nombre reservado con MUNICIPALIDAD DE JUAN FERNÁNDEZ

C.A. de Valparaíso Valparaíso, veintiuno de febrero de dos mil veinte.

VISTOS:

A folio 1, comparece don nombre reservado, abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, domiciliado en domicilio reservado, nombre reservado, en representación de nombre reservado, chilena, matrona, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, de su mismo domicilio, quien deduce recurso de protección en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE JUAN FERNÁNDEZ, representada legalmente por su alcalde Leopoldo Galvarino González Charpentier, funcionario público, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, Región de Valparaíso, fundado en que la no renovación de su designación a contrata como matrona del Consultorio General Rural de Juan Fernández, constituye un acto ilegal y arbitrario que vulnera sus garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República.

Expone que con fecha 30 de junio de 2017 la recurrente fue contratada bajo la modalidad de plazo fijo, por un plazo de tres meses, para ejecuta la función de matrona en el señalado centro de salud, con jornada laboral de 44 horas semanales, de acuerdo a decreto alcaldicio N° 1557 de fecha 10 de octubre de 2017.

Indica que vencido el plazo, se le renueva su contratación bajo la misma modalidad, desde el día 01 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2017, posterior a lo cual se le renueva su contratación desde el 01 de enero de 2018 y hasta el 31 de diciembre del mismo año o hasta que sus servicios sean requeridos. Sin embargo, señala que con fecha 05 de junio de 2018 se modifica su nombramiento, indicándose que el anterior nombramiento donde dice “a contar del 01.01.2018 y hasta el 31.12.2018 o hasta que sus servicios sean requeridos” debe decir “a contar del 01.01.2018 y mientras dure la suplencia de doña nombre reservado, matrona Titular, quien ejerce como Directora suplente del establecimiento o hasta el 31.12.18, lo primero que esto ocurra”

Señala que el día 31 de diciembre de 2018, se le realiza nuevamente renovación de su contratación desde el día 1 de enero de 2019, de acuerdo a decreto alcaldicio N° 24 de fecha 9 de enero de dicho año, con vencimiento el día 31 de diciembre de 2019. Sin embargo, con fecha 10 de enero de 2019 se emite otro decreto alcaldicio con el número 73, el cual nuevamente modifica su vinculación para con la recurrente, de forma unilateral, incorporando que su contrato será: “a contar del 01.01.2019 y mientras dure la suplencia de doña nombre reservado, matrona Titular, quien ejerce como Directora suplente del establecimiento o hasta el 31.12.19, lo primero que esto ocurra.”

Indica que el día 25 de julio de 2019 es elegida por sus pares como Secretaria de la Asociación de Funcionarios de Salud Municipal de Juan Fernández, adquiriendo fuero de acuerdo al artículo 25 de la ley N° 19.296 que establece normas sobre Asociaciones de Funcionarios de la Administración del Estado. El periodo de duración en su puesto sindical es hasta junio de 2021.

Señala que, desde que la recurrente adquiere la calidad de dirigente de sindical, ejecutó normalmente sus funciones tal como estaba realizando antes de su investidura. Sin embargo el día 28 de noviembre de 2019, al término de su jornada de trabajo, se le hace entrega del decreto alcaldicio N° 2510 de fecha 25 de noviembre de 2019 mediante el cual le notifican la no prórroga de su contrata para el año 2020.

Refiere que a la relación jurídica existente entre las partes se regula por el estatuto de atención primaria de salud regulado en la Ley N° 19.378, señalando que dicha ley establece la forma de ingreso de una persona a prestar servicios a establecimiento de salud municipal, regulando en su artículo 14 que se requiere de contrato (a diferencia de lo que ocurre con los funcionarios municipales propiamente tales puesto que a ellos se les inviste en su cargo mediante nombramiento de la autoridad edil), estableciendo la propia ley que los contratos pueden ser: Plazo fijo, indefinido o reemplazo.

En el ámbito normativo, señala que los hechos descritos se enmarcan dentro de las hipótesis que establece el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile por cuanto la I. Municipalidad de Juan Fernández ha cometido un acto arbitrario e ilegal privándole y perturbando el legítimo ejercicio de sus derechos reconocidos y amparados por esta acción constitucional, señalando que la recurrida ha dejado de aplicar las reglas jurídicas que deben imperar respecto de este tipo de funcionarios, encontrando por un lado el principio sobre la Confianza Legítima y, por el otro, desconocer el fuero que la ampara de acuerdo a lo regulado en el artículo 25 de la ley N° 19.296. Lo anterior en razón de que el acto administrativo que dispone la no renovación del vínculo contractual carece de razonamiento y es contrario a lo que la diversa jurisprudencia de nuestros tribunales de justicia ha sostenido sobre el principio vulnerado, así como también la jurisprudencia administrativa por parte del Órgano Contralor, vulnerando, por tanto, la garantía constitucional del artículo 19 N° 2, 16 y 24; y por otro lado, no respetar el fuero que le asiste sin invocar causa legal que permita separarla, lo que atenta derechamente contra dichas garantías de la Constitución Política de la República, siendo, por tanto, ilegal el actuar de la contraria así como también arbitrario por la ausencia absoluta de fundamentación.

