nombre reservado con TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Jbl C.A. de Valparaíso Valparaíso, cinco de octubre de dos mil veintiséis.

Vistos:

Compareció doña nombre reservado, cuya profesión y domicilio indica, quien deduce acción constitucional de protección en contra de la Tesorería General de la República y en contra de la Comisión Administradora de Créditos Para Estudios Superiores Ingresa, por los actos que estima ilegales y arbitrarios, consistentes en la retención y compensación de su devolución de impuestos correspondiente al año tributario 2026 sin haber sido previamente notificada de deuda alguna asociada al Crédito con Aval del Estado.

Expone que el Servicio de Impuestos Internos autorizó una devolución de $163.684, suma que posteriormente fue compensada por la Tesorería General de la República por una deuda CAE. Indica que nunca fue notificada de la existencia de la deuda ni de su exigibilidad y tampoco de la orden de efectuar una compensación.

Considera vulnerado su derecho a defensa y el derecho a propiedad, solicitando la restitución de los fondos retenidos y compensados indebidamente.

Informó la Tesorería General de la República, solicitando el rechazo del recurso en tanto la recurrente sería deudora fiscal de crédito con aval del Estado, razón por la cual se hizo uso de la facultad contenida en el artículo 6 del Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorería, compensando y rebajando la deuda por dicha vía, sin que ello constituya una conducta ilegal o arbitraria.

Luego de efectuar consideraciones genéricas acerca del sistema de Crédito regulado en la Ley N°20.027, alega la improcedencia del recurso de protección al estimar que no existen derechos indubitados y sostiene que la compensación de deudas de la contribuyente es una facultad que asiste a Tesorería para compensar deudas de contribuyentes con créditos de éstos contra el Fisco, y que además de estar contemplada en el artículo 6° del D.F.L. N° 1, de 1994, del Ministerio de Hacienda, sobre Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, debe de concordarse con el artículo 1.656 del Código Civil, que dispone que la compensación opera por el sólo ministerio de la ley y aún sin conocimiento de los deudores, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

1) Que dos personas sean deudoras una de otra;

2) Que ambas deudas sean de dinero;

3) Que ambas deudas sean líquidas y 4) Que ambas sean actualmente exigibles.

Afirma que en este caso concurre el primero de los requisitos para que opere la compensación. Que respecto a los requisitos 2° y 3° no existe controversia toda vez que se trata de deudas en dinero cuya liquidez emana de su propia naturaleza. En cuanto al 4° requisito referido a la exigibilidad de la deuda, éste se cumpliría por cuanto a la fecha en que operó la compensación se encuentra vigente el formulario 34 folio 702115, no habiéndose dejado sin efecto dicha obligación (ya sea por prescripción u otro modo de extinguir), y por ende, el formulario en cuestión estaba en Tesorería en “condiciones de ser pagado”; modalidad de la exigibilidad requerida por el artículo 6° del D.F.L. N° 1, de 1994, del Ministerio de Hacienda, y por ende, en relación a estas deudas reciprocas operó por el solo ministerio de la ley la compensación.

Agrega que el ejercicio de esta facultad se encontraría fundamentada no sólo en el N°2 del artículo 2° del D.F.L. N°1 de 1994 del Ministerio de Hacienda, Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, sino también en el artículo 35 del DL 1.263, Orgánico de la Administración Financiera del Estado, donde y como señala esta última norma “El Servicio de Tesorerías tendrá a su cargo la cobranza judicial o administrativa con sus respectivos reajustes, intereses y sanciones de los impuestos, patentes, multas y créditos del Sector Público, salvo aquellos que constituyan ingresos propios de los respectivos Servicios”.

En cuanto a la inadmisibilidad, sostiene que el recurso de protección es improcedente por no ser la vía idónea, ante la inexistencia de derechos indubitados.

