nombre reservado con JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFATILES (JUNJI)

Llg C.A.Valparaíso.

Valparaíso, dos de marzo de dos mil veinte.

Visto:

En folio uno, comparece Santiago Trincado Moreno, abogado, en favor de nombre reservado, trabajadora social, domiciliada en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, representada por José patricio nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado.

Por la vía del recurso de protección, solicita se deje sin efecto la resolución 1658 de 29 de noviembre del año 2019, mediante la cual la recurrida le comunicó que su contrata no sería renovada para el presente año, resolución que estima ilegal y arbitraria y vulneratorias de las garantías constitucionales que indica.

Señala que la resolución resulta ilegal por contravenir el principio de la confianza legítima que emana de la jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema y de la Contraloría General de la República, toda vez que ingresó al servicio en el año 2003 y su contrata había sido renovada en 16 oportunidades.

Refiere, además, que el referido decreto resulta una sanción ilegal por sus actividades sindicales que desarrolló durante 4 años, entre el año 2014 al 2018, lo que se desprende de la parte considerativa de la resolución impugnada, ya que esta señala, en su número cuarto, “que la funcionaria no pudo realizar a cabalidad la totalidad de su jornada por un periodo de cuatro años, al encontrarse cumpliendo funciones como dirigente nacional de la asociación AJUNJI”.

Por otro lado, expresa que la resolución vulnera el principio de la motivación de los actos administrativos, contemplado en los artículos 11 y 41 de la ley de Procedimiento Administrativo, toda vez que los argumentos esgrimidos en la resolución impugnada no justifican la decisión adoptada. Refiere que la resolución se funda en que ya fue contratada una persona para que ejerciera sus funciones, que existe sobredotación y que deben utilizarse correctamente los recursos públicos, motivos que no resultan suficientes teniendo presente que la persona que la reemplaza se encuentra haciendo uso de post natal, su antigüedad y calificaciones, circunstancias que durante el año 2019 se practicaron nuevas contrataciones que no se justificarían si existiese sobredotación.

Por último, señala que la resolución le fue enviada por carta certificada depositada en correos el día 29 de noviembre, la que jamás recibió, puesto que había en error en la dirección de la misma. Solo tomó conocimiento de la no renovación por correo electrónico de 2 de diciembre, en circunstancias que su empleo culmina el 31 de diciembre, de manera que no se cumplió con la obligación de comunicar con 30 días de anticipación.

Concluye señalando que se vulneraron las garantías constitucionales de igualdad ante la ley, igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, libertad de trabajo y derecho de propiedad, contempladas en los numerales 2°, 3°, 16° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República y solicita que se deje sin efecto la resolución que dispuso la no renovación de su contrata, que se ordene reintegrarla al servicio y que se ordene el pago de las remuneraciones por el periodo que ha permanecido desvinculada, con costas.

En folio ocho, rola informe de la autoridad recurrida, la que solicita el rechazo del recurso interpuesto, por no haber incurrido en un acto ilegal o arbitrario que vulnere las garantías indicadas en el recurso.

Señala que el funcionario a contrata carece de un derecho a que se renueve su contrata, puesto que la contrata es esencialmente temporal de acuerdo a los artículos 3 letra c) y 10 de la ley 18.834 sobre estatuto administrativo y el principio de la confianza legítima que invoca en su recurso no impone la obligación de renovar, sino la de comunicar la decisión de no renovarla, mediante la dictación de un acto administrativo motivado y debidamente notificado al funcionario, lo que en este caso se cumplió.

Expresa que la resolución no carece de motivos, por lo que no vulnera los artículos 11 y 41 de la ley de Procedimiento Administrativo, puesto que contiene una parte considerativa que explica las razones por las cuales no fue renovada su contrata, lo que sucede es que el recurrente discreta de tales motivos, por lo que el asunto no dice relación con la legalidad o arbitrariedad de la resolución, sino con su mérito o conveniencia, por lo que la vía idónea para cuestionarla son los recursos administrativos contemplados en la Ley de procedimiento administrativo o el reclamo ante la Contraloría general de la república contemplado en el artículo 160 del Estatuto Administrativo.

En folio nueve, se trajeron estos autos en relación.