Agrega además que, no obstante a que la no renovación de su contrato afecta sus garantías constitucionales, la no prórroga también es atentatoria por no respetar el fuero contemplado en el artículo 25 de la ley N° 19.296 que Establece normas sobre Asociaciones de Funcionarios de la Administración del Estado, habiendo sido la recurrente elegida como Secretaria de la Asociación de Funcionarios de Salud Municipal Juan Fernández, R.A.F N° 85010089, tal como da cuenta certificado N°501/2019/1956 emitido por la Jefa de Relaciones Laborales de la Dirección del Trabajo, y cuya fecha de término está fijada para el día 15 de julio de 2021.

En el ámbito de las garantías fundamentales, la recurrente acusa que la ilegalidad y arbitrariedad denunciada vulnera el derecho de igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, dado que la recurrida no actuó de manera igualitaria y justa toda vez que se dispuso el cese de su contratación con infracción a las reglas y disposiciones a las cuales la municipalidad se encuentra obligada de respetar. Señala que la forma en que esto ocurrió ocasiona para la funcionaria un actuar arbitrario e ilegal; arbitrario por cuanto la recurrida obra de forma diversa a la situación fáctica descrita por la norma constitucional y dicta un acto administrativo sin motivación alguna, desatendiendo así los mandatos entregados tanto por el legislador, los Tribunales superiores de justicia y el organismo Contralor; e ilegal por no respetar el fuero que a ella le asiste conforme al artículo 25 de la ley 19.296, privándola de su empleo y fuente de salario, actuando la recurrida contra ley.

En segundo término, la recurrente alega afectación a la garantía constitucional de la libertad y protección al trabajo, reconocida en el artículo 19 N° 16 de nuestra Constitución Política del Estado, toda vez que la no renovación de su contrato de trabajo desconociendo los dictámenes de Contraloría ya mencionados ha vulnerado flagrantemente la libertad de trabajo, entendiendo por tal la posibilidad de continuar ejerciendo sus funciones que desempeñó históricamente mientras contó con los elementos que lo permitían, circunstancias avaladas en el concepto de confianza legítima que se produce en la Administración del Estado.

En tercer término, alega afectación al Derecho de Propiedad consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución, señalando que de la ilegalidad y arbitrariedad se sigue directo e inmediato atentado al derecho consagrado en la citada norma, que reconoce a todas las personas, relativo a la propiedad sobre los intereses anexos a su empleo y cuya prerrogativa la judicatura está en el deber de preservar.

En mérito de lo expuesto, la recurrente solicita acoger el presente recurso de protección y se ordenen las medidas que estimen necesarias para restablecer el imperio del derecho y otorgue adecuada protección a esta recurrente, disponiendo que cese el acto ilegal y arbitrario en que ha incurrido la I. Municipalidad de Juan Fernández y ordenando a la recurrida a que reincorpore en sus labores a doña nombre reservado, por la totalidad del año 2020 y lo que dure su fuero y, además, proceda al pago de todas las remuneraciones y emolumentos que no haya percibido durante su alejamiento y posterior reincorporación, con expresa condena en costas.

Acompaña documentación a su recurso.

A folio 6, informa el recurrido don Leopoldo Galvarino González Charpentier, alcalde la Ilustre Municipalidad de Juan Fernández, quien, en síntesis, explica que la recurrente fue nombrada en ese cargo de matrona en reemplazo de la funcionaria titular, quien a su vez había sido nombrada en calidad de directora subrogante del referido centro de salud. La segunda ocasión en que la recurrente fue nombrada como matrona de reemplazo, también con motivo de que la funcionaria titular había sido designada como suplente en el cargo de directora del establecimiento.

Indica que el primer nombramiento anual que se hizo a la recurrente desde el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2018 y hasta el 31 de diciembre del mismo año, o hasta que sus servicios fueran necesarios, frase que claramente tenía el sentido en el entendido que estaba nombrada como reemplazante de la funcionaria titular.

El recurrido señala una serie de decretos alcaldicios dictados entre el 02 de febrero de 2018 y el 26 de noviembre de ese mismo año, en los cuales se autoriza a la recurrente a hacer uso de su feriado y de permisos administrativos, todos en los cuales se señala expresamente que ejerce el cargo de “matrona reemplazante”.