A folio 10 rola el informe de la Comisión Administradora de Créditos para Estudios Superiores, reiterando las consideraciones generales sobre el sistema de créditos para la educación superior, para luego indicar que, en el caso de autos, habiendo incumplido la deudora y recurrente de autos con su obligación de pago, y agotadas las instancias extra judiciales para obtener el pago del crédito, el Banco Scotiabank presentó, el 29 de octubre de 2025, una demanda ejecutiva ante el 20° Juzgado Civil de Santiago en causa ROL C-15.155-2025, acompañando los dos pagarés suscritos conforme lo establecen las Bases de Licitación Pública, y en ejecución de los mandatos otorgados por el deudor a la institución financiera, al momento de suscribir su Contrato de Apertura de Línea de Crédito para Estudios Superiores, dando cumplimiento a sus obligaciones de administración y cobro de los Créditos con Garantía Estatal, en virtud de la Ley N°20.027 y de su Reglamento. Agrega que la demanda ejecutiva intentó ser notificada en 2 oportunidades, sin éxito, en los días 01 de diciembre de 2025, en la ciudad de San Antonio, y el 12 de diciembre de 2025, en la ciudad de Santiago. Enseguida refiere que, siendo la Comisión el servicio público llamado por la normativa a verificar el incumplimiento del deudor, a través de la constatación del inicio de las acciones judiciales destinadas al cobro de la deuda, a través de Resolución Exenta N°02/2026, de 2 de enero de 2026, se aprobó el pago de la Garantía Estatal, remitiéndose los antecedentes del crédito impago de la beneficiaria a la Tesorería General de la República, registrando en la Cuenta Única Tributaria de la recurrente, una deuda de $2.312.943.-, (equivalente a 33,16 UTM), con fecha 11 de febrero de 2026.

Finalmente, solicita el rechazo de la acción cautelar.

A folio 12, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que, respecto a las alegaciones de improcedencia del recurso por inexistencia de derechos indubitados, basta para su rechazo considerar que la conducta que se reclama, consistente en la retención y posterior compensación de una devolución de impuestos, es un hecho no discutido; debiendo esta Corte pronunciarse sobre la legalidad de tales actuaciones a la luz de las garantías constitucionales denunciadas como vulneradas, en relación a eventuales actos de autotutela, materias que indiscutidamente corresponden a una acción de cautela.

Segundo: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos y garantías que la propia Carta Fundamental asegura, constituyendo una acción de naturaleza cautelar y de urgencia, destinada a restablecer el imperio del derecho.

Tercero: Que, por esta vía se impugna el procedimiento de cobro del Crédito con Garantía Estatal seguido por las recurridas, alegando la recurrente no haber sido notificada acerca de la existencia de la deuda ni de la compensación de fondos realizada con posterioridad, lo que la habría privado de su derecho a defensa, reproche que será desechado atento el claro tenor del artículo 1656 del Código Civil según el cual, la compensación opera por el solo ministerio de la ley y aun sin conocimiento de los deudores.

Cuarto: Respecto al fondo del asunto planteado, la actora considera que la actuación de las recurridas, al retener la devolución de impuestos y compensarla con una supuesta deuda por crédito universitario, sería ilegal y arbitraria, por cuanto tales potestades fueron reservadas por el legislador exclusivamente para la cobranza de obligaciones tributarias, naturaleza de la que carece el crédito de que se trata, por emanar de una fuente contractual y civil. Por su parte, las recurridas sostienen, en síntesis, que una vez hecha efectiva la garantía estatal, nace en favor del Fisco un crédito fiscal distinto de la obligación civil original, registrado mediante Formulario 34 en la Cuenta Única Tributaria, cuya cobranza corresponde a la Tesorería conforme al artículo 35 del Decreto Ley N°1.263 y al Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, normas que facultarían a la Tesorería para aplicar, cualquiera sea la naturaleza del crédito, los procedimientos del Código Tributario, interpretación que se encontraría respaldada por los dictámenes de la Contraloría General de la República que cita y por la imprescriptibilidad que el artículo 13 de la Ley N°20.027 consagra en favor del Fisco.

Quinto: Que, para resolver la controversia planteada, resulta indispensable tener presente, en primer término, lo dispuesto en el artículo 18 bis de la Ley N°20.027, cuyo inciso primero dispone que “la Tesorería General de la República, en representación del Fisco, estará facultada para realizar las acciones de cobranza judicial y extrajudicial que sean procedentes respecto de los créditos de los que es titular el Fisco y aquellos en que se hubiera hecho efectiva la garantía, sea total o parcialmente, y que hayan sido otorgados de acuerdo a la presente ley”; precisando su inciso segundo que “las acciones de cobranza que ejerza la Tesorería General de la República, por sí o a través de terceros, se someterán a las reglas generales de procedimiento aplicables al cobro coactivo, ordinario o ejecutivo, de los títulos en que constan las obligaciones y créditos otorgados al amparo de esta ley”. Agrega su inciso tercero que, para dichos efectos, la Tesorería podrá delegar en terceros las acciones de cobro, sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 22 de la misma ley, y su inciso final la faculta para vender o ceder, previo visto bueno de la Dirección de Presupuestos, los créditos de que sea titular el Fisco que se encuentren en condición de morosidad.