Considerando:

Primero: Que, las vulneraciones a las garantías constitucionales que denuncia la actora, dicen relación con la dictación y notificación de la Resolución Exenta N° 1648, de 29 de noviembre de 2019 que la cesó en sus funciones, por no prórroga de nombramiento, a contar del 1 de enero de 2019 (sic).

Segundo: Que, las motivaciones contenidas en el referido acto administrativo, se encuentran consignadas en sus apartados 4° a 8° y, atendido que el debate se endereza a la determinación de si, la referida resolución, se encuentra debidamente fundamentada y, conforme a ello, puede desvirtuar el principio de la confianza legítima que asistía a la actora en orden a la mantención de su fuente laboral, en adelante, esta Corte, examinará los antecedentes que se acopiaron al expediente a fin de dilucidar si el acto impugnado adolece de los vicios denunciados.

Tercero: Que, en primer término, cabe colacionar el artículo 89 de la ley 18.834, norma de la que emana el principio de la confianza legítima, que expresa: “Todo funcionario tendrá derecho a gozar de estabilidad en el empleo y a ascender en el respectivo escalafón, salvo los cargos de exclusiva confianza; participar en los concursos; hacer uso de feriados, permisos y licencias; recibir asistencia en caso de accidente en actos de servicio o de enfermedad contraída a consecuencia del desempeño de sus funciones, y a participar en las acciones de capacitación, de conformidad con las normas del presente Estatuto. Asimismo, tendrá derecho a gozar de todas las prestaciones y beneficios que contemplen los sistemas de previsión y bienestar social en conformidad a la ley y de protección a la maternidad, de acuerdo a las disposiciones del Título II, del Libro II, del Código del Trabajo.”

Cuarto: Que, al respecto, el profesor Bermúdez, quien es uno de los autores que mayores esfuerzos ha dedicado al estudio del principio de protección de la confianza legítima, ha explicado que “las actuaciones de los poderes públicos suscitan la confianza entre los destinatarios de sus decisiones. “En este sentido, es razonable entender que las actuaciones precedentes de la Administración pueden generar en los administrados la confianza de que se actuará de igual manera en situaciones semejantes”. Como concepto jurídico puede entenderse al principio de protección de la confianza legítima (Vertrauensschutz) como el amparo que debe dar el juez al ciudadano frente a la Administración Pública, la que como ha venido actuando de una determinada manera, lo seguirá haciendo de esa misma manera en lo sucesivo y bajo circunstancias (políticas, sociales, económicas) similares” -nombre reservado (2014): Derecho Administrativo General (Santiago, Thomson Reuters, p. 110)-.

En concordancia con lo anterior, cabe destacar el criterio de la Contraloría General de la República sobre la materia, expresado en dictamen N° 22766 de 2016, que consignó el denominado “principio de confianza legítima”, concluyendo que la renovación continua de las contrataciones de los empleados afectados tornó en permanente y constante la mantención del vínculo de los mismos, lo que determinó, en definitiva, que las entidades involucradas incurrieran en una práctica administrativa que generó para los recurrentes una legítima expectativa que les indujo razonablemente a confiar en la repetición de tal actuación.

Quinto: Que, por otra parte, la Excma. Corte Suprema ha sostenido, en causa CS 8.390-2019 “Cuarto: Que la circunstancia de haber permanecido nombre reservado en el cargo a contrata por más de 10 años, generó a su respecto la confianza legítima de mantenerse vinculado con la Administración, de modo tal que su relación estatutaria sólo puede terminar por sumario administrativo derivado de una falta que motive su destitución o por una calificación anual que así lo permita, supuestos fácticos que no concurren en la especie. Por ello, la decisión de no renovar la contrata del actor, ha devenido en una vulneración de las garantías constitucionales invocadas”.

Sexto: Que, además, necesario resulta consignar que, sobre la motivación, la jurisprudencia ha fijado diversos criterios trascendentales:

· Los actos administrativos deben ser debidamente fundados omitiendo dudas sobre la procedencia de la decisión adoptada, en razón del interés público involucrado;

· La autoridad pública no puede sustentar su actuar en apreciaciones subjetivas, vagas, confusas e imprecisas.