Agrega que la titular del cargo que la recurrida servía volvió a ejercer su cargo de matrona titular desde el 02 de enero de 2020.

Refiere que en este caso solamente existe una renovación anual, por lo que no se cumple con el requisito de la confianza legítima, que exige una vinculación laboral cuya extensión alcance a lo menos dos renovaciones anuales, según dictámenes N°22.766, 70.966 y 85.700 de la Contraloría General de la República, todos del año 2016. Y asimismo, señala que no se cumple con lo dispuesto en el último de los dictámenes mencionados, en cuanto a que la confianza legítima es aplicable a aquellas designaciones de funcionarios, de carácter temporal, susceptibles de ser renovadas por decisión de la autoridad y que no correspondan a suplencias o modalidades de reemplazo de otros servidores.

En cuanto al fuero alegado, señala el recurrido que es inaplicable porque es inoponible a la Ilustre Municipalidad de Juan Fernández por falta de comunicación, en virtud de los dispuesto en el artículo 20 de la Ley 19.296 que regula las asociaciones sindicales, ya que nunca se comunicó a la recurrida la formación de una asociación sindical o de algún sindicato al cual perteneciera o fuera asociada la recurrente, ni menos que tuviese algún cargo en una directiva, por lo tanto nunca ha tenido fuero. Además que, el Código del Trabajo establece la no extensión de fueros a trabajadores transitorios, de reemplazo o a plazo fijo, para los cuales sin embargo existe regulación especial respecto de los fueros que pudiesen detentar, siempre amparándolos solo durante la vigencia del respectivo contrato.

Concluye señalando que, por la consideraciones antes mencionadas, no se dan los presupuestos legales para configurar el principio de confianza legítima ni para configurar algún tipo de fuero laboral.

En mérito de lo informado, el servicio recurrido solicita se rechace el recurso de protección de la especie.

A folio 23, con fecha 27 de enero de 2020, se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deban tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Segundo: Que atendida la especial naturaleza del recurso de protección, para que pueda prosperar es indispensable que quien lo intente acredite la existencia de un derecho actual que le favorezca, que esté claramente establecido y determinado y que corresponda a uno de aquellos a que se refiere el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Tercero: Que igualmente es sabido, que para que el recurso de protección sea acogido, es necesario que los hechos en que se hace consistir la arbitrariedad o ilegalidad, estén comprobados y que con estos hechos se haya sufrido perturbación, privación o amenaza en el ejercicio legítimo de las garantías y derechos que la Constitución asegura y que son los enumerados taxativamente en el artículo 20 de este cuerpo legal.

Cuarto: Que del mérito de los antecedentes, se puede tener por establecido que:

a)

Con fecha 30 de junio de 2017 la recurrente fue nombrada a contrata según decreto alcaldicio N°1557 de fecha 10 de octubre de 2017, bajo modalidad de plazo fijo para ejercer la función de matrona.

b)

Con fecha 01 de octubre de 2017 se renueva su contratación bajo la misma modalidad, por el plazo de tres meses.

c)

Con fecha 31 de diciembre de 2018 se realiza contratación de carácter anual para el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del año 2019, y con fecha 10 de enero de 2019 se emite el decreto alcaldicio N° 73, señalando que su contrato anual se mantendrá mientras dure la suplencia de la titular del cargo que ejerce.

d)

Con fecha 25 de julio de 2019 la recurrente es elegida en un cargo sindical, como secretaria de la Asociación de Funcionarios de Salud Municipal de Juan Fernández.

Quinto: Que de acuerdo al mérito de los antecedentes y que si bien la recurrente estaba en modalidad de contrata, al caso de marras no se aplica el dictamen N° 22.766 de la Contraloría General de La República, porque la referida normativa excluye la circunstancia de encontrarse contratado en la modalidad de reemplazo. Además, no consta que la recurrente haya reclamado oportunamente de ello.

Sexto: Que de los antecedentes expuestos, queda de manifiesto que a la recurrente no se le hace aplicable lo dispuesto en el artículo 309 del Código del Trabajo en cuanto al fuero alegado.

Séptimo: Que en cuanto a la extemporaneidad alegada, se rechaza la alegación por constar en autos que la carta de no renovación le fue notificada a la recurrente con fecha 28 de noviembre de 2019, estando interpuesto el recurso dentro de plazo.

Octavo: Que de los antecedentes se advierte que el decreto alcaldicio impugnado no es ilegal ni arbitrario en los términos impugnados por la presente vía, debiendo desestimarse el presente libelo.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 19 Nº2 y 21 del artículo 19 y artículo Nº 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se declara que SE RECHAZA el recurso de protección deducido en favor de doña nombre reservado deducido en contra de la Ilustre Municipalidad de Juan Fernández, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-42065-2019.