Sexto: Que, por su parte, el artículo 35 del Decreto Ley N°1.263, de 1975, sobre Administración Financiera del Estado, dispone que “el Servicio de Tesorerías tendrá a su cargo la cobranza judicial o administrativa con sus respectivos reajustes, intereses y sanciones de los impuestos, patentes, multas y créditos del Sector Público, salvo aquellos que constituyan ingresos propios de los respectivos Servicios”, agregando que “para tal efecto, aplicará, cualquiera que sea la naturaleza del crédito, los procedimientos administrativos y judiciales establecidos por el Código Tributario para el cobro de los impuestos morosos”.

Séptimo: Que, el Título V del Libro III del Código Tributario, denominado “Del cobro ejecutivo de las obligaciones tributarias de dinero”, fija con claridad su ámbito de aplicación material, circunscrito a las obligaciones tributarias, esto es, aquellas que nacen por el solo ministerio de la ley al producirse el hecho gravado respectivo. Así se desprende del artículo 169 de dicho Código, conforme al cual el título ejecutivo se forma mediante una nómina que debe consignar, entre otros elementos, “la cantidad adeudada por concepto de impuestos o de sanciones en su caso y del tipo de tributo”; y se confirma con el artículo 177, que reduce el catálogo de excepciones oponibles a tres causales —el pago de la deuda, la prescripción y el no empecer el título al ejecutado—, restricción que solo se explica en función de la especial naturaleza de la obligación tributaria, nacida por el solo ministerio de la ley y no de un vínculo contractual previo entre las partes.

Octavo: Que, frente a ese marco, la remisión que el inciso segundo del artículo 18 bis de la Ley N°20.027 efectúa a “las reglas generales de procedimiento aplicables al cobro coactivo, ordinario o ejecutivo” no puede comprender las potestades y mecanismos del Título V del Libro III del Código Tributario, por tratarse éstas de un régimen especial y excepcional, instituido específicamente para el cobro ejecutivo de obligaciones tributarias de dinero, categoría dentro de la cual no se inserta el crédito de que se trata, que reconoce un origen contractual y civil. Refuerza esta conclusión la circunstancia de que la propia Ley N°20.027 confiere a la Tesorería, respecto de estos mismos créditos, la facultad de venderlos o cederlos a terceros, conforme al inciso final del artículo 18 bis; atributo de disposición que resultaría incompatible con la naturaleza estrictamente tributaria que la recurrida pretende atribuirle, desde que las obligaciones tributarias, por su origen legal y por estar afectas al interés general en la recaudación fiscal, no son susceptibles de cesión o enajenación entre particulares en los términos en que la ley permite hacerlo respecto de los créditos CAE.

Noveno: Que, la tesis según la cual, una vez que se ha hecho efectiva la garantía estatal nace un crédito fiscal distinto, sujeto a la cláusula general del artículo 35 del Decreto Ley N°1.263 —que autoriza aplicar los procedimientos del Código Tributario “cualquiera que sea la naturaleza del crédito”—, no puede ser acogida. Dicha disposición, contenida en un cuerpo legal de 1975, de alcance general y residual en materia de administración financiera del Estado, no puede prevalecer sobre la regulación especial y posterior que el propio legislador dictó específicamente para el cobro de los créditos otorgados al amparo de la Ley N°20.027, contenida en su artículo 18 bis, incorporado por la Ley N°20.634 del año 2012. En efecto, consta de la historia fidedigna de esta última ley que la indicación original sometida a tramitación legislativa contemplaba una remisión expresa a la norma de cobranza coactiva tributaria del Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, remisión que fue deliberadamente suprimida a solicitud de la propia autoridad administrativa competente, en el entendido de que tal remisión desnaturalizaría el régimen de cobro que se quiso instaurar para el sistema de créditos de la Ley N°20.027, optándose en su lugar por sujetar dicho cobro a las reglas generales de procedimiento aplicables al cobro coactivo, ordinario o ejecutivo de los respectivos títulos. Tratándose, por tanto, de una ley especial y posterior que regula de manera específica y deliberada el estatuto de cobro del crédito fiscal nacido del pago de la garantía estatal, ella prevalece sobre la cláusula general y residual del artículo 35 del Decreto Ley N°1.263, sin que sea admisible, por esta vía, reintroducir por interpretación sistemática aquello que el propio proceso legislativo excluyó de manera consciente y expresa.