· No basta la mera referencia a las normas o informes técnicos, estos deben ser analizados pormenorizadamente; y, · El control de los motivos puede referirse tanto a la verificación de la existencia de los motivos invocados por la autoridad, como a la calificación jurídica de los mismos.

Séptimo: Que, de las normas, doctrina y jurisprudencia, extractadas precedentemente, cabe concluir que resulta pacífico relevar el principio de la confianza legítima respecto de una funcionaria que ha visto renovadas sus contratas desde el año 2003, no habiéndose incorporado antecedente alguno, a su respecto, que permita vislumbrar un mal desempeño en toda su trayectoria laboral y, por el contrario, se ha probado que, a contar del año 2010, al menos, cuenta con calificaciones superiores a 68.

Además, con fecha 26 de diciembre de 2019, habría obtenido una nota de mérito “por su destacado desempeño y aporte permanente al cumplimiento de los objetivos institucionales al innovar y proponer mejoras en el área de digitalización más allá del desempeño de sus funciones” y, con la misma fecha, habría sido destinataria de una carta de agradecimientos, emanada de las Directoras del Jardín Infantil y Sala Cuna Melodía, perteneciente a la JUNJI, precisamente por la calidad de los servicios prestados.

Octavo: Que, teniendo al a vista los antecedentes antes relacionados y no habiendo mediado calificación deficitaria, ni investigaciones y/o sumarios administrativos que culminaran con la medida de destitución, siendo los acopiados, por el contrario, indiciarios de un buen desempeño laboral de la actora, desde luego deberá estimarse que la sola circunstancia contenida en el numeral 4° del acto impugnado consistente en que “la funcionaria no pudo realizar a cabalidad la totalidad de su jornada por un período de cuatro años al encontrarse cumpliendo funciones como dirigente nacional de la asociación AJUNJI”, carece del mérito necesario que permita justificar la no renovación de la contrata que la amparaba. En efecto, la argumentación en comento, no dice relación con un mal desempeño de la recurrente, sino más bien, con la imposibilidad de cumplir el horario completo, justificado, legítimamente, en un cargo gremial para el cual fue elegida, condición que en ningún caso puede ser castigada mediante la cesación en su cargo.

Noveno: Que, las restantes razones contenidas en el referido acto impugnado, resultan inidóneas, igualmente, para sostener el término de la contrata desde que, si bien un dirigente gremial puede requerir de reemplazo cuando sus labores de orden sindical no le permiten cumplir toda la jornada laboral, dicha circunstancia no puede significar que pierda su trabajo ya que, quien sustituye sus labores temporalmente, no la elimina de la nómina de contrataciones, siendo su única función permitir que el servicio se desarrolle con normalidad y sólo mientras dure la ausencia o el menor desempeño horario de quien tiene el carácter de funcionaria a contrata. Así, la situación no puede resolverse de manera contraria, como ha pretendido la recurrida, estimando que, habiendo cesado en el cargo de dirigente nacional de AJUNJI, al retorno a sus funciones, habría operado una suerte de preclusión del derecho a mantenerse en ellas.

Décimo: Que, como corolario, siendo obligación de la administración sustentar sus actos, al tenor de lo dispuesto en el artículo 41, inciso 4° de la Ley 19.880 y no conteniendo el acto reprochado una verdadera, racional y ponderada fundamentación, conforme se ha razonado precedentemente, no cabe sino concluir que la Resolución Exenta N° 1648, de 29 de noviembre de 2019, devino arbitraria e ilegal, vulnerando las garantías constitucionales consagradas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Por estas consideraciones y lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se ACOGE el recurso de protección presentado por Santiago Trincado Moreno, en favor de nombre reservado, en contra de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y, en consecuencia, se deja sin efecto la Resolución Exenta N° 1648, de 29 de noviembre de 2019, y se ordena el reintegro de nombre reservado a su contrata, como así también el pago a su favor de todas las remuneraciones y demás prestaciones previsionales devengadas mientras haya permanecido separada del servicio hasta su reingreso.

Sentencia redactada por la Ministra señora Silvana Donoso Ocampo.

Comuníquese y Regístrese.

N°Protección-42055-2019.