleador. Añade que no se afecta el derecho de propiedad, ya que las medidas de resguardo buscan proteger a la denunciante y la medida concreta fue adoptada por el propio empleador dentro de sus obligaciones legales. Finalmente pide rechazar el recurso en todas sus partes, con costas.

A folio 9, se ordena traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, en la especie, la parte recurrente sustenta su libelo en la omisión ilegal y arbitraria que atribuye a la Dirección Regional del Trabajo de Valparaíso, consistente en la falta de respuesta y conclusión de la investigación administrativa originada por una denuncia de acoso laboral bajo la normativa de la Ley Karin en el plazo legal de treinta días. Alega que dicha dilación le ha obligado a mantener indefinidamente medidas de resguardo consistentes en trabajo telemático y atención psicológica, lo que vulneraría sus garantías de igualdad ante la ley y derecho de propiedad. Por ello, solicita a esta Corte que ordene el cierre de la investigación, la comunicación de sus resultados y la declaración del cese de las referidas medidas de resguardo.

Tercero: Que, informando el recurso, la recurrida ha dado cuenta de que la investigación administrativa fue efectivamente desarrollada. Señala que, producto de las diligencias ejecutadas, se elaboró el respectivo informe de fiscalización y que, con fecha 18 de junio de 2026, se emitieron las conclusiones jurídicas de la Comisión N°500.2025.905, en las cuales se determinó la existencia de indicios suficientes de acoso laboral y vulneración a la integridad psíquica de la trabajadora denunciante. Consecuencia de lo anterior, la autoridad administrativa derivó los antecedentes a la etapa de mediación obligatoria, la que quedó fijada para el 26 de junio de 2026.

Cuarto: Que, si bien la acción cautelar fue interpuesta idóneamente frente a una inactividad que fue lesiva a los intereses de la recurrente, el sustrato fáctico que motivó el arbitrio ha mutado durante su tramitación, desde que el órgano recurrido ejerció a esta fecha su potestad fiscalizadora, al emitir un pronunciamiento acerca de la denuncia que ha derivado a la siguiente etapa procedimental que establece la ley, esto es, la mediación obligatoria.

Quinto: Que, siendo el recurso de protección una acción de naturaleza eminentemente cautelar y no declarativa, la intervención de esta Corte exige que existan providencias urgentes que decretar para restablecer el imperio del derecho. Habiendo la Dirección del Trabajo concluido la etapa investigativa y encontrándose el asunto sometido procedimientos legales correspondientes de mediación previa a una eventual judicialización, no se advierte la necesidad de adoptar medidas urgentes por parte de esta Corte orientadas a resguardar los derechos constitucionales invocados, razón por la cual la presente acción constitucional no puede prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por el abogado don Esteban Daniel Cerda Apablaza, en representación de Marítima Valparaíso Chile SpA, en contra de la Dirección Regional del Trabajo de Valparaíso.

Acordado con el voto en contra del abogado integrante don Álvaro Pavez Jorquera, quien estuvo por acoger el presente arbitrio, teniendo únicamente presente para ello que en la especie transcurrió con creces el plazo imperativo establecido en el artículo 211-C del Código del Trabajo para la conclusión de la investigación administrativa, constituyendo dicha inactividad una omisión ilegal y arbitraria que afectó las garantías constitucionales de la recurrente y que ameritaba el restablecimiento del imperio del derecho por esta vía cautelar. A mayor abundamiento hace presente que la inactividad de recurrida solo cesó una vez requerido informe por esta Corte.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

N°Protección-4208-2026.

En Valparaíso, veintitrés de julio de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.