Décimo: Que, a la conclusión anterior se suma un antecedente de coherencia regulatoria que confirma, desde una perspectiva distinta, la misma conclusión. El artículo 35, inciso tercero, del Reglamento de la Ley N°20.027 —aprobado por el Decreto N°266, de 2009, del Ministerio de Educación, que reemplazó el texto original contenido en el Decreto N°182, de 2005, del mismo Ministerio, sin que las modificaciones introducidas con posterioridad por los Decretos N°47, de 2013, y N°206, de 2022, ambos del Ministerio de Educación, hayan alterado el texto de la norma que se cita— dispone que, para que proceda el pago de la garantía estatal, la entidad financiera acreedora debe acreditar ante la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores “el agotamiento de las acciones de cobranza prejudiciales”, “el incumplimiento de pago del deudor” y “el inicio ante tribunal competente de las acciones judiciales tendientes al cobro del crédito adeudado”, exigencia que su artículo 29, inciso cuarto, reitera en términos equivalentes respecto de la deserción académica, y que su artículo 36 confirma al disponer que solo una vez acreditado dicho incumplimiento la Comisión certificará que se cumplen los requisitos para hacer efectiva la garantía y solicitará a la Tesorería que efectúe el pago correspondiente, exigencia que la propia recurrida reconoce en su informe al describir el procedimiento previo a la generación de la deuda fiscal.

El tribunal competente ante el cual deben iniciarse esas acciones judiciales, tratándose de un crédito documentado en pagarés suscritos entre un particular y una institución financiera, no puede ser otro que el tribunal civil ordinario, careciendo el Tesorero, en esa etapa, de toda intervención. De lo anterior se sigue que el propio diseño normativo del sistema, anterior y ajeno a toda controversia como la planteada en estos autos, presupone y exige el inicio de la vía civil ordinaria como cauce natural de cobro del crédito mientras éste permanece en poder de la institución financiera, presupuesto que resulta inconciliable con la naturaleza tributaria que la recurrida atribuye a la obligación una vez que ésta se traslada a su patrimonio, desde que las obligaciones de esa especie no requieren, conforme a su régimen propio, el ejercicio previo de acciones judiciales civiles por parte de un tercero acreedor. La consistencia regulatoria de todo el sistema reconoce, en consecuencia, a la vía civil ordinaria —y no a la tributaria— como el cauce de cobro propio de esta clase de créditos.

Undécimo: Que, a la conclusión precedente debe añadirse una consideración de mayor entidad aún. El Título V del Libro III del Código Tributario no se limita a fijar un procedimiento de cobro, sino que inviste al Tesorero Regional o Provincial, respecto de las obligaciones que dicho título regula, de la calidad de juez sustanciador, confiriéndole con ello el ejercicio de una función jurisdiccional especial y excepcionalísima, que la Constitución Política de la República reserva, en su artículo 76, a los tribunales establecidos por la ley, y cuya atribución a un órgano distinto de aquellos solo resulta tolerable en la estricta medida en que el legislador la haya conferido de manera expresa, específica y no extensible. Así lo exige, además, la garantía del artículo 19 N°3, inciso quinto, de la Carta Fundamental, conforme a la cual nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señale la ley. Tratándose de una competencia jurisdiccional de esta naturaleza, su ejercicio no puede extenderse, por vía de interpretación sistemática o analógica, a materias para las cuales no fue expresamente conferida, ni delegar la determinación de su alcance en cláusulas generales de administración financiera del Estado.

Al aplicar dicho estatuto al cobro de un crédito de naturaleza civil y contractual, la Tesorería no ha incurrido en un mero exceso en el ejercicio de potestades administrativas que le son propias, sino que evidencia la existencia de una autotutela, puesto que utiliza a su favor un procedimiento compulsivo en una hipótesis que no resulta procedente, infringiendo con ello el principio de legalidad consagrado en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República.

Duodécimo: Que, de lo razonado en los considerandos precedentes se sigue que el actuar de la recurrida lesiona la garantía de igualdad ante la ley, consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, desde que obliga a la recurrente a someterse a un procedimiento sustancialmente más restrictivo, en cuanto al ejercicio de sus derechos procesales y a la limitación de las excepciones oponibles, que aquel al que tendría derecho cualquier otro deudor de un crédito de igual naturaleza civil sometido a las reglas generales del cobro ordinario o ejecutivo, sin que dicha diferencia de trato reconozca fundamento racional alguno en la naturaleza de la obligación de que se trata.

Décimo tercero: Que, del mismo modo, se encuentra comprometida la garantía consagrada en el artículo 19 N°3 de la Constitución Política de la República. El diseño procedimental del Título V del Libro III del Código Tributario confiere al Tesorero Regional o Provincial la calidad de juez sustanciador respecto de las obligaciones tributarias cuyo cobro le ha sido legalmente encomendado, atribuyéndole con ello el ejercicio de una función jurisdiccional que la Constitución, en su artículo 76, reserva a los tribunales establecidos por la ley. Esa fisonomía institucional excepcional —admitida restrictivamente por el ordenamiento para la recaudación de tributos que financian las cargas públicas generales— no puede extenderse a obligaciones emanadas de un vínculo netamente contractual y civil como el de la especie, pues al hacerlo se sustrae al deudor de la prerrogativa de litigar ante el tribunal que la ley señala, bajo las reglas de un proceso con debate bilateral amplio y ante un tercero imparcial, para someterlo a un estatuto en que la entidad acreedora actúa simultáneamente como parte interesada en el cobro y como órgano que detenta la investidura de juez sustanciador respecto de su propia pretensión, lo que infringe la exigencia de imparcialidad y el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales garantizados en el artículo 19 N°3, incisos quinto y sexto, de la Carta Fundamental.

Décimo cuarto: Que, de la misma manera, se encuentra amagado el derecho de propiedad garantizado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, desde que la retención de la devolución de impuestos y posterior compensación ha privado a la recurrente de dineros de su propiedad, sobre la base de un procedimiento que la Tesorería no se encontraba legalmente habilitada para emplear respecto de este crédito.

Décimo quinto: Que, conforme a lo razonado, esta Corte concluye que la Tesorería General de la República ha incurrido en un actuar ilegal y arbitrario al aplicar las potestades y mecanismos del Título V del Libro III del Código Tributario al cobro del crédito de que es titular la recurrente, vulnerando con ello las garantías constitucionales examinadas, por lo que la presente acción de protección habrá de ser acogida en los términos que se dirán, rechazándola, en cambio, respecto a la Comisión Administradora del Sistema de Créditos, en tanto dicha entidad se limitó a constar el inicio de las acciones judiciales civiles en contra de la recurrente y a remitir los antecedentes a la Tesorería General de la República.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

I.- Que se rechazan las alegaciones de improcedencia de la acción de protección.

II.- Que se rechaza la acción cautelar respecto a la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores;

III.- Que se acoge, sin costas, la acción de protección deducida por doña nombre reservado en contra de la Tesorería General de la República y, en consecuencia, se deja sin efecto el procedimiento de cobro, el mandamiento de ejecución y embargo y el requerimiento de pago dictados en su contra, y consecuencialmente la retención y posterior compensación de su devolución de impuestos por la suma de $163.684, debiendo la recurrida abstenerse de continuar, respecto de la recurrente, procedimientos de cobro del Crédito con Garantía Estatal mediante la aplicación de las potestades y mecanismos del Título V del Libro III del Código Tributario, debiendo ajustar toda eventual actuación de cobro al marco legal especial previsto en los artículos 16, 17 y 18 bis de la Ley N°20.027.

Déjese sin efecto la orden de no innovar una vez que la presente sentencia se encuentre firme y ejecutoriada.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la ministra Nancy Bluck Bahamondes.

N°Protección-4205-2026.

Se deja constancia que no firma el Abogado Integrante señor Eduardo Morales Espinosa, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por no integrar sala el día de hoy.